viernes, 21 de marzo de 2014

Un líder del PSOE-A cobró dinero de Lanzas sin justificar, según un informe de la UCO

El imputado Lanzas pagó  al político socialista en trabajos aún por justificar. 

Luego, la generosa ferretería-pesebre de la Diputación de Sevilla lo colocó. 

Ahora es diputado, y está en estado de gracia en la ninicracia andaluza.

Igualica a la trayectoria de cualquier parao andaluz sin carné. 

Igualica.

Oiga...¿es la decencia sociata?...que se ponga...



Un líder del PSOE-A cobró dinero de Lanzas sin justificar, según un informe de la UCO

  • Carmelo Gómez justifica su contratación por una firma pantalla del 'conseguidor'

  • El dirigente socialista afirma que su tarea era elaborar los informes que le pedían





La Guardia Civil cree que Carmelo Gómez, parlamentario socialista y miembro de la ejecutiva regional que lidera Susana Díaz, estuvo a sueldo de una empresa pantalla del conseguidor Juan Lanzas pero que en la práctica no prestaba servicio alguno, es decir, cobraba sin trabajar.
Así lo refleja la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en un atestado enviado al juzgado que investiga el caso de los ERE fraudulentos tras analizar la documentación y los efectos intervenidos hace justo un año -el 20 de marzo de 2013- en los domicilios de Lanzas y de su cuñado Ismael Sierra, también imputado.
En la casa que Lanzas tiene en la capital jiennense, los agentes intervinieron varios organigramas y diagramas descriptivos de su estructura societaria y de personas contratadas.
En uno de los diagramas intervenidos en casa de Lanzas, bajo el título 'Principal historia mercantil y laboral. Sociedades', se detalla en una columna con el epígrafe Laboral una serie de personas relacionadas con el conseguidor de los ERE. Y, entre ellas, Carmelo Gómez.
Los agentes llegan a la conclusión de que el hoy diputado socialista cobraba sin trabajar de una empresa pantalla de Lanzas a raíz del testimonio de M.I.A.F, la persona que elaboró el contrato de Carmelo Gómez como trabajador de esa compañía (Maginae Solutions SL). Esta sociedad granadina tiene como administrador único a Ismael Sierra, pero los investigadores policiales no tienen dudas de que es un hombre de paja de su cuñado.
La testigo declaró a la Guardia Civil que le hizo el contrato y cursó el alta en la Seguridad Social del hoy parlamentario socialista siguiendo las indicaciones de Ismael Sierra, pero que nunca lo vio y que desconocía las funciones que teóricamente desempeñaba Gómez en la empresa. La labor comercial supuestamente asignada tampoco se vio reflejada en la facturación de la sociedad, según comentó la mujer a los agentes.
«A juicio policial se podría inferir que los presuntos pagos declarados por la sociedad Maginae Solutions a Carmelo Gómez Domínguez pudieran no corresponderse con la prestación de un servicio real», concluye la UCO en el atestado.
De acuerdo con la información que consta en la Agencia Tributaria, Carmelo Gómez estuvo exactamente 133 días dado de alta en Maginae Solutiones -concretamente entre el 22 de marzo y el 1 de agosto de 2007- y cobró 8.390,55 euros (4.705,85 como empleado por cuenta ajena en general y 3.684,70 euros por rentas y dietas exentas de gravamen).
A preguntas de EL MUNDO de Andalucía, Carmelo Gómez negó ayer que hubiera cobrado sin trabajar, como sugieren los investigadores policiales. «Hice los informes que me encargaron», aseguró.
Gómez excusó precisar la naturaleza de estos trabajos con el argumento de que eso forma parte de la privacidad entre él y la empresa. Y añadió: «Tengo mi conciencia absolutamente tranquila. Nadie me ha regalado nada. Estaba parado y me salió esa oportunidad laboral».
Carmelo Gómez se desvinculó de Maginae Solutions para incorporarse como vicepresidente en la Sociedad de Informática Provincial (Inpro), dependiente de la Diputación de Sevilla. En este organismo permaneció hasta el año 2011.
Carmelo Gómez es una persona de confianza de Susana Díaz, que lo tenía de número dos en el PSOE de Sevilla y al que aupó a la ejecutiva regional del PSOE -es secretario del área de Formación y Nuevos Afiliados- tras asumir la secretaría general del partido el pasado mes de noviembre. También forma parte del comité federal.
En el Parlamento regional, del que forma parte desde el inicio de la actual legislatura, Gómez es portavoz del grupo socialista en la comisión de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo; secretario de la comisión de control de la Radio y Televisión de Andalucía (RTVA) y vocal en la de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural.
Al igual que el hoy parlamentario socialista, la Guardia Civil cree que el ex concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Sevilla y antiguo presidente de Mercasevilla José Antonio García cobró también sin trabajar de otra de las empresas -Al Ándalus Mass Media Channel- que conforman el entramado societario de Lanzas y con el que éste habría cobrado sus comisiones por su intermediación en ERE financiados por la Junta.
En concreto, García consta dado de alta en el régimen general de la Seguridad Social por esa empresa durante 326 días (entre el 21 de junio de 2007 y el 11 de febrero de 2008). En total, percibió 9.321,65 euros.
Igualmente, una nuera del ex delegado de la Consejería de Empleo en Sevilla Antonio Rivas -María del Carmen R.B.- también estuvo contratada por dos sociedades vinculadas a Lanzas (Consulting Social Siemur y la citada Al Ándalus Mass Media Channel). Por ese supuesto trabajo cobró 23.850,13 euros entre 2007 y 2009.

http://www.elmundo.es/andalucia/2014/03/21/532bed7f268e3eb7528b456b.html 

martes, 18 de marzo de 2014

EL ASQUEROSO DERROCHE SOCIATA: 1.6 MILLONES BLINDADOS POR QUINCE AÑOS

La Junta dice que se 'abochorna' de la gestión de la Faffe

  • El consejero de Economía considera "impresentable" el alquiler blindado de una sede

  • El contrato lo firmó el socialista Fernando Villén Rueda

José Sánchez Maldonado, en la rueda de prensa posterior al Consejo...
José Sánchez Maldonado, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. CONCHITINA

El consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta, el socialista José Sánchez Maldonado, ha calificado esta tarde de "impresentable" que la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe), que dirigía el socialista Fernando Villén Rueda y que ahora es de su competencia, comprometiera 1,4 millones de euros en un contrato de alquiler blindado de 15 años de duración apenas cinco meses antes de la disolución del propio ente.
"Esto sí que me produce auténtica consternación y bochorno; lo increíble es que haya ocurrido", ha reconocido expresamente tras ser preguntado en rueda de prensa por la noticia adelantada este fin de semana por EL MUNDO. "Es muchísimo más impresentable que lo del Gobierno", ha insistido en alusión al conflicto legal surgido con la Administración central por el proyecto de reapertura de la mina de Aznalcóllar.
Sánchez Maldonado se refería al contrato firmado el 11 de febrero de 2010 por Fernando Villén, director general de la Faffe durante los ocho años de vida de la fundación, con una empresa de Jerez de la Frontera propietaria de tres naves industriales en las que había ocho aulas y una oficina, además de servicios y zonas comunes, con una superficie total de 1.253,15 metros cuadrados.
Villén Rueda, que compatibilizó su cargo en la Faffe con el de secretario de Empleo de la Ejecutiva regional del PSOE andaluz, y el empresario firman un contrato en el que pactan el arrendamiento de las naves "por espacio de quince años a un precio de 8.000 euros mensuales". En total, 1,4 millones de euros.
El alquiler está blindado y así queda recogido en la primera estipulación. "Siendo el plazo de obligado cumplimiento, habiendo convenido expresamente que para el caso de desistimiento de la entidad arrendataria antes del tiempo establecido, habrá de abonar a la parte arrendadora la totalidad de las mensualidades pendientes de vencimiento, no siendo de aplicación lo establecido en la Ley de Arrendamientos Urbanos", mucho más ventajosa para las arcas de la Junta, ya que tan sólo prevé indemnizar con una mensualidad por año que falte para la finalización del contrato.
Esta cláusula es idéntica a la que se recoge en un contrato de alquiler que firmó la Faffe con otra empresa propietaria de una nave en el municipio gaditano de Alcalá de los Gazules, donde también iba a impartir cursos. El titular del Juzgado de Primera Instancia 24 de Sevilla ha condenado al SAE a abonar 160.000 euros a la propietaria de la nave por romper el contrato antes de que finalizara.

viernes, 7 de marzo de 2014

La Junta quiere 'enmendar en el Gobierno' irregularidades de Faffe


IU se extraña ahora de la mamandurria de FAFFE y habla con la soltura del que está en la oposición ESTANDO EN EL GOBIERNO ANDALUZ....es evidente que mira con desagrado la perspectiva de perder el coche oficial debido a su complicidad con el enchufismo y el clientelismo cortijero. Ni una palabra de IU respecto a los exFAFFES subrogados gracias a SU gobierno.



FONDOS DE FORMACIÓN

La Junta quiere 'enmendar en el Gobierno' irregularidades de Faffe

  • Dejó sin justificar más de 58 millones en subvenciones de la Junta

  • El Ejecutivo andaluz auditará lo que ya ha analizado la Cámara de Cuentas

  • En la Fundación era 'coge el dinero y corre', según denuncia IU en el Parlamento


El presidente de la Cámara de Cuentas y el consejero de Economía,...
El presidente de la Cámara de Cuentas y el consejero de Economía, este jueves en el parlamento. E. LOBATO


El descontrol en la Fundación pública Fondo de Formación y Empleo (Faffe) con las subvenciones millonarias concedidas por la Junta es un «problema del gobierno que hay que resolverlo dentro del Gobierno andaluz», indicó ayer el consejero de Economía, Innovación y Ciencia, José Sánchez Maldonado.
El consejero compareció en el Parlamento para dar explicaciones sobre el reciente informe de la Cámara de Cuentas de Andalucía que detectó que la extinta Faffe -cuyo personal está integrado ahora en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) tras la polémica reordenación del sector público- recibió subvenciones por valor de más de 58 millones de euros en 2009 y 2010 de las que «no consta justificación alguna».
Para Sánchez Maldonado, este «problema» trasciende del ámbito de las competencias de su Consejería y habrá que resolverlo «dentro del Gobierno andaluz». No dio muchas pistas el consejero sobre cómo se va a solucionar un «problema» que ya está analizando la Fiscalía Superior de Andalucía y que también se ha trasladado al Tribunal de Cuentas, después de que la Cámara de Cuentas andaluza detectara nueve hechos en los que podría haber «responsabilidades administrativas y contables» en el reparto de ayudas públicas.
Aunque no aclaró qué posible apaño podría hacerse dentro del Gobierno andaluz, Sánchez Maldonado trató de no rehuir el debate y proclamó que dará «la cara aunque me la partan», porque su intención es «enmendar lo que se haya hecho mal» en el reparto de las subvenciones del SAE para la formación profesional para el empleo de las que se benefició la Faffe. De momento, la Junta parece no asumir las conclusiones de la Cámara de Cuentas sobre las irregularidades en la Faffe con los fondos públicos y encargará una auditoría a una empresa privada.
Cuando estén los resultados, el consejero «actuará» si se determinan las responsabilidades administrativas o contables que ya ha aprecidado la Cámara de Cuentas.
De hecho, el consejero se mostró sorprendido por el hecho de que la Cámara no haya encontrado la documentación justificativa sobre una ayuda excepcional a la Faffe por 8,9 millones de euros para el plan de formación de los ex trabajadores de Delphi que luego subcontrató la Fundación pública. Sánchez Maldonado sostiene que la documentación está en el expediente y la pondrá a disposición de la Cámara de Cuentas.
El PP dudó que el consejero vaya a poner fin a los «desmanes en la Faffe» porque es un «nido de corrupción» del PSOE en el que han trabajado un sinfín de allegados y familiares socialistas, como la mujer del ex consejero de la Junta y concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Sevilla Juan Espadas; el ex diputado socialista Ramón Díaz imputado en los ERE; o el hermano del presidente de la Diputación de Jaén, Francisco Reyes.
Igualmente crítica se mostró la diputada de IU Rosalía Martín, quien denunció que en la Faffe se siguió la práctica «coge el dinero y corre» después de recibir las subvenciones de la Junta. Manifestó que el Servicio Andaluz de Empleo es un «caos» que habría que «sanear y repensar».

http://www.elmundo.es/andalucia/2014/03/07/5318d40822601d4e6e8b458b.html

jueves, 6 de marzo de 2014

La Junta podría pedir a la Faffe la devolución de las ayudas del SAE



La Junta podría pedir a la Faffe la devolución de las ayudas del SAE

  • Sánchez Maldonado dice que lo hará 'si se demuestra que hay responsabilidad contable'

  • La Cámara de Cuentas cree que 'podrían derivarse responsabilidades contables'

  • El consejero ha hecho estas declaraciones en su comparecencia ante el Parlamento

El consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, José Sánchez Maldonado, ha asegurado que la Junta estará dispuesta a solicitar el reintegro de las ayudas del Servicio Andaluz de Empleo a la Fundación Fondo de Formación y Empleo (Faffe) si se demuestran la existencia de responsabilidad administrativas contables, a raíz del informe de la Cámara de Cuentas de Andalucía.
La Cámara de Cuentas hizo público un informe, llamado 'Fiscalización de subvenciones del Servicio Andaluz de Empleo para la formación profesional para el empleo y seguimiento de las recomendaciones incluidas en el informe de 2004', donde se detectan numerosas irregularidades en dichas subvenciones, de forma que en ciertos casos y subvenciones "podrían derivarse responsabilidades administrativas y contables"
Sánchez Maldonado ha apuntado en comparecencia parlamentaria que "si de todo este proceso se determinaran responsabilidades administrativas contables, se actuará para repararlo, incluido el requerimiento de justificación y el reintegro de ayudas concedidas".

http://www.elmundo.es/andalucia/2014/03/06/531859dc268e3ee7508b4574.html 

miércoles, 5 de marzo de 2014

Imputadas formalmente dos directoras generales denunciadas por funcionarios

La "transparencia" de la Junta:


Imputadas formalmente dos directoras generales denunciadas por funcionarios

Día 05/03/2014 - 12.17h

Están acusadas de no facilitar información sobre los contratos en la «administración paralela» de la Junta

El Juzgado de Instrucción número 14 de Sevilla ha dictado un auto para imputar formalmente a las directoras generales de Recursos Humanos y Función Pública y de Planificación y Organización de los Servicios Públicos denunciadas, a raíz de la denuncia, vía penal, presentada por el Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF), y tras constatarse la negativa de la Consejería de Hacienda y Administración Pública a facilitar información de efectivos reales, dotación de vacantes de las relaciones de puestos de trabajo (RPT) y contratación de externos en la denominada «Administración paralela».
El Juzgado cita a los dos altos cargos «al objeto de darles traslado de la denuncia y ser informadas de sus derechos. En esa comparecencia una vez realizado lo anterior, se fijará definitivamente día y hora para que las mismas sean oídas como imputadas».
Es el segundo auto dictado por este Juzgado que insiste en que los hechos denunciados presentan «los mínimos indicios de actuación ilícita penalmente reprobable que debe ser comprobada por este instructor», ya que SAF ha alegado »una serie reiterada de sentencias y resoluciones judiciales que se han reflejado en sus escritos y que se dice incumplidas o no tenidas en cuenta por las denunciadas en relación a las peticiones del sindicato».
«Por eso –continúa el magistrado- es procesalmente pertinente imputar formalmente a las dos denunciadas, para que tras ser instruidas de sus derechos y con asistencia jurídica precisa, puedan ser oídas en declaración para que puedan dar una explicación sobre su actuación en relación al contenido de la denuncia presentada».
La denuncia penal, resalta el sindicato en un comunicado, es el resultado del «peregrinaje de solicitudes presentadas por SAF durante años, en ocasiones a las propias directoras generales denunciadas. Escritos donde se pedía información básica e imprescindible para defender los derechos de los funcionarios. La mayoría de estas peticiones, adjuntadas a la denuncia, no han tenido respuesta», subraya.
Según la asesoría jurídica del SAF. ambas directoras generales estaban «técnicamnte» imputadas con anterioridad, pero faltaba un trámite definitivo. En las diligencias previas el Ministerio Fiscal solicitó el sobreseimiento de la denuncia, si bien el juez no ha tenido en cuenta este planteamiento del fiscal.