jueves, 31 de marzo de 2011

¿NO SON SUFICIENTES LAS SUBVENCIONES?: La Policía investiga el papel de CC. OO. en el pago de los ERE

La Policía investiga el papel de CC.OO. en el pago de los ERE

La juez indaga por qué el sindicato fue tomador de una póliza de tres millones para once trabajadores

Una póliza de tres millones de euros tomada por la Federación de Industria de Comisiones Obreras de Andalucía y que se destinó a once trabajadores se incluye entre las pesquisas que la juez de instrucción número seis de Sevilla, Mercedes Alaya, ha encargado a la Policía, según un auto al que ha tenido acceso ABC.
En dicho auto, firmado hace un mes, se solicitaba que se investigasen «todas las circunstancias relativas a que el tomador de la póliza sea CC.OO de Andalucía y como llega a asumir tales funciones». Además la juez ordena que se investigue por qué para esta empresa y sólo para once prejubilados se destinan casi once millones mientras que para otras en las que el número de prejubilados es muy superior (por ejemplo Surcolor con 26) la cantidad de la prima es inferior.
La magistrada insiste en que «se practiquen todas las gestiones encaminadas a explicar por qué el tomador es CC.OO. y cómo llega a asumir tales funciones y quién abona las primas». Y le reclama los certificados individuales de adhesión de todos los prejubilados así como que se aporten las vidas laborales de los trabajadores acogidos al ERE y de los intrusos señalados por la Junta Juan Rodríguez Cordobés y Antonio Fernández Garzón. Ese auto, en el que la juez advirtió al ex consejero Antonio Fernández y al ex director General de Trabajo, Francisco Javier Guerrero, de que serán imputados de prevaricación, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias, también imputa a otros presuntos intrusos. Se trata de Patrocinio Sierra (esposa de Juan Lanzas), María Nieves Ruiz, María José Martínez y Angeles Sierra. Además de pedir el organigrama de los directores generales de Trabajo y directores del IFA también pide a la Agencia Tributaria que investigue las repercusiones fiscales de las rentas percibidas por intrusos.
Pero también reclama gran cantidad de documentación como la vida laboral de doce falsos trabajadores de Bonpunt y dos de Cydeplast además de otros 48. La investigación también requiere datos sobre Germans, de la que solicita los requisitos para la prejubilación así como el dato dado por la Junta de que Luis Vera y Ana Bohorquez , incluidos como falsos trabajadores en Bonpunt, también pudieran estar incluidos en las prejubilaciones de Germans. De Sos Cuétara, pide la vida laboral de 34 trabajadores y los datos de Victorina Madrid (suegra de Guerrero incluida en el ERE). En cuanto a Saldauto, pidió la vida laboral de varios asegurados de la póliza de Apra leven: Francisco Delgado, Antonio González, Francisco de Paula Hernández, José Herrero, Guillermo Jiménez, Guillermo López, Rafael Rodríguez y Antonio Toro. De esta empresa también pide que se investigue por qué recibió la póliza antes del ERE.
La investigación abarca la póliza financiada por la Junta de Andalucía con una prima de 812.989 euros para Antonio García, Alejandro Millán y Rafael Ruiz. O el por qué, después de transferir un millón a Hitemasa, a Dirección General de Trabajo distribuyó partes de esa cantidad: 400.000 euros a Graficrommo, 155.808 al Grupo Cortefiel y 300.000 euros a Antonio García, Alejandro Millán y Rafael Ruiz. La juez ha pedido igualmente las vidas laborales de otros dos intrusos señalados por la Junta, en el ERE de Calderinox Juan Rodríguez Cordobés y Antonio Fernández, quién es Estrella Blanco y la inclusión de José Antonio Márquez y Manuel López en el ERE de Surcolor. También la vida laboral de doce trabajadores incluidos en el ERE de Springer Arteferro.
La Junta de Jueces de Instrucción en su reunión de hoy debatirá una petición de Mercedes Alaya para que la eximan del reparto del juzgado durante tres meses dado el ingente volumen de trabajo que tiene (además de los ERE, Mercasevilla y el Betis). Y también para que le pongan un juez de apoyo para celebrar los juicios que tiene todas las semanas. Es la segunda vez que la magistrada hace una solicitud de este tipo. Por otra parte el despacho que se ha habilitado para la funcionaria encargada del caso no cuenta con los medios adecuados. Ni tiene teléfono ni internet. Y está en el