jueves, 23 de octubre de 2014

La UDEF investiga 246.000 € en cursos que la Junta dio a una fábrica de chorizos


A mi que eso de que aparezca en la misma frase "Junta" y "fábrica de chorizos"...a estas alturas, sabiendo lo que saben todos los andaluces, como que me da la risa floja...


ZUMAQUERO logró SUBVENCIONES IRREGULARES

La UDEF investiga 246.000 € en cursos que la Junta dio a una fábrica de chorizos

AA
La Policía examina con lupa las subvenciones de la Junta de Andalucía en el caso Edu. Y, en medio de las declaraciones a los más de 3.000 alumnos en toda Andalucía que empezaron hace diez días, la UDEF (Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal) investiga 246.000 euros en cursos de formación a una fábrica de chorizos de Málaga ubicada en Alhaurín el Grande denominada Embutidos Moreno Plaza, S.L.
El empresario Juan Enrique Zumaquero Merino es el beneficiado de estas ayudas “claramente irregulares”, según fuentes de la Policía consultadas por El Confidencial. En la resolución de la Junta de Andalucía del 19 de octubre de 2009, Zumaquero consiguió 162.715,50 euros. Hay otra, fechada el 4 de noviembre de 2010 que aparece concedida por la Dirección Provincial de Málaga del Servicio Andaluz de Empleo igual que la del año anterior. En este caso el empresario consiguió para él mismo 83.767,50 euros, como figura en el BOJA (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía).
“¿Quieres trabajar como elaborador de productos cárnicos en Alhaurín el Grande (Málaga)?
Aquí te dan una oportunidad. La entidad Juan Enrique Zumaquero Merino tiene previsto un curso, al finalizar el cual obtendrás un certificado de profesionalidad. Además el curso tiene compromiso de contratación por lo que alguno/s (no todos) podrán ejercer su nueva profesión”, señalaba una anuncio publicado en la web pueblecillo.com, donde se localizan cursos de formación profesional gratis, subvencionados y privados, además de ayudas para encontrar un empleo en Andalucía.
“Incapaz” de hacer un chorizo
Javier Martín, uno de los alumnos de estos cursos, en desempleo desde 2008, relata en su blog cómo en marzo de 2010 empezó a aprender acerca de la elaboración de embutidos. “Lo primero que nos enseñaron fue la higiene en el trabajo. Este módulo nos lo impartió Fernando Gallardo Fortés. Aquí lo que hacíamos era nada. Él llegaba a la hora que quería, nos decía que no tenía ganas de hacer nada, pero que abriéramos los libros por si venía una inspección por parte de la Junta. Al poco tiempo nos comentó que le pagaban 600 euros a la semana por echar un rato con nosotros de unas 3 o 4 horas al día. Nosotros, en cambio, estábamos de 8 a 2 todos los días”.
Foto: Embutidos Moreno Plaza.Foto: Embutidos Moreno Plaza. La veracidad del testimonio de Martín está verificada por la investigación policial de este caso, según declararon a este diario fuentes de la UDEF. Así continúa el alumno su relato: “Luego vino Pablo, que era el que nos iba a impartir el módulo de riesgos laborales. Este individuo trabaja en una autoescuela y por arte de birli-birloque ahí estaba también chupando del bote. Este, aparte de hablarnos de política sindical de izquierdas, no nos enseñó nada...”.
Tras casi 500 horas de prácticas en Embutidos Moreno Plaza, Martín admite que es “incapaz de hacer un chorizo; pero no por torpeza, qué va, sino porque allí lo único que hicimos fue mover paletas, empaquetar, poner y quitar etiquetas y hacer todo el trabajo sucio de la fábrica. De esta manera, la fábrica pudo dar vacaciones a su personal de plantilla”.
¿Por qué no lo denunció?
“Y os preguntaréis: ¿Por qué no lo denunciaste?”, se pregunta el alumno. “Pues muy simple: porque este curso tenía un compromiso de contratación del 60% y está claro que si íbamos a la Junta a denunciarlo, pues lo más seguro es que yo fuera el primero en no poder entrar a trabajar...”. El curso terminó el 9 de septiembre de 2010, y el compromiso de contratación debía de cumplirse en un plazo no superior a tres meses. En este plazo sólo contrataron a dos alumnos y del resto se olvidaron.
Fabrica de Embutidos Moreno Plaza.Fabrica de Embutidos Moreno Plaza. Martín, en declaraciones a este diario, señala que Zumaquero tenía en las instalaciones donde impartía sus cursos un diploma de haber realizado un curso de formadores del sindicato UGT. “Se rieron de la gente desesperada para trabajar”, destaca este desempleado vallisoletano afincado en Málaga. Martín intercambió varios correos electrónicos con Pedro Jesús Sánchez Becerra, responsable de Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía, en el que este ponía en duda las denuncias contra el empresario, como se detalla en el post "Cosas de chorizos".
Zumaquero, que además consiguió la exoneración por parte de la Junta de justificar el destino de cualquier ayuda por la formación, explicó a El Confidencial que el curso, que duró seis meses y contó con 15 alumnos, se había desarrollado “bien, con total normalidad”. Sobre los comentarios del exalumno Martín, confirmados por  la UDEF, señaló: “No son ciertos”. “Este señor puso en un blog lo que dio la gana”, precisó. El empresario se negó a responder a más preguntas de este diario. “No tengo que darle más información”, remató Zumaquero, quien cuenta con otra sociedad denominada Zureja Formación, S.L. dedicada a captar más cursos de formación

http://www.elconfidencial.com/espana/andalucia/2014-10-23/la-udef-investiga-246-000-en-cursos-que-la-junta-dio-a-una-fabrica-de-chorizos_404149/ 

miércoles, 22 de octubre de 2014

Pastrana y Fernández Sevilla, imputados por las facturas falsas de UGT-A por su 'participación directa'


Quien con la Junta de Andalucía se acuesta...imputado se levanta.



y recuerden: UGT y CCOO se acostaron con la Junta cuando aprobaron la ley 1/2011 de Reordenación del Sector Público. Aqui el vídeo de cuando los funcionarios los pusieron en su sitio, por amancebaos con el poderoso. Parece ser que en esta relación además del amor había interés por el dinero, aunque fuera a costa de traicionar a sus representados.

...porque es dificil imaginar a UGT defraudando sin una Junta de Andalucía que haya arrinconado su obligada labor fiscalizadora del buen uso del DINERO DE FORMACION PARA LOS PARADOS.







FINANCIACIÓN SINDICAL Desvío de subvenciones públicas

Pastrana y Fernández Sevilla, imputados por las facturas falsas de UGT-A por su 'participación directa'

  • Atiende a la petición realizada por la Fiscalía Anticorrupción y los cita para noviembre

  • Fueron 'titulares de la máxima representación y poder en el sindicato' durante los hechos


Francisco Fernández Sevilla y Manuel Pastrana, en Sevilla en mayo de...
Francisco Fernández Sevilla y Manuel Pastrana, en Sevilla en mayo de 2013. CARLOS MÁRQUEZ






El juez de Sevilla que investiga un posible fraude en subvenciones por parte de UGT-A mediante facturas falsas ha imputado en la causa a los dos últimos ex secretarios generales del sindicato, Manuel Pastrana y Francisco Fernández Sevilla.
Según han informado fuentes judiciales, el titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Sevilla, Juan Jesús García Vélez, ha atendido la petición realizada por la Fiscalía Anticorrupción y ha citado a declarar a ambos el próximo mes de noviembre.
En un escrito elevado con fecha 6 de octubre, el Ministerio Público pedía a este magistrado que cite a declarar como imputados a ambos exaltos cargos del sindicato dada su participación "directa" en las actividades investigadas.
En primer lugar, la Fiscalía ponía de manifiesto en su escrito que tanto Pastrana como Fernández Sevilla "fueron titulares a la fecha de los hechos de la máxima representación y poder en el sindicato", precisando que el primero de ellos "fue secretario general durante todo el desarrollo de los hechos investigados y hasta mayo de 2013".

Un 'núcleo de decisión' bien definido

De su lado, Fernández Sevilla "fue secretario de Organizacióndurante el mismo periodo y luego secretario general, y según declaraciones de todos los testigos, pertenece al núcleo de decisión" junto con Manuel Pastrana y el exvicesecretario general de Administración y Recursos Humanos de UGT-A Federico Fresneda.
Según explica la Fiscalía, "este núcleo de decisión se concentra desde el punto de vista orgánico en la comisión ejecutiva del sindicato", aseverando que esta comisión ejecutiva, "y singularmente los acusados, no solo eran conocedores sino que tomaron decisiones en relación con los hechos objeto del presente procedimiento".
A continuación, el fiscal delegado Anticorrupción, Fernando Soto, hace un resumen de los hechos investigados, indicando que, "en esencia, el objeto del presente procedimiento es la financiación irregular del sindicato UGT Andalucía a través de la defraudación generalizada en las subvenciones recibidas relativas a fondos de formación".
Según pone de manifiesto, los hechos investigados "comienzan a implantarse cuando se puso en marcha la llamada central de compras, cuestión que se deduce no solo de las investigaciones sino de las declaraciones de los imputados", y explica que esta central de compras "fue inspiración directa de Manuel Pastrana, según lo manifestado por Fresneda, y continuó en la implantación de la misma Francisco Fernández, no solo en su época de secretario de organización, sino en el periodo que sucedió a Pastrana".

Presunto desvío de fondos por distintas vía

El Ministerio Público señala que "esta financiación ilícita" se llevaba a cabo por medio de varias "vías", la primera de ellas el denominado 'rapel', una "figura a tenor de la cual se repercutía un porcentaje en las compras que hacía el sindicato a un proveedor, soportado por este y posteriormente ingresado en la cuenta señalada por el sindicato".
"Luego ante la Administración, el sindicato presentaba la factura sin incluir ese descuento, lucrándose así en el exceso y falseando las justificaciones que presentaban a la Administración", asevera el fiscal, precisando que "los importes totales obtenidos por el sindicato a través de este 'rapel' se repartían entre la propia estructura regional y las uniones provinciales", y "el lugar en que se hacía era la comisión ejecutiva".
Otra "vía" era el 'bote', a través del cual el sindicato "encargaba laelaboración de facturas simuladas, que sin responder a realidad o negocio jurídico alguno, pasaba a formar parte de una cuenta acreedora de UGT con terceros, y siempre previo pago de esas facturas", lo cual "hacía que el sindicato sostuviera actividades al margen de la subvencionada con cargo a ese 'bote'".
"Así y de esa manera, la actividad ordinaria de la entidad se sufragaba con fondos que realmente eran procedentes de subvenciones destinadas a fondos de formación", pone de manifiesto la Fiscalía en su escrito.
El Ministerio Público destaca que en la rendición de cuentas que Fresneda presentaba periódicamente ante la comisión ejecutiva "se incluía el monto obtenido por el 'rapel', se informaba sobre el mismo y al mismo tiempo se decidía sobre la propuesta de reparto por la comisión", tal y como afirmó Roberto Macías, secretario de Fresneda en Administración y posteriormente en el departamento de compras

lunes, 20 de octubre de 2014

Alaya apunta a la financiación ilegal del PSOE a través de los cursos de formación

Munición de grueso calibre contra FAFFE y el contubernio que la ha amamantado.

Aunque para serles sinceros...este Régimen  cortijero resiste eso y más, y si no IU le apuntala cuando se le abre una brecha, que para eso juraron fidelidad a su amo.



50 MILLONES DE EUROS SIN JUSTIFICAR

Alaya apunta a la financiación ilegal del PSOE a través de los cursos de formación


AA
La juez Mercedes Alaya, que instruye una nueva macrocausa sobre los fondos de formación en Andalucía, no se ha andado con rodeos. Cuando algunos ponen en duda su competencia en este caso, la juez ha dejado claro que no piensa amedrentarse y que sus miras están puestas más allá del fraude de los cursos en una supuesta financiación ilegal del PSOE con estos fondos. En la sexta jornada de declaración de su principal testigo en esta causa, el funcionario Teodoro Montes, la magistrada le ha preguntado directamente sobre si la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe), en el epicentro de la supuesta trama, “financiaba al PSOE con cargo a los fondos que recibía de la Junta de Andalucía”, según fuentes judiciales.
El testigo ha eludido contestar directamente a la pregunta aunque ha dejado claro sus “numerosas dudas” y ha subrayado que este organismo, extinguido en mayo de 2011, estaba integrado por cargos en el PSOE y familiares directos, antiguos alcaldes y concejales socialistas, que ocupaban los puestos de trabajo en esta fundación y cobraban “hasta tres y cuatro veces más” que cualquier funcionario.
Cuando arrecian las críticas contra la instrucción de la juez Alaya y algunos tratan de poner en entredicho la validez de este testigo, funcionario de la administración desde hace más de 40 años y en una personal cruzada contra sus superiores, la magistrada ha dejado constancia de por dónde van sus indagaciones. Teodoro Montes se dirigió a las puertas del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla hace más de un año y fue reconducido la UCO de la Guardia Civil, el brazo armado de Alaya en el caso ERE.
Teodoro Montes, antiguo responsable de Formación Ocupacional de la Junta. (EFE)Teodoro Montes, antiguo responsable de Formación Ocupacional de la Junta. (EFE)
Fue lo que puso de manifiesto en su interrogatorio el abogado de la Junta de Andalucía, que además acreditó que Montes estaba imputado en un supuesto delito de falsedad en relación a unos cursos por suplantación de identidad de los alumnos. En este punto quedó la declaración el pasado viernes. Alaya la ha retomado con fuerza señalando a la Faffe, que está en el punto de mira desde hace ya casi un año.
Fue la Cámara de Cuentas (que ya alertó de irregularidades en 2004 aunque sus advertencias cayeron en saco roto) la que destapó que en esta fundación en los años 2009 y 2010 se habían repartido casi 50 millones de euros sin justificación. El 89% de las subvenciones concedidas no estaban bien justificadas. La Fiscalía abrió una investigación a raíz de las irregularidades destapadas por el órgano auditor.
50 millones sin justificar
La Faffe fue creada en 2003 tras recibir la Junta de Andalucía el traspaso de las políticas activas de empleo. Su principal misión era la formación de los parados andaluces. La juez Alaya ha preguntado al testigo sobre esos 50 millones de euros que han desaparecido según la propia Cámara de Cuentas. El plazo de justificación de esas cantidades expiró el pasado 30 de marzo de 2012. El declarante ha mostrado “serias dudas” sobre que los cursos con cargo a estas subvenciones se hubieran realizado y la magistrada ha puesto de manifiesto su extrañeza porque ese dinero hubiera sido devuelto desde la Faffe, una vez extinguida, al Servicio Andaluz de Empleo (SAE).
También, según fuentes judiciales, Alaya se ha referido a otra subvención de 16 millones de euros que le fue adjudicada a la desaparecida fundación una vez que ya estaba extinguida y que el  Tribunal Superior de Justicia de Andalucía condenó al Servicio Andaluz de Empleo a devolver. En este punto la instructora ha considerado “absurdo y poco creíble” que la administración se devuelva dinero a sí misma, tanto como que se conceda esta subvención a una entidad que ya no existía. A continuación, Alaya ha dejado claro por dónde van sus pesquisas al interpelar directamente al testigo sobre una posible financiación ilegal del PSOE a través de esta fundación.
El expresidente de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán. (EFE)El expresidente de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán. (EFE)
El principal testigo en esta macrocausa judicial, según fuentes del caso, ha denunciado que la fundación de Empleo se convirtió en una “administración paralela” de la Junta con el objeto de “aleccionar y adoctrinar” y ha insistido en varias ocasiones que después de extinguida su contabilidad y los expedientes de los cursos dependientes de la Faffe han estado a resguardo de los funcionarios y solo podían ser manipulados por el antiguo personal de la fundación.
La Faffe fue una fundación que llegó a tener una plantilla de 1.200 personas, cuyas retribuciones estuvieron muy por encima de la media. Esto también ha sido puesto de manifiesto por la Cámara de Cuentas, que tiene el mandato del Parlamento andaluz de elaborar una segunda auditoría sobre este organismo. Cuando José Antonio Griñán accedió a la presidencia de la Junta tomando el testigo de Manuel Chaves y estalló el caso ERE, intentó acabar con todo lo que estuviera relacionado con la antigua Consejería de Empleo y su titular, el consejero Antonio Fernández, imputado por Alaya tanto en este caso de la formación como el fraude de los ERE.
En ese marco y dentro de un plan puesto en marcha para reordenar el sector público se dio la orden política de acabar con la Faffe. Fue una decisión muy problemática. Hubo despidos, aunque la mayoría de sus trabajadores, hasta 700, fueron integrados en el SAE en una decisión política muy discutida incluso en los tribunales de justicia.
El exconsejero de Empleo Antonio Fernández. (EFE)El exconsejero de Empleo Antonio Fernández. (EFE)
La mayoría de esos trabajadores han estado dos años sin ninguna función conocida. El funcionario Teodoro Montes certificó ayer ante la juez Alaya que aunque la Faffe se suprimió en mayo de 2011 no es hasta junio de este año 2014 cuando sus expedientes llegan a la Consejería de Educación, donde residían las competencias sobre formación desde hacía más de un año. Ya en otra jornada de sus seis días de declaración señaló que le habían obligado a firmar 25 cursos que no se habían realizado. En su primera declaración ante la Guardia Civil hablo de hasta 450 cursos fantasma organizados por la Faffe.
Autobuses contra Aznar con cargo a la formación
El testigo ha señalado otras fundaciones públicas como Aesim, Asociación de Estudios Sociales por la Igualdad de la Mujer, o la EMA-RTV, asociación de emisoras municipales de Andalucía de radio y televisión, como entidades públicas con un “trato privilegiado”. De su etapa como funcionario en la Consejería de Asuntos Sociales ha denunciado que en la primera huelga general contra el Gobierno de José María Aznar “los autobuses de los sindicatos de Andalucía a Madrid se pagaron con dinero de proyecto de inmigración y formación”, según han trasladado fuentes judiciales.
Asimismo el testigo, que lleva desde 1970 en la administración andaluza, ha puesto en duda el destino de los fondos de empleo del Plan E y el Proteja. La jueza ha protegido la validez de su testimonio y sus opiniones personales “por los 45 años que lleva en la casa”, según fuentes judiciales.
Tras seis días ante la juez Alaya, el testigo ha respondido a las preguntas del abogado defensor del exconsejero de Empleo Antonio Fernández. Según fuentes judiciales, el letrado Alfonso Martínez del Hoyo ha tratado de poner de manifiesto que el funcionario no tiene ninguna preparación jurídica, que solo vierte opiniones personales y ha subrayado su responsabilidad final sobre los cursos, que tenía obligación de supervisar y controlar y, en caso de detectar irregularidades, anular. En este sentido ha puesto de manifiesto que hasta 2012 Montes no puso ninguna denuncia policial o judicial. El funcionario ha admitido que fue víctima de una “larga depresión” por su caso de mobbing

EL MUNDO: Denuncian a 42 altos cargos de la Junta por malversación de 980 millones en subvenciones

Desde el 2010 los funcionarios vienen denunciando lo mismo. En la Junta tampoco han cambiado. A ver quien se cansa antes.




FUNCIÓN PÚBLICA A través de la Administración paralela

Denuncian a 42 altos cargos de la Junta por malversación de 980 millones en subvenciones

  • El SAF entiende que otorgaron ilegalmente contratos a las agencias públicas

  • El trabajo realizado por estas entidades corresponde a los funcionarios públicos


El Sindicado Andaluz de Funcionarios (SAF) ha presentado una denuncia ante el juzgado de instrucción de Sevilla contra 42 altos cargos de la Junta de Andalucía por presuntos delitos deprevaricación, usurpación de los funciones de los funcionarios y malversación de como mínimo 980 millones.
El presidente del SAF, José Manuel Mateo, ha explicado que la Junta ha incumplido su propia ley de reforma del sector público de 2011, de forma que los empleados de las agencias empresariales -creadas en virtud de dicha normativa- han desempeñado los trabajos que son potestad de los funcionarios como la tramitación de subvenciones y la adjudicación de contratos.
El SAF cifra en un mínimo de 980 millones la cantidad en subvenciones y en adjudicación de contratos realizada en los tres últimos años por empleados públicos, no funcionarios, de siete agencias empresariales de la Junta, y este cálculo se basa en un muestreo a través de las subvenciones publicadas en el Boletín Oficial de la Junta (BOJA) y de las plataformas públicas de contratación.
El presidente del SAF ha denunciado que la Junta ha creado una"ingeniería jurídica para dar apariencia de legalidad a lo que es inconstitucional como es la ley del enchufismo o a la administración paralela" y, por ello, el objetivo de esta denuncia es "desenmascarar el entramado jurídico de los entes instrumentales".
La denuncia se dirige contra 42 altos cargos de la Junta, de los que 26 son de la administración general y tienen rango de viceconsejeros y secretarios generales técnicos por ser los responsables de personal, y contra 16 gerentes de agencias públicas empresariales
.
Este sindicato inició en 2011, cuando la Junta aprobó la reforma del sector público, una batalla legal contra dicha ley por entender que se daba carta de legalidad a la administración paralela, y desde 2011 ha presentado más de 150 denuncias en diferentes ámbitos judiciales -contencioso administración y penal-, que ha ganado casi todas, según el presidente del SAF.


El consejero Luciano Alonso burló la ley para dar 600.000 euros en subvenciones




SIN PASAR POR EL BOLETÍN OFICIAL ANDALUZ

El consejero Luciano Alonso burló la ley para dar 600.000 euros en subvenciones


AA
Su paso por la Consejería de Turismo no pudo ser más irregular. Lo certifican los datos. El socialista Luciano Alonso, actual consejero de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, burló la ley para dar 600.000 euros en subvenciones que tenían que haber pasado por el BOJA(Boletín Oficial de la Junta de Andalucía), según un contundente informe de la Cámara de Cuentas andaluza sobre su gestión en Turismo.
Este órgano de control del Parlamento de Andalucía analiza los periodos 2008-2011, cuando Alonso capitaneaba esta consejería a las órdenes primero de Manuel Chaves y luego de José Antonio Griñán (desde abril de 2009). El político malagueño, portavoz en el escándalo de los cursos de formación, que le afecta a su primo, además de las subvenciones millonarias a la empresa de su antigua secretaria, como desveló El Confidencial, es uno de los consejeros claves del Gobierno de Susana Díaz. IU controla Turismo desde septiembre de 2013.
En octubre de 2010 se aprobaron un total de 49 resoluciones de concesión, una por proyecto subvencionado, por un importe global de 0,68 millones de euros. “No consta la publicación en el BOJA de las resoluciones de concesiónsegún establece el artículo 18 de la Ley General de Subvenciones”, certifica la Cámara de Cuentas, que recuerda que los beneficiarios están obligados a presentar la documentación justificativa de la inversión realizada.
Luciano Alonso, junto a José Antonio Griñán. (Efe)Luciano Alonso, junto a José Antonio Griñán. (Efe)
El 31 de diciembre de 2011 ni uno solo de los que obtuvieron la subvención disponían de los documentos solicitados. El importe que encontraba fuera del plazo de justificación se ha estimado en 0,41 millones de euros. Esta línea de subvenciones regladas, que tan sólo tuvo una convocatoria en 2009, no figura entre los indicadores del programa 75B (“Planificación, ordenación y fomento del turismo”).
122 millones ‘desaparecidos’
La Cámara de Cuentas certifica también que existen 122,38 millones de euros pagados por la consejería que no aparecen en el presupuesto de un periodo con 66 convenios y 1.604 subvenciones. Turismo también anunció 120 millones de euros para respaldar a las pymes turísticas y comerciales, sin personalidad jurídica. Al final sólo se han pagado 24 millones, incluidos unos gastos a la consejería de 1,34 millones. Únicamente el 7% de lo prometido fue a manos de empresas.
Respecto a las operaciones impulsadas por la consejería dirigida por Alonso a través del Fondo de Apoyo a Empresas Turísticas, durante 2009 no se ejecutó ninguno de los 112 instrumentos financieros que se marcó como objetivo y que alcanzaban un presupuesto de 67 millones de euros. Durante 2010 se formalizaron siete de estos instrumentos, valorados en 4,78 millones de euros, “lo que se aleja se forma significativa de los 83 fijados como objetivo por importe de 50 millones de euros”.
Sesión de control al Ejecutivo en el parlamento andaluz. (Efe)Sesión de control al Ejecutivo en el parlamento andaluz. (Efe)
Hay más. En 2011 estaban previstas 42 operaciones con salida de efectivo por importe de 13,20 millones de euros y se formalizaron sólo 10, por un valor de 5,74 millones de euros. También estaban previstas operaciones sin salida de efectivo (avales) y no se materializó ninguna de las dos previstas por un importe de dos millones de euros. La Cámara de Cuentas critica que el procedimiento establecido para el análisis y concesión de las solicitudes detectadas “carece de formalidades en los trámites internos” y de un “adecuado” sistema de seguimiento de las solicitudes que se encuentran en trámite.
“Se recomienda que se lleven a cabo las medidas oportunas para mejorar los sistemas de seguimiento de la actuación de las entidades colaboradoras que permitan dar mayor celeridad a la tramitación de los expedientes. Igualmente, sería recomendable la ampliación de los indicadores establecidos para medir la actividad del fondo, incluyendo aspectos cualitativos”, certifica el órgano de control.
En las conclusiones se destaca cómo en la etapa que Alonso llevó las riendas de Turismo no se cuantificó el número de convenios o actuaciones realizadas. Tampoco existió “correlación directa” con la ejecución de los créditos presupuestarios gestionados por la consejería, ni se conoce el grado de cumplimiento del Plan General de Turismo Sostenible.
Información dispersa
Y, la última, no menos importante: insta a que la consejería muestre la ejecución alcanzada por las entidades dependientes de ella que gestionan los programas presupuestarios.
La Cámara de Cuentas certifica que existen 122,38 millones de euros pagados por la consejería que no aparecen en el presupuesto
“Actualmente esta información se encuentra dispersa en las cuentas anuales de los distintos agentes implicados (Fundación Andaluza de Arte Ecuestre, Empresa Pública de Turismo y Fundación Cinnta)”. Estos dos entes concentran la mayor parte de las transferencias de capital y transferencias corrientes. La Cámara de Cuentas no dispone de todos los datos de ejecución de la Empresa Pública de Turismo y de Cinnta.
Teresa Ruiz Sillero, diputada del PP en el Parlamento de Andalucía, exigió en declaraciones a este diario que la presidenta de la Junta de Andalucía tomara medidas. “Debe tomar la iniciativa. Si ella hace gala que quiere acabar con la corrupción que lo haga de verdad y examine las gestiones irregulares de su consejero con subvenciones no justificadas”, indicó la parlamentaria andaluza, que añadió: “¿Para qué quieren una banca pública si ya tienen instrumentos para ayudar a las empresas a financiarla y esos instrumentos no lo utilizan , prometen que van a dar dinero y no lo dan?”. Y añadió: “La gestión de Alonso en Turismo le incapacita para seguir en Educación”.
Ni el exconsejero de Turismo, ni el actual titular, quisieron hablar con ElConfidencial para dar su punto de vista sobre el informe de la Cámara de Cuentas de Andalucía.
http://www.elconfidencial.com/espana/2014-10-20/el-consejero-luciano-alonso-burlo-la-ley-para-dar-600-000-euros-en-subvenciones_331411/