lunes, 30 de abril de 2012

CADENA SER: "AMIGOS" DE FERNANDEZ ELABORAN UN MANIFIESTO DE APOYO.


Está claro que en El Cortijo andan muy dolidos por la prisión de Fernández. Supongo que encarcelar a éste representa la pérdida de la última línea de defensa. Y eso son palabras mayores. En analogía bélica, es "San Telmo, Ciudad Abierta".

Al Cortijo solo le queda como cortafuegos el privilegio de sus aforados.

Era algo previsible, pero tal vez en la Junta son tan simples que se creen su propia propaganda y pensaban que, entregando a Guerrero al sacrificio, la sed de sangre cortijera de Alaya iba a quedar saciada.

Si Fernández es objeto de cárcel, ¿en qué posición queda Viera?, ¿Y Zarrías?, ¿y Chaves?...¿y Griñán?. ¿Es la condición de aforado lo que le salva a mas de uno de la acción de Alaya?

No queda tan lejos la posibilidad de que declare el que todavía no es Presidente de la Junta como imputado. Y no hay "Plan B". En este enlace del Blog de Pepe Contreras, se habla de esta eventualidad, que a su vez hace referencias al periódico El País: Blog de Pepe Contreras

Es de imaginar el dolor producido por el entrullamiento de éste que fue, ni mas ni menos, Consejero de la Junta de Andalucía, pero las manifestaciones de apoyo en forma de manifiesto, primero entre sus colegas de partido -¿y de hazañas?- en Cádiz, luego en este Manifiesto de Amigos y Familiares apócrifo, me muestran a las claras las torpes maniobras para minimizar lo que es una auténtica vía de agua en la línea de flotación en este nuestro despreciado cortijo.

La Cadena Ser habla de este último intento de crear opinión a favor del imputado, en forma de manifiesto de apoyo, que lo es y está encarcelado  porque la Justicia -no Mercedes Alaya- considera que así debe ser.

He intentado encontrar quienes lo promueven, para seguir en el futuro cuantas veces renegarán de él antes de que cante el gallo, pero no es posible. No sabemos quienes son sus familiares -lógico en cualquier caso- o "amigos" firmantes y promotores. Aún así, la Ser lo lanza -ver enlaces- para ver quien se apunta...salvando las distancias, este anonimato me recuerda a los distintos manifiestos golpistas que, de vez en cuando, desde periódicos de tirada nacional, colectivos bien anónimos calentaban los cascos a los uniformados del país (Véase "Colectivo Almendros").

Todas estas maniobras me muestran a las claras el alcance del daño. En El Cortijo acaban de descubrir lo que es la Prisión Preventiva. Les trae al pairo el resto de la población reclusa en similares circunstancias, empezando por SU Director General de Empleo, Guerrero, el del gintonic y la nariz -presuntamente- empolvada... los ataques furibundos a las presunciones y derechos varios de las personas sin condenar solo ocurren cuando son SUS amigos los encarcelados. Todavía recuerdo reflexiones similares cuando entrullaron a sociatas por el execrable asunto de los GAL. No varían.

Seguiremos con gusto las torpes maniobras del dolido socialismo andaluz.

Amigos de Antonio Fernández denuncian un ataque a su presunción de inocencia

En un manifiesto, lamentan que "algunos sectores" aprovechan el caso de los ERE para "airear" una imagen falsa de Andalucía vinculada a la corrupción

RADIO SEVILLA   30-04-2012
Los firmantes de este manifiesto destacan la labor desempeñada por Antonio Fernández durante años en la Junta de Andalucía en la búsqueda de acuerdos y soluciones a conflictos socio laborales.

DOCUMENTO: Manifiesto de amigos y familiares de Antonio Fernández, página 1
En el manifiesto, los amigos y familiares de Antonio Fernández afirman que su presunción de inocencia se ha visto lesionada con la prisión provisional decretada por la jueza Mercedes Alaya. Dicen sentirse "orgullosos" de la colaboración que ha tenido Fernández con la justicia, desde que fue imputado hace 14 meses. Aseguran, además, que el exconsejero "nunca se fugaría ni entorpecería la investigación" y, por tanto, consideran que no había motivos para su entrada en la cárcel.
Los firmantes del manifiesto entienden que Antonio Fernández ha sido sometido "a un escarnio público previo a la celebración del juicio, "que ha conseguido que se le obligue al cumplimiento anticipado de una pena que nadie sabe si finalmente se le impondrá". Confían ahora en que los órdanos jurisdiccionales correspondienten le restituyan la libertad.
Aseguran estar convencidos de la "honorabilidad de Antonio" así como de la "desproporcionalidad de la medida cautelar adoptada".

http://www.cadenaser.com/espana/articulo/amigos-antonio-fernandez-denuncian-ataque-presuncion-inocencia/csrcsrpor/20120430csrcsrnac_1/Tes

domingo, 29 de abril de 2012

DIARIO DE SEVILLA: Los avisos de Alaya

Viera, Zarrías...protegidos por su condición de aforado comienzan a estar en la mente de muchos.

...y funcionarios que ahora sirven de coartada para imputados.

 Ojito.


Los avisos de Alaya

La juez indagará si hubo una "orden política" a la Intervención General para no cuestionar cómo se concedían las ayudas
Jorge Muñoz / Sevilla | Actualizado 29.04.2012 - 05:04
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La juez Alaya ha reiterado en los últimos meses, a través de sus autos, que la trama de irregularidades en las ayudas públicas está aún por calar, aunque ha enviado una serie de avisos que son bastante esclarecedores sobre el planteamiento que tiene respecto a la investigación y sus próximas decisiones. La instructora ha hablado de una pirámide, de los escalones de la misma -en relación a los niveles de imputados-, y más recientemente de que todavía se pueden subir nuevos "peldaños" en la investigación. Su decisión de encarcelar al ex consejero de Empleo Antonio Fernández tras una maratoniana declaración de más de cuarenta horas, supone precisamente un nuevo hito en la instrucción de la causa del escándalo de los ERE, en la que ya hay tres personas encarceladas.

Pero no será el único, puesto que la magistrada apunta a que las irregularidades podrían salpicar a otros ex consejeros, como Gaspar Zarrías -que presidía los consejillos previos a los consejos de Gobierno por los que pasaban las ayudas ahora bajo sospecha- o José Antonio Viera, cuya vinculación personal con las ayudas millonarias concedidas a varios grupos empresariales de la Sierra Norte de Sevilla le ha situado en el punto de mira de la instructora desde hace meses. Su imputación, no obstante, se retrasa porque dada su condición de diputado el caso tendría que ser elevado al Tribunal Supremo. Lo mismo ocurriría con Zarrías, que es también aforado.

En esa escalada de imputaciones, algunas fuentes consultadas apuntan a que la Fiscalía Anticorrupción no elevaría las posibles responsabilidades más allá del nivel de consejero, que éstas no alcanzarían al ex presidente de la Junta Manuel Chaves o al actual, José Antonio Griñán. La insistencia de la instructora en preguntar por el grado de conocimiento que éstos pudieron tener del sistema por el que se concedían las ayudas públicas, cuya legalidad cuestiona con vehemencia Alaya, y las continuas referencias a que éstas sólo beneficiaban a personas allegadas a la Junta o al PSOE andaluz, no parece descartar a priori una escalada en el nivel de imputaciones.

Pero no sólo están el objetivo de la juez responsables políticos, sino también los profesionales de la propia Administración, como el que fuera interventor general de la Junta en la época en la que se suscribió el convenio marco de 2001 por el que se regulaban las ayudas a través de las transferencias de financiación al IFA (luego IDEA) y que emitió una serie de reparos al sistema en los años 2005, 2006 y 2007. De hecho, la propia juez asegura en el auto que acordó la prisión de Antonio Fernández que seguirá investigando por qué la Intervención no realizó un informe de "actuación" después de rechazar las alegaciones que presentó la agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) a esos reparos. Pero sobre todo, la instructora quiere averiguar si en esta omisión por parte de la Intervención "pesó alguna orden o decisión política".
La posible citación del antiguo interventor general y también de sus delegados salió a relucir precisamente en el curso de la declaración del ex consejero de Empleo, quien argumentó que la Intervención se aquietó ante las alegaciones de IDEA. El abogado Alfonso Martínez del Hoyo, que defiende a Fernández, le recordó a la magistrada al oponerse al ingreso en prisión que la propia juez "manifestó en la primera sesión [de la declaración], cuando el señor Fernández explicaba la actuación de la Intervención, que probablemente habría que llamar al interventor general para que explique por qué no elevó informe de actuación" sobre el procedimiento de concesión de las ayudas.

Las respuestas del interventor marcarían, sin duda, un nuevo punto de inflexión en la investigación e influiría decisivamente en dónde sitúa finalmente la instructora el listón de las imputaciones, sobre todo si niega las sospechas sobre la existencia o no de una "orden política" para que los reparos al procedimiento no fueran a más.

Algunas fuentes entienden que la juez podría también llamar al que fuera responsable de los servicios jurídicos de la Junta, una vez que el ex consejero insistió en que no hubo ningún criterio jurídico que se opusiera al sistema que se implantó para la concesión de las ayudas.
La deriva carcelaria que ha tomado el caso, con tres personas ya en prisión provisional -dos de ellas ex altos cargos de la Junta-, amenaza con afectar a nuevos imputados que aún no han comparecido ante la instructora. Hay en total siete altos o ex altos cargos imputados que pueden seguir la misma suerte que Fernández, entre ellos el ex viceconsejero Agustín Barberá o el ex delegado provincial de Empleo en Sevilla Antonio Rivas, que está citado para el mes de julio. A prisión también pueden ir algunos de los empresarios de la Sierra Norte que concentraron importantes ayudas, pero no los denominados intrusos u otros beneficiarios de ayudas individuales.

La postura de la Fiscalía Anticorrupción de reprochar al ex consejero que contestar a todas las preguntas no implica una colaboración, puede hacer que, a partir de ahora, algunos imputados se acojan a su derecho a no declarar, como ya han hecho algunos ante la Guardia Civil. La respuesta, como siempre, la tiene la juez y la dará a conocer en los próximos meses.

viernes, 27 de abril de 2012

EL PSOE SIN NINGUN TIPO DE PUDOR SE ALINEA CON EL IMPUTADO: 'Antonio Fernández no debería estar en prisión preventiva '

¿Querrá decir Griñán que, en realidad, quien se merece estar en la cárcel es él? No lo creo...

Que injusta es Alaya... mira que meter en la cárcel al Consejero que apareció en un ERE desde el día en que nació, que benefició a su pueblo en detrimento del resto y facilitó junto a otros el sistema de regalo de billetes sin control en plan  mafia-padrino con gintonic en copa de balón a costa del dinero de los parados... Con lo bien que estaría en Cádiz con sus amigos sociatas que tanto le quieren y tanto le deben.

Ojito, estos amigos del imputado son los que han gobernado y van a gobernar esta tierra masoca.

Dime con quien andas...

TRAMA DE LOS ERE | En el comité director del PSOE-A

'Antonio Fernández no debería estar en prisión preventiva ', proclama Griñán

José Antonio Griñán, durante el comité director del PSOE-A. | Jesús Morón José Antonio Griñán, durante el comité director del PSOE-A. | Jesús Morón
  • El ex consejero de Empleo 'tiene intacta la presunción de inocencia', dice
  • Considera 'desproporcionado' el ingreso en prisión de Antonio Fernández
  • Felicita al PSOE por superar 'las trampas procesales y las mentiras del PP'
  • 'Somos un gobierno honrado e irreprochable', asegura José Antonio Griñán
El secretario general del PSOE-A y presidente de la Junta en funciones, José Antonio Griñán, ha indicado este viernes que el ex consejero de Empleo, Antonio Fernández, "no debería de estar en prisión preventiva" por el caso de los ERE fraudulentos y ha defendido que tiene "intacta su presunción de inocencia".
Griñán se ha referido al encarcelamiento la semana pasada de Fernández durante su discurso en el Comité Director del PSOE-A, máximo órgano entre congresos, donde ha denunciado también que los socialistas han podido superar en los últimos meses "las trampas procesales y las mentiras del PP" sobre el asunto de los ERE.
El secretario general del PSOE andaluz ha recordado que el Gobierno andaluz ya ha manifestado que considera "desproporcionado" el ingreso en prisión de Fernández, del que ha reconocido que "sinceramente no debería estar" en prisión preventiva, y ha añadido que "todavía está intacta su presunción de inocencia".

'Hemos derrotado al pesimismo

Ha indicado que el PSOE no lo ha tenido fácil hasta llegar a la situación actual porque ni ha sido fácil "derrotar al pesimismo ni a los malos augurios de las encuestas" ni al "imperio mediático de la derecha", como tampoco ha sido fácil "detectar, investigar y denunciar hasta las últimas consecuencias" las irregularidades cometidas en la Junta de Andalucía.
"No cabe en dirigentes honestos otra actitud que la de velar por los intereses públicos y la Junta de Andalucía ha hecho lo que tenía que hacer. Siempre ágil y activa en la denuncia y en la investigación cuando ha habido irregularidades", ha subrayado el secretario general del PSOE-A.
Según Griñán, en este asunto la Junta de Andalucía puso en conocimiento de la Justicia cualquier irregularidad, al tiempo que ha recordado que la Junta es parte acusadora en el proceso, por lo que ha recalcado que al contrario de lo que dice el PP "somos un gobierno honrado e irreprochable".

Defensa de las ayudas a las empresas

Ha señalado que el Gobierno andaluz ha defendido y va a seguir defendiendo las ayudas sociolaborales y su finalidad, y ha recordado que han sido aprobadas "año tras año" por el Parlamento andaluz, y ha censurado la "hipocresía" de quienes se manifestaban en favor de las ayudas a las empresas "y ahora las demonizan".
Griñán ha advertido de que "nunca" va a aceptar que la finalidad de esas ayudas fuesen delictivas, sino que "era y es" apoyar a esas empresas, a trabajadores de zonas castigadas por la crisis o por el declive industrial, aunque "otra cosa" es parte de esas ayudas "hayan podido desviarse de sus finalidades".
Tras reclamar a los suyos ser "inflexibles" ante este tipo de desvíos, el dirigente socialista ha dicho que el Gobierno andaluz ha actuado "con rigor" y, por ello, ha expresado también "su repulsa" por las irregularidades "cuando se han producido".

La juez Alaya acorrala a Griñán: Chaves le presiona para que señale un sucesor


La instrucción de los ERE irregulares deja al presidente de la Junta sin cortafuegos

La juez Alaya acorrala a Griñán: Chaves le presiona para que señale un sucesor

Mercedes  Alaya se ha convertido en una obsesión para el PSOE andaluz  y, sobre todo, para José Antonio Griñán. La instrucción judicial por el caso de los ERE irregulares va camino de comprometerle hasta la médula, hasta el punto de que su antecesor en la Junta, Manuel Chaves, le presiona para que prepare con tiempo la sucesión tanto en el Gobierno regional, que se constituirá la semana que viene con IU, como en el partido.
Federico Castaño (26-04-2012)
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Foto:EFE La juez Mercedes Alaya, instructora del caso de los ERE irregulares.
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Griñán se convertirá de nuevo la semana que viene en presidente de la Junta andaluza con el apoyo de IU, pero no ha conseguido que funcione el dique de contención con el que todos estos meses ha pretendido distanciarse del caso de los ERE irregulares. La instrucción judicial ha provocado el ingreso en prisión de tres ex altos cargos de la Junta, entre ellos del ex consejero de Empleo Antonio Fernández, acusado de prevaricación, malversación de caudales públicos, cohecho y falsedad en documento mercantil, entre otros delitos.
El PSOE andaluz se queja de que la juez quiere convertir el caso en una “causa general” contra los que fueron ex altos cargos de la Junta y sospecha que no parará la instrucción hasta que no salgan pruebas que impliquen a Griñán en esta trama de presunta corrupción. Griñán ocupó la consejería de Economía cuando las ayudas millonarias de la Junta se daban sin control alguno a empresarios vinculados al PSOE, pero siempre ha negado estar al tanto de estas irregularidades. En realidad, se investiga el destino de casi 1.000 millones de euros que se esfumaron en la etapa de Antonio Fernández como responsable de Empleo. La juez Alaya ha puesto la lupa ahora en el departamento de Hacienda y en los servicios jurídicos para comprobar si realmente informaron al presidente del gobierno regional y a su consejero de Economía de lo que estaba pasando.
La vieja guardia socialista le ha recomendado a Griñán que plante cara a la juez Alaya
Un sector del partido en Andalucía culpa a Griñán de haber facilitado demasiada información a la juez Mercedes Alaya. Esta es la opinión también de Manuel Chaves, partidario de que Griñán realice ya alguna señal sobre quien será su sucesor al frente del partido en Andalucía y también al frente del Gobierno, por lo que pudiera ocurrir en los próximos meses con la investigación que dirige Alaya.
La vieja guardia socialista ha recomendado también a Griñán que plante cara a la juez para desprestigiar la instrucción que ha hecho del caso y cuestionar la redacción de un auto que se califica de disparatado, el mismo que hace unos días condujo a prisión de madrugada al ex responsable del Empleo.
Rubalcaba ha llegado a un pacto de no agresión con el presidente andaluz
Alfredo Pérez Rubalcaba opina en este caso lo mismo que Manuel Chaves, pero no está en condiciones de presionar a Griñán porque, gracias a sus resultados en Andalucía, el PSOE puede respirar y el propio Rubalcaba sacar cabeza como secretario general. De hecho, ambos han establecido una especie de pacto de no agresión porque se necesitan. El secretario general necesita tiempo para ordenar su partido y sacarle de la depresión, mientras que Griñán se propone convertir Andalucía en la barricada socialista contra las reformas que encara el Gobierno de Mariano Rajoy.
Según fuentes socialistas, Griñán va a encontrar dificultades objetivas para desprestigiar la instrucción judicial de Mercedes Alaya porque la propia Junta se ha personado en el caso como acusación particular en un intento de aparentar transparencia. En realidad, lo que buscó con ello es tener acceso a todos los detalles de la investigación.

http://vozpopuli.com/nacional/2523-la-juez-alaya-acorrala-a-grinan-chaves-le-presiona-para-que-senale-un-sucesor

jueves, 26 de abril de 2012

EL PAIS: Fernández alimenta la posible imputación de Viera como creador del fondo


A mas de un socialista le habrá recorrido un siniestro escalofrío por la espalda al descubrir esta atracción de la Feria de Sevilla...

Fernández alimenta la posible imputación de Viera como creador del fondo

El exconsejero, en prisión preventiva, señala que la cúpula de la Junta ideó el sistema

 
El exconsejero de Empleo José Antonio Viera, junto a su sucesor, Antonio Fernández (izquierda) en 2001. / ALEJANDRO RUESGA

"Fue decisión del consejero de Empleo, en aquel momento don José Antonio Viera, quien se lo propone al IFA (Instituto de Fomento de Andalucía), para realizar dicho convenio”. La frase del exconsejero de Empleo Antonio Fernández, en prisión preventiva por el caso de los ERE, consolida un secreto a voces de la instrucción: la imputación del diputado y ex secretario general del PSOE sevillano, José Antonio Viera, avanzada por la Guardia Civil pero sobre la que la magistrada no se pronuncia porque será instruida por el Tribunal Supremo al ser Viera aforado.
Viera fue como consejero de Empleo el firmante del convenio que diseñó en 2001 el fondo para empresas en crisis que la Junta dotó de 647 millones durante una década, junto a Fernández como presidente del IFA. Durante sus cuatro días de declaración judicial, la juez le achacó haber concebido un sistema para favorecer a empresas ligadas a la Administración y al PSOE. Su testimonio ofrece, en 358 páginas, claves muy claras y aún más pistas que el auto de la juez, que avanza la imputación de varios consejeros, entre ellos el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, el interventor general y parte del servicio jurídico, todos ellos parte de una connivencia política basada en el corazón del Gobierno andaluz. La juez insinúa la participación del expresidente de la Junta Manuel Chaves al referirse a la participación de “los superiores” de Fernández en el diseño del fondo que considera ilegal.
“Creo que [Viera] tuvo que comentar el nuevo sistema operativo al sr. Chaves, ya que en aquellas fechas había diferentes crisis como la de Santana (...) Chaves debió conocerlo, al igual que el resto de los miembros del Consejo de Gobierno. No se trata de una conversación de pasillo, sino que era un tema de importancia y, a mi juicio, legal para intervenir en la economía andaluza”, expuso a la juez Fernández. En el final de la frase está la clave: la juez discrepa de manera radical y considera ilegal el fondo, fruto de una connivencia política a gran nivel, que podría derivar en la imputación de la anterior cúpula del Ejecutivo al completo, según la tesis de la juez.
A la acusación de opacidad del fondo, Fernández replicó que los sindicatos y la CEA (Confederación de Empresarios de Andalucía) lo conocían ¿Y los pequeños empresarios de provincias alejadas de la capital andaluza que nunca se beneficiaron? Respuesta: “Las empresas no tenían por qué tener este conocimiento, existían unas ayudas por una decisión política del Gobierno para ayudas a unos extrabajadores, no eran una ayuda para que una empresa decidiera despedir o no, con sus consecuencias legales”.
La juez formuló unas 200 preguntas al acusado, muchas de ellas para confirmar su tesis de que la cúpula del Gobierno ideó el sistema para repartir ayudas que pudiera sortear los reparos de la Intervención y la Unión Europea a los pagos directos. “¿Qué influencia tuvo el Gobierno en la elaboración del referido convenio marco?” Respuesta: “Lo hizo un consejero, y un consejero nunca actúa en contra de lo que decide o indica el Gobierno de la Junta”, matizó Fernández el primer día de su declaración.

Despliegue de un "desmesurado nepotismo" en Empleo

Nepotismo extremo. La juez Mercedes Alaya dibuja en su extenso auto de prisión de Antonio Fernández un panorama plagado de ejemplos llamativos de favores económicos a amigos y familiares por parte de la anterior cúpula de Empleo. La instructora se explaya con los ejemplos en torno a la Sierra Norte sevillana y da pistas sobre la previsible imputación del diputado José Antonio Viera (exconsejero de Empleo de 2000 a 2004), y sobre el beneficio y vínculos que mantuvo este.
Viera es “amigo personal” del exalcalde de El Pedroso, Rafael Rosendo. Su hijo, exconcejal socialista y empresario José Enrique Rosendo, recibió la friolera de 29 millones de euros. La hija del exconsejero, Sonia Viera, trabajó para dos empresas de Rosendo. En la primera de ellas, Sevilla Siglo XXI, percibió 90.000 euros. En la segunda, Marco de Estudios y Proyectos Siglo XXI, trabajó también Sonia Viera, pero a esta le acompañó Jesús Caballos, hijo del veterano parlamentario del PSOE José Caballos y expresidente del Parque Natural de la Sierra Norte sevillana. Caballos explicó en su día que no veía ningún tipo de incompatibilidad porque su hijo era un profesional y él se limitó a ponerle en contacto con los empresarios que le contrataron.
La juez censuró con gran dureza cómo la codicia guió subvenciones otorgadas a Rosendo. Hasta 12 millones de las arcas públicas estaban destinadas a “empresas pantallas, sin actividad ni trabajadores, utilizadas únicamente para captar ayudas públicas para el enriquecimiento personal y desarrollo empresarial de sus titulares”.
La magistrada define en repetidas ocasiones al responsable de la consultora Uniter, José González Mata, como “amigo íntimo” del exconsejero Fernández, y le acusa de conseguir que este le otorgara la tramitación de numerosos ERE y por tanto le beneficiara. Además, acusa a Fernández de conceder 300.000 euros a su amigo el empresario Eustaquio Reina y achaca al exconsejero su amistad con Antonio Gutiérrez, letrado de Estudios Jurídicos Villasís, que asesoró a la empresa pública Santana Motor. Además, Alaya recuerda cómo resultaron beneficiados los intrusos Andrés Carrasco, Domingo Martínez, Antonio Arquero y Alejandro Millán, amigos del ex director general Javier Guerrero.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/04/25/andalucia/1335382363_103522.html

EL MUNDO: DINERO DE LOS ERE TRAS UNA REUNION CON MANUEL CHAVES


miércoles, 25 de abril de 2012

LOS SOCIATAS DE CADIZ: "Fernández es un represaliado político"


Supongo que los imputados del socialismo gaditano por el FRAUDE de Bahía Competitiva también son represaliados políticos...

Visto el trinque con descaro -que debería ser una figura penal con agravante- con el que se ha manejado el socialismo andaluz, deberían lavarse bien la boca con lejía antes de compararse a ningún represaliado político.

Al menos, por respeto a aquellos represaliados de verdad, esos que murieron entre ostia y ostia  por haber defendido unas nobles ideas...unicamente para que esta panda de colocaos tengan la vida arreglada.

"Fernández es un represaliado político"

El núcleo duro del PSOE de Cádiz muestra su apoyo al ex consejero y culpa de su "injusta" entrada en prisión a "la derecha más recalcitrante" · Los griñanistas no fueron invitados a firmar el manifiesto
Fco. Sánchez Zambrano / Cádiz | Actualizado 25.04.2012 - 06:44
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Francisco González Cabaña y Antonio Fernández, en los pasillos de la Diputación de Cádiz en 2004.
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Los miembros del núcleo duro de la dirección provincial del PSOE se posicionaron ayer con claridad al lado del ex consejero de Empleo de la Junta de Andalucía, Antonio Fernández, a quien no dudaron en calificar de "represaliado político" tras ingresar en prisión por orden de la juez que investiga el caso de los supuestos ERE irregulares, Mercedes Alaya. En un manifiesto firmado por medio centenar de cargos orgánicos y públicos del PSOE gaditano se asegura que "no hay, ni puede haber una sola prueba" para culpabilizar a Fernández, asegurando además los dirigentes socialistas que su "injusta" orden de encarcelamiento viene motivada por la "frustración de la derecha más recalcitrante" al verse fuera del próximo Gobierno andaluz.

Este manifiesto de apoyo al ex consejero, trasladado a primera hora de la tarde de ayer a los medios de comunicación, está firmado exclusivamente por integrantes de la corriente crítica a Griñán que manda en el PSOE de Cádiz, dirigida por su secretario provincial, Francisco González Cabaña, y con la que está alineado el propio Fernández. Todos ellos se posicionaron a favor de Alfredo Pérez Rubalcaba para secretario general del partido en el congreso federal del pasado febrero.

Curiosamente este manifiesto de apoyo no está respaldado por ningún miembro de la corriente griñanista, que tiene en el consejero de Gobernación y Justicia en funciones, Francisco Menacho, y en la alcaldesa de Sanlúcar, Irene García, a sus principales exponentes. Fuentes de esta corriente aseguraban ayer que desconocían la existencia de este documento y confirmaron del mismo modo que no habían sido invitados a participar en el mismo. Sí figuraba en primera instancia entre los firmantes Jaime Armario, secretario general del PSOE de San Fernando y que es, junto con Menacho, el único griñanista con peso en la ejecutiva provincial, donde tiene a su cargo el área de Política Institucional. Sin embargo, minutos después la dirección del partido en Cádiz indicaba que su inclusión había sido un error.

Ajeno a las tesis más tibias planteadas ayer desde la dirección del PSOE-A y desde el Gobierno andaluz, el comunicado salido de la sede socialista de Cádiz hace una defensa a ultranza de "la inocencia y la dignidad" de Fernández, de quien se elogia igualmente su "magnífico papel en defensa del empleo y de los derechos de los trabajadores". Incluso se afirma que la causa judicial contra él supone en realidad "una causa contra todos los socialistas de Andalucía".

Opina el núcleo duro del PSOE de Cádiz que este proceso "ha sido orquestado por la derecha andaluza con el aval del PP y de un sindicato ultraderechista", en alusión a Manos Limpias, a los que acusa de "tratar de hacer de las tropelías y los desmanes del ex director general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero, y su chófer una causa general sobre la gestión de los gobiernos de Chaves y Griñán", algo que entienden que supone "un burdo objetivo".

Y ahondando en esta teoría indican que esta "derecha recalcitrante" ha "volcado su frustración" contra Fernández después de "no haber podido hundir al PSOE" en las elecciones andaluzas con su "indigna estrategia".

Hay también críticas a la juez Alaya, ya que los socialistas gaditanos consideran que Fernández ha sido sometido a un "juicio mediático sin precedentes y sin capacidad ni de defensa, ni de respuesta", que ha sido encarcelado "sin una prueba acusatoria" contra él e incluso que ha padecido unos "inexplicables excesos judiciales que le están situando ante la opinión pública como si del mayor criminal del mundo se tratara".

Entre los firmantes están casi todos los pesos pesados de la Comisión Ejecutiva Provincial (CEP) del PSOE de Cádiz -a excepción de los ya citados Menacho y Armario-, numerosos secretarios generales de agrupaciones socialistas, pero también dos parlamentarios andaluces (Luis Pizarro y María Colón), dos diputados nacionales (Mamen Sánchez y González Cabaña), dos delegadas provinciales de la Junta (Blanca Alcántara y Silvia López), cinco diputados provinciales (Cabaña, Pérez Peralta, Olga González, Araujo y Moscoso) y seis alcaldes, en concreto los de La Línea, Barbate, Paterna, Benalup-Casas Viejas, Setenil y Villaluenga.

EL PAIS: La magistrada avanza la próxima imputación de más consejeros andaluces


La juez de los ERE acusa a la Junta de diseñar cómo “regalar” las ayudas

La magistrada avanza la próxima imputación de más consejeros andaluces



Guardias civiles conducen al exconsejero de Empleo de la Junta Antonio Fernández a un furgón para trasladarlo a prisión. / GARCÍA CORDERO

Al Gobierno andaluz le nació ayer un problema de dimensiones imprevisibles. El auto de prisión del exconsejero de Empleo Antonio Fernández contiene una bomba de relojería que derivará previsiblemente en un listado de imputaciones de altos cargos que encabeza el actual presidente de la Junta, José Antonio Griñán. La juez del caso de los ERE, Mercedes Alaya, desveló algunas de sus cartas y en el razonamiento para justificar la condena de la gestión de Fernández extendió dudas sobre otras consejerías y los servicios jurídicos de la Junta como supuestos cómplices para permitir la concesión de ayudas públicas millonarias en los años de vacas gordas. El Ejecutivo autónomo dispuso de un fondo para empresas en crisis dotado con 647 millones entre 2001 y 2010, cuyas subvenciones fueron concedidas de manera discrecional.
“La política no puede ir contra la ley y el derecho”. La frase lapidaria de la juez resume la tesis que recorre el extenso auto de 77 páginas: la Junta diseñó un sistema para “regalar” subvenciones fraudulentamente a un “extensísimo grupo de personas físicas y jurídicas, cuyos privilegios procedían de ser personas o entidades próximas a los cargos de la Junta y del PSOE andaluz, bien por razones de amistad, parentesco o afiliación política”. Y la Intervención General identificó el problema, tras lo que “de manera rotunda” puso reparos a las consejerías involucradas en este “sistema operativo”. Hasta ahí, la acusación de la magistrada ya conocida.
La dimensión que dejó atisbar ayer Alaya es que los informes de la Intervención fueron ignorados por Fernández “en su condición de consejero de Empleo, junto a titulares de otras consejerías”. Entre esos otros consejeros que despreciaron las advertencias de la Intervención incluye al presidente Griñán durante su etapa como consejero de Economía, y a los exconsejeros de Economía e Innovación Magdalena Álvarez (posteriormente ministra de Fomento) y Francisco Vallejo, a los que Alaya ya ha señalado en anteriores autos. En pasadas resoluciones, Alaya ya ha apuntado al supuesto delito de prevaricación por ignorar los informes contrarios de la Intervención a las subvenciones del Gobierno autónomo.

El auto reprocha al Gobierno andaluz ignorar los reparos de la Intervención
La intención del sistema de ayudas creado era sortear las pegas que la Intervención General había expresado en 1999, así como las limitaciones que la Unión Europea ponía a las ayudas entregadas a las empresas por la Junta andaluza.
Sin embargo, la tesis de Alaya va más allá y dibuja una connivencia a nivel político de extraordinaria dimensión. La magistrada extiende las sospechas de consentir este reparto de ayudas supuestamente fraudulentas al interventor general y a los servicios jurídicos. “Deberá ser objeto de investigación si en el asesoramiento (...) hubiesen prevalecido los criterios políticos sobre los jurídicos”, explica.
Fernández y el diputado socialista José Antonio Viera [exconsejero de Empleo entre 2000 y 2004] firmaron el convenio para establecer las ayudas en 2001. Pero las ayudas superaron el dinero presupuestado la gran mayoría de los años, por lo que la Consejería de Hacienda debió realizar ampliaciones presupuestarias para cubrir las necesidades de gasto. Entre 2005 y 2008, la Intervención General puso reparos, aunque sin emitir un informe de actuación que hubiera alertado del menoscabo en las arcas públicas.

“Lo verdaderamente grave es que durante tanto tiempo se olvidara la ley”
Alaya estima que tanto los exconsejeros de Empleo e Innovación como los de Hacienda ignoraron los reparos de la Intervención de manera intencionada. “Que se trate de una implantación normalizada en el proceder de la Junta durante 10 años, no quiere decir que el procedimiento derivado del convenio marco sea por esto conforme a derecho, pues lo verdaderamente grave es que durante tanto tiempo se haya podido olvidar, indiciariamente, el cumplimiento de la ley”.
Según la juez, el objetivo del método puesto en práctica era “institucionalizar la arbitrariedad y la discrecionalidad en la concesión de ayudas públicas” de la Junta de Andalucía y permitir un “uso abusivo” en el manejo de fondos de la Administración.
La respuesta del abogado de Fernández, Alfonso Martínez del Hoyo, a las acusaciones de Alaya resumen con precisión la supuesta prevaricación y malversación continuadas que achaca a gran parte de la cúpula del Gobierno andaluz, a modo de una causa general: “Supone concebir y proyectar una grave sombra de duda sobre la general actuación y funcionamiento, no ya del Gobierno, sino más ampliamente de la propia Administración andaluza, a varios de cuyos grupos funcionariales de élite se extiende tal ominosa duda de actuación, tales como los del Cuerpo de la Intervención y los varios departamentos técnicos y jurídicos, incluido el Gabinete Jurídico de la Junta, obligados todos ellos a velar por la legalidad”.
El letrado muestra su asombro ante la tesis de la magistrada, que supone un salto cualitativo y cuantitativo en la causa [que acumula 52 imputados], y que se trasladará, al menos en parte, al Tribunal Supremo tan pronto la juez concrete las acusaciones contra el diputado y exconsejero de Empleo José Antonio Viera, al ser este aforado. La Guardia Civil ya ha subrayado su responsabilidad sobre los 50 millones en ayudas directas a empresas que recibió la Sierra Norte sevillana, una pequeña comarca, en comparación con los 30 millones que recibió el resto del territorio andaluz.
“Resulta contrario a los principios de la lógica y la experiencia pensar que pudo ser posible la gestación a escondidas y la posterior ocultación premeditada durante una década en el fondo de algún misterioso cajón, ese procedimiento específico de autos”. Fernández argumenta que el fondo era aprobado año tras año por el Parlamento andaluz, y dijo que “lo conocían todos”, aunque su abogado matizó que no pronunció esa expresión para “eludir responsabilidades por elevación, sino para enmarcar la gestión y aplicación del procedimiento”. La causa ya acumula 15.000 folios y otras 200.000 páginas de documentación.

Alaya afirma que el “absoluto descontrol” facilitó el mal uso “grosero” de dinero público

J. M. A. / Sevilla
El auto de ingreso en prisión del exconsejero Antonio Fernández dibuja el descontrol que se vivió en este departamento a lo largo de casi una década (2000-2009). La juez Mercedes Alaya acusa al ex alto cargo de diseñar un sistema de ayudas públicas millonarias entregadas de manera discrecional, además de acusarle de cohecho por acogerse a un ERE en la empresa bodeguera en la que trabajó, un expediente que aprobó él mismo. Estas son las razones clave del auto que llevó ayer a prisión a Fernández, acusado de cohecho y malversación entre otros delitos, y que le han convertido en el tercer imputado del caso que ingresa en prisión. La magistrada justificó la prisión por el riesgo de fuga y de que se entorpezca la investigación. Alaya le achaca conceder “ayudas tan absolutamente groseras” que no se hubiera producido de no haber existido “ese absoluto descontrol” por su parte.
» Intrusos. Alaya afirma que Fernández conocía la inclusión de intrusos (personas que nunca trabajaron en las empresas por las que están cobrando una prejubilación). Da crédito al ex director general de Trabajo Javier Guerrero, también en prisión, que sostuvo que informaba de todas las ayudas en las reuniones del consejo de dirección de la Consejería de Empleo. Asegura la juez que de esta manera se explica que personas próximas al PSOE cobrasen dinero de forma irregular. Da por hecho que en el futuro saldrán nuevos nombres de intrusos.
» Ayudas directas a empresas. Alaya hace hincapié en que buena parte de las ayudas se concentraron en la Sierra Norte de Sevilla, una pequeña comarca que acaparó 51 millones de euros. Y en concreto, buena parte de ese dinero acabó en empresas de José Enrique Rosendo, exconcejal del PSOE, y José María Sayago. Alaya subraya la amistad de Rosendo con Viera en este punto. Refleja también el dinero percibido por las empresas de Ángel Rodríguez de la Borbolla, hermano del expresidente de la Junta José Rodríguez de la Borbolla y exalcalde del municipio sevillano de Cazalla. Apunta también las 17 ayudas a empresas que recibieron 17 empresas de Jerez, localidad natal de Fernández.
» Bufetes y aseguradoras. La magistrada concluye que Fernández conocía el “entramado” de bufetes de abogados, aseguradoras, e intermediarios que se creó alrededor de los ERE pagados por la Junta, trama en la que también incluye a los sindicatos. En este sentido, subraya que permitió que aseguradoras como Uniter o Vitalia cobrasen hasta un 15% de cada ERE en el que intervenían.
» Fernández, beneficiario de un ERE. Alaya censura que Fernández fuera incluido en el ERE de la empresa González Byass, donde trabajó entre 1971 y 1983 cuando era consejero de Empleo. La juez recalca que el exconsejero de Empleo pidió una excedencia voluntaria cuando dejó la empresa, por lo que no tenía derecho a acogerse a ninguna ayuda. Fernández tiene pendiente de cobro 34.240 euros de indemnización por despido. Además, la juez afirma que no hizo efectivo el cobro de la prejubilación en la empresa (386.181 euros) porque saltó a la luz pública el escándalo de los ERE. Fernández concedió una ayuda de 17,4 millones a su antigua empresa para pagar un ERE.
Alaya recuerda que de los seis delitos que se le imputan, solo por el de malversación Antonio Fernández podría ser condenado a 18 años de cárcel.

http://politica.elpais.com/politica/2012/04/24/actualidad/1335296537_607440.html

martes, 24 de abril de 2012

EL PESEBRE UGETISTA DEFIENDE AL IMPUTADO: Pastrana ve "absolutamente radical" la prisión para Fernández y califica de "opereta" las actuaciones del juzgado

UGT continúa de lacayo del Cortijo, por mas que se esté hablando de robo de dinero de los parados, prefiere el plato caliente de la subvención, que para eso le pagan.

Por otro lado, no olvidemos que hay un tal Lanzas, conseguidor de EREs, señero en la UGT en su día, que lo mismo tiene que pasar por el juzgado nº6...

Parece que esto es solo cosa de Alaya y que la fiscalía anticorrupción se equivoca al pedir cárcel y que hay que apoyar al compañero.

A los parados, que les den.


http://www.elcorreoweb.es/144909/pastrana/ve/absolutamente/radical/prision/fernandez/califica/opereta/actuaciones/juzgado

Pastrana ve "absolutamente radical" la prisión para Fernández y califica de "opereta" las actuaciones del juzgado

 
El secretario general de UGT-A, Manuel Pastrana, ha considerado  "absolutamente radical" que la juez de Instrucción número 6 de  Sevilla, Mercedes Alaya, haya ordenado el ingreso en prisión sin  fianza del exconsejero de Empleo de la Junta de Andalucía Antonio  Fernández, si bien ha calificado de "opereta" el caso de los  expedientes de regulación de empleo (ERE) así como las actuaciones  del propio juzgado. En rueda de prensa, Pastrana ha manifestado que se trata de "una  decisión desproporcionada", asegurando que "hay indicios de que la  decisión de la juez, por la dimensión que tiene, estaba previamente  definida". Según ha continuado, "al menos, parte de la acusación  tiene intereses claramente políticos en este caso".

Ha recordado que UGT forma parte de la acusación, sin embargo, ha  incidido en que sus abogados, "después de cuatro días encerrados en  los Juzgados de Sevilla, no han encontrado ningún elemento, ni se ha  puesto de manifiesto en el interrogatorio, que Fernández se haya  lucrado y aprovechado personalmente de los ERE".

Según ha indicado el dirigente sindicalista, "la causa que se le  imputa, al entender de sus letrados y a partir de ahí la valoración  sindical, parece que no tiene suficiente dimensión como para  decretarse la prisión provisional y más cuando hay casos de gestores  públicos de otros países que, incluso con condenas firmes, andan  paseándose sin haber ingresado en la cárcel".

Al hilo, Pastrana ha considerado que "quien haya empleado o se  haya aprovechado del sistema en beneficio propio tiene que pagarlo,  claramente, pero hay que hacer distinciones entre quienes han hecho  uso particular del sistema y quienes no". Por ello, ha señalado que  "plantear que hay causa para sospechar de una posible fuga del  exconsejero le parece algo desproporcionado".

Por último, ha hecho hincapié en que cree que "en absoluto lo que  hay ahora mismo sobre la mesa, ni las acusaciones de posible fuga,  son elementos suficientemente de peso como para haber tomado esta  medida tan absolutamente radical".

AQUI EL AUTO COMPLETO DE ALAYA SOBRE LA PRISIÓN DE FERNANDEZ



Obtenido del PDF que se encuentra en la siguiente dirección:
http://ep00.epimg.net/descargables/2012/04/24/33fc6c1962facdfb45453023e1aa5f79.pdf

1
JUZGADO DE INSTRUCCION NUMERO 6 DE SEVILLA desde el 29 de Abril de 2000 hasta el 25 de Abril de 2004 y a partir de esta fecha Consejero de Empleo hasta el 22 de Marzo de 2010, participó indiciariamente junto a otros, superiores y asesores externos, en la ideación y elaboración del Convenio Marco de 17 de Julio de 2001 suscrito entre la Consejería de Empleo y el Instituto de Fomento de Andalucía, firmando dicho documento el Sr. Fernández García en su condición de Presidente del mencionado Instituto, y ello con la finalidad de dotar a la Consejería de Empleo (de la que en aquel momento era Viceconsejero) de un sistema operativo propio, pues el IFA pertenecía por aquel entonces a dicha Consejería. El propósito con dicho

ULTIMA HORA: FERNANDEZ A LA CARCEL

Noticia de la cadena Ser a las 07:00 y mensaje a las "bases" de IU. ¿Como afectará al voto este hecho?. ¿Cuanto deberán dar la cara por El Cortijo?

Tras una larga noche, Alaya ha entregado en mano al imputado su auto.

A las 07:30 el furgón para trasladarlo a la cárcel de Morón se encontraba a la espera de conductor. Se confirma que ya ha salido para el centro penitenciario.

Las razones para su ingreso son:

-Riesgo de fuga
-Gravedad de los hechos, con posibles penas de hasta 18 años de prisión
-Posibilidad de alterar pruebas

Ordena Alaya que se impida la comunicación con Guerrero, que se encuentra en otra cárcel, la de Mairena.

En otro auto hablará de fianzas.

Está claro que es hoy un aciago día para El Cortijo.

El día 26 pasará a declarar el que fue Delegado de Empleo Antonio Rivas...si yo fuera el, viendo lo que le ha pasado al mismísimo Consejero de empleo, me iría preparando un neceser con ropa cómoda.

La juez Alaya manda a prisión a Antonio Fernández, el exconsejero de Empleo de Griñán

El fiscal anticorrupción ha solicitado además a Antonio Fernández 890 millones de indemnización, mientras la Junta rechaza su encarcelamiento

Día 24/04/2012 - 08.08h
 
La juez ha enviado a prisión a Antonio Fernández después de cuatro días de interrogatorio tras la petición del fiscal anticorrupción que así lo solicitó para el exconsejero de Empleo, al que la juez Mercedes Alaya imputa seis delitos por su intervención en el caso de los ERE fraudulentos en la Junta de Andalucía. Ha sido a las 6,45 horas de este martes cuando la magistrada ha notificado al imputado el auto por el que lo envía a prisión, tal y como habían solicitado la Fiscalía Anticorrupción, el PP y el sindicato Manos Limpias. La petición del Ministerio Público ha sido de prisión provisional, comunicada y sin fianza. Pero también que respondiera por las pólizas fraudulentas de 890 millones de euros, por la suma de las pólizas de seis intrusos y de Río Grande. Suman 664 millones más un tercio que se añade en estos casos.
La juez Alaya manda a prisión a Antonio Fernández, el exconsejero de Empleo de Griñán
Juan flores
Mercedes Alaya
El fiscal ha justificado la prisión en la gravedad de los delitos y el riesgo de fuga, unas peticiones a las que se sumaron el PP y Manos Limpias pero de la que se descolgó la Junta de Andalucia. Así la acusación particular de la administración autonómica ha solicitado que el exconsejero comparezca cada semana en el juzgado y una indemnización de 68 millones por las cantidades supuestamente defraudadas y la retirada del pasaporte.
Fernández ha terminado su interrogatorio con un reconocimiento implícito de su culpabilidad en su alegato final a preguntas de la defensa cuando se cuestionó a sí mismo ¿Cómo podría haber evitado esto? Así se lamentó de lo que ha ocurrido «a la vista de los indicios de las ilegalidades» y admitió que quizás en vez de ser un consejero de Empleo impulsor «tenía que haber sido un consejero mas vigilante con la gestión de sus subordinados». «Quizás he sido demasiado confiado», dijo. Su abogado tambien aseguró que él mismo «se tortura y se machaca» por ello.
Además, Fernández dijo que todo el procedimiento no sólo le produce «un profundo pesar» sino que está haciendo un gran daño institucional a la Junta de Andalucia y a la comunidad.
Fernández tiene a sus espaldas graves imputaciones: cuatro delitos continuados de prevaricación, fraude en las subvenciones, malversación, negociación prohibida a los funcionarios y dos delitos de cohecho y falsedad documental. «Usted fue responsable del uso abusivo y descuidado del dinero público», espetó la juez al imputado durante el interrogatorio que estuvo marcado por una gran tensión durante el cual llegó a pedirle que «si no quiere contestar se acoja a su derecho pero asuma su responsabilidad». El rifirrafe entre la magistrada y el exalto cargo se mantuvo durante las más de 200 preguntas sin contar las que le formuló sobre el ERE de González Byass, la bodega jerezana en la que trabajó hasta que entró en política y en cuyo ERE fue incluido. No fueron pocas las veces que la juez ha elevado la voz ya que los gritos han podido escucharse desde fuera.
También ha sido duro el cuestionario del Ministerio Público con dos fiscales anticorrupción preguntando a Fernández y que culminó cuando le formularon la pregunta que resume el procedimiento: « ¿No es cierto que, con la excusa de la paz social, la Junta de Andalucía ideó el sistema para disponer de fondos sin control previo ni posterior para repartirlos en beneficio de unos pocos y en detrimento de otros?». El exconsejero lo negó casi todo defendiendo la legalidad del sistema e incluso refiriendose a un documento de IDEA que, según dijo, había sido avalado por la Intervención de la Junta de Andalucía y avalaba el convenio marco. Pero no aportó prueba documental de ese escrito y también se defendió de las acusaciones acerca de su inclusión en el ERE de González Byass asegurando que no firmó. Fernández aguantó el tipo y solo flaqueó en un par de ocasiones como cuando admitió la inclusión del exdelegado de Asuntos Sociales, Juan Rodriguez Cordobés en el ERE de Calderinox o cuando reconoció las irregularidades existentes en los Expedientes de Regulación de Empleo fraudulentos de Rio Grande o Surcolor.
Fernández es el tercer preso del caso después de que el 10 de marzo ingresara en la cárcel el exdirector general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero, y el 21 de marzo su exchófer, Juan Francisco Trujillo. El próximo exalto cargo citado a declarar es el exdelegado de Empleo en Sevilla, Antonio Rivas, para el 26 de julio

lunes, 23 de abril de 2012

El TSJA sanciona a la Junta por acosar a un funcionario que no tragó con la mamela cortijera de los cursos impartidos por los sindicatos.


El TSJA sanciona a la Junta por acosar a un funcionario que no tragó con la mamela cortijera de los cursos impartidos por los sindicatos.


Esta noticia ha sido copiopegada del enlace de la página amiga de los EE.PP de Granada:
http://eeppautenticosgranada.wordpress.com/2012/04/23/el-tsja-condena-a-empleo-por-acosar-a-un-funcionario-que-denuncio-irregularidades/

EL CONSEJERO IMPUTADO: Las ayudas eran «discrecionales» pero no «arbitrarias».

Sutil. Estos socialistas tienen salidas para cualquier situación...

Parece que lo de publicar el dinero regalado a manos llenas para que no se beneficiaran solo los afines al Cortijo no se hizo porque "no se lo dijeron".

La cárcel pulula sobre este imputado.


El ex consejero de Empleo esgrime que Intervención avaló el sistema de reparto

Fernández implica a Intervención e IDEA con un informe que no entrega a Alaya Antonio Fernández encaró ayer su tercer día de declaración por los ERE

22 Abril 12 - - F. R.
Sevilla- El ex consejero de Empleo de la Junta de Andalucía Antonio Fernández implicó ayer directamente a la Agencia IDEA y a la Intervención General de la  Junta en el caso de los ERE. Ambos organismos, según la versión de Fernández que continúa la que ya dejó entrever en su comparecencia ante Alaya del sábado, habrían avalado con un informe favorable el sistema de ayudas fraudulento. El abogado del dirigente socialista, Alfonso Martínez del Hoyo, abundó en que dicho documento «consideraba el sistema correcto en términos generales» y únicamente aconsejaba cambiar la forma de pago desde la transferencia de financiación a la encomienda de gestión, lo que efectivamente se hizo.

No obstante, la desatención por parte de Empleo de las recomendaciones de la Intervención fue constante.  Si las ayudas se hubieran tramitado como «encomienda de gestión», tendrían que haber sido hechas públicas en el BOJA. Además, el informe al que hace alusión la defensa de Fernández no ha sido hallado ni se ha incorporado a la causa que investiga la juez Mercedes Alaya. Según el abogado existe un documento interno de la Consejería de Empleo que da cuenta de su petición a la agencia de Innovación de Desarrollo de Andalucía (IDEA) y de su resultado.

Durante una nueva prolongada comparecencia, Fernández  respondió por la tarde a las cuestiones de la Fiscalía Anticorrupción, asegurado que ese informe fue pedido por el ex director general de Trabajo Juan Márquez a raíz de su nombramiento en 2009.La juez Alaya ha reprochado en sus autos que las ayudas millonarias investigadas solo las conocían los más próximos al PSOE, a los sindicatos y al Gobierno de la Junta. Sobre este punto, Fernández  explicó que el convenio-marco de 2001 que instauró el sistema no se publicó porque no le dijeron que debiera hacerlo ninguno de los sucesivos asesores jurídicos que tuvo. Según el letrado, dicho convenio-marco estaba «pululando por las mesas de todos los altos cargos y nadie dijo que hubiera que publicarlo», y además se siguió aplicando cuando él dejó la Consejería en 2010. La juez mantuvo un belicoso diálogo con Fernández que volvió a recriminar a la magistrada el tono de su interrogatorio. Ésta le respondió que lo «comprendía humanamente, pero que estaba cumpliendo con su obligación». Por su parte, la Fiscalía Anticorrupción preguntó si el sistema investigado «se ideó para favorecer a determinadas personas» y tener las manos libres.A lo largo de tres días de interrogatorio, la juez Alaya hizo a Fernández doscientas preguntas y la Fiscalía Anticorrupción unas 60, y a continuación, tras el receso realizado entre las 21 y 22 horas de esta noche,  comenzó a preguntar el letrado de la Junta de Andalucía, personada como acusación particular. La sesión se retomará este mañana.El abogado del sindicato Manos Limpias, José María Gómez de León, que ejerce la acusación, informó que va a pedir prisión sin fianza para Fernández, y el letrado del PP, Luis Navarro, también personado como acusación, recalcó que «previsiblemente» pedirá la misma medida.

Fernández lleva más de 32 horas de declaración, con jornadas de hasta once horas diarias, en las que ha defendido la legalidad de las ayudas porque ningún «criterio jurídico» se opuso a ellas y dijo que eran «discrecionales» pero no «arbitrarias». Hasta ahora han ingresado en prisión Francisco Javier Guerrero, exdirector general de Trabajo que lo hizo el pasado 9 de marzo, y su chófer Juan Francisco Trujillo. Los citados abogados informaron que previsiblemente la declaración del exconsejero de Empleo, Antonio Fernández concluirá mañana,martes, tras el interrogatorio de las defensas y de su propio defensor.

La juez Alaya, Fernández y tres jornadas judiciales agotadoras
Tras tantos días de trabajo, la juez, de manera explícita según alguno de los presentes en la sala, mostró signos de cansancio. LLeva varias semanas preparando el interrogatorio, trabajando hasta altas horas de la madrugada. También ayer sucedió que concluido el interrogatorio, la titular del juzgado de instrucción número 6 se quedó ultimando las tareas pendientes. Tan cansados acabaron todos, que los letrados mostraron su satisfacción cuando el  abogado de la Junta decidió eliminar algunas cuestiones.

http://www.larazon.es/noticia/5240-fernandez-implica-a-intervencion-e-idea-con-un-informe-que-no-entrega-a-alaya

domingo, 22 de abril de 2012

ALAYA CITA EN EL INTERROGATORIO DE FERNÁNDEZ AL HIJO CHAVES, DE VIERA, DE CABALLOS Y UNA EMPRESA DE PEREZ ROYO Y AMPARO RUBIALES

Lo del Consejero de Empleo Fernández es muy gordo. Si en el PSOE hubiera vergüenza, estarían escondidos durante un buen tiempo, puesto que se habla en el interrogatorio de chiquillos de Caballos o Viera, empresas del HIJO DE CHAVES, JAVIER PEREZ ROYO Y AMPARO RUBIALES, de regalo de dinero a empresas que estaban cerradas desde hace tiempo, y de falta de asunción de responsabilidades por nadie de la Junta, en fin, lo habitual  en El Cortijo... 


Menos robó el Mariscal Soult cuando expolió esta tierra, que ya es decir, y tenía a sus ordenes a todo un victorioso ejército de Napoleón. Estos socialistas siguen pavoneándose por el Parlamento a la espera de formar gobierno de nuevo. sin arrepentimientos, sin dimisiones, SIN DEVOLVER LO ROBADO, porque algún "responsable" debería apechugar con su patrimonio, ¿o solo van a pagar los maestros interinos que se van al paro?, ah! que la falta de dinero es cosa del de Madrid, que aquí lo robado salía de una fábrica mágica de billetes y no ha aumentado el pufo de las cuentas andaluzas...si nos hemos creido que el trincón conocido era mejor que el pepero por conocer, lo mismo nos tragamos este cuento cortijero.

Ya Alaya no es del PP, ya sus actuaciones no son la correa de transmisión de Arenas o de su amigo Zoido. Les da igual lo que salga en la prensa, puesto que los andaluces han permitido que quede impune políticamente el robo y en IU solo están pensando en batir el récord Guinness de afines colocados a la vez, que ya conocemos por el Ayuntamiento de Sevilla y por la Diputación de Huelva en donde se meten las ideas y la honradez los de IU a cambio de un plato de sopa aguada servida por el sociata caritativo de turno.


Extracto de las mejores perlas referidas a la declaración:

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/04/21/andalucia/1335041472_027432.html
En sus interrogatorios, Alaya repasó punto por punto todas las anomalías que podía haber conocido Fernández, incluida la contratación del hijo del parlamentario socialista José Caballos y la hija del diputado José Antonio Viera por parte del empresario José María Sayago, cuyas sociedades compartidas con el exedil del PSOE José Enrique Rosendo percibieron 41,5 millones de las arcas públicas. Hasta 12,4 millones fueron destinados a "empresas pantalla" sin actividad. "Empresas que no iban a crear empleo, sino la riqueza de sus titulares", señaló Alaya.
Fernández se defendió con igual vehemencia que el primer día, pero ayer Alaya redobló el carácter incisivo de su interrogatorio y le apretó más, sobre todo al subrayar el escaso control sobre las ayudas concedidas. Las respuestas evasivas sobre las cuestiones, desesperó a la magistrada. "Hoy ha estado mucho más beligerante que ayer. Él tiene recursos, pero enfrente [por la juez] tiene las consecuencias lógicas de la escasa normativa. Y sobre todo el reproche por su falta de control y la dejación de funciones", resumió un abogado.
Cuando la magistrada inquirió a Fernández sobre una de sus respuestas, este replicó: "Se lo digo, se lo afirmo y se lo repito". En otro momento de tensión, ambos discutieron sobre una declaración que hizo Fernández el viernes y la juez matizó que sabía "perfectamente" lo que había dicho porque la noche anterior había estado releyendo su declaración judicial hasta las 3.30.


http://www.abcdesevilla.es/20120422/andalucia/sevi-alaya-pide-fernandez-asuma-201204220028.html
Sin embargo, la juez puso encima de la mesa algunas de las subvenciones más sospechosas. Le preguntó, por ejemplo, por las de la Faja Pirítica de Huelva y las ayudas concedidas a esa zona. Le preguntó por una dada en 2004 a trabajadores de Minas La Herrería, que cerró en 1988. Fernández negó conocerla aunque cree que habría razones para hacerlo. También le pidió información sobre si sabía que la empresa Rumbo 5.0, en la que estaban el hijo de Chaves, Javier Pérez Royo, Amparo Rubiales y Jaime Montaner como arquitecto, proyectaban una urbanización de superlujo en los antiguos terrenos de las Minas de Riotinto, algo que Fernández negó saber.
Alaya considera al exconsejero corresponsable de conceder mas de 29 millones de euros a un grupo de «empresas pantalla» de los exconcejales socialistas de El Pedroso, Jose Enrique Rosendo y José María Sayago sin actividad. Dijo que ese era un tema heredado de José Antonio Viera y que éste había visitado varias veces esas empresas. «Me consta que había que dar esas ayudas», admitió asegurando que no fue él quien las otorgó, aunque continuaron dándose durante su mandato. Sobre si el Gobierno conocía la concentración de ayudas a Rosendo y Sayago, alegó que «el presidente de la Junta, el Consejo de Gobierno, el Parlamento y todo el que se haya leído la Ley de Presupuestos». El imputado sí afirmó que no entendió cómo el exdelegado de Empleo, Antonio Rivas, incluyó al intruso Antonio Fernández Garzón en el ERE de Calderinox y reconoció, a última hora, irregularidades en Surcolor y Río Grande.

http://www.elmundo.es/elmundo/2012/04/21/andalucia/1335002602.html
En la segunda jornada de declaración, y ante las evasivas de Fernández, la instructora del caso le ha llegado a decir: "Asuma al menos la responsabilidad que le corresponde como consejero" y, a continuación, ha añadido, según algunos de los abogados presentes en la comparecencia: "Si quiere, se acoge a su derecho a no declarar, pero no se ande por las ramas. Contésteme a la pregunta".
La declaración de Antonio Fernández se reanudó a las 10.40 horas de hoy y, después de dos horas y cuarenta minutos, a las 13 horas, la instructora ordenó hacer un receso. Minutos antes de ese descanso, desde la antesala se oían las voces altas de la magistrada, cuyo interrogatorio, suspendido anoche tras 60 preguntas, iba a esas horas por la pregunta número 75. Tiene previsto hacer doscientas.
Fernández ha defendido la legalidad del "procedimiento específico", sobre el que dijo que "no hay ningún criterio jurídico que lo cuestione". "Se lo digo, se lo afirmo y se lo repito", ha llegado a decir el ex consejero de Empleo ante las dudas que manifestaba la juez Alaya sobre algunas de sus afirmaciones. En todo caso, ha asegurado que "los políticos [entre los que se incluye] actúan con criterios políticos, no jurídicos".
El ex consejero ha defendido que el convenio marco firmado por él y por el también ex consejero de Empleo José Antonio Viera el 17 de julio de 2001, por el que se habría creado el 'fondo de reptiles' al permitirse usar el dinero sin control, tenía perfecto encaje en el artículo 28 de la Ley General de Subvenciones. Uno de los abogados de la causa ha advertido después a los periodistas de que el convenio se firmó en 2001 y la Ley General de Subvenciones es de 2003.

Para finalizar, un abogado, creyendo que se encontraba en el Parlamento Andaluz o en el Congreso de los Diputados, le pidió que acabara un poquito antes para ver el Barcelona-Madrid (no se a algunos para qué le sirven tantos años de estudio), aquí lo que dicen que contestó:
http://www.abcdesevilla.es/20120422/andalucia/sevi-alaya-pide-fernandez-asuma-201204220028.html