Escándalo de los ERE en Andalucía
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El escándalo de corrupción de los ERE en Andalucía, también conocido como ERE gate[1] o caso del fondo de reptiles[2] una presunta red de corrupción política vinculada a la Junta de Andalucía dirigida por el Partido Socialista Obrero Español. El origen del escándalo está en la investigación actualmente en curso del caso de corrupción en la empresa sevillana Mercasevilla, en las que se detectaron prejubilaciones fraudulentas.[3]El caso ERE fue denunciado ante los tribunales por el propio gobierno andaluz[cita requerida] y actualmente está siendo investigado por el juzgado de instrucción número 6 de Sevilla, dirigido por la juez Mercedes Alaya, y por el Tribunal de Cuentas del Estado.
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[editar] Terminología
La expresión "fondo de reptiles" procede de la época de la unificación de Alemania. El canciller Otto von Bismarck disponía de fondos robados a sus enemigos en las guerras, con los que financiaba propaganda a su favor y silenciar a sus críticos (a los que él llamaba reptiles). El Partido Popular utiliza este término para referirse al uso de los fondos de dinero público para las prejubilaciones por parte del PSOE.[4][editar] Descripción del fraude
Desde el año 2000 hasta la actualidad, la Junta de Andalucía ha subvencionado prejubilaciones en 68 empresas que se acogieron a los planes gubernamentales de empleo.[5] El total del fondo destinado a ayudar a estas empresas durante este período, el llamado fondo de reptiles, ascendió a 647.869.157,45 euros, de los cuales 560 millones se utilizaron para pagar las prejubilaciones de los ERE, y los 87 millones restantes tuvieron el fin de respaldar procesos de reestructuración de empresas en crisis.[6]La prejubilación es una fórmula de finalización de contratos laborales, utilizada por acuerdo entre las empresas, los trabajadores y en su caso la Administración, si participa en la financiación de estas. Pese a ser una fórmula que por sí misma no constituye una ilegalidad (de hecho, la práctica de la prejubilación está ampliamente extendida en las empresas españolas),[7] su uso en este caso está cuestionado por la Policía Judicial.[8] El fraude se produce en la inclusión de falsos prejubilados en los expedientes de regulación de empleo de las empresas beneficiadas del fondo.[9]
La investigación interna ha detectado 183 prejubilaciones irregulares en un total de 5.982 casos analizados, lo que supone el 3,06% del total, en 42 de las 68 empresas beneficiadas del fondo.[10] De las 183 irregularidades, 111 corresponden a trabajadores que cobraban una prejubilación mayor que la que les correspondería, y 72 eran personas infiltradas que jamás trabajaron en estas empresas. Entre los prejubilados irregulares, se encontraron a ocho militantes del PSOE,[11] que fueron expulsados del partido inmediatamente después de ser descubiertos en los EREs.[12] También se descubrió a un militante del Partido Popular entre los presuntos casos irregulares.[13] El resto de las prejubilaciones no presentaba ninguna anomalía.
Con todos los expedientes analizados, la investigación de la Consejería de Empleo, enviada a la jueza del caso, ha calculado que el 1,12% del fondo, es decir, aproximadamente nueve millones de euros, acabaron en las falsas prejubilaciones mencionadas arriba.[14] El resto habría ido a financiar las prejubilaciones restantes que no presentaban anomalías; pese a todo, la oposición del Partido Popular no cree en los datos de la Consejería y ha afirmado en repetidas ocasiones que la totalidad del fondo se ha utilizado de forma fraudulenta.[15] [16] El principal partido de la oposición también estima que existen 190 EREs ya finalizados que no han sido investigados y en los que podría haber prejubilados falsos, igual que en los EREs analizados por la Junta.[17]
[editar] El método de investigación
La Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía está colaborando con la jueza del caso en la investigación de las irregularidades de los EREs.[18] A principios de marzo del mismo año el caso se elevó a la fiscalía anticorrupción, afirmando el Fiscal General del Estado Conde-Pumpido que analizaría la documentación exhaustivamente y llegaría "hasta el final"[19]Desde febrero de 2011, el Parlamento andaluz está rechazando sistemáticamente la creación de una comisión de investigación para los ERE, mediante el veto de la mayoría absoluta del PSOE-A.[20] El Partido Socialista defiende el modelo utilizado de investigación interna y asistencia a la jueza y argumenta que el establecimiento de una comisión haría la investigación más larga y engorrosa.[21] Por su parte, los otros dos partidos de la cámara autonómica, el Partido Popular e Izquierda Unida, sospechan que la negativa del PSOE a crear la comisión parlamentaria se debe a que el propio presidente de la Junta, José Antonio Griñán, estaría inmerso en la trama corrupta y sus compañeros de partido tratan de encubrirle. Los dos partidos opositores tienen intención de seguir pidiendo la creación de esta comisión de investigación y en el caso del Partido Popular, su portavoz Javier Arenas ya ha pedido la dimisión del presidente autonómico. Griñán ha contestado a estas peticiones afirmado que ni él ni ninguno de los actuales parlamentarios socialistas está implicado en la trama de los EREs irregulares.[22]
El 16 de marzo de 2011 la jueza Mercedes Alaya admitió la presentación de la Junta de Andalucía como acusación particular en el caso. Tanto la consejera de la Presidencia, Mar Moreno, como el titular de Empleo, Manuel Recio, comparecieron para hacer constar su intención de recuperar todo el dinero que se haya pagado en las prejubilaciones falsas o irregulares descritas arriba.[23] [24]
[editar] Cargos políticos implicados
La Fiscalía ya ha solicitado una pena de inhabilitación de 21 meses y una multa de 900.000 euros para Antonio Rivas, exdelegado de Empleo en la provincia de Sevilla y considerado como el director de la presunta trama.[25] Rivas ya ha dimitido de su cargo.[26] El Partido Popular se ha presentado como acusación particular contra Rivas y el director de Mercasevilla, para los que pide penas de un año de prisión, 13 años de inhabilitación y multas de 3,6 millones de euros.[27]De las presuntas prejubilaciones fraudulentas encontradas en el "fondo de reptiles", probablemente la más destacada sea la de Antonio Fernández García, ex-consejero de Empleo de la Junta durante la mayor parte de la realización de la trama. Fernández, incluido en el ERE de la empresa vinícola González Byass, figuraba en dicho expediente como trabajador de la empresa desde el día de su nacimiento.[28] El 14 de marzo de 2011 Fernández fue imputado por tres delitos, de malversación de fondos públicos, prevaricación y tráfico de influencias.[29]
Otro caso con gran repercusión es el de Francisco Rodríguez Donaire, exalcalde y actual consejero socialista del ayuntamiento de Valverde del Camino (Huelva). Durante un tiempo trabajó como administrativo en las minas de Ríotinto, empresa beneficiada del fondo, pero en el ERE de esta empresa, Rodríguez Donaire figuraba como minero, con una prejubilación mucho más cuantiosa que la que le habría correspondido con su auténtico empleo (administrativo). Rodríguez Donaire asegura que nunca percibió ninguna prejubilación al ser incompatible con su sueldo de concejal.[30]
Ramón Polo, militante del Partido Popular y exconcejal de La Carolina (Jaén), es otro de los cargos políticos hallados entre los prejubilados irregulares de los ERE. Polo figuraba como prejubilado en el ERE de la empresa Gres de Vilches, donde sólo había trabajado 170 días.[13] El portavoz del PSOE en el Parlamento de Andalucía, Mario Jiménez, compareció al conocer este caso, pidiendo explicaciones de cómo un empleado de esa empresa pudo prejubilarse con tan pocos días de servicio. El presidente del PP de la provincia de Jaén, José Enrique Fernández de Moya, respondió inmediatamente a las palabras de Mario Jiménez, afirmando que la inclusión de Ramón Polo en el ERE de Gres de Vilches es una treta del PSOE.[31]
El 7 de abril de 2011, el teniente de alcalde de Sevilla, Antonio Rodrigo Torrijos, de Izquierda Unida, fue imputado por participar en la venta, presuntamente fraudulenta, del suelo de Mercasevilla, una de las empresas en las que se detectaron irregularidades.[32] Pese a esta acusación, Torrijos se presentó como candidato de IU a la alcaldía de Sevilla en las elecciones del 22 de mayo y fue elegido concejal.[33] Varios grupos opositores han solicitado su renuncia.[34] [35]
[editar] Repercusiones
El 11 de marzo de 2011, Carmen Martínez Aguayo, actual consejera de Economía y Hacienda, reconoció que, cuando era viceconsejera del ramo, no prestó atención a los informes de la Intervención General de la Consejería de los años 2005, 2006 y 2007, en los que se avisaba de que el método utilizado en la elaboración de los EREs no era el más apropiado y que su uso podría permitir la inscripción de falsos trabajadores. Según su declaración, ignoró estos informes al considerar que no suponían una advertencia importante y, pese a que la ley le obligaba a hacerlo, no informó de ellos al por entonces consejero y actual presidente de la Junta, José Antonio Griñán.[36] [37] Tanto el Partido Popular como Izquierda Unida han solicitado la destitución de Martínez Aguayo.[38] [39] El PP acusa a la consejera de hacer de "cortafuegos" para proteger al presidente autonómico y coincide en que ella no conocía el trabajo de la Intervención General, pero no por las causas que argumenta, sino porque los informes debieron ser entregados directamente a José Antonio Griñán,[40] y que tanto él como el entonces presidente de la Junta, Manuel Chaves, eran conscientes del riesgo que podría suponer el procedimiento utilizado para conceder las prejubilaciones y aun así no hicieron nada por evitarlo.[41] [42]Es más, el Partido Popular ya señala a Chaves como la persona clave de este escándalo de corrupción, después de que se conociera que el expresidente andaluz participó personalmente en la negociación de siete ERE presentados por la empresa malagueña A Novo Comlink, en los que se encontraron 42 prejubilados falsos.[43]
Con estos argumentos, el vicesecretario general de Comunicación del PP, Esteban González Pons, ha pedido también la dimisión de Griñán y Chaves -que ahora es ministro de Política Territorial y vicepresidente segundo del Gobierno de España- y ha anunciado que presentará una querella contra ellos.[44] La secretaria de organización del PSOE-A, Susana Díaz, defendió la actuación de Martínez Aguayo y la colaboración que presta su partido a la Justicia, y acusando al Partido Popular de "perseguir" a los socialistas mientras no combaten la corrupción de su propio partido, en clara alusión al caso Gürtel.[45]
Posteriormente, el 17 de marzo, el presidente andaluz, José Antonio Griñán, se pronunció en la sesión de control al Gobierno para respaldar la declaración de la consejera Martínez Aguayo, dando a conocer que nunca fue informado sobre la falta de seguridad del "fondo de reptiles" demostrada a la postre con la aparición de intrusos en los EREs.[46] El Partido Popular e Izquierda Unida han vuelto a exigir la destitución de la consejera por faltar a sus obligaciones y esta última formación también ha solicitado la celebración de elecciones anticipadas. Griñán ha contestado afirmando que agotará la legislatura, que termina en marzo de 2012. [47]
El 30 de marzo de 2011 la jueza Mercedes Alaya solicitó las actas de todas las las reuniones del Consejo de Gobierno de la Junta de los últimos diez años, para comprobar si en realidad el ejecutivo autonómico no era consciente de las irregularidades que se estaban materializando en los pagos de las prejubilaciones. En un principio, la Junta se negó alegando que las actas de sus reuniones son secretas y la jueza no tenía competencias para conocer su contenido,[48] aunque posteriormente accedió a remitir las actas en sobres lacrados y siempre con la condición de que el contenido de las mismas no sean revelados al público.[49]
El 1 de abril de 2011, el Parlamento de Andalucía rechazó una proposición no de ley del Partido Popular para reprobar la actuación de los consejeros de Empleo, Manuel Recio, y Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, durante el escándalo de los ERE. Sólo apoyaron la moción los diputados del PP (47 votos). El PSOE, con su mayoría absoluta de 56 escaños, bloqueó la iniciativa. Los seis diputados de Izquierda Unida se abstuvieron, lo que provocó una fuerte discusión entre los portavoces de esta coalición y del PP.[50]
El 5 de abril de 2011 el Parlamento andaluz aprobó por unanimidad una petición para que la Cámara de Cuentas de Andalucía realizase un informe integral sobre todas las ayudas concedidas a los trabajadores de las empresas beneficiadas del "fondo de reptiles".[51] El 22 de junio, un mes y medio después, la Cámara de Cuentas inició la redacción de este informe. Ante esta tardanza, el PP y el PSOE se acusan mutuamente de ser los culpables de los retrasos.[52] El 3 de julio, el Tribunal de Cuentas del Estado admite a trámite una denuncia del Partido Popular e inicia una investigación paralela sobre los ERE irregulares, al entender que existe "un perjuicio a los fondos públicos".[53]
