domingo, 31 de marzo de 2013

Invercaria dio 600.000 euros a una empresa seis meses antes de que se constituyese

Por desgracia, el expolio del erario público andaluz ha limitado nuestra capacidad de sorpresa. Sabíamos de subvenciones regaladas sin pedirlas, subvenciones sin expediente alguno, de no exigir que el dinero público se gaste en lo que era previsto, no en putas o coca, de regalar la mamela sin publicidad, que es como mejor funcionan las mafias... pero regalar los billetes antes de que existieran las sociedades...definitivamente, el Cortijo se supera día a día.


IU, la formación mansa, la amancebada del PSOE, calla ante su desvergonzado apoyo. Mira para otro lado, o mejor, esquiva la mirada de las gentes decentes de cualquier ideología, pero sobre todo de izquierdas que exigen que actúe contra el derroche obsceno que, la Justicia dirá, si no es mas que la apariencia de la corrupción más escandalosa.

El último párrafo es revelador de lo que es el significado en toda su extensión de lo que es un Régimen: la concomitancia de una caja de ahorros a la hora de hacerse la perezosa en enviar documentación a la Justicia ...y sus lazos con imputados y Junta de Andalucía.

Un detalle importante, Invercaria no es cosa de la bruja mala Alaya ni del "todopoderoso" Guerrero, ese, según el cual el PSOE, montó la red trincona durante nueve años mientras pasaban Consejeros y Presidentes de la Junta haciendo el Don Tancredo. La "teoría de los cuatro golfos" que tan bien justifica la jeta de Cemento Portland del Régimen no llega a tapar Invercaria.

Atentos.


Invercaria dio 600.000 euros a una empresa seis meses antes de que se constituyese

  • Ferias Virtuales Internacionales de Andalucía no tenía socio tecnológico
  • La empresa de la Junta dio la ayuda sin tener las garantías necesarias
  • 'Los fondos de origen público se asignaban sin criterio', dice la Policía
La empresa pública andaluza Invercaria, cuyos directivos están citados como imputados en mayo, concedió 600.000 euros a la entidad Ferias Virtuales Internacionales de Andalucía (FIVA) seis meses antes de que se constituyera y sin que tuviera un socio tecnológico para desarrollar el proyecto.
Esa es una de las irregularidades recogidas en el informe del Grupo de Blanqueo de Capitales de la Policía, que afirma que el total invertido por Invercaria en FIVA fue de 1.694.018 euros, pese a que "el producto ha sido reconocido como absolutamente fallido por todos los implicados".
El juez de instrucción 16 de Sevilla, Juan Gutiérrez Casillas, ha citado a partir del 13 de mayo, como imputados, al expresidente de Invercaria Tomás Pérez Sauquillo y a otras seis personas por presunta malversación de fondos públicos en las ayudas a FIVA, una de las 34 empresas denunciadas por la Fiscalía Anticorrupción.
El atestado policial afirma que de la denuncia presentada por el exdirectivo de Invercaria Cristóbal Cantos "parece deducirse la existencia de graves irregularidades en el desarrollo de la actividad de Invercaria", en especial la ausencia de criterios y procedimientos para las inversiones.

Financiación irregular

"Con prevalimiento de esa situación, se habrían producido operaciones de financiación irregular respecto a algunas sociedades, con vulneración de los principios básicos de funcionamiento de la Administración pública", recoge el atestado.
La sociedad de capital riesgo Invercaria benefició "conscientemente a determinadas sociedades, muchas de las cuales presentaban signos manifiestos de crisis económica de difícil o imposible recuperación, con lo que la asignación de fondos carecía de toda lógica comercial", según la Policía.
La ausencia de expedientes y de propuestas de inversión son algunas de las irregularidades que demostrarían que "los fondos de origen público se asignaban sin criterio ni procedimiento de garantía alguno".
No se trata solo de irregularidades administrativas sino penales, sostienen los investigadores, pues las conductas podrían ser constitutivas de delitos de falsedad y contra la Administración pública.

Irregularidades administrativas

En el caso de FIVA, el atestado dice que Invercaria le concedió 600.000 euros en junio del 2006, seis meses antes de que se constituyese y cuando no tenía socio tecnológico para el desarrollo del proyecto, y añade que la ayuda no fue aprobada por el consejo rector de la agencia IDEA o el Consejo de Gobierno de la Junta, como se prevé para las inversiones que superen determinada cuantía.
"No se conoce qué tipo de garantías se exigían para la devolución de los préstamos ni qué circunstancias se valoraron para la aprobación del gasto", dice la Policía, que concluye que "la realidad es que el riesgo lo asumió y lo ha padecido la Hacienda Pública".
FIVA tenía una "gestión muy deficiente" y "el único socio que lo ha perdido todo, y nada ha recuperado, ha sido la propia Invercaria, que ha aportado ingentes cantidades de dinero a pesar de conocer que se trataba de un proyecto completamente fallido", añade el atestado.
Además, la Policía afirma que la Caja General de Ahorros de Granada "ha obstaculizado de forma grave la investigación" por su "excesiva demora" al entregar los documentos solicitados, lo que el atestado relaciona con la participación de la caja en los órganos sociales de Inverjaén, actualmente Invercaria, y que varios imputados tienen cuenta en dicha entidad

http://www.elmundo.es/elmundo/2013/03/31/andalucia/1364730036.html

miércoles, 27 de marzo de 2013

Imputan a Lanzas incluir en los ERE a 24 intrusos, entre ellos él mismo y su mujer

Según el artículo, la lista de enchufados por el que fue dirigente de UGT, Juan Lanzas. Todo un muestrario de las relaciones en El Cortijo que no hablan muy bien de la clase de algunos "sindicalistas de clase":

- El mismo, su mujer y dos cuñaos.
- La suegra del sociata alto cargo, Guerrero.
- La madre del chófer
- Dos vecinos del pueblo
- Un dirigente sociata de Baeza, Jaén (!!!)
-  Dos esposas de sindicalistas de la UGT
-  Una esposa de sindicalista de CC.OO
-  Un marido de concejala sociata
-  Un concuñao de un Delegado de Trabajo sociata
-  La esposa del presidente de una "Asociación de Trabajadores" para no desmerecerla con los enchufes a las esposas de sindicalistas.

Eso sí...para el PSOE, Guerrero es el único culpable y, por supuesto, el resto del Partido no sabía nada.

Faltaba más.



Imputan a Lanzas incluir en los ERE a 24 intrusos, entre ellos él mismo y su mujer

También figuran dos cuñados, las esposas de cuatro sindicalistas, la suegra del ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero o a la madre de su chófer.
EFE, Sevilla | Actualizado 27.03.2013 - 20:59
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El ex sindicalista de UGT Juan Lanzas, sonriente a su salida de los juzgados. / JC Muñoz

La juez que investiga los ERE fraudulentos acusa al ex sindicalista Juan Lanzas, encarcelado el pasado viernes, de haber incluido como intrusos a veinticuatro personas que nunca trabajaron en las empresas, entre ellas él mismo, las esposas de cuatro sindicalistas con los que negociaba, su propia mujer y dos cuñados.

En el auto de prisión contra Lanzas, la juez Mercedes Alaya le imputa haber incluido en los ERE que negociaba a tres personas por vinculaciones políticas, además de a la suegra del ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero, a la madre de su chófer y otras irregularidades como haber pagado 6.000 euros tras pedir a su destinatario que presentara "el paripé de un trabajo".

Además se incluyó a sí mismo y a su esposa en el ERE de Hitemasa, a dos vecinos suyos en Albánchez de Mágina (Jaén) en otros tantos expedientes y a Antonio Garrido Santoyo, ex dirigente del PSOE de Baeza (Jaén), lo introdujo en Mercasevilla "por afinidad política".

La juez recoge que Lanzas ofrecía el "paquete completo" pues él mismo trabajaba en el Bufete Villasís, que tramitaría el ERE, y tras su "extenso periplo" en la UGT se había hecho amigo del ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero -encarcelado junto a él- y luego había ampliado su influencia a otros cargos como Antonio Rivas, ex delegado de la Consejería de Empleo que debía autorizar los expedientes.

Lanzas pudo obtener casi 600.000 euros al incluirse a sí mismo y a su esposa en el ERE de Hitemasa y a sus cuñados Angeles Sierra y Carmelo Cruz en el de Dhul, afirma el auto. En total, Alaya le imputa haber conseguido casi 13 millones de euros, que en su mayor parte se quedaba aunque en ocasiones "distribuía entre otros intervinientes en el proceso, cargos públicos incluidos".

El auto afirma que Lanzas incluyó como "intrusas" en Hitemasa a las esposas de Javier García de los Reyes y Rafael Mesa, ambos de la UGT y con los que el imputado había coincidido en el expediente de Hijos de Andrés Molina, lo que permitió a cada una cobrar 96.000 euros, cantidad "muy superior a la consignada en el certificado". En el convenio de Dhul entró como "intrusa" la esposa de Damián Jiménez, de CCOO, con el que Lanzas había coincidido en las negociaciones de Coosur, y en el de Surcolor entraron Manuel López, esposo de una concejal del PSOE en Camas y José Antonio Márquez, concuñado del exdelegado de Trabajo en Sevilla Antonio Rivas, dice Alaya.

Otros intrusos fueron Juana Pilar Viedma, administradora de la empresa Técnica Agrícola Ecológica, y la compañera de su padre, en este caso "como agradecimiento" por haber hecho "contratos simulados" a una parte de los trabajadores del Matadero de Fuente Obejuna que no podían acceder al Convenio Especial con la Seguridad Social.

Explica el auto que "por decisión de Lanzas, los montaron a todos en un autobús y les hizo en la mencionada empresa los contratos simulados". Otra de los intrusas fue Florencia Romero, esposa del presidente de la Asociación de Trabajadores que se formó en esa empresa y su inclusión "estaría en consonancia con la de esposas de sindicalistas anteriores".

La juez cifra los ingresos recibidos por Lanzas a través de sus empresas intermediarias en 9.867.497 euros, a los que habría que unir los 600.000 euros de beneficios por incluir a sus familiares como intrusos y los tres millones recibidos de la familia Ruiz Mateos por su mediación.

PROTESTA DE PLATAFORMA MAREA PUBLICA JUNTO AL PARLAMENTO ANDALUZ 26/03/2013

PROTESTA DE PLATAFORMA MAREA PUBLICA JUNTO AL PARLAMENTO ANDALUZ 26/03/2013



Para protestar no hacen falta muchas personas o dar mucho la morcilla. Hoy, en el semáforo que hay junto al Parlamento de Andalucía, se ha concentrado un pequeño grupo de unas 30 personas con sendas pancartas -una para cada sentido de la circulación- que decían "NO ES UNA CRISIS, ES UNA ESTAFA. SI ESTAS DE ACUERDO, TOCA EL CLAXON"

No cortaban el tráfico, pues desplegaban la pancarta cuando el semáforo estaba en rojo para los vehículos, retirándose cuando se ponía en verde. Se demuestra que el ingenio puede hacer grandes cosas, pues muchos pitaban con ganas al ver el mensaje.

Solo una duda quedó: ¿Protestaban contra los recortes de la Junta de Andalucía en general poniéndose junto al Parlamento o lo hacían por los recortes que la Junta ha realizado en sanidad al fusionar  el Hospital Macarena -también junto a este semáforo- con el Virgen del Rocío reduciendo servicios sanitarios a los que no se pagan la sanidad privada?

Aquí un cutre vídeo salido de mi cutre móvil (Cuando pasee junto al Parlamento debo llevarme en adelante una cámara de fotos seria, que siempre hay material informativo en sus puertas...)



lunes, 25 de marzo de 2013

EL PAIS (J.M.Atencia): Diez años

Diez años

Una década son muchos años de desconocimiento del fraude de los ERE




Todo lo que está saliendo a la luz sobre el escándalo de los ERE en Andalucía sucedió durante diez años. La trama se inició en 2001, siguió en 2002, continuó en 2003, prosiguió en 2004, se mantuvo en 2005, perseveró en 2006, duró en 2007, se extendió en 2008, permaneció en 2009 y se prolongó hasta 2010. Durante 3.650 días fueron saliendo de las arcas públicas 647 millones de euros en ayudas para pagar miles de prejubilaciones e indemnizaciones a trabajadores de empresas en crisis sin que nadie descubriera que una parte ingente de esa cantidad de dinero iba a parar a bufetes de abogados, intermediarios, compañías aseguradoras, algunos sindicalistas y varios ex altos cargos de la Junta. Y diez años, son muchos años de desconocimiento.
Durante el tiempo en el que Javier Guerrero estuvo al frente de la Dirección General de Trabajo de la Junta, la tierra le dio diez vueltas al sol y el mundo se volvió del revés. En esa década se produjeron los atentados del 11 de septiembre en Nueva York, la invasión de Irak, el tsunami del sureste asiático, la muerte de Juan Pablo II o la elección del primer presidente negro de Estados Unidos. A Aznar le sucedió Zapatero y al boom del ladrillo, los inicios de la actual crisis económica. Durante esos diez años, lo único que permaneció inalterado fue la presencia de Guerrero en su despacho repartiendo dinero público a diestro y, sobre todo, a muchos siniestros. Y diez años, aún siendo la mitad de lo que dice el tango que no es nada, es mucho.
Todas las explicaciones posibles sobre el desvío de dinero destinado a los parados y a las empresas en crisis en el caso de los ERE se enfrentan a una verdad infranqueable: todo sucedió durante diez años. El procedimiento para dar las ayudas, que la Junta cambió cuando se descubrió el escándalo, duró una década. Las minutas y los gastos de los intermediarios y comisionistas, que alcanzaron hasta un 20% del montante de algunas ayudas, fueron extraídos del fondo para las empresas en crisis durante diez años. Durante ese periodo de tiempo se colaron intrusos para cobrar indemnizaciones en empresas en las que nunca trabajaron, se dieron subvenciones para empresas que estaban lejos de sufrir crisis y se apoyó económicamente proyectos de manera arbitraria y partidista. Y todo eso ocurrió durante diez años.
Una década es mucho tiempo. Tanto, que lo irregular se termina asumiendo como normal. Tanto, que sus protagonistas acaban sintiéndose impunes. Una década, incluso siendo una década prodigiosa para los chanchullos, es demasiado tiempo para que no saltaran los controles, o mejor decir los descontroles. Diez años es mucho incluso para las cosas de palacio, para el de San Telmo, aunque allí, como en todos los palacios, las cosas hayan ido siempre despacio. Diez años es mucho para seguir manteniendo la presunción de inocencia de algunos. Y una eternidad para las explicaciones, las excusas, los lamentos, las esquivas respuestas y los oídos sordos ante las advertencias de la Intervención General de la Junta.
Diez años es un año luz detrás de otro para la decencia. El infinito y más allá para sostener que esa trama pudo mantenerse una década en el tiempo desde el epicentro de la Consejería de Empleo sin que nadie sospechara, encubriera, ocultara o alentara nada. Diez años es demasiado tiempo para acabar constituyendo una comisión de investigación que ni llegó a conclusión alguna ni alcanzó a determinar responsabilidades políticas de alguien.
Por eso volvemos de nuevo al inicio. Todo lo que está saliendo a la luz sobre el escándalo de los ERE en Andalucía sucedió durante diez años. La trama se inició en 2001, siguió en 2002, continuó en 2003, prosiguió en 2004, se mantuvo en 2005, perseveró en 2006, duró en 2007, se extendió en 2008, permaneció en 2009 y se prolongó hasta 2010. Y esos son muchos años.


DIARIO DE SEVILLA: El negocio de los ERE, ¿negocio de cuatro golfos?



El negocio de los ERE, ¿negocio de cuatro golfos?

Jorge Muñoz | 24 de marzo de 2013 a las 9:29


Alaya lo ha dejado claro en sus últimos autos. En la investigación por las irregularidades de los ERE se ha pasado del “clientelismo” político a un “verdadero negocio” en el que participaban los intermediarios, los sindicatos y cargos públicos como el que fuera director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta Francisco Javier Guerrero, ahora de nuevo en prisión en relación con las “sobrecomisiones” cobradas en las pólizas financiadas por la Junta de Andalucía.
Hace dos años, cuando Alaya inició la instrucción de este caso, el ex presidente de la Junta Manuel Chaves afirmó que el escándalo era cosa de “tres o cuatro golfos”. Cabe ahora preguntarse si ese negocio, ese saqueo a las arcas públicas que en este momento la Guardia Civil cifra en más de  50 millones de euros -sin duda el agujero será mayor cuando avance la instrucción-, es obra sólo de cuatro golfos.
Los datos objetivos señalan que, por ahora, hay ya 31 implicados, de los cuales siete (ocho si tiene en cuenta al testaferro Juan Francisco Algarín, en prisión desde enero) ya están encarcelados. Pero la cifra de imputados se aproxima ya al centenar, si se suman esta imputaciones a las que ya había en la causa de los ERE con anterioridad y en la que se incluyen los denominados intrusos, las personas que fueron incluidas por la cara para que cobrasen, bien porque pertenecían al entorno del PSOE o de la Junta, o simplemente eran allegados o amigos del responsable de la concesión de las ayudas.
Está claro que con casi 100 imputados no puede hablarse de un chiringuito montado por sólo cuatro golfos. Pero, ¿qué es lo que hay en el fondo de la investigación que ha emprendido la pertinaz Alaya? La juez quiere averiguar si ese saqueo de los fondos públicos formaba parte de un sistema de financiación ilegal del PSOE. A estas alturas de la investigación, parece que ese extremo tampoco se confirma, más allá de los millones que presuntamente se hayan podido llevar el conseguidor de los ERE, el ex sindicalista Juan Lanzas, y su entramado de empresas.
La juez cree que sólo Lanzas se pudo llevar más de 13 millones en sobrecomisiones -se inflaba el gasto de las pólizas en un 15%- y por eso la Guardia Civil está buscando un zulo en una finca familiar en Jaén para tratar de hallar el dinero oculto. Porque si este caso se diferencia en algo a otros actuales, como la trama Gürtel o el caso Bárcenas, es que aquí no hay cuentas suizas con saldos astronómicos. El sistema era tan burdo o la confianza de los implicados en que no serían cogidos era tal que no hacía falta esas cuentas. Aquí, además de los zulos, se empleaba el método de nuestras abuelas: ni cajas fuertes ni nada, los billetes debajo del colchón. Menudo colchón el de Lanzas si debe almacenar esos millones que dice la juez Alaya.
Sorprendente también es la revelación de Alaya, completada por la declaración del ex director de Vitalia, Antonio Albarracín, respecto a los más de cuatro millones que recibieron los sindicatos UGT y CCOO en comisiones. Los sindicatos también se beneficiaban presuntamente del negocio de los ERE, de las dificultades de los trabajadores que estaban envueltos en dichos expedientes. Y sacaban, según el directivo de la medidadora, una tajada del 0,5% por cada prima que se suscribía en torno a un ERE. Y si no recibían su comisión, iban a la Junta y la operación se frustraba.

¿Quién permitía todo esto? Para Alaya y de momento, el máximo responsable que habría permitido esta situación sería el propio Javier Guerrero, quien recibiría parte de la mordida de las comisiones, mediante transferencias de las propias entidades mediadoras, pero que también percibiría pagos de otra especie, como los viajes a Shangai y Egipto que, según la instructora, sufragó Juan Lanzas a través de su entramado societario.
Es indudable que Alaya va a continuar esta interminable instrucción de los ERE y que va a encontrar más implicaciones y responsables de este auténtico saqueo a los fondos públicos de la Junta. Lo que no tiene explicación es que durante una década nadie en la Administración se percatara de lo que estaba sucediendo o, lo que es todavía más grave, no pusiera remedio en caso de conocerlo. Quedan todavía muchas madrugás de Alaya en su despacho…

Una Fundación de la Junta pagó la reordenación urbana de la ciudad marroquí junto a la que Felipe González se construye su mansión

Eso sí: la paga extra de los funcionarios la mantiene sisada la Junta para 2013 y 2014, lo que no ha hecho ni el de Madrid...luego vendrá el Valderas con la pancarta contra los recortes (del otro, claro)

Una Fundación de la Junta pagó la reordenación urbana de la ciudad marroquí junto a la que Felipe González se construye su mansión




Ha sido dinero de los andaluces el que ha costeado el “Plan General de Ordenación Urbana” (PGOU) de Assilah, el municipio marroquí más próximo al lugar donde el expresidente Felipe González construye su mansión valorada en 2,5 millones de euros y que según palabras de su arquitecto, Joaquín Torres (A-Cero) está parada. Lo cuenta Noticias de Almería

La financiación del proyecto denominado oficialmente “Ordenación Urbana de Assilah-Marruecos” se eleva a 1,7 millones de euros y ha corrido en su última fase a cargo de la Fundación de las Tres Culturas del Mediterráneo, que a su vez percibió la subvención de Cooperación Internacional para el Desarrollo, siendo la Consejería de la Presidencia quien resultaba finalmente ser el origen del dinero, y a su frente estaba en aquel momento Gaspar Zarrías. Las fases anteriores también las ha costeado el presupuesto andaluz pero directamente desde Cooperación Internacional.

Assilah  es una ciudad turística a orillas del Atlántico, con playas kilométricas, magníficos hoteles y restaurantes. La mansión de Gónzález está en primera línea de playa junto a esa ciudad, en terrenos que el promotor compró a la familia Real Alauita, para hacer una urbanización pero que según el arquitecto finalmente sólo cuenta con esta vivienda y otra más.

Del mismo modo, el Festival de las Culturas que se celebra anualmente ha contado con el apoyo y presencia de las primeras autoridades del Gobierno andaluz, al menos en la época de Chaves, y en sus restaurantes ha sido frecuente ver a Trinidad Jiménez, el propio Chaves, Moratinos, Magadalena Álvarez, Elena Salgado, Juan Manuel López Aguilar o José Barrionuevo, pero también a personajes como Bibiana Fernández, Loles León, Concha Cuetos, Boris Izaguirre, Ana Duato o María Teresa Campos.

La segunda fase del “PGOU” contó con 513.500 euros concedidos el 2 de septiembre de 2005, la tercera de 103.192 euros el 20 de diciembre de ese mismo año, la cuarta el 22 de diciembre de 2006 por valor de 740.507 euros, y el 26 de diciembre de 2008 fueron los 391.239,81 euros hechos llegar desde la Fundación.

La justificación de los gastos correspondientes a estas subvenciones se demoró bastante sobre la fecha legalmente prevista. La primera justificación tardó 358 días en llegar, la segunda 876 días, y la tercera 490. Esos retrasos no impidieron que siguieran concediéndose las siguientes.

La Fundación solicitó el 12 de diciembre de 2008, al Director de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo, una subvención de carácter excepcional para ejecutar la fase del proyecto denominado: “Ordenación urbana de Assilah-Marruecos-(Fase V)”. La fase V del proyecto supone la continuidad a la labor iniciada en el año 2004 y continuada en años posteriores, financiada por la Consejería de la Presidencia con el fin de seguir contribuyendo a la ordenación urbana y territorial de las ciudades del norte de Marruecos. La subvención solicitada asciende a 391.039,97€.

El 26 de diciembre de 2008, el Director de la AACID aprobó la Resolución de concesión de una subvención de carácter excepcional para la realización de un proyecto de cooperación internacional, denominado “Ordenación Urbana de Assilah-Marruecos (Fase V)” y se publica en BOJA el 12 de febrero de 2009. El 14 de julio de 2009 la Dirección de la Fundación, solicita un cambio de actividad y un trasvase de partidas presupuestarias del proyecto. Los cambios solicitados han consistido en crear las partidas de dirección de obra por parte de Marruecos y la de traducción.suntos Exteriores

El secretario general de UGT Andalucía no dijo la verdad al afirmar que no conocía a la empresa Temiqui, que recibio dinero de la trama de los ERE


 Copiopego del siguiente enlace:
http://www.porandalucialibre.es/informativa/noticias-propias/informacion/item/1549-tmiqui

El secretario general de UGT Andalucía no dijo la verdad al afirmar que no conocía a la empresa Temiqui, que recibio dinero de la trama de los ERE

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Manuel Pastrana, secretario general de la UGT Andalucía, negaba este fin de semana que UGT de Andalucía conociera a la empresa Timiqui, SA,  beneficiaria de fondos procedentes de los ERE. Sin embargo, no dijo la verdad porque, según el registro mercantil consultado por Libertad Digital, entre los consejeros de dicha empresa aparece Salvador Mera Crespo, que es actualmente secretario general de la UGT de Cádiz y que pertenece al máximo órgano rector de la UGT de Andalucía. Es más, Salvador Mera fue elegido Secretario General de UGT Cádiz en noviembre de 2010 y permaneció en la empresa TEMIQUI hasta noviembre de 2011. Además, Pastrana participó en actos con sus administradores. CC.OO Andalucía tampoco dijo la verdad sobre hechos similares.

Además, Temique, SA tiene su sede en Avenida de América en Madrid que es la sede de la UGT Confederal (Cándido Méndez) y esta empresa está formada por gente de UGT y la empresa es de la UGT. En ella, además estaba hasta 2011 Salvador Mera que es el actual Secretario General de UGT Cádiz. Pues si bien la empresa no es de UGT Andalucía sí es de UGT y vinculada principalmente a la federación de Federación de Trabajadores de la Agroalimentación,  que forma parte de la UGT. Cuando Alaya habla de entornos, se refiere a empresas vinculadas a UGT.A


 

Además, se da la circunstancia de que el conseguidor Juan Lanzas fue secretario general de la Federación Agroalimentaria de la UGT de Andalucía y que muchos de los consejeros que han pasado por Timiqui, SA son o han sido asimismo miembros de la Federación Agroalimentaria a nivel nacional. A ella han pertenecido Antonio Deusa Pedrazo, secretario general; el secretario de Organización y Coordinación,  Jesús García Zamora; la secretaria de Administración Begoña Abdelkader García; el secretario de Acción Sindical Ramón Ruiz Díaz y la secretaria de Formación Gloria Serrano Albalá.

Otro de los consejeros de Temiqui, SA fue Carlos Rodriguez Gregories,  de la Federación de alimentación de Valencia de UGT. Jose Antonio Cid Felipe, otro consejero de Temiqui, fue parlamentario en las cortes de Aragón en la III legislatura por el PSOE. Pertenecía al Comité Regional en la Ejecutiva de 2008. Su secretario, Luis Arístides García Pedraza es secretario de la Fundación Anastasio de Gracia, asociada a la Federación de Industria de UGT, ha permanecido durante seis años en el cargo de secretario de una promotora inmobiliaria creada en 2004. Hasta agosto de 2010, García Pedraza trabajó en Vipami 2000 SL, focalizada en el estudio, promoción, gestión y ejecución de obras de construcción, mejora y conservación de bienes inmuebles, así como la compra-venta y arrendamiento de los mismos. Nagore Eduardo Markina es de UGT País Vasco. Susana Dussaillant Sabaté era la Secretaria General de FITAG (la rama de alimentación) de UGT Madrid.

Manuel Pastrana conocía a uno de los administradores de Temiquis, Antonio Deusa Pedrazo, por cuanto participó con él y con el propio Salvador Mera en un acto en Cádiz del que dio cuenta La Voz Digital. 

La participación de los sindicatos UGT y CC.OO en los ERE

 Que la juez Alaya investigaba el origen de dinero llegado de los ERE a los sindicatos no es nada nuevo. De hecho,  en un auto dictado el pasado 15 de julio de 2012, la juez Alaya ordenaba a la Guardia Civil que investigara la intervención de los sindicatos en los procesos de negociación colectiva objeto de la instrucción judicial, así como los "beneficios" que pudieran haber obtenido los representantes sindicales que intervinieron en las negociaciones. Al parecer, su "retrbución" procedía de la aportación de información privilegiada a las consultoras y mediadoras. 
 
Posteriormente,  El Mundo de Andalucía desvelaba que Uniter, una de las dos mediadoras que ha intervenido en la mayor parte de los ERE junto con Vitalia Vida, hizo al menos seis pagos a la Federación Minerometalúrgica de CCOO-A entre los años 2006 y 2010. En concreto, le abonó 19.720 y 49.880 euros en 2006, 69.600 euros en 2007, 92.980,96 y 16.500 euros en 2009, y 69.046,25 euros en 2010. El dinero se lo transfería la empresa mediadora o broker, pero el origen era la partida presupuestaria 31L o fondo de reptiles. Esto es, la Junta tenía que conocer estos pagos.
 
CCOO y UGT han venido percibiendo a través de empresas participadas por ellas mismas –Atlantis Seguros SA en el caso de Comisiones Obreras y Asesoramiento en Seguros y Previsión Atlantis SA y Temiqui SA en el de UGT– entre el 0,5 y el 1 por ciento del montante de las prejubilaciones por supuestas labores de gestión e intermediación. Sobre la participación de UGT y CC-OO en Atlantis,véase la investigación realizada por Libertad Digital hace dos años.
 
Remataba El Mundo diciendo que "sólo en el caso del plan social de Delphi, donde los compromisos de pago superan ya los 250 millones de euros y se pactó una comisión del 1 por ciento, los dos sindicatos ingresarán al menos 2,5 millones de euros cada uno".
 
Del dinero cobrado por la Federación Minerometalúrgica de CCOO-A, la mayor parte corresponde al ERE por el que se prejubiló a los mineros de la Faja Pirítica de Huelva y que ha tenido un coste para la Junta superior a los 119 millones de euros. Esta federación se quejó de que la retribución se la llevaba siempre el sindicato estatal y forzó una comisión extra. En concreto, recibió por sus labores de asesoramiento cuatro cheques de 69.600 euros (IVA incluido) cada uno, lo que sumó 278.400 euros La UGT cobró lo mismo.
 
Fueron Roberto Carmona, entonces secretario general de la Federación Minerometalúrgica de CCOO-A, y Salvador Mera, ex secretario general de la Federación de Industrias y Afines de UGT-A y actualmente secretario general del sindicato en Cádiz los que pidieron el dinero extra por los ERE.

Carbonero, secretario general de CC.OO Andalucía, tampoco dijo la verdad
 
Es evidente ya que Francisco Carbonero, secretario general de CCOO-A tampoco dijo la verdad cuando manifestó que ni a nivel estatal ni a nivel regional el sindicato había cobrado «ni un euro ni dinero público» en la tramitación de ERE. Poco después, la Confederación Sindical de CCOO anunció la apertura de una investigación interna para comprobar si federaciones sectoriales habían cobrado comisiones por la tramitación de ERE pagados por la Junta con cargo al fondo de reptiles. La investigación no reveló ninguna irregularidad, como era de esperar, y ahora se anuncia otra.

domingo, 24 de marzo de 2013

La mordida de los ERE



La mordida de los ERE

La operación policial dirigida por la juez Alaya revela un "verdadero negocio" para desviar fondos públicos en el pago de sobrecomisiones ilegales CCOO y UGT habrían recibido cuatro millones

Jorge Muñoz sevilla | Actualizado 24.03.2013 - 05:04

La investigación que Alaya inició por las comisiones ilegales en la empresa pública Mercasevilla ha destapado un "verdadero negocio" vinculado a los procesos de reestructuración de empresas en crisis. De una mordida a otra mucho mayor. Del intento de extorsión a unos empresarios para que abonaran una comisión de 300.000 euros -a cambio de gestionar una escuela de hostelería- a la creación de un sistema del que todas las partes implicadas sacaban tajada. 

La juez Mercedes Alaya ha emprendido ahora una investigación más ambiciosa en torno a lo que no duda en denominar como una auténtica trama criminal que ha desviado más de 50 millones de fondos públicos a través del pago de "sobrecomisiones" a las entidades que mediaban en las pólizas de las ayudas a trabajadores y también a los sindicatos, que según la instructora habrían percibido más de cuatro millones.

La juez, que ha vuelto a encarcelar al ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero por estos hechos y a otras cuatro personas, considera que se ha producido un giro radical en su investigación. La propia Alaya describe este cambio en el auto que acordó la prisión de Guerrero, en el que señala que la instrucción desarrollada en los últimos dos años ha puesto de manifiesto que inicialmente las sospechas apuntaban al "clientelismo" político y a una "escandalosa" concesión de unas ayudas "arbitrarias" a personas vinculadas al PSOE y a la Junta de Andalucía.

Pero la investigación está ahora, según Alaya, en "escenario nuevo", al haberse revelado un sistema "perfectamente establecido" en el que la concesión de las ayudas se convierte en el "verdadero negocio". Este negocio es mayor "mientras más ayudas se otorguen, aunque no exista partida presupuestaria para ello" y en el mismo intervienen, como actores principales, la consejería de Empleo, las consultoras, los intermediarios y los despachos de abogados que tramitan los procesos de reestructuración empresarial.

Para la juez, la "clave" de todo este proceso son las sobrecomisiones millonarias que fijan las consultoras y que superan en un 15% a las del mercado.

¿Y qué papel juega la Junta de Andalucía en el sistema? Alaya considera que las sobrecomisiones han dejado de ser "algo que pasara desapercibido" para la Administración autonómica, para ser el "verdadero alimento de esta trama corrupta del que se nutre, no sólo la mediadora, sino presuntamente y a espaldas de ésta, sus principales responsables". Alaya sitúa en este grupo de beneficiarios tanto a la "autoridad pública que permitiría la ilícita disposición de fondos de la Administración" como a los sindicatos e intermediarios, que "seguirían buscando nuevas empresas en situación de crisis para incrementar el negocio".

La juez considera que de los 50 millones en los que se ha cifrado el desvío de fondos públicos, más de 13 millones, es decir, una cuarta parte, habrían ido a parar al supuesto conseguidor de los ERE, el ex sindicalista Juan Lanzas Fernández, que desde el pasado viernes está en prisión provisional por estos hechos.

Alaya cree que Lanzas "premió" con viajes y estancias de hotel la colaboración del que fuera director general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero, quien también habría obtenido hasta 249.000 euros en efectivo, dinero procedente de transferencias realizadas por Vitalia, otro de los grandes ejes de la trama.

Esta mediadora también habría pagado 4.291.384,10 euros a los "entornos" de los sindicatos UGT y CCOO, a través de las empresas Temiqui y FQT, respectivamente. El ex director de Vitalia y otro de los imputados que han sido encarcelados, Antonio José Albarracín, le dijo en su declaración a la juez Alaya que los sindicatos podrían cobrar una comisión de un 0,5% de la prima por cada expediente en el que intervenían y todo ello a pesar de que "no prestaban servicio alguno" a Vitalia que justificara el abono de estas cantidades. Si los sindicatos no cobraban, la operación se frustraba, según Albarracín, puesto que "se iban a la Junta de Andalucía y no se hacía la operación, ya que los sindicatos y la Junta eran los que mandaban", aseveró el imputado.

Este desvío de fondos a los sindicatos se produjo, añadió Albarracín, en al menos un 15 o un 20% de las pólizas de la Junta en las que intervino esta mediadora.

El imputado culpó, como "único responsable" del desvío de estos fondos, a los "representantes de la Junta, que eran los que tenían que velar para que las pólizas se hicieran correctamente".

La investigación de Alaya, que aún permanece bajo secreto de sumario, sigue abierta y la propia instructora no descarta la implicación de "más responsables".



sábado, 23 de marzo de 2013

EDITORIAL DE "EL PAIS": El negocio de los ERE

"... ¡Por esta otra le apuñaló su muy amado Bruto! Y al retirar su maldito acero, observad como la sangre de César lo siguió, como si abriera de par en par para cerciorarse si Bruto, malignamente, la hubiera llamado. Porque Bruto, como sabéis, era el ángel de César. ¡Juzgad, oh dioses, con que ternura le amaba César! ¡Ese fue el golpe más cruel de todos, porque cuando el noble César vio que él lo apuñalaba, la ingratitud, más fuerte que las armas de los traidores, lo aniquiló completamente. Entonces estalló su poderoso corazón, y, cubriéndose el rostro con el manto, el gran César cayó..." (Julio César, W. Shakespeare)

Este editorial de El País me recuerda a la puñalá del amigo, la mas mortífera.




EDITORIAL

El negocio de los ERE

El descontrol en la Consejería de Empleo de Andalucía exige una explicación solvente

El dinero público destinado a los parados y a las empresas en crisis debe ser utilizado exactamente en esas finalidades. Parece una obviedad, pero la investigación judicial sobre el caso de los ERE en Andalucía deja cada vez más claro el desahogo con que se usaron fondos públicos en la Consejería de Empleo a lo largo de 10 años. Estos hechos amenazan la credibilidad política en Andalucía del PSOE, que lleva 30 años en el poder autonómico.
En el caso de los ERE se investiga a intrusos (personas que cobraron prejubilaciones por empresas en las que nunca trabajaron), si bien el grueso de los fondos desviados lo fueron a intermediarios y comisionistas, que tuvieron la oportunidad de hacer negocio a base de interponerse entre el Gobierno andaluz y los destinatarios de los fondos para parados y prejubilados. Las minutas de los “gastos externos” se pagaban porque la Junta los consideraba imprescindibles, aunque ahora los ha eliminado o reducido. La Guardia Civil estima en 50 millones de euros el monto del dinero desviado, pero es probable que la cantidad aumente a medida que avancen las pesquisas.
Es deseable que el empujón a la investigación judicial sea decisivo para aclarar las responsabilidades penales, porque las indagaciones llevan abiertas dos años y medio. La reincorporación de la juez Mercedes Alaya a su despacho, tras seis meses de baja, ha dado la señal de la reactivación de la causa, que acumula 82 imputados. Entre ellos el ex director general de Trabajo Javier Guerrero, presunto beneficiario de comisiones por las ayudas que él mismo daba, que abandonó la cárcel hace cinco meses tras pagar una fianza y ha regresado a ella con una orden de prisión incondicional. Antonio Fernández, consejero de Empleo de 2004 a 2010, se encuentra en libertad bajo fianza mientras su antecesor, José Antonio Viera, actual diputado del Congreso, no está afectado aún por la causa.
La magistrada tiene abierta otra vía para averiguar la razón de que el Gobierno autónomo hiciera oídos sordos a las advertencias de la Intervención, que alertaba del irregular proceso administrativo, opaco y discrecional, empleado para repartir el dinero. Los autos de la juez aluden al titular de Economía y Hacienda cuando la Intervención elaboró los informes, que era José Antonio Griñán, aunque no le menciona por su nombre. La mayor parte de la gestión cuestionada proviene de la etapa en que Manuel Chaves presidía la Junta.
El Gobierno andaluz está personado en la causa y asegura que trabaja para recuperar el dinero sustraído indebidamente del erario. En todo caso, resulta irritante que a estas alturas no se haya dado una explicación completa y solvente que permita saber por qué el descontrol permaneció instalado una década en la Consejería de Empleo, en la que se esquilmó el dinero público, sin que ningún responsable político tomara decisiones a tiempo para atajar la carcoma.

BENITO FERNANDEZ: Perdona, Diego, pero yo no te creo




Perdona, Diego, pero yo no te creo

Benito Fernández 22/03/2013 22:48:58
¡Uy, qué miedo! Izquierda Unida dice que si el asunto de los EREs fraudulentos de la Junta va a más, se pensaría en reconsiderar el actual pacto de Gobierno con el PSOE. Como decimos por aquí abajo ¡te quiei ya! El ex butanero de Bollullos, reconvertido ahora en vicepresidente de la Junta por obra y gracia dePepe Griñán no va a renunciar a su sillón y a los de sus camaradas del PCA por más que la jueza Mercedes Alayaimplique a algún consejero más o siembre las dudas sobre el conocimiento que el actual presidente tuvo como consejero de Economía de toda la trama de corrupción durante diez años. Vamos, que haría falta que Alaya imputara al mismísimo Pepe Griñán, algo que evidentemente nunca va a suceder, para que Diego Valderas se viese obligado a dejar de apoyar al PSOE. Y es que, como dice el dicho, tiran más dos tetas que dos carretas y mucho más tres sillones en el Palacio de San Telmo que la conciencia de clase obrera, faltaría más.

El coordinador general de IULV-CA, Diego Valderas, nunca se ha visto con tanto poder y su formación con tantos ingresos y con tantas posibilidades de medrar. Desde aquella lejana época de "la pinza" que Diego logró ocupar al puesto de presidente del Parlamento andaluz gracias al apoyo del PP, IULV-CA siempre ha estado jugando con fuego por la propia diversidad de las fuerzas que la conforman que van desde los ortodoxos del comunismo más rancio y cutre a los prorrevolcionarios ocupafincas y asaltasuper de la CUT-BAI de Juan Manuel Sánchez Gordillo, pasando por los sociocomunistas de Felipe Alcaraz, los verdes ecologistas y un buen número de aprovechados que, como el portavoz en el Ayuntamiento de Sevilla, Antonio Rodrigo Torrijos, son más conocidos por las supermariscadas pagadas por Mercasevilla y las payasadas del solsticio de invierno que por la defensa de los intereses del pueblo. Dice Valderas que la comisión de investigación que se abrió en el Parlamento andaluz "ya puso sobre la mesa todo lo que está poniendo la justicia", recordando que dicha comisión de los ERE ya señalaba "responsabilidades administrativas, políticas y usos que no debieron nunca de utilizarse", reiterando que "si pasa de lo que ha sido la comisión de investigación habrá que tomar decisiones". "Si la jueza Alaya llega más allá será el momento de analizarlo, hoy lo que conocemos ya lo conocíamos e insistíamos en que se tenía que intervenir más allá de donde se había llegado", ha sostenido Valderas, quien ha asegurado que "si hay cualquier otra cuestión la analizaremos, pero hoy no está encima de la mesa, así que no voy a hacer futurología". Genial. A eso se llama echar balones fuera..

Vamos a ver, seamos serios y no te cachondees del personal, querido Diego, que no está el horno para bollos. La Comisión de Investigación parlamentaria de los EREs fue sólo un paripé, una comedia del arte, una astracanada, para que IU se cubriese las espaldas sobre la regeneración democrática prometida en su programa. El PSOE la aceptó porque sabía de antemano que no se iba a llegar a ninguna conclusión, tal y como se demostró fehaciéntemente tras varios meses y un centenar de comparecencia que no sirvieron absolutamente para nada, ni tan siquiera para encontrar las clarísimas responsabilidades políticas de los gobiernos de Manuel Chaves Pepe Griñán en el consentimiento, tácito o no, de la trama. Vamos que aquello fue como una comidad de hermandad, como una reunión de caseta de feria en la que lo único que faltaron fueron los langostinos y la botella de Tio Pepe. Si había "responsabilidades administrativas, políticas y usos que nunca debieron utilizarse", ¿cómo es que no se pidieron nombres y responsables del desfalco? Simplemente porque a ninguno de los dos socios del bipartito, PSOE e IULV-CA, mayoritarios en la citada Comisión, le interesaba que el asunto pasase a mayores. No vayamos a joderla y el pacto de Gobierno se vaya al carajo.

Ahora la superjueza está poniendo contra las cuerdas a Griñán a quien, además, todo este asunto amenaza con cortarle las alas y el trabajo sucio y callado que ha venido desarrollando estos últimos meses para ocupar futuros puestos de mayor calado en la política española. Si hasta hace podo sus propuestas en Ferraz iban a misa y sentaban cátedra entre sus compañeros de partido, ahora hasta el mismísimo Alfredo Pérez Rubalcaba le puede echar en cara a Pepe Griñán que más vale que se calle hasta que pase la tormenta de los EREs, porque el horno andaluz no está para muchos bollos. Habrá que esperar cuáles van a ser los siguientes movimientos de Mercedes Alaya y de qué forma van a afectar al actual Ejecutivo andaluz. Mientras tanto me quedó con un twit de mi compañero Manolo Contreras tras la macrorredada de la Operación Heracles que el maestro Carlos Herrera me comentaba el otro día en pleno centro de Sevilla y que venía a decir con toda la guasa que se gasta en esta ciudad que la jueza Alaya tenía muchas papeletas para que la Junta la eligiera el año que viene como candidata a la medalla de oro de Andalucía.

Así que menos lobos, Caperucita Valderas, que por aquí abajo sabemos de sobra que el puesto de vicepresidente de la Junta bien vale alguna renuncia ideológica. Porque la hoz y el martillo están muy bien como símbolos, pero yo me sé de muchos que quieren ver ambas herramientas lo más lejos posibles de sus manos. No es la primera vez que Valderas hace honor a su nombre y aplica la conocida frase del "donde dije digo, digo Diego" y mañana será otro día. Total, para cuatro días que vamos a vivir ¿por qué complicarse la existencia? Con lo a gusto que se está en los sillones aterciopelados del palacio de San Telmo...

viernes, 22 de marzo de 2013

PUBLICO: Elogio razonado de la jueza Alaya

Para los que conocemos el diario Público, el periodista Antonio Avendaño venía a ser lo que Román Orozco para El País: un auténtico believer en el PSOE, con crónicas tan entregadas en las últimas elecciones y el 38º Congreso Federal, que rozaban el bochorno.

Algo ha cambiado. Si bien critica en determinados aspectos a la jueza, algunos de ellos que denotan cierto desconocimiento de los avatares de la causa, tiene un párrafo último que suscribo en su totalidad.

A base de noticias con imágenes de billetes de 500 euros desplegados en abanico por la Guardia Civil sobre el colchón del dormitorio de los amigos del Régimen, parece que hasta los más incondicionales comienzan a dejar de creer, y el hartazgo de todos, incluidos los palmeros del sociateo, ante la decadencia del Partido comienza a ser perceptible.

Alaya está dejando de ser la pepera conchavada para manipular elecciones a base de autos judiciales a ser la jueza que todos desearían tener en las causas contra el partido de enfrente. No es mucho, pero es bastante.

Pese a las apariencias, hoy el Gobierno de la Junta de Andalucía es, como dijo Nietzsche, un ídolo con pies de barro. La desbandada del Cortijo está hoy un poco más cerca.





Elogio razonado de la jueza Alaya (Antonio Avendaño)

21mar 2013
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Han tenido suerte los tipos imputados en el caso Gürtel. Si en vez de haberles tocado en suerte los sucesivos jueces que han investigado la trama de corrupción del Partido Popular les hubiera tocado la jueza de Sevilla Mercedes Alaya más de uno y más de dos y más de tres habrían acabado con sus huesos en la cárcel. A la jueza Alaya no le tiembla el pulso a la hora de dictar órdenes de prisión. Ayer dictó otra más y puede que hoy incremente el cupo. Es llamativa, no obstante, la orden de reingreso en prisión del exdirector general de Empleo de la Junta de Andalucía, Javier Guerrero, en libertad bajo fianza de 50.000 euros tras sucesivas rebajas a la fianza inicialmente impuesta por Alaya. Las razones que han trascendido de esta segunda prisión son: que Guerrero puede destruir pruebas y que hay riesgo de fuga. Sin embargo, hasta donde se sabe, ni Guerrero tiene medios (conocidos hasta ahora) para fugarse con posibilidades de éxito ni parece verosímil que, durante los meses que ha estado en libertad, no haya destruido pruebas importantes que pudieran inculparlo.
¿Es la jueza Alaya la más rápida en disparar su revólver cargado de autos de prisión? Tal vez. La decisión de encarcelar en su día al exconsejero de Empleo, Antonio Fernández, hoy en libertad bajo fianza, pudo ser precipitada y, en todo caso, fue excesiva. Si Fernández queda finalmente absuelto esa absolución jamás podrá reparar el pavoroso daño ocasionado por su orden de encarcelamiento. ¿Ha cometido la jueza otros excesos en su, por otra parte, meticulosa instrucción? Tal vez: ni se ha preocupado de salvaguardar el secreto del sumario, retransmitido en directo por los medios andaluces durante meses y meses, ni debió exigir al Gobierno andaluz las actas de los Consejos de Gobierno ¡de diez años! Si Baltasar Garzón hubiera planteado una exigencia como esa no es improbable que le hubiera costado la carrera judicial.
Pues bien, siendo todo esto importante y aunque todo ello sea cierto, en verdad palidece ante lo fundamental: y lo fundamental es que la jueza Alaya está haciendo todo lo posible por esclarecer la verdad, y eso es lo que queremos los ciudadanos de cualquier juez. Alaya quiere saber qué pasó con las ayudas y los ERES fraudulentos, quiere saber cómo pasó, por qué pasó y quiénes hicieron posible que pasara. Muchos socialistas andaluces sostienen en privado que no les gusta Alaya por los excesos cometidos en su instrucción, pero en realidad no es por eso: no les gusta porque sin su tenacidad, su empecinamiento y su ciega determinación de investigar hasta el final, nunca habría habido caso ERES. Aun con todos los errores que haya podido cometer o cometa en el futuro, muchos ciudadanos estarían encantados de que todos los grandes casos de corrupción política y económica fueran investigados con la misma meticulosidad, el mismo celo y hasta la misma obsesión con que Alaya está investigando el suyo.