miércoles, 29 de agosto de 2012

La Junta pudo parar el fraude de los ERE y las ayudas a empresas en 2005


La Junta pudo parar el fraude de los ERE y las ayudas a empresas en 2005La Junta pudo parar el fraude de los ERE y las ayudas a empresas en 2005

28 Agosto 12 - - F. Martí
 
SEVILLA- Vuelco en la comisión de investigación parlamentaria que investiga el fraude de los ERE. La esperada comparecencia de Manuel Gómez, ex interventor general de la Administración autonómica andaluza entre 2000 y 2010, rompió la estrategia del Ejecutivo autonómico y el PSOE sobre la legalidad del sistema y desmontó la teoría de que la única responsabilidad era del director general de Trabajo y Seguridad Social. La Junta pudo parar las irregularidades en 2005 –incluso antes, porque ya en 2004 la Consejería de Empleo recibió el informe de la Intervención en el que informaba sobre la tramitación irregular de las ayudas sociolaborales–. El ex interventor confirmó ayer en sede parlamentaria que las advertencias trasladadas de manera oficial el 25 de abril de 2005 al consejero de Empleo Antonio Fernández no fueron atendidas, lo que hubiera permitido cambiar el procedimiento y aplicar la ley de subvenciones tanto a las ayudas a los trabajadores acogidos a un ERE como a los incentivos directos a las empresas. Una copia de ese informe fue remitida también al consejero de Economía y Hacienda, José Antonio Griñán, y al de Innovación, Ciencia y Empresa, Francisco Vallejo –éste último aseguró el lunes que no lo conocía, la misma versión que ofrecerá el viernes el actual presidente de la Junta–. 
El responsable del máximo órgano de control interno de la Junta explicó por primera vez –nunca antes había hablado sobre el tema salvo en su declaración como testigo ante la Guardia Civil– la actuación de la Intervención en este asunto y las dificultades encontradas para desarrollar su labor. El sistema ideado por la Consejería de Empleo no era caprichoso. Los expedientes administrativos se encontraban en la Dirección General de Trabajo, pero  los pagos se realizaban a través de la empresa pública IFA-IDEA que ejercía de caja pagadora. Ése era el principal problema ya que las empresas públicas de la Junta están sometidas a control financiero y no a la función interventora. La diferencia es importante: la última tiene carácter previo, se realiza acto a acto y es suspensiva, mientras que en el primer caso se desarrolla con carácter posterior, no es vinculante y se realiza a través de auditorías.
La Intervención, en el ámbito de sus competencias, realizó en 2004 una auditoría en la Agencia IDEA (antes IFA). Con respecto a las ayudas para pólizas de prejubilación y subvenciones directas a empresas, la documentación administrativa estaba en la Consejería de Empleo, que no era el ente auditado. IDEA sólo ejecutaba las órdenes de pago. El dinero lo recibía de Empleo a través de transferencias de financiación. Por tanto, en la empresa pública no había irregularidad. Aún así, realizaron una acción especial de control –y pese a que, según Gómez, no estaban obligados porque la Consejería no era el objeto de sus trabajos– decidieron a analizar 20 expedientes administrativos que soportaban estas ayudas de los 144 tramitados hasta finales de 2004. Esa muestra fue suficiente para comprobar que se estaban otorgando «subvenciones excepcionales prescindiendo de forma total y absoluta del procedimiento administrativo establecido». También, entre otros aspectos, que se «habían generado obligaciones para la Junta de Andalucía sin cobertura presupuestaria».
La importancia del hallazgo hizo que se remitiera copia del informe al entonces consejero de Empleo Antonio Fernández,  pese a que no era la entidad auditada –era la empresa pública IDEA que dependía de otra Consejería, la de Innovación–.

Empleo hizo caso omiso. ¿Por qué no insistió en sus alertas?, le preguntaron desde el Grupo Socialista. «Nosotros lo advertimos y quien tenía que tomar decisiones no las tomó; lo que resulta irónico es que quien no tomó decisiones se queje ahora de que no fue advertido», señaló ante las excusas ofrecidas el lunes por los ex consejeros de la Junta.
Gómez había sido más gráfico en su primera intervención. «Si su vecino le advierte a voces por la ventana que salen llamas por su extractor de humo, usted qué haría. ¿Llamaría a los bomberos para evitar la catástrofe o esperaría a que su vecino confirmara la noticia por carta o correo electrónico? Sería inaceptable que ante su descuido el vecino acabe pagando el desaguisado», aseguró ante los diputados.

En la vía judicial, la juez Alaya mantiene la ilegalidad del «sistema operativo» –así lo denomina– por medio del cual se han abonado en torno a 1.500 millones de euros en la última década. El ex interventor general evitó una condena expresa al modelo diseñado por la Consejería de Empleo –«un caso como éste no lo he visto», dijo–, pero sí señaló a preguntas de la diputada de IU Alba Doblas que la diferencia entre que la ayuda la pagara IDEA o la propia Consejería de Empleo era «abismal». De hecho, si la subvención no la abona la empresa pública, el modelo de control es otro: función interventora, con la posibilidad de parar el pago si no se cumplen los requisitos .

De hecho, Francisco Javier Guerrero –en prisión– aseguró en los juzgados que el procedimiento se ideó tras los reparos de la Intervención para abonar el último pago de las nóminas de Cárnicas Molina en 2000. Ese informe iba firmado por Manuel Gómez. A preguntas del diputado del PP Rafael Carmona, el ex interventor no asumió que ése fuera el motivo de la creación del «fondo de reptiles», pero sí aclaró que sus recomendaciones sólo ponían «un marco» y que «un gestor avezado y diligente podía haberlo hecho perfectamente».

No fue el único recado a los dirigentes de Empleo. Admitió que las subvenciones sólo pueden concederlas los consejeros salvo delegación de competencias publicada en el BOJA. En este caso, Fernández no lo hizo y Guerrero, por tanto, no era competente.

http://www.larazon.es/noticia/3731-la-junta-pudo-parar-el-fraude-de-los-ere-y-las-ayudas-a-empresas-en-2005