El presunto fraude masivo cometido en Andalucía con los fondos europeos para la formación de trabajadores fue posible por la pasividad de Bruselas en la supervisión de sus propias ayudas. Más de un mes después de que El Confidencial desvelara que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía investiga una trama que podría haber malversado subvenciones públicas para formación por valor de hasta 2.000 millones de euros, la Comisión Europea todavía desconoce si su aportación a ese programa está afectada por el escándalo. Los responsables de fiscalizar el uso de esos fondos en España aún no tienen datos concluyentes, según han asegurado a este diario fuentes del Ministerio del Empleo, el organismo del que dependen esos supervisores. 
Los agentes de la UDEF no sólo creen que el dinero de Bruselas se ha visto perjudicado por la trama, sino que están convencidos de que la mayor parte de los fondos desviados procede directamente de las transferencias para formación de trabajadores realizadas por la Comisión Europea a la Junta de Andalucía. Según las estadísticas oficiales, los diferentes Ejecutivos andaluces del PSOE habrían recibido por el programa 2007-2013 del Fondo Social Europeo (FSE) 2.875 millones de euros para acciones formativas de trabajadores. A esa cantidad habría que sumar las aportaciones realizadas por la Administración del Estado, por el sector privado y por la propia Junta.
Un supuesto doble control
En teoría, el mecanismo de supervisión de los fondos establece un doble control incompatible con el fraude. Bruselas entrega el dinero a los países beneficiarios. La Comisión Europea sólo tiene interlocución directa con los Estados, y es a ellos a quienes supuestamente exige que justifiquen su gestión. En el caso de España, el organismo encargado de recibir y supervisar estas partidas es la Unidad Administradora del Fondo Social Europeo (UAFSE), integrada por un equipo de funcionarios españoles que trabaja bajo el paraguas de la Dirección General del Trabajo Autónomo, de la Economía Social y de las Responsabilidad Social de las Empresas delMinisterio de Empleo. Una vez que recibe el dinero, la UAFSE lo distribuye a su vez a las comunidades autónomas, que además de ser responsables de fijar los criterios para la adjudicación de las ayudas están obligadas a realizar sus propios controles. En teoría, existe una doble supervisión.
Vista general del centro de la sesión plenaria del Parlamento Europeo. (EFE)Vista general del centro de la sesión plenaria del Parlamento Europeo. (EFE)
Pero la realidad es bien distinta. En el caso de Andalucía, el reparto del dinero y la “comprobación de la prestación del servicio” corresponden a la Junta. Los diferentes Ejecutivos andaluces deberían haberse encargado de verificar que los miles de millones de euros recibidos de Europa para formación se dedicaban efectivamente a ese objetivo. Pero las pesquisas de la UDEF han demostrado que esos controles no siempre se produjeron y que, incluso, fueron eliminados intencionadamente. En sólo dos años, la Junta aprobó resoluciones que eximieron a decenas de beneficiarios de toda Andalucía de justificar ayudas por valor de 300 millones de euros. Los investigadores también creen que el Gobierno autonómico impulsó una reforma legal en 2009 que pudo facilitar la malversación de esos fondos. Es decir, que los controles de la Junta no funcionaron.
Pero los de la UAFSE tampoco. Las noticias sobre el presunto fraude en Andalucía pillaron a ese organismo completamente fuera de juego. El pasado 16 de abril, un día después de que este diario anunciara la dimensión del presunto fraude, Emer Traynor, portavoz de Empleo en Bruselas, aseguró que “a la luz de las informaciones aparecidas en la prensa, los servicios de la Comisión pedirán a las autoridades españolas que confirmen que los fondos utilizados para la formación profesional continua en Andalucía no proceden del Fondo Social Europeo (FSE)”. Esa tibia reacción fue rebajada todavía más sólo dos semanas después cuando el portavoz de Asuntos Sociales de la Comisión, Jonathan Todd, anunció que la investigación interna había concluido que no había fondos europeos involucrados en el fraude investigado por la UDEF.
Sin dinero europeo por casualidad
Esa información, que sólo es cierta parcialmente, procedía directamente de la UAFSE. Tras un primer análisis, los funcionarios de este organismo aseguraron a sus superiores de Bruselas que el dinero europeo no se había visto afectado por la operación Edu y que, por tanto, habían funcionado correctamente sus controles. "Lo que podemos decir es que no hay dinero de la Comisión involucrado en el caso que está siendo investigado en Andalucía por la Policía", insiste otra portavoz de la Comisión a preguntas de este diario.  
El comisario europeo de Empleo y Asuntos Sociales, Laszlo Andor. (EFE)El comisario europeo de Empleo y Asuntos Sociales, Laszlo Andor. (EFE)
Sin embargo, esa afirmación se agarra a una mera casualidad. Las primeras pesquisas de la UDEF se centran en un único expediente de la provincia de Málaga que efectivamente no se financió con fondos europeos. Pero los responsables policiales del caso manejan testimonios y pruebas que apuntan a que el presunto fraude de los cursos habría afectado a decenas de expedientes de toda la comunidad, y la mayoría de ellos fueron subvencionados con el dinero de Europa. Así lo indican explícitamente en sus respectivos encabezamientos. Sólo es cuestión de tiempo que las pesquisas acaben llegando a Bruselas.
A pesar de la insistencia de este medio, ningún funcionario de la UAFSE ha podido confirmar que no haya dinero de la Unión Europea afectado por esta trama. Las fuentes consultadas aseguran que, casi mes y medio después, aún se están haciendo comprobaciones para averiguar si se produjo algún error en la supervisión de las ayudas a la Junta que pudo facilitar la malversación de los fondos.
Por si acaso, la UAFSE se justifica argumentando que su labor consiste en “comprobar el alcance y el contenido de las verificaciones que ha realizado” cada comunidad autónoma “sobre la base de un método de muestreo”. “En estas acciones de muestreo sólo se observa la elegibilidad del gasto y la existencia de la documentación acreditativa, nunca se podría comprobar extremos tales como si la factura se corresponde con la acción efectivamente realizada o si el gasto se ajusta al precio de mercado”, dos prácticas que ya han detectado los investigadores del caso Edu. “Estas gestiones corresponden a cada organismo intermedio”, afirma la UAFSE, señalando a la Junta.