jueves, 28 de agosto de 2014

EL MUNDO (Línea 2): Luciano no exonera, Luciano no se entera


Luciano no exonera, Luciano no se entera

Los juzgados de Sevilla han estado a punto de arder por culpa de un fuego inesperado y purificador. Probablemente provocado. Debe ser una señal cósmica de que se avecinan nuevas desgracias. Es una pena. Después de oír a Luciano (Alonso), el consejero encargado de la difícil tarea de dotar de sustento intelectual al peronismo rociero que nos dirige, todo parecía haberse serenado. Ni dudas teníamos ya: elGobierno andaluz acababa de parir un ratón con forma de anteproyecto de ley para impedir los desmanes (puntuales, por supuesto) que se han producido con el dinero que nos quitan a todos en beneficio de la patria. La culpa, bien lo sabe Dios, no es suya. No. Es de losmalandrines infiltrados (sin permiso, obviamente) en las filas delsocialismo igualitario andaluz para aprovecharse de su infinita honradez. Se sabe desde hace siglos: no es lo mismo pagar tributos que robar el resultado de los impuestos. No es igual.
Parecía que podíamos estar tranquilos. El problema entraba en vías de solución. La presidenta Díaz había marcado los grandes ejes de la reforma del sistema de los cursos de formación y Luciano ejecutaba la partitura desde el puente de mando en pleno agosto, cuando Sevilla es más Sicilia que nunca. Más que la propia Sicilia, de hecho. No había nada que temer. Alaya seguirá instruyendo sus causas en septiembre. Pero ¿qué nos importa si quien cuenta ahora el Supremo? Los agentes sociales continuarán poniéndose de perfil. No hay que hacerles caso. Y los parados (esto no ha acabado todavía) seguirán pagando de su bolsillo sus propios despidos. Una lástima. En realidad nada iba a cambiar demasiado, pero teníamos una vaga esperanza. Ya no. Después de la escenita del último consejo de gobierno hemos empezado a creer que la tierra es cuadrada y Andalucía una réplica mejorada de Noruega, aunque sin su renta per cápita. Tiene explicación. Nos lo vienen diciendo desde hace treinta años: en el Sur hemos sido durante siglos marginados por el Norte. Nada de lo que nos ocurre es por culpa nuestra. Nosotros somos víctimas. Y los políticos autonómicos son nuestros grandes defensores. Eso es así.
Los indicios, sin embargo, señalan otra cosa. Nos sugieren que algunos, con nombres y apellidos, con cortijos y hoteles en Santo Domingo escondidos tras testaferros, al estilo Pujol, nos han estado afanando mientras pregonaban desde las tribunas el igualitarismo, la memoria histórica y el feminismo. Indudablemente se trata de un simulacro. No puede ser cierto. El nuevo catecismo de San Telmo dice en este punto lo mismo que Juan Belmonte: el mundo empezó ayer.Comenzó con la puesta de largo de la presidenta en las Cinco Llagas, cuando se produjeron hechos extraordinarios y vimos cosas que vosotros no creeríais: naves en llamas más allá de Orión, rayos brillar en la oscuridad, cerca de la puerta de Tannhäuser. Vimos hasta crecer a los enanos para no quedarse en orsai
La presidenta de la Junta, Susana Díaz, junto a Luciano Alonso./CARLOS DÍAZ
Seamos serios: no es verdad que el nuevo sistema para repartir el dinero de la formación arregle nada. El Gobierno dice que impedirá que los fondos sean adjudicados a empresas-fantasma y garantizará la concurrencia competitiva. También nos promete que a partir de ahora (esto ya es de colegio) no se exonerará a nadie de justificar su destino. Todavía hay algo mucho más chusco: piensan a abrir un registro oficial para que las empresas de formación puedan apuntarse en él. Esto último resulta gratuito. No hace falta. El registro ya existe. Está en la calle San Vicente, sede del PSOE, donde Juan Cornejo ejerce de portavoz del Gobierno en detrimento de Miguel Ángel Vázquez. Yo empezaría a preocuparme.
Lo de la concurrencia competitiva y la exoneración son vainas distintas, como dicen en Colombia. Ambas ya existen en la normativa en vigory, pese a ello, sus reglas han sido obviadas sin problemas por la Junta, que siempre ha justificado la condonación masiva de los fondos públicos amparándose en razones de "interés social". En el caso del ex consejero Ojeda se trataba, en concreto, de una cuestión de interés societario. No es exactamente igual. La milonga de que las empresas cazasubvencionesvan a ser vetadas hay que hacérselo mirar. Editorialistas incluidos.¿Existe en Andalucía alguna empresa que no seacazasubvenciones? Mientras corran los animales por el bosque, habrá cazadores. Es un refrán vikingo.
El principio de legalidad de un Estado de Derecho consiste en que las autoridades sólo pueden hacer lo que dice la ley. Ni un milímetro más. En nuestra república indígena, donde los políticos patrióticos creen encarnar la única democracia posible, hacen lo que quieren y exigen que le demos el beneficio de la duda. ¿No basta con la cartera? No sé qué es peor. Si esta estafa diaria o escuchar a Luciano (Alonso) explicarnos, sin mover un músculo, que el Gobierno andaluz, en realidad, técnicamente hablando, no ha exonerado a nadie. Ni siquiera a su primo. La Junta no exonera, no. Es que no se entera. Se ha vuelto ecuménica, como la iglesia: nos ha tomado a todos por tontos. Sin capirote, por supuesto.
Twitter: @carlosmarmol_es


PROFESIONALES DE LA FORMACION SORPRENDIDOS POR APARECER EN LA LISTA DE EXONERADOS

Esta noticia parece algo menor, pero creo que tiene su enjundia: En el tema de la formación parece que había dos tipos de ciudadanos, los amiguetes y el resto. Al resto, los que solo eran profesionales de la Formación se les exigía todo conforme a la ley, sin excepciones benevolentes ni exoneraciones,  comme il faut!. Aparentemente los amiguetes se beneficiaban de las ventajas, entre otras cosas, porque conocían de su condición de beneficiarios (no por BOJA, desde luego... pues no llegó a publicarse. Supongo que en las reuniones familiares de primos y cuñaos)

Lo extraño es que estos que han cumplido se asombran en aparecer en la lista de los mil exonerados por la patilla, formando parte del mogollón de entidades exoneradas que la Junta publicó forzada por el escándalo hace unos días. 

Esto me presenta varios interrogantes:
¿Para qué sirve una resolución de exoneración si no se comunica fehacientemente a los beneficiarios? ¿Porqué un beneficiario de una exoneración lo desconocía?
¿Porqué coincide que desconocía su condición de exonerado aquellos sin aparente relación con el Cortijo, mas allá de la profesional?
¿Porque desconocía que estaban exonerados aquellos que, según afirman, justificaron todo?

Y lo peor es que como no conocían de esa exoneración cumplieron a rajatabla los requisitos. Mientras la sección de amiguetes/familiares/colegas del partido bien que se aprovecharon del la excepcionalidad a la regla.

Siendo benevolentes, este el el resultado de la gestión oscura propia de quien quiere mangonear a su antojo, de esos documentos que NO SE PUBLICARON EN BOJA durante dos años y que ahora publica la Junta forzada por las noticias periodísticas, no por un arrebato imparable de decencia torera.

Siendo malpensados, y vista la experiencia del juzgado de Alaya con expedientes con papeles fechados como si lo hubieran hecho ad-hoc, una sugerente y calenturienta  hipótesis de trabajo sin ningún elemento probatorio hasta el momento, sería que este papelote de la exoneración se ha realizado a posteriori para poder decir que no solo se beneficiaba a exconsejeros y primos de consejeros, sino a todo quisque.

El problema para la Junta es que ha publicado el papel. Eso te ata y compromete. 

Inconvenientes de la transparencia... por eso los papeles no se publican durante años en BOJA y quedan en un cajón, hurtándole la información hasta a los mismísimos beneficiarios de la norma (!!!!!) que no tienen relación fluida con el Régimen. 

Invito a todo aquel con ganas (que hay que tenerlas!!!)  a que verifique algo tan simple como la fecha de constitución de las sociedades relacionadas en el documento oficial. Lo mismo nos hartamos de reir y esa descabellada hipótesis calenturienta que he enunciado es el mayor quebradero de cabeza de la Junta en su historia...porque a chapuza la Junta no tiene igual y, en el hipotético y conspiranoico caso de que fuera un papel hecho a posteriori, se le pilla sin duda. Con pillar una sola, tendríamos guasa para rato.

Yo ya me estoy poniendo a verificarlo. La resolución es de fecha 11/Dic/2012 y ESTE ES EL ENLACE A LA RESOLUCIÓN EN LA PAGINA DE LA JUNTA




Empresas de formación demandan a la Junta de Andalucía por incluirles en la «amnistía»

Día 28/08/2014 - 07.53h

Exigen por la vía del contencioso que se verifique oficialmente que los expedientes de los cursos están justificados

Empresas que pertenecen a la Asociación de Entidades de Formación y Empleo de Andalucía (Cecap) están utilizando la vía del contencioso administrativo contra la Juntapara obligar al Gobierno que preside Susana Díaz, y en concreto a la Consejería de Educación, a que resuelva los expedientes relativos a los cursos de formación, con un doble objetivo, demostrar que están justificadas las ayudas y conseguir el pago de las mismas.
La difusión por parte del Gobierno andaluz de la lista de entidades a las que se eximió de justificar las subvenciones para cursos de formaciónha provocado la sorpresa de muchas empresas que habían presentado su documentación en regla y que ni siquiera sabían que se les había aplicado este trato de favor. En este sentido, algunos empresarios aseguraron a ABC que se sentían «utilizados» por la Junta para justificar una «amnistía» que beneficiaba a otras entidades.
El presidente de Cecap en la provincia de Sevilla, Fernando Parejo,dio ayer a ABC su opinión sobre la polémica suscitada al conocerse que la Junta había eximido a más de 1.000 entidades de justificar el uso de las subvenciones para cursos de formación en los últimos años, entre 2009 y 2012, lo que técnicamente se conoce como exoneración. Según Parejo, la exoneración tenía sentido hasta el año 2012, porque hasta ese año la Administración «estaba pagando». Entonces, para pagar una subvención de 2012 tenía que haberse procedido a la liquidación de los ejercicios anteriores, previa verificación de los datos aportados por las empresas. Dado que la Junta no llevaba a cabo tales revisiones, procedía de oficio «a exonerar para poderte pagar el anticipo de la siguiente subvención».
Cecap emitió ayer un comunicado en el que subraya que las exoneraciones se han utilizado «para tapar la falta de gestión y diligencia, en formación, de la Junta de Andalucía», al tiempo que considera que el Gobierno andaluz «falta a la verdad cuando afirma que los expedientes no están justificados».

miércoles, 27 de agosto de 2014

La Junta concedió 48 ayudas 'sin justificar' al primo del actual consejero de Educación



Tengo la impresión de que los verdaderos primos de esta historia son los andaluces que mantiene a esta gente en el poder...
Tras conocerse que la cuñá de Ojeda firmaba las abundantes y variadas ayudas a su cuñao, nos enteramos que el primo de Luciano también recibió por 48 veces el maná eximido del Régimen.

En verdad, en verdad os digo, que ahora entiendo eso de la familia socialista.



MÁS DE DOS MILLONES EN SUBVENCIONES

La Junta concedió 48 ayudas 'sin justificar' al primo del actual consejero de Educación


AA
La Junta de Andalucía exoneró a la empresa de un primo del actual consejero de Educación, Cultura y Deporte, Luciano Alonso Alonso, de justificar el destino de 48 subvenciones para la formación y contratación de trabajadores. La decisión fue adoptada por la Consejería de Empleo en diciembre de 2012 mediante una resolución extraordinaria cuando Alonso ya formaba parte del Ejecutivo autonómico. Se da la circunstancia de que la presidenta del Gobierno andaluz, Susana Díaz, ha encargado precisamente a este miembro de su gabinete la investigación interna que ha puesto en marcha para depurar las numerosas irregularidades que habría cometido la Junta en la gestión de estos fondos.
Las exoneraciones al familiar de Alonso aparecen curiosamente en el documento que difundió este lunes la propia Consejería de Educación para informar de las empresas, asociaciones y fundaciones que fueron eximidas en 2012 de la obligación de justificar el uso de las ayudas para cursos. Díaz pretendía con esta medida acabar con las noticias que acusaban a la Administración andaluza de no fiscalizar la gestión de esas partidas multimillonarias, pero la aparición de este documento sólo ha servido para apuntalar las sospechas que ya se cernían sobre la Junta.
Del millar aproximado de sociedades que fueron eximidas de explicar el manejo de esas subvenciones, la empresa con el mayor número de expedientes beneficiados por esta medida fue Servicios Integrales de Fincas en Andalucía SL, la filial en Andalucía del Grupo SIFU (Servicios Integrales de Fincas Urbanas), una compañía con sede en Barcelona especializada en la prestación de servicios auxiliares de jardinería, limpieza, mantenimiento y seguridad, entre otros.
Más de 2 millones de euros
Luciano Javier Alonso.Luciano Javier Alonso.
En concreto, Servicios Integrales de Fincas en Andalucía logró que la Junta le librara de detallar el destino de 48 ayudas, todas ellas otorgadas entre 2009 y 2012. Este diario sólo ha podido localizar 20 de esas subvenciones, que suman 734.049 euros. El resto no figura en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA). Fuentes cercanas al caso aseguran que, añadiendo los expedientes que faltan por incluir, la cantidad total sin justificar por esta compañía podría rebasar los 2 millones de euros.  
Con todo, lo más relevante no es que una sola firma lograra de una tacada la exención de 48 expedientes, sino el hilo directo que tiene esa empresa con el organismo de la Junta que está tomando todas las decisiones relacionadas con este escándalo. Según ha podido saber este diario, la persona que desde 2006 desempeña la función de gerente y apoderado del Grupo SIFU en Málaga es Luciano Javier Alonso Alonso, primo hermano del consejero de Educación, Luciano Alonso Alonso.
Primos por partida doble
Así lo han confirmado fuentes cercanas al empresario y al político. Luciano Javier es hijo de Luciano Alonso y Justa Alonso. Su padre es hermano de la madre del consejero y su madre es a su vez hermana del padre del consejero. Es decir, que Luciano Javier y Luciano son primos hermanos por partida doble y por ello tienen los mismos apellidos. Tanto el dirigente de la Junta como el gerente de Servicios Integrales de Fincas de Andalucía S.L. son naturales de Palomero, una minúscula localidad situada al norte de la provincia de Cáceres de apenas 400 habitantes.
Ambos abandonaron el pueblo rumbo a la provincia de Málaga hace varias décadas y se establecieron a escasos kilómetros de distancia. El consejero fijó su domicilio en Churriana, cerca del aeropuerto de la capital malagueña, y su primo se instaló a sólo seis kilómetros, en la vecina Torremolinos. Su contacto sigue siendo muy fluido, como demuestran sus recientes comunicaciones por Facebook
Pinche para ver la lista de expedientes.Pinche para ver la lista de expedientes.
Luciano Alonso entró en el Gobierno de la Junta de Andalucía de la mano de Manuel Chaves como consejero de Turismo, Comercio y Deporte. En mayo de 2012 asumió la cartera de Cultura y Deporte ya con José Antonio Griñán al frente del Ejecutivo autonómico. Y cuando Susana Díaz aterrizó en el Palacio de San Telmo en septiembre de 2013, fue uno de los pocos consejeros que siguió en el gabinete, asumiendo además las competencias de la extinguida Consejería de Educación.
Responsable de la investigación
Paradójicamente, el departamento de Luciano Alonso también es el responsable en estos momentos de gestionar las ayudas a la formación para trabajadores. La competencia le fue retirada a Empleo y asignada a Educación tras el estallido del caso de los ERE. Además, Luciano Alonso es el encargado de la investigación interna que decidió abrir Díaz el pasado mes de enero para revisar uno por uno los 8.505 expedientes de ayudas para cursos tramitados por la Junta entre 2007 y 2011.
Por esos encargos, ha sido uno de los miembros del equipo de Díaz que más ha combatido las acusaciones de fraude en los cursos para el empleo. Desde que El Confidencial publicó las primeras informaciones sobre la operación Edu, la investigación de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF)de la Policía sobre la presunta malversación masiva de las ayudas para formación, Luciano Alonso ha comparecido en más de una decena de ocasiones para defender la actuación de la Junta en este caso.
El consejero de Educación, Luciano Alonso. (EFE)El consejero de Educación, Luciano Alonso. (EFE)
La empresa niega trato de favor
SIFU ha confirmado a este diario el vínculo familiar de su gerente en Málaga con el consejero de Educación, pero ha negado que las exoneraciones de las que se benefició sean fruto de ninguna irregularidad. “De las 48 ayudas de las que fuimos eximidos, sólo tres o cuatro eran de formación. El resto eran ayudas directas por la contratación de personas con discapacidad, que son la mayor parte de nuestra plantilla”, asegura el vicepresidente de la compañía, Cristian Rovira, en conversación telefónica. “Nunca hemos trabajado para la Consejería de Educación ni hemos tenido ningún trato de favor de la Junta. Contratamos a nuestros gerentes sin preguntarles de quién son familia”, zanja. Por su parte, un portavoz del consejero ha rechazado realizar comentarios y se ha remitido a las explicaciones ofrecidas por la compañía.
Como informó El Confidencial este martes, entre las empresas eximidas por la Junta de justificar las subvenciones se encuentran los principales sindicatos y el entramado que tejió otro dirigente socialista, el exconsejero de Hacienda Ángel Ojeda Avilés (1987-1990) para captar el mayor número posible de fondos. En total, la resolución de diciembre de 2012 permitió que UGT y CCOO dejaran de detallar la gestión de 114 millones de euros en ayudas. En el caso de Ojeda, sus empresas se libraron de aclarar qué había ocurrido con más de 16,2 millones de euros para formación.

martes, 19 de agosto de 2014

La Junta dilata su investigación de los cursos hasta que las infracciones hayan prescrito

el dinero del fraude no será devuelto

La Junta dilata su investigación de los cursos hasta que las infracciones hayan prescrito

AA
El papel del Ejecutivo de Susana Díaz en la gestión del fraude masivo en las ayudas para la formación de trabajadores está cada vez más en entredicho. La presidenta de la Junta mantiene, desde que trascendieron los primeros datos sobre la operación Edu el pasado abril, que su Gobierno ha iniciado una investigación para detectar irregularidades en los 8.505 expedientes de concesión de estas subvenciones tramitados por la propia Administración andaluza entre 2007 y 2011. Sin embargo, el calendario que ha fijado el Ejecutivo autonómico socialista va a permitir que los fondos que otorgó fraudulentamente nunca regresen al erario público, según fuentes cercanas a la investigación de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía consultadas por este diario.
La supuesta revisión interna de la Junta está siendo coordinada por el consejero de Educación, Cultura y Deporte, Luciano Alonso, máximo responsable de los fondos para la formación de trabajadores desde que en abril de 2013 esta línea de ayudas fue estratégicamente desplazada desde la Consejería de Empleo a esa otra cartera. Alonso ha detallado que las 62 personas contratadas para analizar una por una las subvenciones sólo habrán supervisado el 30% de los expedientes al término de 2014 y que los trabajos no estarán completamente concluidos hasta finales de 2015. Mientras tanto, la Junta no ofrecerá ningún dato sobre la evolución de las pesquisas aduciendo que no quiere provocar efectos negativos en las empresas del sector de la formación.
Pero los resultados de la investigación tampoco tendrán efectos cuando ya sean firmes. En teoría, el propósito de la revisión de los expedientes es exigir el reingreso de todas aquellas ayudas para cursos que presenten irregularidades. “Lo importante es que no renunciamos a ninguna cantidad de dinero que haya sido mal utilizada o no utilizada para la formación”, declaró Alonso el pasado 5 de agosto tras la detención del exconsejero de Hacienda Ángel Ojeda Avilés, el primer alto cargo que cae en la operación Edu. “Es importante que los andaluces tengan claro que los expedientes se mirarán uno a uno para que no haya excepciones”.
El consejero de Educación, Cultura y Deportes, Luciano Alonso (Efe) El consejero de Educación, Cultura y Deportes, Luciano Alonso (Efe)
No está tan claro. Fuentes cercanas a la investigación de la UDEF afirman que la decisión del Ejecutivo socialista de dilatar al menos hasta finales de 2015 la revisión de las ayudas va a provocar que prescriban todas las infracciones que se detecten durante ese presunto proceso de fiscalización. Es decir, que la investigación diseñada por el PSOE-A para mostrar su supuesta contundencia contra la corrupción no sirve en realidad para nada.
Cuatro años de plazo
Las fuentes de la investigación consultadas señalan que las fechas que maneja la Junta coinciden intencionadamente con los plazos de prescripción de la Ley General de Subvenciones 38/2003, a la que están sujetas las ayudas de los cursos. Según esa norma, las Administraciones sólo puede reclamar la devolución de subvenciones en los cuatro años siguientes a la concesión. El plazo se interrumpe si se notifica al beneficiario que se ha iniciado un expediente de reintegro contra él por alguna irregularidad. A partir de ese momento, las entidades públicas tienen otros 12 meses para reclamar el dinero. Pero si no se completa el trámite en ese tiempo, el expediente de reintegro caduca y la interrupción de la prescripción pierde su efecto.
Aplicados al caso Edu, esos plazos suponen que, cuando la Junta haya concluido su investigación interna a finales de 2015, ya habrán prescrito las infracciones de casi todos los expedientes del periodo 2007-2011 que teóricamente están siendo revisados. Aunque la Consejería de Educación compruebe que parte de esas ayudas se concedió de forma irregular, los fondos no podrán ser reclamados a las empresas, fundaciones, sindicatos y patronales que los recibieron. La prescripción podría interrumpirse en el caso de las convocatorias que ya han sido inspeccionadas, pero Alonso ha adelantado que la Junta no tomará ninguna medida hasta que haya concluido la revisión al completo de todos los expedientes.
Registro policial en el marco de la operación Edu (Efe)Registro policial en el marco de la operación Edu (Efe)
Incluso en el caso de que la Junta iniciara esos trámites de devolución, las probabilidades de que se produjera el reintegro serían prácticamente nulas. Hasta ahora, la Junta ha zanjado las escasas reclamaciones de ayudas que ha puesto en marcha con una simple notificación al supuesto domicilio del beneficiario. Basta con que ese domicilio ya no sea el del adjudicatario para que el proceso rebase los 12 meses que fija la ley para los trámites de reintegro y, por tanto, la devolución entre en vía muerta.
La vía penal
Las mismas fuentes apuntan que la Junta aún podría reclamar el reintegro de las ayudas fraudulentas en la jurisdicción penal, donde el plazo de prescripción es mayor. La restitución de las subvenciones puede exigirse por ese otro cauce hasta que prescriban los delitos que habrían concurrido en la malversación de los fondos. Por ejemplo, en el caso de que se produzca una condena por estafa, la devolución de la ayuda podría exigirse durante los 10 años siguientes a la infracción. Pero la legislación obliga a que se inicie un procedimiento penal dirigido individualmente contra cada uno de los beneficiarios irregulares, y hasta ahora la Junta ni siquiera ha tomado medidas judiciales contra el medio centenar de empresarios que ya ha sido imputado por su presunta implicación en el caso Edu.
La Fiscalía y la Abogacía del Estado también podrían evitar la prescripción de la vía administrativa presentando igualmente denuncias individuales contra todos los empresarios que se beneficiaron del fraude, pero esa posibilidad ha sido completamente descartada por los investigadores y el Ministerio Público por el enorme atasco judicial que provocaría un procedimiento penal de esta dimensión. Se estima que los 8.505 expedientes del periodo 2007-2011 terminaron en las cuentas bancarias de un millar de sociedades mercantiles, asociaciones y fundaciones distintas.
Por ahora, sólo estaría garantizada la devolución del dinero concedido a través de los expedientes en los que se está centrando la UDEF y que ya han permitido la apertura de procedimientos en juzgados de las ocho provincias andaluzas. Los agentes son ambiciosos y sus investigaciones avanzan a buen ritmo, pero las limitaciones en medios humanos y materiales van a obligarlos a restringir el alcance del caso. En la provincia de Málaga, por ejemplo, las primeras actuaciones de la operación Edu han girado en torno a un único expediente de ayudas que apenas asciende a 1,7 millones de euros, una ínfima parte de los más de 2.000 millones en ayudas para formación que los diferentes Ejecutivos socialistas de la Junta habrían gestionado en el periodo 2007-2013. La supuesta investigación interna anunciada ahora por el Gobierno de Susana Díaz va camino de provocar que ese dinero siga en los mismos bolsillos a los que fue transferido.   

http://www.elconfidencial.com/espana/2014-08-19/la-junta-dilata-su-investigacion-de-los-cursos-hasta-que-las-infracciones-hayan-prescrito_177841/

lunes, 11 de agosto de 2014

IU rechaza un pleno extraordinario sobre las ayudas de formación

 
Aqui IU mientras vetaba el pleno: sumisa, servicial y muy, muy limpia...

 ¡El mejor tapavergüenzas de los corruptos!...¿teme que la soberanía popular se entrometa en sus chanchullos con la Junta? ¡No hay problema! ¡IU le tapa el asunto a cambio de tres consejerías! Si lleva gobernando como un cacique durante décadas y la corrupción le ahoga...no se preocupe, IU se encarga de que siga gobernando, su mas fiel y sumiso empleado será a cambio de solo tres consejerías que previamente podrá haber vaciado de competencias...¡No lo dude! para que sus corruptos no pasen ningún mal trago, compre a IU, EL TAPAVERGUENZAS DEL CORTIJO


IU rechaza un pleno extraordinario sobre las ayudas de formación

Los socialistas creen que es Rajoy el que debe comparecer por el caso de Ojeda



La policía registra una de las empresas de Ángel Ojeda, en Sevilla. / paco puentes


Izquierda Unida, socio del PSOE en la Junta, tampoco apoyará la petición del PP para que se celebre esta semana o la siguiente un pleno extraordinario en el Parlamento autónomo para que el Gobierno andaluz explique las ayudas que el exconsejero socialista Ángel Ojeda recibió para impartir cursos de formación. IU y PSOE ya vetaron a mediados de julio —cuando ya había terminado el periodo de sesiones— una petición similar de los populares, aunque en aquel caso el tema elegido por el PP era bastante más abierto: la corrupción en general.
La última petición de los populares —que cada verano suelen reclamar un pleno extraordinario— se centra en las ayudas para la formación para el empleo que ha recibido Ojeda en los últimos años. Esa reclamación surgió tras la detención esta semana del exconsejero andaluz, que estuvo en la Junta entre 1987 y 1990 y que dispone de un entramado de empresas a través del que ha recibido millonarias ayudas de las Administraciones. La operación abierta a instancias de un juzgado de Cádiz continua este jueves activa. Agentes del Cuerpo Nacional de Policía han realizado registros en el domicilio de Ojeda en Sevilla y en la sede de una de sus empresas, también en la capital andaluza. El exconsejero está en libertad tras prestar declaración ante el titular del Juzgado 2 de Cádiz, que le ha imputado por falsedad documental, fraude en subvenciones y apropiación indebida. Se investiga el supuesto uso fraudulento que pudo darle a las ayudas para formación.
La policía ha cifrado en 48 los millones de euros que llegaron hasta Ojeda como subvenciones de formación entre 2008 y 2009. Pero la Junta no ha hecho pública aún cantidad alguna. La Consejería de Educación, de la que depende ahora la formación para el empleo, tampoco ha informado sobre las exoneraciones de las que se benefició el empresario y exconsejero. Esta figura de la exoneración, prevista en la ley como algo excepcional, se acabó convirtiendo en habitual en la Junta, lo que permitió que algunas entidades siguieran recibiendo subvenciones sin haber justificado antes las que ya habían cobrado.
El Gobierno andaluz se defiende argumentando que la figura de la exoneración ya no se emplea en la Junta, según indican fuentes autonómicas. Estas mismas fuentes intentan desligar a la actual presidenta andaluza, Susana Díaz, del posible fraude en las ayudas para formación.
El coordinador de la Interparlamentaria del PSOE de Andalucía, Miguel Ángel Heredia, ha apuntado en esa dirección. "El Gobierno de Susana Díaz ni ha dado ayudas ni ha exonerado a nadie en la adjudicación de subvenciones para la formación", informa Europa Press. Ha insistido también en que la presidenta "ha suprimido la exoneración".
Ante la petición del PP de que Díaz ofrezca en un pleno extraordinario explicaciones sobre el fraude, Heredia ha respondido reclamando que Mariano Rajoy comparezca en el Congreso de los Diputados también para dar explicaciones. Según ha dicho, el Gobierno central debe aclarar las razones por las que Ojeda recibió otros cinco millones de euros de subvenciones estatales en 2013, cuando el exconsejero ya estaba siendo investigado por la policía por las irregularidades.
Que IU no apoye el pleno extraordinario exigido por el PP no significa que haya evitado las críticas hacia su socio en la Junta. El portavoz de la coalición en el Parlamento andaluz, José Antonio Castro, ha afirmado que la detención de Ojeda refleja un PSOE que durante 30 años "creía que gerenciaba un cortijo y no una Administración". En su opinión, los socialistas "continúan con un criterio de colegueo y amiguismo".
El PP ha pedido, sin embargo, que IU deje de ser el "muro de contención de la verdad sobre la corrupción". Dolores López, secretaria general de los populares andaluces, también ha reclamado a Díaz que aclare "cuántos pelotazos han dado los socialistas andaluces".

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/08/07/andalucia/1407432381_185115.html#bloque_comentarios 

jueves, 7 de agosto de 2014

EL PAIS: “Los cursos de formación de Delphi fueron una estafa”, dice un sindicalista

Este verano es el verano de los que se caen del guindo: unos se enteran ahora de la corrupción catalana y otros del pasteleo de los cursos de los ex-delphi, cuando hace años que era público el montante de dinero que habia sido concedido por la Junta a este exconsejero...y que los de Delphi aún no han soltado la vuvuzela, por lo que la milloná regalá ha servido para cualquier cosa menos para solucinarles el problema, como es del todo evidente.



“Los cursos de formación de Delphi fueron una estafa”, dice un sindicalista

Uno de los firmantes del protocolo de recolocación denuncia irregularidades

Ángel Ojeda, a su salida de los juzgados de Cádiz tras declarar. / EDUARDO RUIZ
Su nombre, Isidro Jiménez, es una de las firmas que quedaron registradas en julio de 2007 en lo que se denominó protocolo de recolocación de Delphi. “Tenía que servir para que los 1.500 trabajadores que nos habíamos quedado en la calle encontráramos trabajo”, recuerda en Cádiz. Dice que no se arrepiente de haber puesto su rúbrica en aquel documento pero que ahora, visto lo ocurrido, jamás lo hubiese hecho. Desde 2009 viene denunciando que aquel documento quedó en papel mojado y alertando de las irregularidades en las que, al fin, la justicia ha puesto el foco. “Nadie podrá encontrar a un solo extrabajador de Delphi que haya encontrado un puesto de trabajo gracias a la formación que recibió tras el cierre. Ahora sabemos que detrás de esos cursos había cargos socialistas y exconsejeros. Que alguien se pudo beneficiar de la desgracia de muchos”.
El dispositivo especial de Delphi fue aprobado por los representantes de la empresa, la Junta y cuatro sindicatos. Fue el fruto de varios meses de movilizaciones después de que la compañía de automoción decidiese cerrar su factoría de Puerto Real. Entonces todavía no había estallado la crisis y el Gobierno autónomo pudo comprometerse a un ambicioso programa con medidas sociolaborales, incentivos a empresas y cursos de formación mientras los operarios seguían recibiendo sus sueldos. Aquel documento, que Jiménez firmó como representante de CGT, fue aprobado por el 90% del colectivo de exempleados.
“El protocolo tenía un apellido que era el de la recolocación. Pero, al final, fue de prejubilación. Más de la mitad de los que debían iniciar los cursos pudo prejubilarse. Y eso no venía en el documento. Si hubiese venido, yo no lo habría firmado”, explica. “Lo que se vendió como un plan para dar trabajo a 1.500 personas era totalmente falso. La Junta y los sindicatos mayoritarios como CC OO y UGT firmaron sabiendo que no iban a cumplir el protocolo”. Los cursos de Delphi, como otros adjudicados a las empresas del exconsejero Ángel Ojeda, están bajo investigación judicial a raiz de las denuncias de profesores, que alertaron de malas prácticas al justificar y cobrar esos planes formativos. Las pesquisas han permitido descubrir que muchos millones de euros fueron a parar al entramado de escuelas formativas de Ojeda. Es lo que ha advertido la juez Mercedes Alaya en el auto por el que imputa al exconsejero Antonio Fernández.
Jiménez: “Ningún trabajador de Delphi tiene empleo gracias a la formación”
“Los trabajadores vimos desde el primer día que los cursos eran una estafa y una engañina. Esos cursos pudieron servir para que algunos ganaran dinero pero no para ayudarnos a reciclarnos”, resume Jiménez. Y pone ejemplos: “Había especialistas en base de datos que recibían las mismas clases que alguien que no había visto en su vida hojas de cálculo. A todo el mundo se le metió en el mismo saco cuando el protocolo establecía tres niveles diferentes. Los que sabían inglés estaban con gente que no sabía nada”, subraya. “Había un desbarajuste que nadie quiso corregir. Entonces empezó a saberse que los que habían montado esas empresas eran antiguos dirigentes de la Junta y ya olía de lejos”, añadió.
Fueron los meses en los que se dio a conocer que algunos cursos consistían en ver películas en inglés o en visitas a bodegas. “El problema no era ese. El problema es que se preocuparon más en prejubilar que en recolocar. El objetivo de los cursos para algunos fue ganar tiempo hasta cumplir 50 años y poder prejubilarse. Ahí estaba la inmoralidad”, afirma.
Jiménez arremete contra los líderes de CC OO y UGT. “El propio presidente del comité, Antonio Pina, llegó a prejubilarse con 50 años. Habría que preguntarse cómo se eligió a los 350 que fueron recolocados en Alestis y por qué antes de que se creara la empresa ya había un comité donde estaban los que formaban el comité de Delphi”. Jiménez cree que lo que se investiga ahora puede destapar el por qué de aquel desaguisado. “La formación era la cáscara de esta posible estafa. Los cursos sirvieron para que el dinero corriera por una tubería con un destino que no fue ayudarnos”.
Por eso Isidro Jiménez se siente víctima. Como otros extrabajadores de Delphi que se han concentrado a las puertas del juzgado para increpar a su salida a Ojeda. Algunos, tras dos años sin recibir prestaciones, aseguran vivir de la caridad familiar. Su portavoz, Francisco Ruiz, ha exigido a la presidenta Susana Díaz que deje de llamarles privilegiados. “Privilegiados fueron los dirigentes que han podido lucrarse con el dinero de nuestra formación”.