jueves, 30 de agosto de 2012

Promotores de Empleo desalojados de la Consejería por sus protestas


GRANADA | Serán despedidos a final de septiembre

Promotores de Empleo desalojados de la Consejería por sus protestas

Los trabajadores en la puerta de la Consejería de Granada. | El Mundo Los trabajadores en la puerta de la Consejería de Granada. | El Mundo
  • Acusan a la Junta de despedirlos en 'fraude de ley'
  • Lamentan que se les haya comunicado el ERE de manera ilegal
  • Habían sido convocados individualmente para negociar el fin de sus contratos
El portavoz de los trabajadores, Javier Jiménez, explicó que se improvisó la protesta tras encontrarse con que "se nos había convocado individualmente, saltándose la ley, que establece que debe negociarse con los representantes sindicales", y que no concurría ningún cargo oficial de Empleo, sino "un abogado de un gabinete externo cuya explicación ha sido que la Junta no tiene dinero. Pero pagarle a él, parece que sí".
Hacia las 14.30 de la tarde se encontraban encerrados en la sede los más de 100 promotores de Empleo de Junta de Andalucía en la provincia de Granada. Defienden que su labor ha sido la asesoría laboral "donde no hay otra figura", ya que hay en todos los municipios, un total de 800 en toda Andalucía. Lamentan "que todo se nos esté comunicando sin que ningún responsable de la Junta comparezca para dar explicaciones".
Añade Jiménez que la extinción de los contratos está amparando "un fraude de ley", puesto que las UTEs públicas como la que los contrata oficialmente a ellos, según la propia ley de Función Pública de la Junta, debería ser absorbida por Empleo otorgándoles categorías de laborales en lugar de externo. "Sin embargo se nos hace un ERE, adelantando la extinción de nuestros contratos, para luego absorber la empresa y liquidarla".
Los promotores anuncian que, aunque improvisada, la protesta de hoy "no será la última" y piensan convertir el mes de trabajo que les queda en "un mes de protestas" y que habrá "sorpresas" durante las próximas semanas.

http://www.elmundo.es/elmundo/2012/08/29/andalucia/1346263463.html

Plantón de Griñán y Chaves tras caer la versión de la Junta sobre los ERE


¿ La comparecencia del Interventor General habrá producido desórdenes intestinales?


Retrasan su comparecencia tras confirmar el Interventor que avisó de la ilegalidad

Plantón de Griñán y Chaves tras caer la versión de la Junta sobre los EREZarrías proclamó ayer su amistad con el consejero Fernández

29 Agosto 12 - - F. Martí
 
SEVILLA- Griñán y Chaves no acudirán mañana a la comisión de investigación constituida en el Parlamento de Andalucía para analizar las irregularidades en las ayudas sociolaborales y subvenciones directas a empresas concedidas por la Administración andaluza entre 2001 y 2010. El PSOE forzó ayer, con la habitual complacencia de IU, un cambio en el calendario para permitir que ambos cierren la segunda tanda de comparecencias que aún debe aprobarse en el mes de septiembre. La comisión se reunirá esta tarde en sesión extraordinaria para aceptar esa propuesta, que sólo cuenta con la oposición del PP. La versión ofrecida ayer por el Grupo Socialista es que ese aplazamiento está razonado en cuestiones «institucionales»: como presidente y ex presidente son los cargos de la Junta de Andalucía de mayor relevancia durante el periodo investigado (2001-2010) y deben cerrar los trabajos.

La versión oficial tiene matices. La comparecencia del ex interventor general de la Junta de Andalucía Manuel Gómez del pasado martes no sentó bien en el seno del Ejecutivo andaluz ni en el Grupo Socialista. Aseguró que los avisos del órgano de control fueron desatendidos en 2005. Lo hizo de una manera muy gráfica: : «Si su vecino le advierte a voces por la ventana que salen llamas por su extractor de humo, usted qué haría. ¿Llamaría a los bomberos para evitar la catástrofe o esperaría a que su vecino confirmara la noticia por carta o correo electrónico?».

El PP andaluz vinculó la decisión de Griñán y Chaves con las afirmaciones del ex interventor y aseguró que quieren «huir» y «ganar tiempo» para preparar su versión.

No fue lo único que reseñó éste. Aclaró que el procedimiento de ayudas implantado por la Consejería de Empleo «no lo había visto nunca» y enumeró hasta 15 avisos correspondientes a otros tantos informes de control financiero entregados a distintas Consejerías en varias fases y que podían haber frenado el presunto fraude con un cambio de procedimiento. Sólo con que se hubieran atendido las recomendaciones de uno de estos trabajos de auditoría hubiera sido suficiente.
Este testimonio rompió la versión oficial diseñada por la Junta de Andalucía, que mantiene la legalidad de las ayudas y del procedimiento «discrecional» para su reparto. Todos los comparecientes hasta ese día –incluidos varios ex consejeros– repartieron la responsabilidad con los Grupos Políticos en el Parlamento –algo que molestó mucho a IU, el socio en el bipartito–, ya que todos los años aprobaban la Ley de Presupuestos donde se incluía la partida 31L, la conocida popularmente como «fondo de reptiles». El ex interventor se cargó esa teoría: las transferencias de financiación al ente instrumental para pagar las subvenciones sí tienen rango de ley porque aparecen en las cuentas públicas, pero el soporte legal –o la ausencia del mismo– con el que se concedían las ayudas –prescindiendo de la Ley de Subvenciones por ejemplo–, no.

Ante la caída de ese castillo de naipes, el PSOE cambió de estrategia. La intención original era finalizar los trabajos de la comisión antes de septiembre para iniciar el curso político sin el «molesto» tema de los ERE en la agenda. Ésa era la hoja de ruta. Aparcar el tema y centrar los esfuerzos en «combatir» las políticas del Gobierno central, ya que la oposición a Rajoy es el principal punto de unión entre PSOE e IU, socios en la Junta. Sin embargo, la coalición de izquierdas mantuvo abierta desde el primer momento la opción de formalizar una segunda ronda de asistentes para ampliar la información, opción que se confirmó tras el anuncio de dos de los citados de que no acudirían: la ex consejera de Economía y Hacienda Magdalena Álvarez y el ex alcalde del municipio sevillano de Cazalla de la Sierra Ángel Rodríguez de la Borbolla. Ahora quieren ganar tiempo y «cerrar» la comisión una vez que se formalice otra tanda de citaciones: un plante a la Cámara andaluza. El 5 de septiembre habrá una reunión para fijar los nuevos trabajos de la comisión

http://www.larazon.es/noticia/8557-planton-de-grinan-y-chaves-tras-caer-la-version-de-la-junta-sobre-los-ere

miércoles, 29 de agosto de 2012

La Junta pudo parar el fraude de los ERE y las ayudas a empresas en 2005


La Junta pudo parar el fraude de los ERE y las ayudas a empresas en 2005La Junta pudo parar el fraude de los ERE y las ayudas a empresas en 2005

28 Agosto 12 - - F. Martí
 
SEVILLA- Vuelco en la comisión de investigación parlamentaria que investiga el fraude de los ERE. La esperada comparecencia de Manuel Gómez, ex interventor general de la Administración autonómica andaluza entre 2000 y 2010, rompió la estrategia del Ejecutivo autonómico y el PSOE sobre la legalidad del sistema y desmontó la teoría de que la única responsabilidad era del director general de Trabajo y Seguridad Social. La Junta pudo parar las irregularidades en 2005 –incluso antes, porque ya en 2004 la Consejería de Empleo recibió el informe de la Intervención en el que informaba sobre la tramitación irregular de las ayudas sociolaborales–. El ex interventor confirmó ayer en sede parlamentaria que las advertencias trasladadas de manera oficial el 25 de abril de 2005 al consejero de Empleo Antonio Fernández no fueron atendidas, lo que hubiera permitido cambiar el procedimiento y aplicar la ley de subvenciones tanto a las ayudas a los trabajadores acogidos a un ERE como a los incentivos directos a las empresas. Una copia de ese informe fue remitida también al consejero de Economía y Hacienda, José Antonio Griñán, y al de Innovación, Ciencia y Empresa, Francisco Vallejo –éste último aseguró el lunes que no lo conocía, la misma versión que ofrecerá el viernes el actual presidente de la Junta–. 
El responsable del máximo órgano de control interno de la Junta explicó por primera vez –nunca antes había hablado sobre el tema salvo en su declaración como testigo ante la Guardia Civil– la actuación de la Intervención en este asunto y las dificultades encontradas para desarrollar su labor. El sistema ideado por la Consejería de Empleo no era caprichoso. Los expedientes administrativos se encontraban en la Dirección General de Trabajo, pero  los pagos se realizaban a través de la empresa pública IFA-IDEA que ejercía de caja pagadora. Ése era el principal problema ya que las empresas públicas de la Junta están sometidas a control financiero y no a la función interventora. La diferencia es importante: la última tiene carácter previo, se realiza acto a acto y es suspensiva, mientras que en el primer caso se desarrolla con carácter posterior, no es vinculante y se realiza a través de auditorías.
La Intervención, en el ámbito de sus competencias, realizó en 2004 una auditoría en la Agencia IDEA (antes IFA). Con respecto a las ayudas para pólizas de prejubilación y subvenciones directas a empresas, la documentación administrativa estaba en la Consejería de Empleo, que no era el ente auditado. IDEA sólo ejecutaba las órdenes de pago. El dinero lo recibía de Empleo a través de transferencias de financiación. Por tanto, en la empresa pública no había irregularidad. Aún así, realizaron una acción especial de control –y pese a que, según Gómez, no estaban obligados porque la Consejería no era el objeto de sus trabajos– decidieron a analizar 20 expedientes administrativos que soportaban estas ayudas de los 144 tramitados hasta finales de 2004. Esa muestra fue suficiente para comprobar que se estaban otorgando «subvenciones excepcionales prescindiendo de forma total y absoluta del procedimiento administrativo establecido». También, entre otros aspectos, que se «habían generado obligaciones para la Junta de Andalucía sin cobertura presupuestaria».
La importancia del hallazgo hizo que se remitiera copia del informe al entonces consejero de Empleo Antonio Fernández,  pese a que no era la entidad auditada –era la empresa pública IDEA que dependía de otra Consejería, la de Innovación–.

Empleo hizo caso omiso. ¿Por qué no insistió en sus alertas?, le preguntaron desde el Grupo Socialista. «Nosotros lo advertimos y quien tenía que tomar decisiones no las tomó; lo que resulta irónico es que quien no tomó decisiones se queje ahora de que no fue advertido», señaló ante las excusas ofrecidas el lunes por los ex consejeros de la Junta.
Gómez había sido más gráfico en su primera intervención. «Si su vecino le advierte a voces por la ventana que salen llamas por su extractor de humo, usted qué haría. ¿Llamaría a los bomberos para evitar la catástrofe o esperaría a que su vecino confirmara la noticia por carta o correo electrónico? Sería inaceptable que ante su descuido el vecino acabe pagando el desaguisado», aseguró ante los diputados.

En la vía judicial, la juez Alaya mantiene la ilegalidad del «sistema operativo» –así lo denomina– por medio del cual se han abonado en torno a 1.500 millones de euros en la última década. El ex interventor general evitó una condena expresa al modelo diseñado por la Consejería de Empleo –«un caso como éste no lo he visto», dijo–, pero sí señaló a preguntas de la diputada de IU Alba Doblas que la diferencia entre que la ayuda la pagara IDEA o la propia Consejería de Empleo era «abismal». De hecho, si la subvención no la abona la empresa pública, el modelo de control es otro: función interventora, con la posibilidad de parar el pago si no se cumplen los requisitos .

De hecho, Francisco Javier Guerrero –en prisión– aseguró en los juzgados que el procedimiento se ideó tras los reparos de la Intervención para abonar el último pago de las nóminas de Cárnicas Molina en 2000. Ese informe iba firmado por Manuel Gómez. A preguntas del diputado del PP Rafael Carmona, el ex interventor no asumió que ése fuera el motivo de la creación del «fondo de reptiles», pero sí aclaró que sus recomendaciones sólo ponían «un marco» y que «un gestor avezado y diligente podía haberlo hecho perfectamente».

No fue el único recado a los dirigentes de Empleo. Admitió que las subvenciones sólo pueden concederlas los consejeros salvo delegación de competencias publicada en el BOJA. En este caso, Fernández no lo hizo y Guerrero, por tanto, no era competente.

http://www.larazon.es/noticia/3731-la-junta-pudo-parar-el-fraude-de-los-ere-y-las-ayudas-a-empresas-en-2005

martes, 28 de agosto de 2012

BLOG CANALSÚ: La casa del coño de la Bernarda


Obra fundamental de la literatura costumbrista de la política andaluza en los últimos treinta años.
Bastantes más de cuatro golfos bajo un mismo techo, sin contacto (ni ganas) con la realidad social andaluza, componen la trama de "La casa del coño de la Bernarda" en la que un personaje autoritario con discutibles valores morales impone un rirugoso luto informativo sobre los mangoneos caseros a fin de mantener ante el pueblo la hipócrita simulación de armonía que, sin embargo, se verá alterada por la presencia de una mujer, la juez Mercedes Alaya ...

(sigan leyendo en el propio blog http://canalsu.blogspot.com.es/ )

Martín Soler: 'El rol de la agencia IDEA era el de simple caja pagadora'

El rimbombante IDEA reducido a cajera del carrefú.

Propuesta de uniforme para los empleados de IDEA, inclido su responsable socialista.

Pánico me da escuchar a cada "responsable" socialista en la Comisión de Investigación. Tanta dejadez e irresponsabilidad por el Régimen que aún nos gobierna, es dificil de concebir.

Cual Velma Kelly del musical Chicago, que decía respecto a su crimen "...no recuerdo nada, salvo que no fui yo", han pretextado de todo: Que si yo no sabía nada, que si no tenía porqué saberlo, que si no era competente, que si lo había delegado (cuando le pillan y era competente), que si la culpa es del de arriba, de abajo, de otra Consejería (rellénese según convenga), que si tiene responsabilidad es política (cuando le pillan que es responsable), que él como político no tiene porqué saber eso, que si la culpa es del interventor, del funcionario...que solo se ha defraudado un nosecuantos por ciento...que yo solo pagaba...vamos, salvando las distancias, como los alemanes del año 1946, que todos hicieron la guerra de conductor de ambulancias.




 La representante socialista en la Comisión, empeñada en no ofender a sus colegas comparecientes pregunta incisiva "¿el fin justifica los medios?". 
Exclusiva: Aqui la Faja Pirítica
Podría haber preguntado sobre la vigencia de la Teoría del Flogisto. Da igual. El tema es llenar veinte minutos sin ofender y llegar a la Faja Pirítica de Huelva, que esa faja es la que pone de verdad a los sociatas. Es la misma que, con gran cachondeo por parte de la concurrencia, gastando una de las tres preguntitas que realizó,  le preguntó al mismísimo Guerrero "¿Usted fue Director General de Empleo de tal a tal fecha?". Eso sí, cual carrito de hipermercado que se ladea, haga lo que haga llega a la "Faja Pirítica de Huelva". Al final la mangancia ocurrida en treintaidos años de poder socialista llenos de irresponsables que no se enteraban es cosa del PP. Fijo.



Martín Soler: 'El rol de la agencia IDEA era el de simple caja pagadora'

El ex consejero de Innovación, Martín Soler, a su llegada al Parlamento. | E. Lobato El ex consejero de Innovación, Martín Soler, a su llegada al Parlamento. | E. Lobato
El consejero andaluz de Innovación, Ciencia y Empresa entre abril de 2009 y marzo de 2010, Martín Soler, ha asegurado que "jamás" tuvo conocimiento de "ninguna irregularidad" en las ayudas a ERE que, ha recordado, "decidía de manera unilateral la Consejería de Empleo".

"Nunca participé, conocí o decidí nada que tuviera que ver con decisiones sobre ayudas sociolaborales a ERE", ha apostillado Soler, quien ha recordado que la agencia IDEA, adscrita a su Consejería, era "un mero agente pagador" de estas ayudas, que ordenaba Empleo "porque así se lo asignaba la ley".
Al igual que Francisco Vallejo, su antecesor en el cargo y en las comparecencias ante la comisión de investigación de los ERE, ha negado haber conocido durante su mandato el polémico sistema administrativo establecido por Empleo por el que ordenaba a IDEA pagar estas ayudas, para lo que le transfería los fondos presupuestados, pese a que este órgano pagador se había transferido a Innovación.
También ha coincidido con Vallejo en negar cualquier conocimiento del informe de la Intervención General de 2005 que presentó objeciones a este procedimiento de pago de ayudas para ERE y empresas en crisis, cuyo importe supera los mil millones de euros.

'Hasta que no lo determine un juez'

"Nunca tuve conocimiento de informes de la Intervención, que eran competencia de los equipos técnicos, que por lo que he leído ahora contenían meras recomendaciones, que nunca impusieron actuación alguna a IDEA y que se referían a la Consejería de Empleo", ha aseverado. Soler se ha preguntado por qué la Intervención "y otros órganos fiscalizadores" no paralizaron este sistema de ayudas y ha sostenido que "está por ver" que fuese ilegal "hasta que no lo determine un juez".
En su opinión, estos pagos, que Empleo siguió ordenando al IFA después de ser transferido a la Consejería de Innovación y que mantuvo a su órgano sucesor, IDEA, eran "decisiones legales, necesarias y útiles", que permitieron "salvar empresas con dificultades y garantizar a varios miles de trabajadores, que no tenían posibilidad de volver al mercado laboral, unos ingresos mínimos".
La portavoz de IU, Alba Doblas, no ha considerado verosímil que Soler desconociera que IDEA, ente que presidía, pagaba estos polémicos fondos, mientras que el diputado del PP Rafael Carmona le ha espetado al exconsejero: "Eso no se lo cree nadie". Doblas ha añadido que dicho desconocimiento no le exime de "responsabilidad política" por el mal uso de parte de estas ayudas y ha deplorado que Soler haya desviado a sus subordinados cualquier responsabilidad sobre eventuales irregularidades.
El ex consejero le ha asegurado que no estaba entre sus funciones "el control del presupuesto" de su departamento, que ha calificado de "pura burocracia", ante lo que Doblas ha expresado su estupor porque la partida relacionada con los ERE irregulares ascendía cada año a unos cien millones de euros. "El problema no está en el procedimiento, que era legal", ha aseverado Soler.

'el sinvergüenza de turno'

Preguntado por qué sólo se han detectado anomalías en las ayudas de su departamento que pagaba por orden de Empleo, el consejero ha interpretado que "porque no estaba el sinvergüenza de turno", en alusión al ex director general de Empleo, Francisco Javier Guerrero, actualmente en prisión. "No hay derecho a extender una actuación que investiga una juez a toda la política de un Gobierno durante diez años", se ha quejado Soler.
Mientras el ex consejero ha apostillado que no existe "ningún informe de ilegalidad" de la Intervención sobre las partidas para los ERE, el popular Carmona, en un vivo debate, le ha recordado que este órgano fiscalizador sostuvo que se pagaron "prescindiendo de forma total y absoluta del procedimiento administrativo establecido".

http://www.elmundo.es/elmundo/2012/08/27/andalucia/1346081122.html

domingo, 26 de agosto de 2012

DIARIO DE SEVILLA: La rueda de las excusas


La rueda de las excusas

La comisión política de los ERE pasa el ecuador anodina entre los silencios de los imputados y el paraguas de los declarantes, que se exculpan de responsabilidades · Sorpresa por la actitud del PSOE e indignación de IU
Antonio Fuentes / SEVILLA | Actualizado 26.08.2012 - 05:04
 
Un episodio resume la primera semana de comparecencias de la comisión política que investiga los ERE irregulares en el Parlamento andaluz. El jueves, a última hora del tercer día de sesiones, la portavoz de IU, Alba Doblas, una diputada novata, estalla ante el viceconsejero de Empleo de 2004 a 2010, Agustín Barberá. Le reprocha, y lo hace extensible a todos los comparecientes anteriores, la "actitud cobarde", la "tomadura de pelo". Hasta entonces se han sentado como en el salón de su casa hasta ocho ex altos cargos socialistas en la última década. Ninguno responde a las preguntas de los diputados y se limitan a leer unas declaraciones exculpatorias. Los que están abajo responsabilizan de lo que haya pasado a sus superiores y los de arriba aseguran que son un eslabón independiente de la cadena: los centros directivos son autónomos para tomar decisiones. Nadie da nombres. Los ocho imputados se excusan de su silencio ante las posibles repercusiones que tengan sus palabras en la instrucción paralela de la juez Mercedes Alaya. Barberá, como todos los convocados también acompañado de su abogado, recuerda a Doblas el derecho constitucional que le ampara para no declarar.

Al día siguiente, viernes, hay un cambio de rumbo. Comparecen los dos consejeros de la época investigada (José Antonio Viera, 2000-2004, y Antonio Fernández, 2004-2010) y un viceconsejero posterior, Justo Mañas (2010-2012). Al fin hablan, pero de sus declaraciones no se extrae un solo detalle esclarecedor sobre la trama. Los tres tienen una dilatada experiencia, son animales políticos, correosos. Sólo a Viera le acorralan por momentos los diputados al no explicar con coherencia la base legal de las ayudas y el favoritismo en la entrega a de las mismas a particulares, empresas o ayuntamientos de la Sierra Norte. Fernández admite un par de horas después que no existía un registro de solicitud de las ayudas que se concedían a las empresas ni una norma publicada que regulase la concesión de las mismas. Para los ex consejeros, la legalidad del sistema se sustenta en la validación que le otorga que las partidas se aprobasen en el Parlamento, en las leyes anuales de Presupuestos; en la ausencia de alertas por parte de órganos fiscalizadores como las intervenciones o la Cámara de Cuentas, e incluso en el conocimiento de las ayudas por parte de organizaciones empresariales y sindicales y de los propios ayuntamientos, que demandaron acogerse a ellas.

Los diputados de PSOE, PP e IU interrogan a los comparecientes y la sala al fin cobra vida. Si al inicio de semana los grupos acuerdan tres horas en total por cada convocatoria, éstas apenas superan la hora. Los ocho primero comparecientes dejan caer en saco roto las preguntas, hasta que el viernes encuentran eco. En total, el PP ha formulado 463 preguntas, IU unas 330 y el PSOE 168 por escrito más otras 50 orales.

Precisamente la oralidad de las preguntas (un turno de 20 minutos más otros diez adicionales para cada uno de los grupos) entraña el primer obstáculo serio para una comisión ya de por sí cuestionada.

El primero de los comparecientes, Ramón Díaz Alcaraz, ex asesor de la Consejería de Empleo y ex diputado que tomó acta la pasada legislatura casi al mismo tiempo en que se destapó el escándalo, llega a amenazar con acciones jurídicas a sus ex compañeros, los diputados, si no le permiten marcharse tras concluir la lectura de su alegato inicial. Díaz Alcaraz, por consejo de su abogado, entiende que aguantar el interrogatorio puede llevarle a contestar "coaccionado", cuando ha expresado al inicio su voluntad de no declarar. El presidente de la comisión, Ignacio García (IU), suspende la sesión una hora y, con la intervención del letrado de la Cámara Plácido Fernández-Viagas, resuelve que la comparecencia comprende también las preguntas. Si el convocado abandona, puede incurrir en delito de desobediencia al entender que la comparecencia no ha terminado. Díaz protesta, ruega comprensión, pero al final se queda y oye las preguntas mientras consulta compulsivamente su teléfono móvil. Otros diputados siguen la estrategia, lo que levanta las sospechas de un pacto entre las defensas de los interrogados.

También el ex jefe de servicio de Empleo Antonio Diz- Lois pide marcharse y amenaza a los diputados por coacción. Pero ya hay precedente y no se le acepta. De todas maneras, se niega a declarar y así se repite, como una cinta rebobinada, en las siguientes comparecencias. Doblas se desespera.

También el consejero Fernández se niega en un primer momento a responder y amaga con las denuncias por coacción, pero al final habla, lo que puede ser una estrategia si alguna vez la juez le cuestiona por las respuestas que da: puede decir que respondió coaccionado. Fuentes jurídicas consultadas por esta redacción mantienen sus dudas sobre la decisión de que los comparecientes tuvieran finalmente que quedarse en la sala para escuchar las preguntas.

En paralelo a esta polémica se origina otra, política: el PSOE decide "respetar" el deseo de los comparecientes y formular las preguntas por escrito. El PSOE plantea esta opción que se descartó en la estructura de las comparecencias, donde se acordó la oralidad de las mismas y sin cuestionario previo. PP e IU desechan se niegan con el voto contrario de los socialistas, que mantienen su silencio y exigen que sus preguntas se recojan en el acta. Se hará, pero como un anexo.

La actitud que inicia el PSOE con Díaz la mantiene con otros ex cargos socialistas hasta que comparece Francisco Javier Guerrero, al que la Junta achaca en exclusiva la responsabilidad de la trama. El PSOE formula tres preguntas, una de ellas causa la hilaridad: si fue director general de Empleo entre 1999 y 2008. La pregunta se formula con la intención de separar a Griñán de su nombramiento, comentan fuentes socialistas. Guerrero deja las notas pintorescas con sus avatares y vicios preferidos, pero no declara.

Los portavoces de los grupos, salvo la transparencia del PSOE, intentan mellar la resistencia de los comparecientes. Si los socialistas han elegido a diputados rasos, el PP prepara a tres parlamentarios de su zona noble (Rafael Carmona, Rafael Salas y Teresa Ruiz Sillero) y el portavoz del grupo, Carlos Rojas. Los populares prosiguen con su campaña de acoso y derribo y cargan contra los comparecientes. Algunos interrogados se quejan de "intimidación". Los populares caen en la estrategia de siempre, en su obsesión: preguntan por la relación de Chaves y Griñán, sus únicos objetivos.

En medio de la disputa se encuentra IU, con Ignacio García como árbitro y sus portavoces José Antonio Castro y Alba Doblas, sorprendidos no sólo por las actitudes políticas, en especial de su socio de gobierno en la Junta, sino por las sospechas de un pacto entre los comparecientes que hagan de la comisión un sainete.
Otro elemento político se cuela en el debate: las ayudas a la Faja Pirítica de Huelva, un ERE en el que participó en 2002 el Gobierno de José María Aznar y por el que la comisión llama esta semana a declarar a tres comparecientes del PP: los ex ministros de Trabajo Javier Arenas y Eduardo Zaplana, y el ex delegado del Gobierno en Andalucía y actual alcalde de Sevilla y líder del PP andaluz, Juan Ignacio Zoido.

El PSOE se queja toda la semana de que el Gobierno central no remite los expedientes a tiempo y evidencia su malestar incluso en el seno de la comisión. Una quincena de documentos llegan el viernes a mediodía, aunque nadie lo publicita.
Ésta será una de las patas en la que se articule el debate político esta próxima semana, en la que los imputados y sus negativas a declarar dejarán paso a políticos hábiles para llenar las tres horas de palabras. Entre ellos ex altos cargos de la Junta como Gaspar Zarrías, Francisco Vallejo, Martín Soler o Manuel Recio. No acudirá Magdalena Álvarez, que tiene una reunión en Luxemburgo, y al que se citará en una segunda ronda junto a Ángel Rodríguez de la Borbolla.

La semana al menos preludia diálogo, por lo que Alba Doblas puede quedarse tranquila en que habrá respuestas. Otra cosa será si aportan algo a la investigación y prestigian una comisión que soporta la sombra de paripé de verano. El PSOE se justificó argumentando que "queda comisión" y el PP vaticinó "sorpresas". El presidente de la comisión ha recabado informes a los servicios jurídicos sobre un eventual uso del sumario.

El punto fuerte será la presencia el viernes del ex presidente, Manuel Chaves, y del actual presidente de la Junta, José Antonio Griñán. Pero también habrá que estar atento a un técnico, el interrogante de la comisión: el ex interventor general Manuel Gutiérrez, una persona clave en el control presupuestario de la Junta de 2000 a 2010, el periodo investigado, que puede hacer girar la rueda con consecuencias imprevisibles. Se verá.
 

jueves, 23 de agosto de 2012

BENITO FERNÁNDEZ: ¡Hablad, hablad, muditos!


¡Hablad, hablad, muditos!

Benito Fernández 23/08/2012 17:32:45
 
Vamos a ver. Que a estas alturas de la película sigamos asistiendo a un vodevil parlamentario pagado con dinero público me parece impresentable. Tras una semana de comparecencias en el Hospital de las Cinco Llagas lo único que está quedando claro es que la política no sirve para nada. Bueno, sí, para que algunos sigan viviendo del cuento a costa de nustros impuestos. Aquí todos tienen derechos, pero nadie tiene deberes y obligaciones. Todos tienen derecho a guardar silencio ante la Comisión de Investigación parlamentaria de los EREs fraudulentos..Aquí lo que todos tienen es muy poca vergüenza. Ninguna. Todos se han quedado mudos acogiendose al derecho de no declarar. ¿Y el derecho de los andaluces a saber lo que ha pasado con los cientos de millones de euros defraudados?. Hablad, habla, muditos. Decid adónde ha ido a para el dinero y devolvedlo. O al menos que alguien pague el pato de tondo el desaguisado. Se veía venir,

Todo el mundo sabía que la Comisión de Investigación de los EREs fraudulentos era un paripé. Todavía si se hubiese creado hace un año cuando la pidieron el PP e IULV-CA se podía haber sacado algo en claro, pero, ahora, despues de que la jueza Mercedes Alaya, haya investigado meticulosamente a fondo e imputado a medio centenar de altos cargos y enviado a prisión a un ex consejero y a varios diectores generales no tiene demasiado sentido, sobre todo si el paripé es una justificación de los amigos de Sánchez Gordillo para proclamar su supuesta honradez e indepedencia en el pacto e Gobierno con Griñán. Acabáramos. Por más interés que le ponga Rafa Salas a sus preguntas, por más que intente apretarle las tuercas a los comparecientes, por más que el PP busque esa última cúspide de la pirámide de la corrupción, de la que hablaba la jueza, el silencio bajo el auspicio del PSOE e IULV.CA es siempre la última salida para evitar males mayores. Todo consiste en pringar a los ya pringados sin que la cosa pase a mayores. Y como los pringados ya se encuentran imputados por la Justicia en espera de juicio, es de prever que las conclusiones de la Comisión de Investigación, la primera en los últimos veinte años, sean una retahila de formalidades obvias y más que conocidas que podrían haberse redactado hace meses y sin necesidad de comisiones parlamentarias.

En todas esta serie de comparecencias que tendrán lugar durate las próximas semanas sólo cabe enperar algunas sorpresas como las que ha deparado el ex director general Francisco Javier Guerrero quien, tras reconocer que conocía a la perfección el precio del Marlboro y los gin-tonics de Beefeater, dejó claro que él no habia actuado nunca por su cuenta y riesgo sino que sus superiores conocían con pelos y señales el destino del dinero. Evidente. Elemental, querido Guerrero. A nadie se le oculta que el manejo de tantos millones, de los fondos de reptiles y la inclusión de "compañeros del partido" en algunos de los EREs para cobrar una suculenta indemnización, era algo conocido por todos y consentido por las altas esferas de la Administración andaluza. Digan lo que digan y se pongan como se pongan.
Cabe esperar ahora la comparecencia de personajes como Manuel Chaves, Gaspar Zarrías o el propio Pepe Griñán que, espero, no se acojan también a la ley del silencio impuesta por el PSOE. Si conocían los hechos, malo, pero si todos ellos desconocían el manejo del dinero de los EREs que se hacía en varias de sus consejerías habría que pedirles su inmediata dimisión por incompetentes. Habrá que esperar a ver qué dicen y como excusan su negligencia. Y, como dice el refrán, "a quien Dios se la dé, San Padro se la bendiga". No, si, al final, sólo nos quedará no París como dice Bogart en Casablanca, sino la inefable jueza Alaya. Ya lo verán
 

LA PREGUNTA DEL PSOE EN LA COMISIÓN A GUERRERO: "¿Fue usted director general de Trabajo? "

La charlotá de los representantes del PSOE en la Comisión Parlamentaria de Investigación continúa.

Al rol de abogado defensor de los silencios de los comparecientes, defensa que no realizan ni los letrados de los imputados que han pasado,  no vaya a ser que a alguno se le caliente la boca y hable más de la cuenta, se suma lo que ha sustituido al paripé reservado a los imputados de su cuerda, que era entregar las preguntas escritas y sin decirlas oralmente para proteger, no se que derecho de los imputados, puesto que el de no declarar no lo han perdido y de hecho lo han ejercido todos.

Dado que Guerrero es su particular chivo expiatorio, hoy se han desmelenado y olvidando ese difuso derecho a no escuchar preguntas, que parece ser que a Guerrero no le asiste, que en realidad es el "derecho" del PSOE a evitar  que los medios pillen bola de la jeta y descontrol del fraude acaecido bajo su gobierno gracias a preguntas impertinentes, han hecho tres preguntitas:

¿Fue usted director general de Trabajo?
¿Se ratifica en lo dicho ante la Guardia Civil y la juez?
¿No llamó usted fondo de reptiles a una partida recogida en el presupuesto?

Podía haber preguntado por si fuera sigue haciendo cuarenta grados o hace mas fresquito...

Como verán, toda una batería de preguntas de lo mas incisivo para conocer la verdad.

Me muero de ganas por saber que preguntitas habrán escrito en su papelito estos días anteriores.

¿Saben?  Me gusta este paripé de comisión porque está mostrando el plumero del PSOE-A como nunca lo ha hecho, gracias a la torpeza con que intentan tapar la vergüenza del trinque ocurrido bajo su responsabilidad


La estrategia del PSOE-A para llegar hasta el fondo de la verdad, cueste lo que cueste, con los comparecientes de su partido , es la de torturarlos sin piedad con una especial y metódica dosis de mimito.

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IU, a un ex alto cargo de los ERE: 'Los andaluces tienen ya muy poco aguante'

Juan Márquez, el ex director de trabajo, entrando a declarar junto a su abogado. | Jesús Morón Juan Márquez, el ex director de trabajo, entrando a declarar junto a su abogado. | Jesús Morón
  • Ninguno de los seis comparecientes que han desfilado ha contestado
  • El proceso judicial paralelo es la 'excusa' más utilizada para no reponder
  • Tanto el PSOE como los comparecientes protestan las intervenciones del PP
La diputada de IU Alba Doblas ha pedido al ex director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía, Juan Márquez, que haga "un esfuerzo" y aclare ante la opinión pública el escándalo de los ERE, que "está dejando por los suelos a la institución". "Los ciudadanos y ciudadanas de Andalucía tienen ya muy poco aguante", le ha advertido, pero Márquez se ha negado a contestar.
Ninguno de los seis comparecientes que han desfilado hasta el momento por la comisión de investigación de los ERE ha accedido a contestar a las preguntas del Parlamento de Andalucía. Juan Márquez, director general de Trabajo y Seguridad Social entre 2008 y 2010, ha sido el último en acogerse a su derecho a no declarar alegando "elementales razones de prejudicialidad" al hallarse imputado por el Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla en una causa que investiga los mismos hechos que la comisión parlamentaria.
Los que no han declarado ante la juez Mercedes Alaya -como el ex diputado socialista Ramón Díaz , el ex gerente de Mercasevilla Fernando Mellet o el ex delegado provincial de Empleo en Sevilla Antonio Rivas- manifiestan su deseo de que sea en sede judicial donde por primera vez contesten a preguntas sobre los ERE. Los que sí han comparecido ante la juez Alaya -como el ex director general Javier Guerrero y su sucesor, Juan Márquez- prefieren también guardar silencio.
El tiempo perdido por el Parlamento de Andalucía para dar luz verde a esta comisión de investigación ha convertido la instrucción judicial abierta en la coartada perfecta para dificultar el cometido de los comisionados: buscar la verdad de lo ocurrido y determinar las responsabilidades políticas.
El PSOE impidió en diez ocasiones en el Parlamento de Andalucía la creación de una comisión de investigación sobre el fraude de los ERE. Lo hizo en la pasada legislatura, rechazando sistemáticamente cualquier intento de la oposición -entonces formada por el PP e IU- de depurar responsabilidades políticas por el mayor escándalo de corrupción de la historia autonómica.
El resultado de las elecciones autonómicas y la necesidad de pactar con IU -que se comprometió ante notario a investigar los ERE en sede parlamentaria si alcanzaba el Gobierno- obligó al Ejecutivo de José Antonio Griñán a crear una comisión de la que ahora el PSOE se declara "impulsor".
Por ello resulta más paradójico aún que los supuestos "impulsores" de la comisión de investigación guarden ahora silencio cuando les toca el turno de interrogar a los comparecientes, reconociéndoles el derecho a no tener que escuchar las preguntas sobre el uso supuestamente ilegal de más de mil millones de euros de fondos públicos en diez años.
El PSOE rompió su silencio el miércoles, durante la segunda sesión, para realizar tres preguntas a Javier Guerrero, "dada la especial importancia de su comparecencia". Dos de ellas resultaron desconcertantes (¿Fue usted director general de Trabajo? ¿Se ratifica en lo dicho ante la Guardia Civil y la juez?). La tercera (¿No llamó usted fondo de reptiles a una partida recogida en el presupuesto?) parecía formar parte de una campaña de lavado de imagen más que de búsqueda de la verdad.
Ante esta situación, las intervenciones de los partidos políticos que sí preguntan, el PP e IU, bien sea para tratar de espolear al compareciente o simplemente para desahogarse, han comenzado a adquirir cierto colorido.

De fondo de reptiles a agujero negro

La diputada de IU Alba Doblas comenzó a utilizar ayer la expresión fondo de reptiles que tanto irrita a su socio de Gobierno en la Junta de Andalucía y, especialmente, al presidente José Antonio Griñán. El diputado del PP Rafael Salas ha utilizado una nueva expresión que puede resultar gráfica para referirse al programa presupuestario 31.L cuyos fondos se gestionaron durante diez años sin ajustarse al procedimiento legal establecido: un agujero negro.
Al terminar el interrogatorio de IU a Juan Márquez, en el que se han deslizado expresiones como "este escándalo, esta vergüenza", la diputada Doblas ha aprovechado su tiempo para lanzar una suerte de alegato: el derecho a no declarar "puede atentar", según ha dicho, contra la obligación de aclarar ante la opinión pública qué es lo que ocurrió en la Consejería de Empleo durante una década. "La institución está por los suelos y los andaluces tienen ya muy poco aguante".
Durante el interrogatorio del PP se han vuelto a repetir escenas que ya se vieron ayer: protestas del compareciente y protestas del PSOE. Juan Márquez sintió su honor herido cuando Rafael Salas le preguntó si, al dar la orden de que se reconstruyeran expedientes, no se estaba "tapando un fraude con otro fraude".
El presidente de la comisión, el diputado de IU Ignacio García, ha resuelto la cuestión como en días anteriores: es una pregunta del PP y no una afirmación. Salas le ha recordado a Márquez que no es "ni un juez ni un fiscal ni un abogado" simplemente un diputado que está haciendo su trabajo para tratar de aclarar el escándalo.
A continuación se produjo la (clásica) protesta de la portavoz socialista, Antonia Moro, cuando el popular Rafael Salas preguntó al compareciente por la relación entre el escándalo y los intereses del Partido Socialista. El presidente de la comisión solventó la cuestión así: "El compareciente puede contestar que no".

http://www.elmundo.es/elmundo/2012/08/23/andalucia/1345712839.html

miércoles, 22 de agosto de 2012

EL MUNDO: El PSOE no quiere preguntas sobre una supuesta financiación ilegal socialista

La pantomima de la representante socialista en la Comisión ha continuado al igual que ayer, al no preguntar nada y entregar las preguntas en unos papeles al efecto, amparándose en no-se-que-derecho consistente en no molestar a los imputados al preguntarles a viva voz lo que le iban a preguntar.

Deberemos esperar a que dentro de unos pocos días aparezca en el diario de sesiones, tal vez cuando la comisión express haya acabado. Me temo que sea una suerte de mamarrachadas a triple espacio para hacer, como en aquellos tiempos del bachillerato, bulto y rellenar unos cuantos papeles con nada.

Hoy ha habido una novedad para peor en el espectáculo de los sociatas en la comisión: al menos en dos ocasiones su representante, Antonia Moro,  ha intervenido cuando no le tocaba para reclamar la no pertinencia de determinadas preguntas, que el presidente no ha tenido en consideración al no ser un tema de orden. Es llamativo que en dos ocasiones haya hecho lo que no había hecho el mismisimo letrado encargado de la defensa del imputado, lo que nos da una muestra de en que lado de la batalla se encuentra mas cómodo el PSOE, en el de los imputados de su partido.

No se que harán los representantes socialistas en la comisión cuando alguien del Partido no se ampare en su legítimo derecho a no declarar y comience a decir algo...será divertido como, nerviosos, buscarán trabar las intervenciones.

Todo se verá.


El PSOE no quiere preguntas sobre una supuesta financiación ilegal socialista

A la derecha, la diputada socialista Antonia Moro, en la comisión. | J. Morón A la derecha, la diputada socialista Antonia Moro, en la comisión. | J. Morón
  • El presidente de la comisión rechaza el intento del PSOE de censurar preguntas
  • Ex delegado de Empleo se desvincula de sus familiares 'intrusos'
  • Antonio Rivas niega que la Junta esté pagando la minuta de su abogado
La diputada socialista Antonia Moro se ha quejado al presidente de la comisión, Ignacio García (IU), por las preguntas que en relación a este asunto ha realizado el también diputado Rafael Carmona, del Partido Popular.
Concretamente, Carmona le ha preguntado al ex delegado provincial de Empleo, Antonio Rivas, si el dinero de la partida 31-L de la Junta de Andalucía (la empleada para el pago de las ayudas a los ERE) había servido en alguna ocasión para financiar alguna agrupación del Partido Socialista. Antonia Moro interrumpió la lectura de las preguntas del PP y pidió amparo al presidente de la comisión, afirmando que se estaban realizando "insinuaciones e imputaciones gratuitas que perjudican a instituciones y a partidos", afirmó.
Ignacio García defendió, sin embargo, el derecho del diputado del PP a plantear la cuestión, después de que Rafael Carmona insistiera en que se trataba de un interrogante y no de una afirmación.
Antonio Rivas ha arrancado la sesión de comparecencias de hoy leyendo un escrito en el que ha proclamado su "absoluta inocencia", aunque posteriormente se ha negado a responder a las preguntas de los diputados.
Sólo lo ha hecho para asegurar que ni la Junta de Andalucía ni el PSOE se han hecho cargo del pago de los honorarios de su abogado. "A mi abogado, al que no le estoy pagando, cuando haya que pagarle le pagaré yo", ha afirmado Rivas.
Rivas ha explicado que no respondería al resto de preguntas por consejo de su abogado en la medida en que podría perjudicarle en el procesamiento que la juez Alaya ha abierto contra el que fuera delegado de Empleo entre los años 2004 y 2010.
Antonio Rivas ha insistido en que siempre informó a sus superiores de sus actuaciones y que "no tenía competencias ni en pólizas de prejubilación, ni en ayudas sociolaborales ni en ayudas a empresas", ha apostillado.
Tras oír todas las preguntas, Rivas, en su intervención final, se ha referido igualmente (aunque de forma indirecta) a que el hecho de que haya varios familiares incluidos como 'intrusos' en los ERE investigados no significa que él tuviera que saberlo. "Hay incluso alguna sentencia reciente del Supremo en el sentido de que la existencia de una relación familiar no implica necesariamente el conocimiento de un hecho", ha añadido.
Rivas ha sido el primer interviniente hoy en la segunda jornada de comparecencias de la comisión de investigación de los ERE del Parlamento andaluz, ya que el primer citado, el exalcalde socialista de Cazalla de Sierra (Sevilla), Ángel Rodríguez de la Borbolla, no ha podido ser localizado al encontrarse en el extranjero.
La sesión continuará esta tarde con la comparecencia del exdirector general de Trabajo de la Junta de Andalucía durante un década, Francisco Javier Guerrero, uno de los principales imputados en el caso y quien llegará al Parlamento desde la prisión Sevilla I, donde permanece encarcelado.

http://www.elmundo.es/elmundo/2012/08/21/andalucia/1345580759.html

BLOG CANALSÚ : Un día en los ERE. A comisión


Buenas noches.
De absoluta complejidad sería resumir la primera jornada de nueve horas de la comisión parlamentaria andaluza encargada de investigar el mangoneo socialista con los ERE fraudulentos porque los comparecientes no han dicho nada de nada.
 
La dinámica de los trabajos se vio ya con el primer compareciente, socialista e imputado por la juez. El hombre leyó un discurso de 5 minutos y pidió con muy buen criterio, teniendo en cuenta lo que cuesta una hora de diputado mas dietas por desplazamiento, comilona y extra por trabajar en agosto, que lo dejaran en paz porque no pensaba contestar a nada.

El presidente, un comunista que desde mayo gasta trajes que ya quisiera Camps, se negó porque fue él mismo quien estableció, horas antes del inicio de la comisión, que los investigados tendrían apenas una hora y media para decir lo que les saliese de los güevos y los investigadores nada más y nada menos que veinte minutos para investigar a través de su preguntas. Por cierto que se le vio incómodo. De cuando en cuando se oía un susurro: "qué bochorno, qué bochorno". Diego Valderas, que estaba sentado a mi derecha, me aclaró que era cosa del calor de los focos.

El PSOE no quiso hacer preguntas orales por respeto a los comparecientes, todos de la cuerda socialista. Le pregunté a Mario Jiménez, espejo de sus líderes y  sentado a mi izquierda, si mantendrían las preguntas escritas cuando comparecieran Arenas, Zoido y Zaplana. Su respuesta no fue, en absoluto, clara. "Pero te daré una pista, canalsu. Estos tios del PP, que nunca han gobernado en Andalucía porque los andaluces no quieren fracasaos, alguna explicación tendrán que dar sobre lo que han robado los mios de lo que era para el empleo y las pensiones de los trabajadores. Que no se van a ir de rositas, quillo"
 
http://canalsu.blogspot.com.es/2012/08/un-dia-en-los-ere-comision.html#!/2012/08/un-dia-en-los-ere-comision.html

EL CONFIDENCIAL: Temor en el PSOE a la declaración de Guerrero en la comisión de los EREs

Para la Junta hay crieturitas y crieturitas. Así, existen crieturitas, como el exconsejero Fernández,  que merecen la defensa desde el Cortijo de todas las presunciones de inocencia habidas y por haber, que incluso ponen en entredicho el concepto de "Prisión Preventiva", que es aplicada a miles de quinquis en este país sin mas problema para nadie, PSOE incluido.

Luego existen las otras crieturitas que son, como dijo a voz en grito el Presidente de la Diputación de Sevilla, "puteros y chorizos" a los que esa misma prisión preventiva es un acto de lo mas normal y justificado. Casi un acto de justicia divina.

Pues hoy el "chorizo y putero" -según Villalobos- va a tener la oportunidad de hablar. Poco tiene que perder a estas alturas, abandonado por todos y chivo expiatorio del socialismo como -torpe- cortafuegos establecido por San Vicente de la responsabilidad por el trinque.

Desde la ignorancia, intuyo como debe estar de apretado el ojete de los sociatas andaluces ante este lenguaraz y dicharachero imputado que aún está en la cárcel al carecer de los "amigos" que tiene Fernández y que le pasaron los 450.000 euros de fianza por su libertad con cargos.

¿Llevarán hoy los sociatas de la Comisión las preguntas en papelitos? No lo creo. Hoy van a degüello contra el Director General de Empleo con oficina en pub y  gintonics en copa de balón. Aquel cuyo chófer -no convocado en la comisión, para que se hagan una idea del nivelazo de la entente PSOE-IU- habló de coca y que hizo a muchos pensar en putas.

Les va demasiado en ello.

EL IMPREVISIBLE EXDIRECTOR GENERAL DE LA JUNTA SALDRÁ POR PRIMERA VEZ DE LA CÁRCEL

Temor en el PSOE a la declaración de Guerrero en la comisión de los EREs



Imprevisible, Francisco Javier Guerrero, exdirector general de Trabajo de la Junta de Andalucía, declarará hoy en la comisión de investigación de los EREs falsos sabiendo el temor del PSOE a que cuente detalles aún no conocidos del modus operandi de las prejubilaciones fraudulentas. Guerrero, que lleva en la cárcel desde el 10 de marzo, saldrá por primera vez de prisión.
El ex alto cargo de la Junta de Andalucía tiene previsto leer una declaración escrita de folio y medio preparada por su abogado, “corta y contundente”, según avanzó ayer a El Confidencial el propio letrado, Fernando de Pablo. “Es lo que hay previsto, pero todo podría cambiar en función de lo que le pregunten”, añadió De Pablo en declaraciones a este diario.
La defensa de Guerrero aún no sabe a qué hora saldrá su cliente de la prisión Sevilla 1, ni en qué condiciones, si con las esposas puestas todo el rato o sólo con la vigilancia policial. Estos detalles podrían ser determinantes e influir en el ánimo de la declaración del exdirector general de Trabajo, que estuvo a las órdenes de tres consejeros: Guillermo Gutiérrez, José Antonio Viera y Antonio Fernández. Estos dos últimos declararán el próximo viernes.
El abogado de Francisco Javier Guerrero empezó a recaudar el pasado 16 de julio dinero entre amigos y familiares del exdirector general de Trabajo de la Junta de Andalucía, la figura clave de esta trama al ser él quien destapó la existencia de un fondo de reptiles. Guerrero dio instrucciones a su letrado para que consiguiera reunir los 250.000 euros que la magistrada le había impuesto como fianza si quería abandonar la cárcel.
Según confirmó este abogado a El Confidencial, en una de las visitas del letrado a Guerrero en prisión sevillana, el letrado encontró a su defendido “animado por la posibilidad de salir en libertad”. Eso sí, también lamentó que la cantidad impuesta por Alaya tuviera que ser en metálico. “Eso lo complica todo”, precisó, “de todas maneras, todas sus propiedades las tiene embargadas”.
La esposa de Guerrero envió un mensaje de texto desde el teléfono móvil de su marido a su círculo de amigos y conocidos para que le ayudaran a pagar los 250.000 euros de fianza. Este era el mensaje: Soy Javier Guerrero. Ahora necesito tu ayuda”. Luego detalló la cuenta de La Caixa donde podía hacer el ingreso y concluía diciendo: “Guarda el resguardo del ingreso para devolverte el dinero. Pásalo”. No fue suficiente. No han conseguido recaudar esa cantidad.
La juez no pretendía de ningún modo excarcelar al que fuera alto cargo de la Junta de Andalucía, pero admitió en un auto que no lo iba a mantener en prisión sine die. Para Alaya, las declaraciones de Guerrero habían sido las "más esclarecedoras y coincidentes con la documentación obrante en la causa", respecto a la indiciaria falta de control de estas ayudas públicas, sobre la ausencia de cualquier procedimiento, sobre el presunto desprecio a la normativa legalmente aplicable, y sobre que las mismas giraban presuntamente, ya fueran ayudas colectivas, a empresas o individuales, "en torno a personas próximas a los sindicatos, al PSOE y a la Junta de Andalucía".

http://www.elconfidencial.com/espana/2012/08/22/temor-en-el-psoe-a-la-declaracion-de-guerrero-en-la-comision-de-los-eres-104103/

COMISION ERE: Tres silencios y un conato de espantada

Hay que reconocer que el numerito de la representante sociata en la comisión de, para no molestar a los imputados, no atreverse ni a preguntar y escribirlo en un papelito, como si fueran quinceañeras enamoradas , fue de traca.

No se descarta que los sociatas se lleven las preguntitas escritas al Muro de las Lamentaciones para respetar los derechos de sus colegas imputados, que están muy sensibles con el tema.


Las carantoñas de ésta con Ramón Díaz mostraron las pocas ganas de distanciarse del PSOE en este escándalo vergonzoso y pusieron de forma gráfica en evidencia las ganas del PSOE de "llegar hasta el fondo".

Si por los sociatas hubiera sido, el imputado no habría ni escuchado las preguntas. Encima de no responder, Ramón Díaz se mostró a veces cabreado. Lo mismo hasta las preguntas lanzadas blanditas hieren la piel sensible de estos imputados...

Tres silencios y un conato de espantada; por Paco Reyero

22 Agosto 12 - - Paco Reyero

Aclaremos que el bar del Parlamento andaluz, la única huida cercana en estos ociosos 22.000 metros cuadrados donde se celebra la Comisión de los ERE, está cerrado durante todo el mes de agosto. Muy a pesar de los asistentes. No café, no desayuno, no cerveza, no tapas. Incluso con el bar cerrado, Ramón Díaz, socialista y primer compareciente virginal, dejó claro que no contestaría a nada y esgrimió su derecho a ausentarse para no escuchar las preguntas que iban a hacerle los comisionados. Cómo si las preguntas fueran cantos de sirena que lo harían saltar de la silla y contar todo lo que estuviese en su hoja de servicios de asesor de la consejeria de Empleo. De salir adelante su propuesta, hubiera tenido que esperar en el banco, a las puertas de la sala de Comisiones 1 hasta que concluyera la sesión. Una sesión interrogatoria que podría haber seguido sin el interrogado, como estaba dispuesto a conceder el PSOE andaluz. A las nueve y media de la mañana, este imputado en la causa judicial que instruye la juez Alaya, ya había leído un alegato a su honradez -«llevo 42 años cotizados a la seguridad social»- y decidió plantarse: «Si quieren me mandan las preguntas por escrito y ya veré yo como las puedo ir contestando», dijo, mostrando exactamente hasta donde llegaba el compromiso con el Parlamento del que fue diputado socialista. Su propuesta de ‘evaporación’ aturdió al presidente comunista de la Comisión, que no había previsto la situación. El presidente convocó a los tres grupos políticos y tras un hora de interrupción, debatiendo acaloradamente en otra sala, le dijo a Díaz que tenía que quedarse «porque la comparencia era un todo». Durante la reunión de los grupos, el PSOE abogó por evitarle el trago de escuchar las preguntas, pero PP e IU, se opusieron a que el ambiente de tragicomedia aumentara. Un miembro de la comisión dijo entre dientes: «¡Bueno, si se levanta y se va, ¿qué vamos a hacer?, ¿agarrarlo?!» De nuevo en la sala, Díaz amagó con irse y habló de presunta coacción: «No habría nada más en el mundo (sic) que poder contestar a estas preguntas porque yo le aclararía muchas cosas». Su tono basculaba de la lástima al desafío. Definitivamente, el presidente logró atornillarlo a la sala leyéndole el artículo 502.1 del Código Penal, que fija las consecuencias de un abandono a lo Marlene Dietrich en una comisión, incluso en una comisión zarzuelera. Con Díaz hierático, IU comenzó el turno de preguntas. Su portavoz, María Doblas, fue conminada a bajar el ritmo del trote dialéctico. «No se atropelle, que no se diferencia una pregunta de otra», le reclamó la presidencia. Es entendible que se tengan ganas de terminar si las preguntas chocan contra un busto de mármol. Esta actitud, repetida por los dos siguientes interrogados, Antonio Diz-Lois Ruiz y Fernando Mellet, hizo retumbar el silencio autonómico ante los 1.500 millones de euros presuntamente repartidos sin cobertura legal y desde un enjambre de comisionistas, altos cargos, consejeros, interventores, ex consejeros, parlamentarios, directores generales, ...
Al segundo compareciente, el señor Diz-Lois y a su abogado, se les observaba mientras el popular Carmona lanzaba la torrentera de preguntas. El Parlamento tendría que haber contratado a un experto en comunicación no verbal para determinar si un levantamiento de cejas era un ‘sí’; si un fruncido era un ‘no’... Al menos, Harpo Marx  aclaraba con la bocina: un bocinazo, sí; dos bocinazos, no. Entre tanto silencio sobresalió el cariño. A la portavoz del PSOE, Antonia Moro, le bastó el primer tiempo muerto de la sesión matiné para formalizar su cálido abrazo con el compañero socialista Díaz, hostigado por las circunstancias. Moro se mostró implacable, pero sólo con el disimulo. Le abrió los brazos a Díaz, se miraron  y se sonrieron. Sus caras  quedaron a un par de palmos. El PSOE, obviamente, no preguntó  en todo el día, por dejar claro que espera de este titirimundi. A lo mejor hoy, segundo día de comisión, abren el bar

http://www.larazon.es/noticia/4507-tres-silencios-y-un-conato-de-espantada-por-paco-reyero

martes, 21 de agosto de 2012

ENLACE PARA SEGUIR EN DIRECTO LA COMISIÓN-CACHONDEO


El Parlamento de Andalucía tiene un servicio de imágenes en directo muy, muy interesante que funciona durante toda la legislatura.



Con motivo de la Comisión-Cachondeo de los EREs se puede seguir en vivo que ocurre.

Aconsejo su seguimiento, pues no hay nada mas potente para hacernos libres que conocer lo que ocurre sin intermediarios, algo a lo que los políticos y sus medios afines tienen verdadero pánico.

Eso sí, se sorprenderán de la cantidad de cazurros con carné a sueldo del erario público que solo saben repetir las consignas que les han dado en un papelito el cazurro-jefe.

Aquí el enlace:

http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/actividadparlamentaria/parlamentoabierto/sesionesendirecto/programacion.do

lunes, 20 de agosto de 2012

EL PARIPÉ DE LA COMISION YA ES PURO CACHONDEO

Vomitiva la forma de tapar tan burdamente el expolio de lo público y la complicidad de los pringaos de IU con sus amos del PSOE.

PSOE e IU convierten la comisión en un 'paseíllo' para los comparecientes

  • Los declarantes podrán hacer una hora y media de discurso sin preguntas
  • El interrogatorio se reduce a la mitad del tiempo fijado
  • La ex ministra Magdalena Álvarez aplaza su intervención por motivos de agenda
  • El hermano del ex presidente Borbolla no comparecerá por estar 'ilocalizable'
El PSOE e IU están dispuestos a convertir la comisión que investiga los ERE (expedientes de regulación de empleo) fraudulentos y el reparto de más de mil millones de euros en ayudas de forma irregular y arbitraria en un 'paseíllo' para la decena de imputados en la causa y otros dirigentes políticos que tendrán que explicar en el Parlamento cómo fue posible que se corrompiera de esa forma el sistema de ayudas a las empresas en crisis.
Lo que tendría que ser un interrogatorio exhaustivo para intentar llegar al fondo de lo ocurrido en la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía se verá seriamente constreñido por el reparto de tiempos que se ha aprobado con el apoyo de los diputados del PSOE e IU y el rechazo del Partido Popular. De hecho, cada compareciente tendrá hasta una hora y media para hablar de lo que le parezca, mientras que el interrogatorio durará una hora y media más, a razón de treinta minutos por cada grupo político, PSOE, IU y PP.
El presidente de la comisión -que se ha reunido en la mañana de este lunes para decidir la estructura de las sesiones-, Ignacio García (IU), ha explicado el reparto de tiempos en términos de 'equilibrio', ya que el compareciente dedicará el mismo tiempo a exponer su versión que a responder a las preguntas.
La comisión se lo ha puesto de esta manera bastante más fácil a quienes puedan temer que las preguntas de los diputados les pongan en un aprieto. Entre ellos, los 10 comparecientes que están imputados en la causa abierta al respecto por la juez Mercedes Alaya. De hecho, incluso podrían dar su 'discurso' inicial y luego negarse a responder a la comisión.
En concreto, cada sesión comenzará con la intervención del compareciente, que dispondrá de un tiempo máximo de una hora para exponer sus argumentos. Posteriormente, se iniciará un turno de pregunta-respuesta por parte de los tres grupos parlamentarios, que contarán con un primer turno de 20 minutos cada uno de ellos, y al finalizar éste, si los grupos así lo solicitan, con un segundo turno de diez minutos para cada formación.
Una vez finalizado el turno de preguntas, el compareciente dispondrá, si quiere hacer uso del mismo, de un segundo turno de 30 minutos como máximo de duración, de nuevo sin preguntas.
Dicho reparto, según ha apuntado García -en declaraciones recogidas por Europa Press, está "perfectamente equilibrado" y ha sido propuesto basándose en un criterio de "racionalidad".

Flexibilidad parlamentaria

Tras asegurar que como presidente de la comisión hará uso de la "flexibilidad parlamentaria que es propia de la Cámara", García ha apuntado que la comisión ha estudiado para establecer la estructura temporal de las comparecencias los precedentes que han supuesto otras comisiones de investigación y también el propio Reglamento de la Cámara "por asimilación".
Así, ha hecho hincapié en que, tanto en la comisión de investigación creada en el Congreso de los Diputados sobre los atentados del 11-M como en la de Bankia, los grupos parlamentarios disponían de 10 minutos para realizar las preguntas, mientras que en la comisión de los ERE tendrán un turno de 20 minutos y un segundo de 10 minutos, si así se acuerda entre las distintas formaciones.
"Es bastante razonable la distribución que hemos hecho", ha afirmado el presidente de la comisión de investigación, quien ha considerado que el rechazo del PP-A a esta estructura temporal radica en que los miembros de este partido "buscaban más protagonismo". "El protagonismo de los grupos estará en la elaboración del dictamen, donde no tendrán límite de caracteres", ha apuntado.

Incomparecencias

De otro lado y en relación al calendario de comparecencias, García ha explicado que las dos únicas personas que se tenga constancia de que no van a comparecer serán el exalcalde de Cazalla de la Sierra (Sevilla), Ángel Rodríguez de la Borbolla, a quien no se le ha logrado localizar, por encontrarse de viaje en el extranjero, y la exconsejera de Economía y Hacienda, Magdalena Álvarez, por problemas de agenda.
En concreto, según ha apuntado García, Álvarez ha justificado su ausencia en que el día en que ha sido llamada a comparecer, el 28 de agosto, tiene que acudir en Luxemburgo a una reunión del Banco Europeo de Inversiones. Por tanto, la comisión ha decidido posponer su intervención a una "segunda fase" de comparecencias, una opción que se estudiará el día 5 de septiembre, en una reunión que mantendrán los miembros de la comisión de investigación para planificar el resto de trabajos que pudieran producirse.
Sobre la posibilidad de que haya personas que hayan sido citadas que decidan no acudir, García ha dicho no tener constancia, salvo estos dos casos, de que ello vaya a ocurrir. Según ha apuntado, ello supondría un delito de desobediencia recogido en el Código Penal. "Una cosa es que no acudan y otra que se acojan a su derecho de no declarar", ha indicado el presidente de la comisión.
Éste podría ser el caso, según ha señalado, del ex jefe de servicio de la Dirección General de Trabajo de la Junta, Antonio Diz-Lois, quien ha sido citado este martes por la comisión de investigación. "En mi opinión, la comisión supone una buena oportunidad para expresarse y a todo el mundo debía interesarle declarar, pero respetamos el derecho a no hacerlo", ha apostillado.
"Esto no va a ser una comisión policial, ni un interrogatorio judicial, sino que la comisión de investigación se moverá en el ámbito de lo político", ha querido dejar claro García.
Finalmente y en relación a la documentación requerida por la comisión de investigación, el presidente de la misma ha manifestado que ésta ha sido recibida "en tiempo y forma" y que a principios de mes, "prácticamente había llegado toda". Si bien, la única excepción es el expediente requerido al Gobierno de la Nación sobre el ERE de la Faja Pirítica de Huelva.
"Se ha recibido una respuesta de la Delegación del Gobierno, diciendo que no dispone del expediente y que pasa a solicitarlo a las subdelegaciones provinciales de Sevilla y Huelva", ha afirmado García, quien ha dicho que, hasta el momento no se ha recibido ningún expediente, por lo que se ha mandado un escrito a la Delegación del Gobierno pidiendo que también lo solicite a las oficinas centrales del ministerio competente.

http://www.elmundo.es/elmundo/2012/08/20/andalucia/1345478878.html

domingo, 19 de agosto de 2012

El Gobierno andaluz mintió en el Parlamento sobre el pago a los intermediarios de los EREs



Que va a ser un paripé la Comisión de los EREs está fuera de duda.

Por la lista de comparecencias, con unos tiempos previstos mas propios de cola de médico del seguro que a una comisión que en nueve días pretende aclarar diez años de trinque a manos llenas, por no hablar de las fechas: le tienen pánico a que se sepa la sinvergonzonería con la que han actuado los que están todavía mandando, gracias al naranjito Valderas.

Sin embargo, debido a que ha tenido que retratarse la Junta a la hora de remitir documentación a la citada comisión, ya sabemos que:

1- sin papel alguno se contrató a Garrigues. Eso sí, cobraron. Varían los billetes pagados por los desgraciados andaluces, pero ya se sabe con esta gente...

2- sin papel alguno se eligió a las aseguradoras de las comisiones astronómicas y...

3- que la Junta MINTIO al Parlamento al negar lo que han reconocido ahora, que se pagó con fondos del IDEA a las aseguradoras. Que mientan los sociatas respecto al trinque ocurrido bajo su mandato no debe sorprendernos, pero que sea vea tan clarito...

Para constatar el nivel bajuno de la gestión sociata no está mal.

La Junta pagó a través de IDEA cuatro millones los intermediarios de los ERE

La consejera de Hacienda aseguró hace meses que en ese organismo no constaba pago alguno a los comisionistas

Día 19/08/2012 - 08.19h
ABC

La Junta de Andalucía reconoce, en la documentación que ha enviado a la comisión de investigación del Parlamento y a la que tuvo acceso ABC, no sólo que abonó comisiones a los intermediarios de los ERE, sino que lo hizo mediante pagos directos realizados a través del antiguo IFA, primero, y de la agencia IDEA, después. Las empresas intermediarias en la tramitación de pólizas de prejubilación obtuvieron más de cuatro millones de euros, en concreto y según esta documentación: 4.156.960 euros. Estos abonos corresponden a comisiones de ocho expedientes, seis para Vitalia, y dos para Uniter.

El reconocimiento de estos pagos por parte de la Junta supone, de entrada, que el Gobierno andaluz mintió en el Parlamento sobre esta cuestión. Lo hizo la consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo, quien en respuesta a una pregunta del PP aseguró que en la contabilidad presupuestaria de la Junta y el IFA no figura pago alguno a ningún intermediario y animó a los populares a acudir a la justicia a denunciar si tenían pruebas de que la Junta abonó fondos a esas consultoras.
Además, en esa documentación enviada a la Cámara andaluza, tal como reveló ayer el portavoz parlamentario del PP, Carlos Rojas, consta que fue el 6 de febrero de este año cuando la Junta ordenó a Generali «suspender cualquier abono futuro de los citados porcentajes de comisión al mediador» de la póliza del ERE.
Pero el pago directo a través del IFA o IDEA supone una pequeñísima parte del dinero obtenido por los intermediarios, que, según cálculos del PP pudieron lograr más de 200 millones de euros. La mayor parte del dinero lo libraron aseguradoras como Generali, por cuanto la Junta es la que establecía en la póliza el porcentaje que los intermediarios debían recibir, lo que encarecía el montante final de la prima del ERE que se abonaba con fondos públicos. El propio Gobierno andaluz reconoce este hecho al incluir en la documentación remitida a la comisión un certificado de Generali en el que detallan una serie de pólizas y «los porcentajes de comisión determinados por la Junta de Andalucía para Uniter».

sábado, 18 de agosto de 2012

Garrigues y Villasís, abogados que trabajaron sin contrato según la Junta

No es lo mismo tener a un rumano trabajando sin contrato que a un bufete de abogados de postín. ¿El resultado?, pues que este bufete puede cobrar lo que le salga de la entrepierna y la Junta paga con el dinerito que ahora hace falta para no "cerrar colegios y hospitales".

Parece que este sumidero de dinero público, perpetrado por auténticos irresponsables con responsabilidad en la Junta, porque así lo quiso el Partido que gobernó, gobierna y gobernará por mil años en esta tierra que merece cada gramo de miseria que tiene encima, no es el responsable de los recortes de hoy.

Tan contentos se quedan estos sociatas con su trincona forma de proceder. Parece que los Servicios Jurídicos de la Junta no sirven, que estos descamisaos, si no contratan al bufete caro de abogados, no se quedan a gusto, y encima sin papeles que es el colmo. El PSOE-A riza el rizo en jeta, trinque, descontrol, sinvergonzonería y, veremos, si CORRUPCIÓN. porque Alaya alerta de «la discordancia» que existe entre los 724.388 euros que la Junta declaró, a efectos de IVA, haber recibido en servicios de Garrigues en el año 2003 y los solo 49.160 euros que este despacho manifestó haberle facturado.

Sólo 675.000 euros descontrolaos que ya se pagarán mangándoselo a los funcionarios, a los sanitarios o a los maestros de primaria, que lo primero es llenarle el buche a los abogados de élite de este país. 

Sois unos socialistas de mierda. De m-i-e-r-d-a. ¿Os ha quedado claro?

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Garrigues y Villasís, abogados que trabajaron sin contrato según la Junta

«No existe ningún contrato de asesoramiento jurídico o de otra índole» relacionado con los ERELa confirmación la ha dado el departamento que dirige Antonio Ávila
 
18 Agosto 12 - - F. Martí
 
Sevilla- Los bufetes de abogados Garrigues y Estudios Jurídicos Villasis intervinieron en numerosos de los ERE investigados por el juzgado de Instrucción 6 de Sevilla. El sumario del caso está salpicado de muestras de esa labor de asesoramiento a trabajadores, empresas y Junta de Andalucía. La juez Alaya ya abrió una línea de investigación para conocer el presunto «enriquecimiento ilícito a costa de los fondos públicos con motivo de las subvenciones concedidas» de esos dos despachos de abogados. Además, entre los imputados se encuentran cuatro letrados, dos de cada firma.
Con motivo de la comisión de investigación de los ERE que comienza el martes en el Parlamento de Andalucía, el PP reclamó a la Junta «copia de los contratos de asesoramiento jurídico o de cualquier índole relacionada con las ayudas sociolaborales a las empresas Garrigues y Estudios Jurídicos Villasís». La respuesta del viceconsejero de la Consejería de Economía, Innovación y Empleo, a la que ha tenido acceso este periódico, es concluyente: «No es posible atender esta petición, pues consultada la documentación obrante en los archivos del área de empleo, no hay constancia en los mismos de ningún contrato de asesoramiento jurídico o de cualquier índole relacionada con las ayudas sociolaborales a las empresas mencionadas». Como la participación de ambas empresas está comprobada a tenor de la documentación aportada por el Gobierno andaluz al juzgado, la contestación confirma que Garrigues y Villasís trabajaron sin contrato alguno pese a que cobraron sus facturas. De hecho, en un auto reciente, la instructora alerta de «la discordancia» que existe entre los 724.388 euros que la Junta declaró, a efectos de IVA, haber recibido en servicios de Garrigues en el año 2003 y los solo 49.160 euros que este despacho manifestó haberle facturado.  Esa circunstancia motivó la solicitud tanto a la Administración autonómica como a la oficina central de Garrigues para que enviaran al juzgado todas sus cartas de encargo, pliego de condiciones para la adjudicación de contratos, facturas emitidas, expedientes de gasto, medios de pago e informes derivados de dicha prestación.
No es la única medida que la magistrada ha tomado contra estos dos despachos. Alaya los declaró responsables civiles subsidiarios –junto al sindicato CC OO, a varias de las empresas beneficiarias y a las intermediarias Uniter y Vitalia– de «la persona física que haya actuado en su nombre» en la obtención de ayudas presuntamente irregulares.

La instrucción considera, a tenor de la documentación y las declaraciones de los imputados, que los despachos vendían un «paquete completo» a las empresas: asesoramiento y prejubilcaciones a coste cero –o casi– porque «pagaba» la Junta. Según admite Empleo, no existía ni contrato.

http://www.larazon.es/noticia/3763-garrigues-y-villasis-abogados-que-trabajaron-sin-contrato-segun-la-junta