miércoles, 30 de abril de 2014

CCOO dio 150 millones en cursos al grupo del sobrino de un exconsejero de la Junta




CCOO dio 150 millones en cursos al grupo del sobrino de un exconsejero de la Junta

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El grupo malagueño Vértice, propiedad de Juan Cruzado y Jesús Gallardo, exsocios y examigos que mantienen un largo litigio judicial por el control de la compañía, logró un crecimiento exponencial en su facturación gracias a adjudicaciones millonarias en cursos de formación facilitados por la Federación de Comercio, Hostelería y Turismo de Comisiones Obreras. Según declaró a El Confidencial un exresponsable de la compañía, el dinero que el sindicato otorgó de una manera directa al Grupo Vértice se podría elevar “al menos a 150 millones de euros en 16 años”.
Cruzado necesitaba de aliados políticos para conseguir ese negocio. Para ello, promocionó de una manera constante a Alfonso Ochoa Oliva, sobrino deFrancisco Oliva, consejero de Trabajo de la Junta de Andalucía con Manuel Chaves entre 1990 y 1993, hasta situarlo como uno de sus principales directivos como consejero delegado de IDE Instituto y Desarrollo Empresarial, una de las empresas de Vértice, después de haber sido “director de Empresa de IDE”.
Ochoa fue el encargado de negociar con Comisiones Obreras los acuerdos de los contratos-programa, junto a Carlos Mejía, gerente de la Fundación Objetivo 1, cuya madre, Mari Pepa García, fue secretaria de Oliva en la Escuela de Hostelería de La Cónsula, un consorcio formado entre la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Málaga. La estrecha relación del tándem Mejía & Ochoa (son cuñados, pues sus mujeres son hermanas) resulta clave para entender cómo Comisiones Obreras se convirtió en el principal cliente en la última década del grupo Vértice y en el responsable de transformar una academia de barrio en la zona de la Carretera de Cádiz donde se aprendía mecanografía o contabilidad (empezó con un capital de 15.000 pesetas) afacturar 25 millones de euros en 2011.
“Una minucia con lo que se movía en esta empresa”
Como referentes e interlocutores figuraban Mejía (con excelentes relaciones con el Servicio Andaluz de Empleo) y Ochoa, pero la figura de Cruzado resultó decisiva para conseguir los contratos-programa gracias a la estrecha relación del presidente del Grupo Vértice con Javier González, exsecretario general de la Federación, y Tomás Valencia, exsecretario de Formación de este poderoso organismo de Comisiones Obreras.
Lo que se está publicando con los fondos de formación es una minucia comparado con lo que se movía en esta empresa; multiplícalo por 100 y no te quedarás corto”, asegura otro exdirectivo consultado por este diario.Tomás Valencia jugaba al golf en la Costa del Sol con Juan Cruzado, iban juntos a los toros, a fiestas y compartían espacios de ocio en el mar con sus respectivas esposas. “En Navidad les enviaban jamones a los sindicalistas”, explica un trabajador que ya abandonó la empresa.
“Todo con mucho descaro”
Tomás Valencia y Javier González consiguieron que dos de sus hijos trabajaran en la sede en Madrid del Grupo Vértice en la calle Magallanes. La relación fue a más. De hecho, en la zona de Conde Duque –también de la capital– compartían una sede la federación y el grupo de formación malagueño. “Se hizo todo con mucho descaro durante años, sin el más mínimo decoro”, apunta un exempleado del grupo.
Valencia y González ya no forman parte de la Ejecutiva de la federación.Ignacio Fernández Toxo, secretario general de Comisiones Obreras, ha montado una dirección provisional y ha prescindido de González. También lo hizo ya antes con el exsecretario de Formación. “Aquí no ha habido ninguna irregularidad, fue una decisión de política interna”, señaló a este diario un trabajador de la federación de Comisiones Obreras. El secretario general de CCOO Málaga, Antonio Herrera, no tiene “ni idea” de la vinculación del sindicato con Vértice. “Cada federación tiene un grado importante de autonomía; sólo conozco a González de alguna vez que ha venido a Málaga”, explica Herrera.
“Quien no tiene padrino no se casa”
El expresidente de la Junta Manuel Chaves.El expresidente de la Junta Manuel Chaves.Un exresponsable de la compañía confiesa en conversación telefónica con El Confidencial que en todos los temas de formación las relaciones del grupo empresarial “siempre son muy estrechas”. Y lo expresa de un modo muy gráfico: “Quien no tiene padrino no se casa. Los agentes sociales no querían cambiar la situación porque estaban contentos con el modo de hacer las cosas”.
Otro antiguo directivo del grupo relata que el crecimiento de Vértice se debió a la falta de un procedimiento reglado. “Te lo daban a ti porque eras su amigo. La empresa no creció por su consolidación, sino por la cantidad de dinero que conseguía cada año. Si no, ¿cómo se explica que pasara de una simple academia al emporio que se convirtió hace pocos años?". Actualmente trabajan menos de 100 personas en ella. Llegó a contar con 1.000 empleados.
“Es un asunto privado”
Alfonso Ochoa, el sobrino del exconsejero de Trabajo Francisco Oliva, resaltó a El Confidencial que se trataba de “ofertas de contratos-programa y contrataciones en una relación estatal, en unos ámbitos que no tienen nada que ver con Andalucía. No sé qué pinta aquí mi tío en este asunto. Todo se basó en una relación exclusivamente profesional”, señaló Ochoa en declaraciones a este diario.
Juan Cruzado, el dueño del grupo Vértice, calificó a este periódico de “tema privado” las adjudicaciones millonarias que consiguió su compañía a través de Comisiones Obreras. “No tengo nada que decir”, repitió Cruzado, “un empresario atípico y apasionado del golf”, como lo retrataba Diario Sur en enero de 2009. En La Opinión de Málaga se mostró partidario en septiembre de 2012 de “abaratar la formación” y declaró: “Detrás de una gran empresa hay una sociedad que la ha llevado hasta allí”

lunes, 28 de abril de 2014

BLOG ANDANOMICS: Mangazo en formación, ¿por qué nos sorprende?



Mangazo en formación, ¿por qué nos sorprende?

Publicado  por  en Junta de Andaluciaparo.
Estamos en Andalucía rasgándonos las vestiduras por el fraude en formación que investiga la Policía en varias provincias andaluzas. Sin embargo, todo el mundo (y no es una exageración), mínimamente honrado claro, que ha tenido que tratar con la extinta consejería de Empleo en la última década y media para obtener y gestionar dinero para formación de parados o de empleados estaba escandalizado del nivel de corrupción, mangazo, desvergüenza y volumen de intermediarios chorizos que ha venido rodeando a este departamento. Cuando no eran los propios altos cargos quienes sin vergüenza pedían su parte. Pregunten a cualquiera, todos coinciden.
Pero si se quiere huir del macutazo y de las habladurías, pues no hay más que leer el informe que en 2005 ya emitió la Cámara de Cuentas de Andalucía sobre la gestión de las subvenciones para formación de parados y empleados (entre otros aspectos) del Servicio Andaluz de Empleo en 2004. El SAE se creó en 2002 y, en sólo dos años, la gestión del dinero público era ya un despiporre absoluto según este esclarecedor documento.
Primero, ya dice -como ahora critica por cierto la juez Mercedes Alaya en parecidos términos- que se usan un tipo de transferencias (en ese caso las de capital, la juez critica el uso de las de financiación) desde la consejería al SAE para financiar la formación. Deberían ser transferencias corrientes, como la Cámara señala que usa el Sepe y otras consejerías del ramo de otras autonomías. ¿También en este caso se hace así para evitar la fscalización? No lo dice el informe, pero no me extrañaría a sabiendas de que en la cueva de Alí Babá que ha venido siendo Empleo la normativa estaba para saltársela, no para cumplirla.
Segundo, ya en ese año cada delegación provincial de Empleo iba por su cuenta en los criterios y baremos para adjudicar esas subvenciones. Cada delegado provincial, a modo de pequeño virrey, las adjudicaba a quien le daba la gana -o casi. ¿Se imaginan el resultado? Lo repugnante es que en 2009 seguía pasando lo mismo, según otro informe de la misma Cámara. Pero nadie ha asumudo la mínima responsabilidad por ello, claro.
Y, tercero (aunque hay mucho más): en las subvenciones a la FPO, la Cámara audita 41 expedientes correspondientes a 108 cursos. Y, en tres de cada cuatro, no halla en el SAE documentación justificativa del pago de esos cursos. ¿De qué nos sorprendemos ahora entonces?

La trama de la formación ayudó a empresarios afines al PSOE




ESPANA Nuevo escándalo en la Junta de Andalucía

La trama de la formación ayudó a empresarios afines al PSOE

  • Más de 1.9 millones para empresas que carecían de trabajadores

  • Detectan vínculos entre empresarios de Málaga y la Junta


Las investigaciones de la Udef y de la Fiscalía Anticorrupción para destejer la tela de araña en torno al fraude de los cursos de formación a cargo de la Junta de Andalucía está arrojando luz sobre los vínculos entre empresarios beneficiados, el PSOE y la Junta de Andalucía. Hasta ahora ya habían aparecido algunos casos en Málaga, pero ahora las pesquisas se dirigen hacia Almería, donde las vinculaciones empiezan a aflorar con fuerza.
Varias empresas de la provincia controladas por un dirigente socialista y por un empresario próximo a la Junta obtuvieron más de 1,9 millones de euros en subvenciones sin ni siquiera contar con trabajadores.
Una alumna: 'Nos obligaron a comprar cepillos, pinzas y rulos y eso que pagaba la Junta'
Una de esas empresas bajo sospecha esOrmar Informatic SL. Se trata de una sociedad registrada en la localidad almeriense de Roquetas de Mar. Se dedica a la explotación de contratos de franquicias de centros de enseñanza, a la compraventa de máquinas de oficina y a la fabricación de materiales de construcción, entre otras actividades. Hasta diciembre de 2010 la administraban Juan Fernando Ortega y María Isabel Martínez. En esa fecha, Juan Fernando cedía su cargo a su hija.
Los vínculos de esta familia con el PSOE son estrechos. De hecho, en las últimas elecciones municipales Juan Fernando Ortega llegó a presentarse como candidato a la Alcaldía de Roquetas de Mar, una localidad almeriense con cerca de 100.000 habitantes.
La sociedad que dirigía el hoy concejal socialista recibió cerca de medio millón de euros de subvenciones entre 2010 y 2012 por parte de la Dirección Provincial de Almería del Servicio Andaluz de Empleo. Según los datos recopilados, esta empresa nunca ha tenido trabajadores por cuenta ajena.
Sociedades de un edil de Roquetas se embolsaron 1,3 millones de ayudas
Pero, además, los administradores de Ormar están vinculados con una serie de empresas que han recibido igualmente subvenciones públicas.
Una de ellas es Inmecamar S.L., constituida en la misma dirección y con el mismo objeto social que la anterior. De nuevo figuran como administradores Juan Fernando Ortega y su mujer. En el mismo periodo 2010-2012, esta empresa recibió ayudas públicas por un valor cercano al medio millón de euros (490.410 euros). Una vez más las subvenciones provinieron de la Dirección Provincial de Almería del Servicio Andaluz de Empleo.
Otra de las empresas que aparece con el mismo domicilio que las anteriores y en la que participan como administradoras personas vinculadas a Juan Fernando Ortega (como es el caso, entre otras, de su hija, que actualmente es funcionaria interina de la Diputación Provincial de Almería) es Academia Infosol. Entre 2010 y 2012 esta empresa recibió subvenciones por un montante de casi 400.000 euros (383.085 euros).

Red clientelar

Todos estos datos están ya bajo la lupa de los investigadores de la Udef. Fuentes cercanas a las pesquisas explicaron a EL MUNDO que lo que se atisba es una enorme red clientelar vinculada a personas que durante lustros han estado manejando las riendas de la formación socialista en Andalucía.
Los investigadores estiman que ha podido existir una trama circular de facturación entre todas las empresas vinculadas al candidato socialista de Roquetas de Mar para poder justificar sus actividades formativas formativa.
Los investigadores sospechan que puso en marcha una red circular de facturas
Otra de las empresas bajo la lupa policial y de los fiscales y que también cuenta con algún tipo de vínculo con la Junta de Andalucía es Quintaeventos SL. Fue constituía en 2005 y se dedica a la promoción de eventos deportivos. A su frente está Luis Javier Quintanilla, aunque no está dado de alta en el régimen de autónomos. Esta empresa ha recibido más de 586.000 euros gracias a dos resoluciones de la Dirección Provincial de Almería. El responsable de la empresa ha estado relacionado con la Agencia Pública de Puertos de Andalucía. De nuevo, se trata de una sociedad de las que, pese a la importante cantidad de ayudas, no cuenta con trabajador alguno en su plantilla.
En cuanto a las pesquisas policiales en Málaga, los agentes han detectado vínculos entre los directivos o administradores de varias empresas y estamentos de la Junta de Andalucía. Así, por ejemplo, es el caso de AF Salamar Hostelería. El marido de la administradora única trabajó desde 1987 para la Junta, para la Consejería de Cultura, para la Diputación de Málaga y para la Consejería de Educación, que es la que controla ahora estos fondos de formación.
En cuanto a la Asociación de Empresarios Profesionales de la Comarca Valle Guadal, también agraciada por las ayudas, está regida por los hermanos Sánchez Méndez, vinculados con el Ayuntamiento de Coín, otra de las localidades más importantes de Málaga.
Por otra parte, el presidente de la Asociación Axarquía, otra entidad favorecida, ha estado por su parte vinculado a la Consejería de Educación y Ciencia de la Junta.
En varias de las empresas investigadas en Málaga, sus responsables o administradores están relacionados con la Junta andaluza o con corporaciones locales potentes. Los investigadores consideran que esa relación les ha podido permitir tener más facilidades para acceder a las subvenciones

El Sindicato de Funcionarios rechaza que los interinos investiguen los cursos


El Sindicato de Funcionarios rechaza que los interinos investiguen los cursos

Día 28/04/2014 - 17.27h

Envía un escrito a la presidenta de la Junta en el que afirma que se trata de una ilegalidad

El Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF) ha dirigido un escrito a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, en el que pide que sean los funcionarios de carrera de la Consejería de Educación los que lleven a cabo el trabajo de revisión de los expedientes de las ayudas concedidas para la realización de cursos de formación, en las que se ha detectado un posible fraude.
El SAF reclama esta labor después de tener conocimiento, por los medios de comunicación, de que la Junta ha adjudicado ese cometido aun grupo de 64 «interinos contratados», como «plan de choque para solucionar la revisión interna de los expedientes que pudieran estar afectados por el posible fraude».
Un problema, recuerda el sindicato, debido a la «falta de comprobación del destino dado a los fondos, esto es, su realización, justificación y control, así como a importantes deficiencias en su procedimiento de concesión».
El SAF, presidido por José Manuel Mateo, subraya también que ha obtenido hasta en tres ocasiones el respaldo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en contra de las encomiendas de gestión realizadas por la Consejería de Empleo a favor de la Fundción Faffe,por los mismos motivos que ahora se procede a contratar a 64 trabajadores.
Por todo ello, señala que las actuaciones que suponen la revisión, fiscalización y posibles sanciones «son potestades públicas y deben ser ejercidas por funcionarios públicos, y lo contrario es una manifiesta ilegalidad». Y en base a lo anterior exige la anulación de los citados contratos de interinos para que el trabajo sea efectuado por los funcionarios de la Consejería de Educación.

sábado, 26 de abril de 2014

‘Caza de brujas’ de la Junta contra los funcionarios de Formación para el Empleo


Tras acojonar a los funcionarios, los mandamases del Régimen se fueron a preparar las elecciones europeas afirmando que ni un voto de los andaluces debe ir a los represores de la derechona.





24 HORAS DESPUÉS DE PUBLICARLO 'EL CONFIDENCIAL'

‘Caza de brujas’ de la Junta contra los funcionarios de Formación para el Empleo


AA
Una auténtica ‘caza de brujas’. La jefa de Servicio de Formación para el Empleo de la Junta de Andalucía en Málaga, Isabel Almendro Flores, reunió a funcionarios y contratados laborales el pasado Miércoles Santo, un día después de la publicación de este diario de la estafa en los cursos de formación, para detectar si alguien de su equipo había filtrado las irregularidades que investiga la UDEF dentro de la llamada Operación Edu.
“Quería saber si alguno de ellos sabía algo de lo que vosotros estabais publicando; fue una maniobra para asustarlos y que no se atrevieran a decir nada”, corroboran a El Confidencial fuentes próximas a la Consejería de Educación y Cultura de la Junta de Andalucía. Almendro sospechaba de funcionarios experimentados y no de los contratados, que al depender sus nóminas de una renovación, son más dóciles y aceptan sin rechistar las órdenes internas.
Un grupo de policías de la UDEF (Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal) vestidos de paisano estuvo ya hace varios meses buscando datos y expedientes sobre los cursos de formación. Tras entrevistarse con funcionarios de la Junta de Andalucía en Málaga, se llevaron documentación, sobre todo, de la etapa de la gestión de Juan Carlos Lomeña (2004-2011), exdelegado de Empleo de la Junta de Málaga, sobre el que centra ahora las pesquisas policiales. Lomeña fue quien nombró a Almendro jefa de Servicio.
Con Lomeña y tres delegadas
Este cargo de confianza de la Junta, que posee un nivel 27 dentro de la administración autonómica (el máximo es 30) y gana unos 3.200 euros brutos al mes sin añadir el plus de productividad, se ha mantenido en el puesto con las sucesoras de Lomeña: las delegadas Susana RadíoMarta Rueda (estas dos políticas de máxima confianza del polémico consejero PepínSánchez Maldonado) y Patricia Alba. Isabel Almendro, que estos días se le ve “muy nerviosa por lo que se está publicando”, según relata un funcionario de la Junta a este diario, figuró como “promocionada” en la lista de cargos afines elaborada por miembros del PSOE de Málaga y de la Junta de Andalucía y que difundió por error la secretaria de Rueda al correo electrónico de la concejal de Economía del Ayuntamiento de Málaga, María del Mar Martín Rojo.
El consejero de Educación, Cultura y Deportes de la Junta de Andalucía, Luciano Alonso. (Efe) El consejero de Educación, Cultura y Deportes de la Junta de Andalucía, Luciano Alonso. (Efe)
El equipo de Formación de Empleo, formado por una treintena de personas entre funcionarios y contratados laborales, pertenecía hasta septiembre de 2013 a la Consejería de Empleo. Desde esa fecha las competencias de Formación las asumió la Consejería de Educación y Cultura que pilota el malagueño Luciano Alonso. La sede de Formación se encuentra en el Edificio Eurocom de Málaga, a escasos 200 metros del Edificio de Usos Múltiples de la Junta (el Edificio Negro), sede de la delegación de Educación en la capital malagueña.
Hacinados y ‘enchufados’ que tramitan subvenciones
Los empleados trabajan en un mínimo espacio, están hacinados; el servicio informático ha fallado continuamente y los cables estaban por el suelo; también ha habido muchos cortes de luces. Así no podían trabajar de modo regular. Iban a su puesto, pero estaban con los brazos cruzados”, denuncia a este diario un sindicalista de los funcionarios de la Junta de Andalucía. Ante esos problemas, la Junta los llegó a reubicar en una sala de juntas de la planta 11 del Edificio Negro y en otra destinada para dar clases de la segunda planta.
El Sindicato Andaluz de Funcionarios de la Junta de Andalucía (SAFJA) presentó un escrito a la Fiscalía de Málaga en junio de 2012 contra Marta Rueda e Isabel Almendro para denunciar que al menos ocho trabajadores de los enchufados de FAFFE (Fundación Pública de Formación y Empleo) suprimida por decreto publicado en el BOJA del 29 de abril de 2011 trabajaban en el Servicio Andaluz de Empleo de la Junta en el departamento de tramitación de subvenciones “sin realizar requerimientos de documentación por escrito”. Esta fundación fantasma que consiguió en 2011 una subvención de 16 millones de euros cuando este organismo ya estaba extinto, como relató este diario en diciembre de 2012.