martes, 16 de junio de 2015

Caso Edu: las tres mentiras del PSOE andaluz sobre la detención de su alcalde en Punta Umbría


LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

Caso Edu: las tres mentiras del PSOE andaluz sobre la detención de su alcalde en Punta Umbría

La Junta y el partido sabían desde el viernes que el regidor de la localidad onubense había sido citado por la UDEF para que acudiera con abogado a comisaría por el megafraude de los cursos de formación. Pese a ello, su reacción al arresto estuvo plagada de falsedades y medias verdades.  
Susana Díaz, presidenta de la Junta, en una imagen reciente. - Foto EFE

Detenido, acusado por la Policía de tres delitos y... negándolo todo públicamente. El arresto este lunes del recién elegido alcalde de Punta Umbría (Huelva), el socialista Gonzalo Rodríguez Nevado, por su presunta implicación en la 'Operación Eduende' (cuarta fase del 'caso Edu') ha caído como un jarro de agua fría en su partido y en la Junta de Andalucía. Las escasas 48 horas que habían transcurrido desde que el regidor accediera al puesto y las 24 desde que Susana Díaz tomara posesión de la Presidencia parecieron pillar a contrapié al PSOE que durante todo el lunes negó, primero el arresto y, más tarde, que hubiera una acusación en firme contra su correligionario. Sin embargo, los hechos echan por tierra algunas de las afirmaciones que durante todo el lunes defendieron desde sus filas. Estas son las tres más llamativas sobre una investigación que, en el caso del primer edil, ha destapado graves irregularidades en la concesión en 2011 de una subvención de 202.282 euros para impartir cursos para parados.
Detenido con reseña policial. Desde que Vozpópuli desvelase en exclusiva a las nueve y media de la mañana que Rodríguez Nevado había sido detenido poco antes por agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), tanto el alcalde, como su partido y la propia Susana Díaz negaron que el político estuviera arrestado. Se referían a una simple citación, que "no es una detención", para que fuera a prestar testimonio. Sin embargo, en la llamada teléfonica que recibió el regidor onubense de la Policía el pasado viernes para que acudiera a las nueve de la mañana a la comisaría provincial de Huelva (un sistema contemplado por la ley y del que queda constancia oficial mediante los llamados telefonemas que se incorporan a la causa) ya se le señaló que lo hacía como imputado. De hecho, se le indicaba que debía hacerlo necesariamente acompañado de abogado, lo que despejaba cualquier duda sobre la situación en la que iba a ser interrogado.
Al llegar a comisaria junto a su abogado, la UDEF leyó al alcalde de Punta Umbría sus derechos, se le comunicaron los tres delitos de los que se le acusa y se le hizo su reseña policial
Nada más llegar a la comisaría, Rodríguez Nevado fue informó de que estaba detenido y se le leyeron sus derechos. También se elaboró la pertinente reseña policial, como a todos los detenidos. Además se le comuniaron las acusaciones que pesaban contra él. En concreto, tres delitos: estafa, fraude en la obtención de subvenciones y falsedad en documento. Tras ello, se inició el interrogatorio que duró escasos minutos, ya que se acogió a su derecho a no declarar. Cuando poco después abandonaba el centro policial, lo hacía el libertad con cargos, a la espera de que el titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Huelva, Javier Romero, que dirige la 'Operación Edu' en esta provincia, le haga comparecer también como imputado. La misma situación -y actitud- adoptaron su hermana y dos sobrinos, quienes también acudieron este lunes a comisaría a petición de la UDEF para responder sobre las supuestas irregularidades en la subvención de 2011 que recibió la empresa familiar ahora bajo sospecha.
Empresario hasta 2012. Otro de los argumentos esgrimidos por el PSOE para no forzar la renuncia a su cargo de Rodríguez Nevado era la supuesta desvinculación del mismo con la empresa investigada por la subvención recibida: El Paraíso de la Dehesa SL. Según destacaban este lunes el secretario general de la formación en Huelva, Ignacio Caraballo, el alcalde se encontraba fuera de la misma desde el año 2007 y "los hechos que se le atribuyen son posteriores a la desvinculación que él tiene con esa empresa". Además, añadió que el regidor local "no era responsable" de la misma en el momento, 2011, en el que se impartieron los cursos para parados bajo sospecha.
En el Registro Mercantil, Rodríguez Nevado figuró como administrador único de la empresa familiar bajo sospecha hasta 2012, y no 2007 como insistían desde el PSOE para exculparle
Sin embargo, el Registro Mercantil echa por tierra estas afirmaciones y confirma que Rodríguez Nevado fue el administrador único de la sociedad hasta enero de 2012. Es decir, casi un año después de que la Junta de Andalucía otorgara a la misma los 202.282 euros para que impartiera cursos de formación. Sólo entonces delegó su responsabilidad en su hermana y sus dos sobrinos. Algo similar hizo semanas después en una segunda sociedad, El Paraíso de Punta Umbría SL. Con ambas mercantiles gestionaba, según las fuentes consultadas, tres restaurantes de alto standing en la provincia ya cerrados por deudas con la Seguridad Social. Además, la documentación que aparece en el expediente que el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) elaboró en 2011 para otorgar la ayuda, y que se ha incorporado al sumario, figuran numerosos documentos en los que aparece su nombre como titular de la misma. Incluso, hay algunos en los que consta su firma.
Ninguna colaboración. Entrevistada en directo en El Programa de Ana Rosa, de Telecinco, la propia Susana Díaz no sólo negó que el alcalde de Punta Umbría hubiera estado detenido, sino que aseguró que había acudido a la citación de la Policía para prestar su testimonio con "absoluta colaboración y transparencia". Sin embargo, esta supuesta colaboración con la UDEF había quedado ya en aquel momento completamente en entredicho ya que, como reconocían desde el propio PSOE, Rodríguez Nevado se negó a declarar ante los agentes e, incluso, no facilitó en ningún momento los trámites legales de su detención, según aseguran a este diario fuentes cercanas a la investigación. Una actitud que se repitió con los otros tres familiares que acudieron a declarar y que, siempre según estas fuentes, adoptaron una actitud "idéntica, claramente acordada entre ellos antes de su comparecencia".
Susana Díaz aseguró que su correligionario prestaría su testimonio con "absoluta colaboración y transparencia" cuando ya se había negado a declarar ante la Policía
Tampoco mostraron transparencia ante la prensa durante todo el día de ayer ni el alcalde detenido ni su partido ni la Junta. El primero se limitó a negar las acusaciones con monosílabos cuando fue abordado a la salida de la Comisaría por La Sexta. Su partido en Huelva respaldó sus palabras en una rueda de prensa en la que aportó poca información y más confusión. Cuando se puso este diario en contacto con la formación, se limitaron a remitir a dicha comparecencia pública declinando añadir más información. Sólo admitieron conocer desde el viernes que Rodríguez Nevado había sido citado a declarar en Comisaría. Por su parte, el equipo de prensa de la Junta de Andalucía no atendió los requerimientos de información de este diario. Un silencio en la línea de la actitud que mantuvo el regidor ante la Policía cuando fue detenido y acusado de tres delitos. El mismo número que las mentiras que ayer defendió el PSOE ante la opinión pública.

http://vozpopuli.com/actualidad/63943-caso-edu-las-tres-mentiras-del-psoe-andaluz-sobre-la-detencion-de-su-alcalde-en-punta-umbria

miércoles, 10 de junio de 2015

¡20 Euros para acabar con El Cortijo!


Los amigos de la página Defiendo mi Derecho y la Gestión Pública informan que han iniciado una nueva recolección de fondos para continuar el frente judicial que lucha contra el Régimen en los tribunales.

Aquí el enlace con los detalles:

http://defiendomiderecho.blogspot.com.es/2015/06/se-inicia-la-recaudacion-para-completar_9.html


Hoy tal vez es un buen día para canalizar el hartazgo, decepción y cabreo ante la imposibilidad de parar los desmanes de la Junta en lo relativo a la consolidación progresiva de la Administración Paralela con las complicidades de los habituales partidos y sindicatos del pesebre (PSOE, IU, UGT y CC.OO.) y, probablemente por alguno que otro de nueva creación pero con ansia viva por chupar de la inagotable ubre pública andaluza, aún a costa de perder la virtud. Para los lentos de reflejos, me refiero a C's. Ese partido al que voté hace tres meses y ya me está escamando.

Particularmente, nunca me ha dado más placer que gastar estos euros en acciones que, lo mismo, dan al traste con este mastodonte de prepotencia, clientelismo y jeta llamado Junta de Andalucía, en particular a todo lo relacionado con la Ley de Reforma de la Administración Pública.

Y aquí va la prueba de que al menos mis veinte pavos ya están ingresados.

De todas formas, no creo que desde los organizadores de la cuestación pongan ninguna pega a cualquier ingreso de otra cantidad menor, por lo que os animo a darle fuerte a esta plebe donde más le duele: en los tribunales.

Si no, esperad a que a base de elecciones y pactos "responsables" El Cortijo se derrumbe...


lunes, 8 de junio de 2015

SOCIATAS: Grupo México pagó comisiones en el concurso de Aznalcóllar



Grupo México pagó comisiones en el concurso de Aznalcóllar

  • La empresa Magtel, afín a la Junta, habría vendido sus influencias por 1,2 millones

  • El grupo cordobés recibió una comisión por 'servicios previos' tras ganar el concurso

Vista general de la corta Los Frailes, inundada, en el yacimiento de...
Vista general de la corta Los Frailes, inundada, en el yacimiento de Aznalcóllar. JESÚS MORÓN

     
  • Ver más
El grupo Magtel -al que un juzgado investiga por tráfico de influenciascon la Junta- recibió de Grupo México algo más de un millón de euros por sus «servicios» en el concurso de adjudicación de la mina de Aznalcóllar, que el gobierno de Susana Díaz le acabó otorgando en un procedimiento que fue paralizado precisamente por las sospechas de amaño. La adjudicación a Magtel -teóricamente asociada con la multinacional mexicana- la llevó a cabo la Junta «sin el más mínimo rigor», según la magistrada Patricia Fernández.
El supuesto trato de favor a Magtel por parte de la Junta sería en realidad, según la documentación que maneja el Juzgado de Instrucción 3 de Sevilla, una intermediación a favor de Grupo México por el que esta compañía minera habría pagado a Magtel.
De hecho, entre los documentos que la Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Junta ha enviado al juzgado a petición de la juez está una factura emitida por Minorbis -la filial creada por Magtel ex profeso para optar a la adjudicación de la mina- a AMC Mining Iberia S.L.U. -filial, a su vez, de Grupo México- por un importe de 1.210.000 euros.
A modo de concepto, la empresa controlada por los hermanos López Magdaleno factura este millón largo de euros como «honorarios por servicios de coordinación previa» a AMCMining Iberia (que es lo mismo que decir Grupo México) «para el desarrollo e impulso del proyecto de explotación de la reserva minera de Aznalcóllar».
La factura aparenta ser una comisión en toda regla por las gestiones realizadas para lograr la adjudicación de la mina ante la Junta, con la que según los investigadores de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional Magtel tenía relaciones privilegiadas.
Precisamente, las sospechas de los investigadores apuntan a que el grupo empresarial con sede en Córdoba pudo valerse de sus conexiones con el gobierno autonómico socialista -a través, fundamentalmente, de varios ex altos cargos- para lograr la mina, un presunto caso de tráfico de influencias que iría mucho más allá.
Tanto como para poner en cuestión los 23,6 millones de euros que entre 2009 y 2011 recibió el conglomerado empresarial de la familia López Magdaleno de la Junta en concepto de subvenciones públicas, así como los 28,3 millones recibidos de las mismas arcas públicas en forma de préstamos. Todo ello está siendo investigado ahora mismo por la Policía.
El papel de supuesto conseguidor de Magtel viene avalado, además, por el hecho de que pese a que fue el rostro visible del consorcio Minorbis-Grupo México al que la Junta dio los derechos mineros de Aznalcóllar el 25 de febrero pasado, la sociedad que finalmente se ha hecho con el control del yacimiento, Minera Los Frailes S.L. la constituyó Grupo México como única propietaria.
Sólo con posterioridad, la multinacional mexicana dio entrada a Minorbis mediante la venta simulada de un participación muy minoritaria. En concreto, Grupo México pagó a Magtel por sus «servicios» en el concurso minero con acciones de Minera Los Frailes.
Así se refleja en la documentación en poder de EL MUNDO de Andalucía, entre la que se incluye una escritura notarial de compraventa de 13.049 participaciones que representa apenas el 1,30% del capital social de Minera Los Frailes S.L., un porcentaje que como mucho podría haber ascendido al 2,688% en virtud de un pacto entre los socios que contemplaba la posibilidad de adquisición por parte de Magtel de más acciones, aunque esto no está acreditado.
En definitiva, Grupo México controla entre el 98,7 y el 97,3% de Minera Los Frailes, la sociedad a la que la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo adjudicó la mina de Aznalcóllar en el polémico concurso llevado a los tribunales por la otra aspirante, Emerita Resources, y Ecologistas en Acción.
Hay otro detalle que llama sobremanera la atención en este rosario de operaciones mercantiles, que buena parte de ellas se llevaron a cabo el mismo día, el pasado 11 de mayo, precisamente la fecha límite establecida por la Junta de Andalucía para que los ganadores del concurso aceptasen formalmente la adjudicación.
El día 11 está fechada la factura emitida de Minorbis por sus «servicios» a Grupo México y ese mismo día se lleva a cabo ante el notario Andrés de la Fuente la cesión de acciones a la filial de Magtel como pago.
En el escrito presentado por Minorbis-Grupo México para aceptar los derechos mineros, los adjudicatarios ponen de manifiesto sus reticencias a asumir el yacimiento en esa fecha y que lo hacen por imposición de la Dirección General de Minas, que rechazó dos solicitudes pidiendo una prórroga del plazo oficial.
Sólo tras agotar las opciones, Minera Los Frailes aceptó la mina y en unas pocas horas cerró operaciones de compraventa y acuerdos societarios, entre los que estaba el pago de la comisión a Magtel.

El 'fondo de reptiles' becó a tres de los ocho candidatos del PSOE

Por cierto, ese curso también lo tiene Susana Díaz en su magro C.V... ¿escándalo a la vista?



Biografía

Susana Díaz Pacheco (Sevilla, 1974) es licenciada en Derecho por la Universidad Hispalense y diplomada en Alta Dirección de Instituciones Sociales por el Instituto Internacional San Telmo.


CASO ERE

El 'fondo de reptiles' becó a tres de los ocho candidatos del PSOE

  • Gabriel Cruz (Huelva), María Gámez (Málaga) y Francisco Cuenca (Granada) se diplomaron en el Instituto San Telmo gracias a los ERE

  • La propia Junta considera ilegales las ayudas otorgadas

  • El precio del curso de alta dirección subvencionado es de unos 3.500 euros

Los candidatos del PSOE Gabriel Cruz (Huelva), Francisco Cuenca...
Los candidatos del PSOE Gabriel Cruz (Huelva), Francisco Cuenca (Granada) y María Gámez (Málaga).

     
  • Ver más
Los candidatos del PSOE a las alcaldías de Granada, Huelva y Málaga se diplomaron en Alta Dirección de Instituciones Sociales por el Instituto Internacional San Telmo con becas concedidas por el fondo de reptiles para los ERE. La Junta de Andalucía ha considerado ilegales las subvenciones que la Consejería de Empleo concedió entre 2004 y 2010 a la Fundación San Telmo para costear los cursos de dirigentes políticos.
Fuentes consultadas por EL MUNDO conocedoras de aquellos procedimientos aseguraron que todos los cargos públicos de la Junta de Andalucía que cursaron estos estudios en el Instituto Internacional San Telmo contaron con el mecenazgo del fondo de reptiles.
De los tres becados, Gabriel Cruz es el que mejor resultado electoral ha obtenido, logrando una mayoría simple que, previsiblemente, lo convertirá el sábado en alcalde de Huelva. Cuando era delegado de la Consejería de Vivienda en la provincia de Huelva, en 2009, cursó la diplomatura en Alta Dirección de Instituciones Sociales en el Instituto San Telmo, becado por el fondo de reptiles. A preguntas de este periódico, Gabriel Cruz eludió explicar cómo llegó al curso.
La Dirección General de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía concedió una subvención de 280.000 euros a la Fundación San Telmo en noviembre de 2007 para becar a 80 alumnos en el curso 2008/2009, 40 en las sesiones celebradas en Sevilla y otros 40 en las celebradas en la sede que tiene el Instituto San Telmo en Málaga.
Entre los asistentes al curso en Sevilla estaba Gabriel Cruz, entonces delegado provincial de la Junta. El importe de la beca, resultante de dividir los 280.000 euros otorgados entre los 80 participantes subvencionados, sería de 3.500 euros.
Ese mismo año, en la edición del curso celebrada en Málaga, se diplomó en Alta Dirección de Instituciones Sociales con el patrocinio del fondo de reptiles el entonces delegado provincial de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa en Granada, Francisco Cuenca. Éste ha sido candidato del PSOE a la Alcaldía de Granada, resultando segunda fuerza más votada y con opciones de convertirse en regidor si Ciudadanos cumple su amenaza de negociar con el PSOE si no dimite el candidato popular, José Torres Hurtado.
Cuenca dijo el viernes a este periódico que realizó el curso y que tiene todos los documentos que acreditan que lo solicitó y se lo concedieron. «Ahora mismo no sabría decir con seguridad cómo lo hice. Sí recuerdo que eché la solicitud y que me enviaron la notificación de que estaba inscrito», señaló Cuenca.
El candidato del PSOE en Granada dijo que solicitó el curso porque vio «la información en la web» y sobre cómo lo costeó señaló: «No tengo ni idea, imagino que lo pagaría yo». Las fuentes consultadas por este periódico aseguran que todos los cargos de la Junta fueron becados por la partida 31.L o fondo de reptiles.
La tercera candidata socialista becada por el fondo de reptiles es la malagueña María Gámez, que cursó la diplomatura en 2006, siendo delegada provincial de Innovación, Ciencia y Empresa en Málaga. En aquella ocasión, la Junta de Andalucía aportó 260.000 euros del fondo de los ERE para formar a 60 participantes, por lo que la cuantía de la beca de la que se benefició Gámez ascendería a 4.333 euros.
En el convenio firmado entre la Junta de Andalucía y la Fundación San Telmo para esa edición del curso se señala que se becaría a 30 participantes en Sevilla y a otros 30 en Málaga «designados por la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social» de la Junta.
Gámez explicó a este periódico que la Delegación del Gobierno de la Junta en Málaga ofreció ese curso a políticos y altos funcionarios de la Junta. «Había un cupo para ellos, se me ofertó y acepté. Además de ser entonces delegada provincial soy funcionaria de carrera», recordó. La candidata socialista señaló que no recibió ninguna información por escrito sobre los cursos ni tuvo que abonar nada. Tampoco preguntó cómo se financiaba esa formación porque «era ofertada por la Junta, así que no vi nada preocupante».
EL MUNDO ha intentado conocer la versión del Instituto San Telmo mediante varias llamadas telefónicas, pero no ha obtenido respuesta.
Sí existen varios documentos de dicha entidad que atestiguan que la Junta becaba a participantes. Así, en las alegaciones presentadas ante la Junta cuando ésta inició expediente de revisión por considerar ilegales las ayudas, el Instituto San Telmo dijo que los cursos celebrados entre 2004 y 2010 contaron con la colaboración de la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social y que la iniciativa estaba «dirigida a formar a los responsables de las diferentes instituciones públicas y sociales de Andalucía».

viernes, 5 de junio de 2015

Investigan a la adjudicataria de Aznalcóllar por tráfico de influencias con la Junta


Investigan a la adjudicataria de Aznalcóllar por tráfico de influencias con la Junta

  • La juez del caso Aznalcóllar ordena abrir una causa separada contra la adjudicataria

El grupo Magtel, el que fuera adjudicatario a través de su filial Minorbis de los derechos de explotación de la mina de Aznalcóllar, podría haberse beneficiado durante años de sus relaciones con los sucesivos gobiernos socialistas en la Junta de Andalucía para obtener millonarias subvenciones y préstamos.
Eso es lo que sospecha la juez que investiga desde febrero las supuestas irregularidades en el concurso minero. que ha encontrado indicios de que el posible amaño que denunció Emérita Resources en esta adjudicación podría ser sólo la punta del iceberg de una trama mucho mayor. Por eso, la magistrada Patricia Fernández ha ordenado la apertura de un procedimiento separado al objeto de investigar, en su conjunto, las relaciones entre el grupo Magtel y la Junta de Andalucía, al menos desde el año 2009.
PUBLICIDAD
Lo ha hecho en una providencia fechada el pasado 27 de mayo, a la que ha tenido acceso EL MUNDO de Andalucía, en la que apunta ya a la posible comisión de un delito de tráfico de influencias, entre otros, tras acordar que se deduzca testimonio de las actuaciones llevadas a cabo en relación a la adjudicación del yacimiento de Aznalcóllar que han desvelado esta supuesta red de favores entre altos cargos socialistas y el grupo empresarial con sede en Córdoba.
La providencia de la juez Fernández es la respuesta a un informe preliminar elaborado por la Unidad contra la Delincuencia Económica y Financiera (UDEF) de la Policía Nacional en el que los investigadores ponen negro sobre blanco sus sospechas acerca del presunto trato de favor que durante años habría obtenido Magtel de los últimos gobiernos de la Junta, todos del PSOE e incluido el que encabeza la actual presidenta en funciones, Susana Díaz.
En dicho informe, la Policía esboza las líneas de la nueva investigación y llama especialmente la atención acerca de cómo lo que empezó siendo una pequeña compañía subcontrata de Telefónica y Abengoa principalmente ha devenido en un conglomerado con intereses muy diversificados y una facturación millonaria.
Los investigadores destacan que este entramado empresarial, en poder de los seis hermanos López Magdaleno, es «de tal magnitud» que su modelo de negocio sólo se explica por estar basado en licitaciones públicas. De hecho, añade el informe aludiendo a la denuncia de Emérita Resources, solamente entre los años 2009 y 2011 las empresas del grupo Magtel recibieron de la Administración autonómica 23,6 millones en subvenciones públicas a los que hay que añadir 28,3 millones en préstamos con condiciones ventajosas.
Señala la UDEF que buena parte de este dinero podría haberlo recibido Magtel gracias a un presunto trato de favor que tendría su origen en las «relaciones particulares» de sus responsables, fundamentalmente los hermanos López Magdaleno, «con cargos de la administración pública».
Los investigadores ponen el foco en cinco proyectos empresariales desarrollados por el grupo Magtel en los últimos años, siempre con la ayuda, bien mediante subvenciones bien mediante préstamos públicos, de la Junta de Andalucía. La mayor parte de ellos están relacionados con las energías renovables, con plantas solares puestas en marcha por el grupo cordobés, pero también se incluyen subvenciones otorgadas por el gobierno andaluz para impartir cursos de formación, una actividad relativamente nueva y ajena a la tradicional del grupo.
Pero además de los proyectos empresariales financiados por la Junta, los investigadores de la UDEF apuntan a que en todos ellos pudo jugar un papel determinante un ex alto cargo de la Administración andaluza, en el que centran buena parte de sus pesquisas. Se trata de Andrés Luque, que fue, como detalla el informe policial, delegado provincial en Córdoba primero de la Consejería de Empleo y luego de la de a Economía, Innovación y Ciencia, precisamente la que ahora está bajo sospecha por la adjudicación de Aznalcóllar.
Pero, además, Luque ha sido director general de la Consejería de Cultura y, como resalta la Policía, ocupaba dicho cargo cuando Magtel recibió de la Junta 2,5 millones de euros para subvencionar cursos de formación. Los investigadores sospechan que Luque pudo mediar, dados los contactos que tenía con los departamentos que otorgaban las ayudas.
Como supuesta contrapartida, apunta el informe, Magtel fichó a una empresa de Luque, Fisur, para labores de asesoramiento, con una remuneración de 10.000 euros al mes y un anticipo a los tres meses de la firma del contrato de 120.000 euros.
Precisamente, la denunciante del caso Aznalcóllar apuntó ya a Luque como uno de los supuestos conseguidores usados por Magtel. El mismo al que la UDEF llama «el mediador».

http://www.elmundo.es/andalucia/2015/06/05/55715d4946163fa43f8b456d.html

Imputan a la presidenta del Puerto de Huelva por prevaricación, fraude y malversación

Imputan a la presidenta del Puerto de Huelva por prevaricación, fraude y malversación

Día 04/06/2015 - 21.53h

El exdirector del Puerto, Pedro García Navarro, también ha sido imputado. Ambos prestarán declaración el próximo 23 de junio

El Juzgado de Instrucción número 4 de Huelva ha imputado a la presidenta del Puerto, Manuela de Paz, tras la denuncia presentada por CCOO por presunta prevaricación, malversación de fondos públicos y fraude de subvenciones, falsedad, ambiental, contra los trabajadores y contra la integridad moral.
En una providencia con fecha de este pasado miércoles, a la que ha tenido acceso Efe, el juez cita a De Paz y al exdirector del Puerto, Pedro García Navarro, que también ha sido imputado, a declarar el próximo 23 de junio a partir de las 10.15 horas.
Esa misma jornada cita también en calidad de testigo a Carmen Lloret Miserachs, actual Secretaría general de Gestión del Medio Natural de la Junta y ex delegada Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, contra la que también iba dirigida la denuncia sindical.
Según la denuncia, presentada en junio de 2014, De Paz «supuestamente ha cometido delito de prevaricación por dictar a sabiendas de su injusticia una resolución arbitraria en julio de 2013».
En esta resolución se adjudicó a Sandetel la prestación de un servicio informático que prestaban los empleados de la Autoridad Portuaria por 1.134.237,85 euros, en contra del informe del Abogado del Estado, se asegura en el escrito de la Sección Estatal del Mar de CCOO.
El sindicato denunció igualmente «la supuesta comisión de delitos medioambientales en el proyecto de ampliación Sur Muelle Ingeniero Juan Gonzalo, que requería preceptivamente evaluaciones ambientales y evaluación Red Natura 2000».
En este caso se estarían cometiendo delitos medioambientales recogidos en el Código Penal, así como «un delito de fraude de subvenciones, ya que la obtenida a través de los fondos FEDER comunitarios de más de 120.000 euros se hizo supuestamente falseando las condiciones requeridas para su concesión y ocultando exigencias que sin duda hubieran impedido la concesión de esos fondos».
Igualmente, recogía la comision de un presunto delito de malversación de fondos públicos y una actividad supuestamente delictiva, respecto a la contratación de personal sin concurrencia ni publicidad.
Finalmente desde CCOO, al margen de las responsabilidades penales que se tendrán que dirimir los jueces, se exigen «responsabilidades políticas, ya que todos los denunciados son cargos públicos nombrados por el Gobierno de la Junta de Andalucía».

miércoles, 3 de junio de 2015

El TSJA tumba el expediente de la Junta contra la ‘funcionaria Quijote’ que denunció la corrupción

El TSJA tumba el expediente de la Junta contra la ‘funcionaria Quijote’ que denunció la corrupción

La funcionaria Paloma Coiduras, jefa de departamento de la inspección pesquera de la Junta de Andalucía, denunció cómo se tramitaban las sanciones en este sector



Los funcionarios tendrán a partir de ahora más respaldo judicial para denunciar las irregularidades que vean en la administración. Una sentencia del TSJA (Tribunal Superior de Justicia de Andalucía) a la que ha tenido acceso este diario tumba el expediente disciplinario de la Junta contra Paloma Coiduras, una jefa de departamento de inspección pesquera de la Junta que denunció cómo se tramitaban las sanciones en este sector.
Coiduras, que sufrió acoso laboral de sus jefes, señaló en declaraciones a El Confidencial que el expediente que se le abrió fue “para callarle la boca”. “Ahora por fin se demuestra que no cometí ninguna falta contra la administración y corrobora que todo lo que denunciaba era cierto. No ha prescrito al acoso continuado contra mí; han sido diez años de mi vida horribles”, relató.
La sentencia rechaza que sea el ámbito de un procedimiento disciplinario “ni, tampoco, el de la jurisdicción contencioso-administrativa, donde corresponde decidir sobre lo que constituyen conductas a enjuiciar en el orden penal por presentar carácter de posible delito, siendo igualmente impropio de esta vía y de la administrativa el examen y valoración de la prueba que al efecto concurra”. Estos hechos, y otras ayudas ilegales al campo, también lo está investigando la OLAF (Oficina Europea de Lucha contra el Fraude).
Subraya la funcionaria que lo que intentó la Junta de Andalucía fue pararle los pies con el expediente disciplinario. “Abriéndome el expediente intentaban que no hablara y denunciara lo que veía en la Junta, pero ahora está claro que si una administración quiere ir contra un trabajador debe hacerlo por la vía penal”, explicó. “A mí se me ha enjuiciado mal desde el principio. Lo que yo había denunciado eran posibles delitos penales”.
La funcionaria, de 61 años, empezó a denunciar en 2005 al entonces consejero de Agricultura y Pesca de la Junta, Isaías Pérez Saldaña, las “irregularidades” que observaba en su trabajo contra la pesca de inmaduros de pez espada con un tamaño inferior a los 120 centímetros y una talla mínima para el atún de 6,7 kilos o 70 centímetros. Según su denuncia, el delegado de Agricultura en Almería “conocía la vigencia” de la normativa sobre esta talla.
“En la sentencia ha influido seguro el escrito que presenté ante la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) el pasado 12 de marzo. Ahí comenté que la secretaria general de la delegación de Agricultura participó de manera directa en las irregularidades colaborando con el delegado de Almería en que no se iniciaran expedientes sancionadores a ciertos pescadores mientras que a otros se les estaba sancionando; era una persona directamente interesada en tapar las irregularidades que informé al consejero”.
El TSJA también confirma que no existió un supuesto de “atentado a la dignidad, grave o no” que reclamaba la Junta de Andalucía. “El atentado a la dignidad tipificado en el orden administrativo queda configurado como actuación autónoma dirigida intencionadamente al menoscabo de aquella, presupuestos de autonomía y de esa específica intencionalidad que no se aprecian en el presente supuesto”.
En el escrito de conclusiones presentado por Coiduras se especifica que la funcionaria puso en conocimiento de las irregularidades “en evitación de males mayores, y no incurrir en posibles responsabilidades civiles o penales, por ser responsables de la buena gestión de los servicios a su cargo”. Según fuentes jurídicas próximas al caso, la situación era “tan grave” que la empleada pública de la Junta “no tuvo más remedio que presentar una querella criminal ante los juzgados competentes de Almería al no tomarse medida alguna por parte de sus superiores jerárquicos”. La Junta de Andalucía no presentó ninguna querella criminal a Coiduras por denuncia falsa. “A sensu contrario”, como indica el escrito de conclusiones, ha quedado demostrado que las irregularidades informadas al consejero son ciertas y veraces, tal y como se ha acreditado con la amplia prueba documental”.