lunes, 5 de mayo de 2014

El fiscal ve «llamativas» trabas de la Junta en el expediente clave de UGT

http://www.elmundo.es/andalucia/2014/05/04/5365f1e2e2704e67068b456b.html


Por cierto, la DEJADEZ de la Junta a la hora de investigar y exigir reintegro del dinero mal usado va a permitir que prescriban 250.000 euros el 1 de enero de 2015.

Es dinerete gestionado por UGT.





El fiscal ve «llamativas» trabas de la Junta en el expediente clave de UGT

  • El departamento del consejero Luciano Alonso alegó a la Cámara de Cuentas «inexistencia» de la ayuda de 8 millones en la que hay facturas falsas


La Fiscalía Superior de Andalucía y la Policía Judicial se han fijado en que la Junta alegara «inexistencia» del expediente precisamente en la subvención de ocho millones de euros en la que el sindicato UGT presuntamente coló facturas falsas y donde aparece también José María Moriche, el marido de la presidenta de la Junta de Andalucía, la socialista Susana Díaz.
Se trata del macroexpediente 98/2009/J/217, en el que UGT recibió 8.021.823 euros en subvenciones de la Junta de Andalucía para la formación de desempleados, que está plagado de irregularidades presuntamente delictivas, como ha alertado la Fiscalía Superior de Andalucía. «Especialmente llamativa es la alegación de inexistencia del expediente que realiza el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) y que es objeto de distintas consideraciones por la Policía Judicial», recoge el decreto firmado por el fiscal superior de Andalucía, Jesús García Calderón.
El fiscal superior hace referencia a las múltiples trabas que encontraron los auditores de la Cámara de Cuentas para que la Junta facilitara información sobre el citado expediente y que se enumeran con todo lujo de detalles en el informe de fiscalización de subvenciones del SAE para formación profesional para el empleo de los años 2009 y 2010, cuando los máximos responsables eran los entonces consejeros Antonio Fernández, imputado por el caso ERE, y Manuel Recio.
Aunque las irregularidades detectadas por los auditores corresponden a la etapa de Fernández y Recio, el trabajo de fiscalización y las trabas discurrieron durante el mandato de tres consejeros de la Junta distintos por el relevo entre algunos de ellos y también por el traspaso de competencias de Empleo a Educación de la formación profesional ocupacional, que entró en vigor en abril de 2013.
Los tres consejeros involucrados son Antonio Ávila (en el cargo entre marzo de 2010 a septiembre de 2013); Mar Moreno (de mayo de 2012 a septiembre de 2013) y Luciano Alonso (a partir de septiembre de 2013), que es el actual responsable de la formación profesional para el empleo y, de hecho, el pasado martes tuvo que dar explicaciones en el Parlamento andaluz sobre el presunto fraude masivo con los cursos de formación que se está investigando en el marco de la operación Edu. «No existe expediente con dicha nomenclatura, por lo que no pueden realizarse alegaciones a las observaciones señaladas», le contestó el departamento de Alonso a la Cámara de Cuentas cuando le preguntaron por el expediente de las presuntas facturas falsas de UGT.
Según aclaran los auditores, «se produjo un error mecanográfico al transcribir los dos primeros dígitos del expediente», por lo que se remitió «nuevamente la petición corregida a fin de garantizar el derecho que le asiste» a la Junta para alegar. «En cualquier caso, llama la atención que la entidad justifique no poder alegar por el error en el número de expediente, ya que en distintas ocasiones ha sido advertida de los hechos descritos en el informe», subrayan los auditores.

Incidencias

Así, durante el trabajo de campo de la Cámara de Cuentas, que comenzó en abril de 2012 y finalizó en octubre de 2012 en la etapa del entonces consejero Ávila, «se fueron comentando todas las incidencias» en cada expediente. El 3 de junio de 2013 -cuando la consejera responsable era Mar Moreno- se remitió un escrito a la Dirección General de Formación Profesional para el Empleo de la Junta, «solicitando aclaración de varias cuestiones, entre ellas, las relativas a este expediente» clave sobre UGT y «no se recibió respuesta sobre el mismo», subrayan los auditores. El 13 de septiembre de 2013 -ya con Alonso en el cargo- se remitió un correo electrónico desde la Cámara de Cuentas, «preguntando nuevamente» por el expediente de las facturas falsas de UGT, «el cual fue contestado ese mismo día».
Hubo más peticiones. El 25 de septiembre de 2013 se envió una nueva solicitud de información sobre el citado expediente y «se recibió respuesta el 3 de octubre». Finalmente, tras el escrito de la Cámara de Cuentas del 3 de diciembre de 2013 en el que se corrige el error mecanográfico sobre el número del expediente, hubo una respuesta de la Junta el 12 de diciembre, «que no contradice el contenido del informe», por lo que los auditores se ratifican en todas las irregularidades detectadas.
Como alertan la Fiscalía Superior y la Cámara de Cuentas, la Junta podría estar dejando prescribir un expediente de reintegro (por un importe casi un cuarto de millón de euros) dentro de una subvención de ocho millones que inició administrativamente en mayo de 2012, si bien nunca le dio trámite.
«Se desconocen los motivos de tal dilación, si bien debe tenerse en cuenta que el derecho de la Administración a reconocer o liquidar el reintegro prescribirá a los cuatro años desde el momento en que venció el plazo para presentar la justificación, que fue el 1 de enero de 2011, según establece la Ley de Subvenciones», recuerdan los auditores. El dinero cuestionado es el abonado por UGT a la auditora Gabinete Interaudit SL, la que avaló todos los gastos endosados por el sindicato al expediente 98/2009/J/217, incluidas las nóminas del marido de Susana Díaz, una labor por la que cobró 240.654,59 euros cuando por revisiones de expedientes similares correspondientes a CCOO, también fiscalizados por la Cámara de Cuentas, el gasto por este concepto había sido una quinta parte: 50.000 euros