La crónica ha sido copiada de la página amiga de los EE.PP. de Córdoba, a los que desde este humilde blog les enviamos las gracias, no solo por su persistencia, sino por la originalidad de las propuestas que últimamente se han sacado para hacer sonrojar al Cortijo. De hecho, en la actualidad, junto a los infatigables de Málaga con sus concentraciones, son las únicas referencia de pitadas "in situ".
Todo un ejemplo a seguir.
Copio pego del siguiente enlace.
http://empleadospublicosjacordoba.blogspot.com/2011/09/pitadas-los-consejeros-diaz-trillo.html
Últimamente tenemos dobletes en Córdoba, pero aunque parezca mentira para nosotros es una satisfacción expresarles la indignación que sentimos, a las 11:05 de la mañana quedamos en la puerta del Palacio de Congresos y Exposiciones para recibir a uno de los Consejeros que mas le gusta escucharnos.
Siempre entra por la puerta principal y andando, llegó sobre las 11:35 y fue recibido como habitualmente lo hacemos en Córdoba. (Córdoba casa de guerrera gente y sabiduría clara fuente).
Por la tarde hemos tenido otra vez la visita de la Consejera de Obras Públicas y Vivienda (Cruz Villalón) que parece que no se fue satisfecha del último recibimiento.
Quedamos a las 16:45 de la tarde en la Estación de Autobuses de Córdoba donde se iba a realizar el acto, cuando llegó fue perseguida hasta las escaleras al grito de A LA ADMINISTRACIÓN POR OPOSICIÓN, el acto fue reventado en su totalidad, ya que al ser un sitio cerrado se escuchaban más nuestros gritos y bocinas que a los intervinientes.
Tenían pensado hacerse una fotografía en un autobús de línea pero tuvieron que desistir ya que nosotros aun nos encontrábamos en las dependencias (éxito total)
Maratoniana jornada de declaraciones en el despacho de la juez Alaya que estuvo interrogando a Carmen Fontela, intrusa en el ERE de Río Grande, y a la propietaria del restaurante hasta cerca de las cinco de la tarde.
Primero tocó a Fontela quien se considera víctima de «un engaño». Fontela, peluquera de profesión, recibió en su cuenta corriente 155.00 euros (entre 2.900 y 3.000 euros mensuales) entre el 1 de octubre de 2005 y el 31 de julio de 2010 tras ser incluida en el ERE del restaurante, en el que no trabajó. Y además de suscribir las pólizas permitió que de ellas se lucrara Francisco José González García, agente de Vitalia, que tampoco tenía derecho ni vínculo con la empresa.
Este hombre, a quien Fontela llama Paco, «fue sacando de la cuenta la mayor parte del dinero ingresado». Pero la peluquera, también se aprovechó de dicha póliza. Según la juez, hizo pequeñas transferencias a su cuenta que suman 1.700 euros. La juez le imputa malversación, prevaricación y obtención indebida de ayudas de las administraciones.
Sin embargo durante su comparecencia de más de dos horas, la imputada, que ratificó su testimonio ante la Policía, dijo que Paco, vecino que se crió con ella, le pidió que abriera una cuenta a su nombre para cobrar un dinero que él no podía recibir (155.000 euros). Y a Fontela no le extrañó que le ingresara ese dinero porque «lo conocía desde niño» y «no le iba a hacer daño» ya que le hacía la declaración de la renta a su marido. La imputada matizó que si hubiera sabido que era «algo turbio» no lo hubiera hecho. Pese a admitir que nunca trabajó en Río Grande, aseguró que el dinero que cobró (250 euros, 300, 450 y 400) le correspondían a «las cantidades que devolvía Hacienda» y que Paco le ingresó 1.700 euros «para que se tomara una cerveza» y, como cobraba 500 ó 600 euros, «cogió el dinero».
Además, Fontela dijo que se enteró que estaba incluida en el tema de Mercasevilla por la prensa. Y negó saber nada del ERE de Río Grande o que el dinero proviniera de la Junta ya que, según declaró, supo que había sido incluida en ese ERE cuando acudió a declarar ante la policía judicial.
Luego compareció Carmen García, propietaria del restaurante, y a quien Alaya imputa los mismos delitos por incluir a Fontela en un ERE,y por cooperar en el lucro personal de Francisco José González García y Juan Lanzas, quienes se repartieron los más de 138.000 euros que recibieron de la Junta. Y también le imputa por haber contratado a María José de la Rosa, de 64 años, y sin experiencia en la restauración para incluirla en el ERE. García, que también ratificó su declaración policial, dijo que se reunió con González y Lanzas y que habló con ellos de lo que iban a cobrar los trabajadores incluidos en el ERE. La empresaria, a la que la juez recriminó que contestara «con evasivas» y que mantuvo un rifirrafe con la magistrada, incurrió en contradicciones e incluso llegó a asegurar que creía que Vitalia era una empresa de la Junta de Andalucía. Su declaración fue calificada por la juez Alaya en el acta como «una historia difícil de creer».
