El Ejecutivo socialista de José Antonio Griñán continuó repartiendo a dedo los fondos que recibió de la Unión Europea y la Administración del Estado para la formación de trabajadores incluso después de perder las elecciones autonómicas de 2012. Su Consejería de Empleo aprobó hasta cuatro resoluciones con ayudas desorbitantes sólo dos días después de que el Partido Popular se impusiera al PSOE en los comicios andaluces de ese año. Pese a estar ya en funciones, el Gobierno de Griñán entregó sin celebrar ningún tipo de concurso previo subvenciones por valor de 56,2 millones de euros para la supuesta organización de cursos para el empleo a un amplio número de sindicatos, asociaciones profesionales, patronales y empresas privadas de toda Andalucía. La Inspección de la Seguridad Social y la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía han lanzado la operación Edu para investigar la presunta malversación masiva de esas ayudas para el empleo. Sospechan que la estafa de la formación podría alcanzar los 2.000 millones de euros en el periodo 2007-2013.
Las anomalías de la Junta en la gestión de ese capítulo del presupuesto son recurrentes. El Servicio Andaluz de Empleo (SAE), el organismo de la Consejería de Empleo encargado hasta 2013 de la gestión de las partidas para la formación de trabajadores, aprobó cuatro resoluciones de ayudas para cursos el 27 de marzo de 2012, es decir, sólo 48 horas después de que los andaluces acudieran a las urnas para elegir a su Gobierno para la siguiente legislatura. El PSOE aún no sabía si iba a mantenerse en el Ejecutivo como finalmente ocurrió gracias a un acuerdo con Izquierda Unida, pero eso no impidió que Griñán siguiera repartiendo esos fondos.
Curiosamente, el SAE no hizo pública la entrega de esas subvenciones en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) hasta el 30 de mayo de 2012, cinco semanas después de haberlas concedido. El mecanismo que utilizó para distribuirlas fue el mismo que había empleado en el resto de resoluciones: el procedimiento de concurrencia no competitiva. Es decir, a dedo. Incluso las ayudas para formación más cuantiosas eran asignadas sin que la Junta argumentara por qué había decidido otorgar los fondos a unas siglas concretas y dejar fuera de la convocatoria a otras. La propiaCámara de Cuentas de Andalucía denunció esta práctica en un duro informe emitido el pasado mes de febrero.
Subvenciones millonarias para patronal y sindicatos
La ayuda más elevada de todas las que aprobó a los dos días de perder las elecciones fue a parar a la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), presidida en aquel momento por Santiago Herrero, que dejó el cargo sólo unos meses después de las autonómicas acosado por los escándalos. Herrero era conocido por su afinidad con el PSOE, un vínculo que le pasó factura cuando trató de aspirar a mayores cotas de poder en el mundo de la representación empresarial. El BOJA puso en sus manos sólo dos días después de los comicios 17,4 millones de euros para la organización de cursos para trabajadores preferentemente ocupados.
Las siguientes partidas más cuantiosas de esa primera resolución del 27 de marzo de 2012 acabaron en las arcas de UGT y CCOO. Sus delegaciones en Andalucía se llevaron cada una 8,7 millones de euros para la organización de cursos para trabajadores. Cerró la lista USO, con una asignación de 334.854 euros, la menor de esa convocatoria.
El expresidente de la CEA, Santiago Herrero, en una reunión con Susana Díaz (Efe)El expresidente de la CEA, Santiago Herrero, en una reunión con Susana Díaz (Efe)
Las otras tres resoluciones aprobadas por la Consejería de Empleo a las 48 horas de que el PSOE fuera superado por el PP en las urnas acabaron en sindicatos, federaciones de trabajadores autónomos y patronales de diferentes sectores siguiendo el mismo procedimiento de concurrencia no competitiva. En total, las cuatro adjudicaciones del 27 de marzo de 2012 supusieron la salida de las arcas de la Junta de 56,2 millones de euros.
Las resoluciones posteriores a la derrota electoral no son las únicas que generan sorpresa. Cuatro días antes de las elecciones autonómicas de 2012, el SAE aprobó la transferencia a los principales actores sociales de Andalucía de otros 46 millones de euros para la promoción de cursos para el empleo. En este caso, los fondos fueron destinados a la realización de acciones formativas para trabajadores desocupados. La entrega de ese importe quedó contenida en una sola resolución del organismo dependiente de la Consejería de Empleocon fecha de 21 de marzo de 2012, aunque el BOJA no dio a conocer el reparto hasta el 14 de mayo de ese mismo año, casi dos meses después. En concreto, la Confederación de Empresarios de Andalucía recibió en esa convocatoria 18,7 millones de euros y los sindicatos UGT y CCOO lograron cada uno 14 millones de euros.
Aumento de las ayudas en año electoral
El BOJA también refleja que el Gobierno de Griñán intensificó la adjudicación de subvenciones durante los últimos meses de la legislatura. Entre enero de 2011 y marzo de 2012, la Junta asignó ayudas a cursos de fomento del mercado laboral por un importe total de 353 millones de euros, sin contar las ayudas concedidas directamente por las delegaciones de Empleo del Ejecutivo autonómico presentes en las ocho provincias andaluzas.
Sobresalen dos convocatorias por la elevada cuantía de las ayudas concedidas. El 31 de enero de 2011, en una sola resolución, el SAE entregó 114 millones de euros de euros a una extensa lista de sociedades mercantiles de toda Andalucía dedicadas supuestamente a la formación profesional. Y sólo dos semanas después, el 13 de febrero, el SAE volvió repartir ayudas para el mismo concepto por un importe total de 49 millones de euros. En esta última convocatoria, la mayor subvención, 693.850 euros, terminó en la cuenta bancaria de la Asociación para la Calidad Europea Inteca, un centro educativo que sorprendentemente tiene su domicilio social en una vivienda y que en su página web no ofrece ningún dato sobre quiénes son sus máximos responsables.
Las resoluciones de 2012 tendrán que esperar pero las de 2011 ya están siendo analizadas por la operación Edu, la investigación que la Inspección de la Seguridad Social y la UDEF abrieron hace casi dos años para esclarecer el presunto fraude masivo con los fondos de formación donados a Andalucía por la Unión Europea y la Administración del Estado para tratar de mejorar la dramática tasa de paro de esta comunidad.
Por el momento, las pesquisas se centran únicamente en el periodo 2009-2011 y solo en la provincia de Málaga, aunque los investigadores manejan numerosos testimonios y pruebas documentales que apuntarían a que altos cargos de la Junta habrían participado en la entrega organizada y masiva de estas ayudas para la realización de cursos para el fomento del empleo que presuntamente no reunían los requisitos para ser subvencionados o ni siquiera existían.