jueves, 23 de mayo de 2013

EL CONFIDENCIAL: La última cacicada andaluza


Pagarle 1500 euros a un alto cargo o diputado andaluz para "indemnización por vivienda" por estar domiciliado en otra provincia es una de las legalidades que los ´conchavados políticos andaluces mantienen con todo el morro del mundo pese a la falta de dinero público para temas mucho más esenciales.

A nadie, por muy precario de su contrato, se le paga la vivienda cuando le toca en suerte trabajar lejos de su domicilio habitual. Eso se llama movilidad geográfica ¿Porqué tengo que pagarle a estos individuos ese privilegio de casta? y, puestos a pagar la cama, ¿porqué 1500 euros? ¿es que sus ilustres culos se hacen llaga si viven en una vivienda de 600 euros? ¿qué se ha creido esta plebe dirigente?

En el caso de Recio, el Consejero que lo hizo tan bien que su nombre siempre estará asociado al estallido del escándalo de los EREs, cobran dos veces por el mismo concepto, el y su señora. Alto cargo de la Administración Paralela, faltaba más. Porque en el socialismo andaluz estas coincidencias se dan a puñaitos: los dos colocaos, y bien colocaos (no como administrativos, precisamente), en la Junta de Andalucía o en algún ente de la mamandurria cortijera.

Dice que es legal. Por supuesto: la casta fabrica normas para llenarse ella los bolsillos con privilegios. Al trinque por cesantías me remito también.

¿Vergüenza? Ninguna...es todo legal y declarado. No hay que arrepentirse de nada.

La casta encima se ofende si algún descerebrado le pregunta por esto. Y es hay periodistas que no se enteran del orden natural, de las razas y sus prebendas, de las castas.

 

La última cacicada andaluza

23/05/2013
A uno de los diputados del Parlamento andaluz le hicieron el otro día una sencilla suma de ingresos y el hombre se revolvió molesto, como si lo hubieran ofendido gravemente. La operación matemática consistía en algo tan sencillo como sumar los ingresos que recibe su familia en concepto de alquiler, que les paga la Junta de Andalucía a él como diputado y exconsejero del Gobierno andaluz y a ella en su condición de alto cargo, en concreto como directora de la Agencia de la Competencia, que debe de ser una más de la incontable lista de agencias, observatorios y milongas de las que se adorna el Ejecutivo autonómico.
La cuestión es que, por ser los dos de Almería, la provincia más lejana de Sevilla, donde se encuentra la sede del Parlamento andaluz, reciben, además de su sueldo, una indemnización de 1.500 euros para el alquiler de un piso. Son marido y mujer, socialistas ambos, y obviamente viven en el mismo inmueble, pero la Junta de Andalucía les paga dos alquileres. En total, en el caso del exconsejero, algo más de 5.000 mil euros mensuales porque se suma el sueldo de diputado, las dietas de transporte por tener la residencia oficial en Almería (aunque no la habite), y la mencionada ayuda por alquiler. A esa cantidad, habría que sumarle los ingresos de la directora, que deben ser similares.
Él es Manuel Recio, que fue el consejero al que le estalló el caso de los ERE que apañaron sus antecesores, y ella es María Victoria Román, que trabajaba en la Universidad de Almería hasta que a su marido lo nombraron para el Gobierno y a ella también le abrieron hueco con otro cargo en Sevilla. Silvia Moreno, que fue la periodista que hizo las cuentas, le preguntó al diputado por qué les pagaban por dos alquileres si sólo tenían alquilado un piso y él se revolvió contrariado: “Cobramos lo legalmente establecido y todo está declarado”.
Si se repasa el despropósito, cobrar dietas de desplazamiento por estar censados en una provincia en la que no se vive y percibir dos indemnizaciones por un mismo alquiler, podríamos pensar que, ante un fraude tan flagrante, a los afectados nos les queda otra salida que la renuncia y la devolución del dinero cobrado de más; pero no, en la política andaluza este tipo de abusos pasan inadvertidos porque son muchos los que mojan sus privilegios en la misma cazuela legislativa. Los mismos dirigentes políticos que hacen grandes discursos contra la exclusión social, con golpes de pecho de izquierda, son los que pasan por caja, cada mes, sin reparo alguno para cobrar sus abultados emolumentos.
A esa distrofia parece haberse acostumbrado todo el mundo porque, en el fondo, lo que subyace es un profundo sentimiento de casta política, la endogamia política, tan perceptible en las autonomías. Todo se limita a un cansino y pueril intercambio de reproches continuos, en los que se barajan siempre los mismos argumentos políticos y se repiten las mismas respuestas sectarias. Así, sesión plenaria tras sesión plenaria, año tras año, legislatura tras legislatura.
Hubo un día en el Parlamento de Andalucía que, en una de esas cansadas sesiones del mismo cruce dialéctico de siempre, el defensor del pueblo andaluz, José Chamizo, que presentaba un informe anual al que nadie le prestaba atención porque la disputa política iba por los senderos acostumbrados, cogió el micrófono en un arrebato para dirigirse a todos, diputados del PSOE, de Izquierda Unida o del Partido Popular. Y dijo: “La gente está muy cabreada con ustedes, no sé si lo saben. Está muy enfadada porque los ven todo el día en la peleíta. La gente está hasta el gorro de todos ustedes. No sé si puedo decirlo con todo el cariño del mundo. Por favor, por favor… Un ejercicio de buena voluntad y avanzar para resolver los problemas del personal. Y nada más. Perdónenme el exabrupto pero es que tenía ganas de decirlo. Muchas gracias”.
Quizá sea éste el primer gran acuerdo por consenso del Parlamento andaluz en esta legislatura: quitarse de en medio a quien osó reprochar a los diputados la esterilidad de muchos de sus debates, que nada tienen que ver con los problemas reales de la calle.De ese incidente, por denominarlo de alguna forma, no ha pasado todavía un año, pero el efecto que ha tenido en la clase política andaluza ha sido espectacular. Pocos días después del ‘rapapolvo’, todos los portavoces de los grupos parlamentarios se reunieron para hacerle llegar al defensor del pueblo el malestar por sus palabras, que tuvieron, sin embargo, un eco extraordinario en la población. Chamizo, por otra parte, no pidió disculpas y se ha reafirmado mil veces más en la necesidad de que la clase política cambie porque “no se dan cuenta de que la gente está aburrida y eso es muy delicado para el sistema democrático”.
En esas, ayer mismo, todos los grupos parlamentarios andaluces, todos, acordaron por unanimidad acelerar la sustitución del defensor por otra persona que aporte a la institución “un nuevo perfil”. Quizá sea este el primer gran acuerdo por consenso del Parlamento andaluz en esta legislatura: quitarse de en medio a quien osó reprochar a los diputados la esterilidad de muchos de sus debates, que nada tienen que ver con los problemas reales de la calle. José Chamizo, un cura de barrio que llegó al cargo por su lucha contra las mafias de la droga, ha sido defensor del pueblo por unanimidad durante 16 años y por unanimidad lo van a largar por la animadversión generada este año. En el punto de inflexión entre las dos unanimidades, la última cacicada de la clase política andaluza.

http://blogs.elconfidencial.com/espana/matacan/2013/05/23/la-ultima-cacicada-andaluza-11335