martes, 21 de enero de 2014

La Junta da 3,6 millones a UGT para un programa bajo sospecha



La Junta da 3,6 millones a UGT para un programa bajo sospecha

  • Otorgó la ayuda en diciembre, cuando ya había detectado facturas falsas anteriores

La Junta de Andalucía ha otorgado a UGT otros 3,6 millones de euros de subvención para el Plan Orienta, un programa bajo sospecha que la propia Administración andaluza lleva meses investigando, después de que EL MUNDO destapara la presunta trama de facturas falsas con la que el sindicato habría saqueado las arcas públicas.
Los 3,6 millones de euros que acaba de recibir UGT se concedieron en diciembre de 2013, a pesar de que, en esa fecha, la Consejería andaluza de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo mantenía abiertas tres investigaciones sobre el Plan Orienta correspondientes a los años 2009, 2010 y 2011, al haber detectado irregularidades y facturas presuntamente falsas.
UGT cargó al Plan Orienta -que sirve para luchar contra el paro a través de servicios de orientación para los desempleados- las facturas más infladas que este diario ha logrado documentar. Se trata de unos recibos cuyo valor real multiplicó por 217, al pasar de los 421 euros que costaron 10 cuadernos, 10 cuelgabolsos, 10 estuches marcapáginas, 10 mochilas y 10 pendrives a los 91.102 euros que terminó pagando la Junta andaluza por el pedido ficticio de 7.000 unidades de cada artículo.
En diciembre de 2013, cuando la Junta concedió a UGT la subvención del Plan Orienta correspondiente a 2013, la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo ya había detectado irregularidades y facturas presuntamente falsas en las tres últimas ediciones de este programa, de los años 2009, 2010 y 2011. En 2012 no hubo convocatoria. La Ley General de Subvenciones prevé la «pérdida, durante un plazo de hasta cinco años, de la posibilidad de obtener subvenciones» ante una «infracción muy grave», que se define en esta ley como la «no aplicación, en todo o en parte, de las cantidades recibidas a los fines para los que la subvención fue concedida».
La presunta trama de facturas falsas y los desvíos de fondos públicos de los que viene informando este diario desde el pasado verano encajan a la perfección en la definición de «infracción muy grave» de la Ley de Subvenciones, pero la Junta de Andalucía, en vez de iniciar un expediente sancionador, ha optado por seguir repartiendo ayudas a UGT, incluso en los programas en que la propia Administración sospecha que hay irregularidades, como en el Orienta.
La Consejería de Economía, que dirige José Sánchez Maldonado, el mismo que fue delegado de UGT durante su etapa como profesor de la Universidad de Málaga, confirmó ayer a este diario que ya está investigando las facturas infladas cargadas al Plan Orienta.

Expedientes abiertos

Aclaró, sin embargo, que estas pesquisas sobre el Plan Orienta no se abren ahora, después de que este diario publicara ayer los recibos inflados cuyo coste real se multiplicó por 217, sino que están incluidas en los 17 expedientes abiertos por la Junta desde que estalló el escándalo de las facturas falsas.
Las fuentes oficiales de la Consejería no precisaron de qué cuantía hablan los tres expedientes sobre el Plan Orienta que está revisando actualmente la Administración andaluza. Sí informó en su día sobre la suma total de los 17 expedientes que tramita esta consejería, que asciende a 7,5 millones en subvenciones bajo sospecha.
Entre estas ayudas está la de 1,1 millones de euros para «acción sindical» y 700.000 euros para «negociación colectiva» que la Junta de Andalucía pretende que UGT devuelva a través de dos «procedimientos de reintegro» que inició la semana pasada.
Además de las facturas fraudulentas, hay otras irregularidades en el Plan Orienta desarrollado por UGT. Como ya informó este diario, en vez de destinar los fondos a los contratos de los orientadores, la dirección del sindicato gastó parte de la subvención en pagar el coste derivado de las indemnizaciones a la mayoría de los trabajadores despedidos en el expediente de regulación de empleo (ERE) que aplicó en 2012, dejando en la calle a 159 empleados.


http://www.elmundo.es/andalucia/2014/01/21/52de260222601d43508b456e.html