domingo, 22 de noviembre de 2015

El TC confirma que la Junta impuso sin justificación el «decretazo»

El TC confirma que la Junta impuso sin justificación el «decretazo»

  • Parte del recurso del Partido Popular queda extinguido porque la Junta aprobó un segundo decreto en 2010. El contencioso sigue en el Constitucional porque la ley también está recurrida



El TC confirma que la Junta impuso sin justificación el «decretazo»
Funcionarios se han manifestado en numerosas ocasiones en contra de la que consideran «ley del enchufismo»
El Tribunal Constitucional da parcialmente la razón al Partido Popular en el recurso que interpuso contra el primer decreto de reordenación del sector público que aprobó la Junta en 2010.
Hay que recordar que el Ejecutivo autonómico aprobó un segundo decreto, el 6/2010, tras la fuerte contestación en la calle de los funcionarios andaluces, que consideraron que se trataba de una maniobra de «enchufismo», toda vez que personal laboral proveniente de entes mercantiles que no había pasado ningún tipo de proceso selectivo se integraba en el nuevo anillo de agencias administrativas. El nuevo decreto no supuso grandes cambios. La Junta ganó tiempo para llegar a un acuerdo cosmético con UGT-A y CC OO-A. No obstante, esta circunstancia, unido a que finalmente la reordenación fue aprobada en el Parlamento a través de una ley en febrero de 2011, provoca que buena parte de la impugnación que pretendía el PP quede extinguida. El Partido Popular, no obstante, también tiene recurrida la ley ante el Constitucional.
En cualquier caso, hay un aspeco sustancial en el que el Tribunal Constitucional da la razón a los populares. La resolución, fechada el 5 de noviembre y consultada por LA RAZÓN, señala que el Ejecutivo autonómico no justificó adecuadamente usar la vía de urgencia del decreto ley para acometer la reordenación administrativa, de ahí que declare la «inconstitucionalidad y nulidad del artículo 1 apartados 9 y 12 del indicado decreto-ley»
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El Constitucional no entra en el fondo de este artículo pese a que sigue teniendo plena vigencia. «La demanda razona que el artículo 1.9 del decreto-ley 5/2010 incurre en inconstitucionalidad mediata, invadiendo la competencia estatal sobre función pública (...) La norma autonómica no respetaría la reserva del ámbito de actuación de los funcionarios (relativo al ejercicio de las potestades públicas y la salvaguarda de los intereses generales) establecida por la normativa básica estatal. En este caso, la controversia competencial persiste, sin que decaiga el objeto del proceso constitucional, habida cuenta de que la Ley 1/2011 de reordenación del sector público mantiene la redacción dada al precepto impugnado en idénticos términos».
En lo que se centra, sin embargo, el Constitucional es en si existió motivación. Lo que en términos jurídicos se denomina «presupuesto habilitante». Y en ese sentido, señala que «no existe justificación ‘ad casum’, puesto que el único alegato presente es aquel al que ya hemos hecho referencia, que es absolutamente genérico». El alegato al que se refieren los magistrados del Constitucional es el que en 2010 repetía continuamente la consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo, el recorte del déficit y el cumplimiento del acuerdo en el Consejo de Política Fiscal y Financiera sobre sostenibilidad de las finanzas públicas en el marco 2010-2013.
El asunto sigue vivo en el Constitucional. Plataformas de funcionarios también recurrieron tras corregir el Tribunal Supremo al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y dar la razón al Ejecutivo autonómico.

El Gobierno de Susana Díaz oculta las ayudas para sedes del PSOE andaluz

FRAUDE EN LA FORMACIÓN

La investigación parlamentaria

El Gobierno de Susana Díaz oculta las ayudas para sedes del PSOE andaluz


Casi dos meses después de crearse la comisión de investigación parlamentaria y cuando se cumplen 19 días naturales desde la petición formal de documentación suscrita por todos los grupos, la Junta de Andalucía sigue sin remitir a la Cámara autonómica los expedientes de las ayudas para la formación profesional de laConsejería de Empleo reclamados por la oposición, que denuncia que se han incumplido ya los plazos reglamentarios y empieza a sospechar que el Gobierno que preside la socialista Susana Díaz puede estar maquillando en la medida de lo posible una documentación que se presume ya revisada internamente casi al completo.
Lo denunció ayer la parlamentaria gaditana del PP Teresa Ruiz-Sillero, quien entiende que el «retraso» en la entrega del Ejecutivo al Legislativo de los expedientes de reintegro es «deliberado» y responde a «instrucciones» directas de la presidenta de la Junta y líder de los socialistas andaluces, Susana Díaz, quien quiere evitar a toda costa que en mitad de la campaña electoral de las generales estalle el escándalo silenciado de las casas del pueblo del PSOE reformadas íntegra o parcialmente con las ayudas de formación concedidas por el Gobierno andaluz al sindicato UGT, que utilizó varias sedes municipales socialistas -algunas en calidad de copropietarios- como aularios para impartir los cursillos para desempleados.
Los populares están convencidos de que ése es el motivo para que aún no se haya remitido a la comisión expedientes concretos como el 98/2005/J/523, el 98/2006/J/517 o el 98/2007/J/420, los tres en los que podría encontrarse la financiación de las obras de la Casa del Pueblo que comparten socialistas y ugetistas en el pueblo jiennense de Lopera. Como reveló EL MUNDO en febrero de 2014, la Junta costeó la remodelación íntegra del edificio con cargo a una ayuda otorgada al sindicato. El coste final se fue hasta los 353.309,02 euros limitándose el PSOE de Jaén a pagar el «equipamiento» del aula de formación. Tras montar los despachos, instalar la centralita telefónica, aportar los ordenadores y las fotocopiadoras... la factura que asumieron los socialistas ascendió a 52.566 euros, apenas el 14% del coste total de la obra endosado por UGT a las ayudas de la Junta.El PSOE andaluz niega ésta y otras evidencias de que se ha beneficiado indirectamente de las subvenciones para formación, como las declaraciones del antiguo alcalde socialista del pueblo cordobés Nueva Carteya Antonio Ramírezreconociendo que UGT pagaba a la agrupación local del PSOE 500 euros mensuales por usar la Casa del Pueblo para impartir sus cursos. Ahora el Gobierno andaluz estaría dilatando la entrega a la comisión de investigación de los expedientes que dejarían en fuera de juego al secretario de Organización del PSOE-A, Juan Cornejo, quien tuvo que asegurar que su partido no ha ingresado «ni un céntimo» de las ayudas tras publicar este diario el convenio firmado en 2011 ante notario por Susana Díaz con UGT para la creación de un «aula» en otra casa del pueblo -la del municipio jiennense de Torreperogil- acordando expresamente destinarla al «alquiler» para «cursos de formación» y que la renta se destinara «al mantenimiento del edificio».
«Son datos que comprometen al Gobierno andaluz y a su presidenta, y por eso la señora Díaz aplica la ley del silencio y el presidente de la comisión [Julio Díaz,parlamentario andaluz de Ciudadanos] actúa de parapeto», denunció ayer la diputada andaluza del PP Teresa Ruiz-Sillero quien insistió en que se trata de un retraso deliberado bajo las instrucciones de Susana Díaz» a la que el partido fundado y liderado por Albert Rivera le «está siguiendo el juego».
Ruiz-Sillero subrayó que el Gobierno andaluz «ya ha incumplido los plazos que marca el reglamento» y que, hasta ahora, «lo único que hemos recibido los grupos ha sido una documentación desordenada de expedientes sin especificar ni la cuantía concedida ni la reclamada que coincide con la petición del PSOE». Por ello, el PP sospecha que la Junta pueda estar dilatando la entrega de documentación para intentar «arreglar expedientes antes de iniciar la petición de reintegro. En este sentido, han detectado ya un expediente referente a una ayuda a UGT para hacer obras en un centro de formación en el que el sindicato renunció antes del inicio de la reclamación, procediendo a la devolución del anticipo.
«Como saben que hay casos en los que no procedía dar la ayuda, antes de iniciar el expediente de reintegro la entidad devuelve el dinero», asegura Ruiz-Sillero, que califica la maniobra de «apaño para ganar tiempo, arreglar expedientes y no perjudicar a Susana Díaz». Para la parlamentaria del PP, queda claro que «50 días después el PSOE sigue obsesionado con su objetivo de boicotear la investigacióndel fraude de los cursos de formación el Parlamento».

jueves, 3 de septiembre de 2015

Ciudadanos quiere blindar a los funcionarios que filtren escándalos de corrupción


Lamentablemente no comenzarán por Andalucía...

Ciudadanos quiere blindar a los funcionarios que filtren escándalos de corrupción

El primero paso en firme lo dará en las Cortes de Castilla y León, donde presentará en breve una iniciativa. Sus promotores plantean bien involucrar a la Inspección General de la Junta o crear un organismo autonómico que proteja a estos empleados públicos ante posibles represalias de sus superiores.
Albert Rivera, presidente de C's, y su delegado en Castilla y León, Luis Fuentes - Foto C's
La figura anglosajona del "whistleblowder" (relevador de secretos) no está regulada en España, una carencia que Ciudadanos se ha propuesto resolver dentro de su apuesta por la regeneración democrática. El primer paso en firme lo dará en las Cortes de Castilla y León, donde la formación de Albert Rivera tiene previsto presentar en breve una iniciativa al respecto. Desde C's consideran que los empleados públicos no gozan de suficiente protección a la hora de lanzarse a denunciar irregularidades en la Administración. De hecho, en los últimos años se han sucedido episodios de ceses y cambios de destino de funcionarios honrados que dieron la voz de alarma en sonados casos de corrupción.

A la espera de realizar una ronda de contactos con el resto de grupos parlamentarios y con el Ejecutivo de Juan Vicente Herrera, la delegación de Ciudadanos en Castilla y León, con Luis Fuentes al frente, ya baraja algunas propuestas técnicas para ser incluidas en la redacción de dicha iniciativa parlamentaria. El objetivo es la creación de un "sistema de garantías al que puedan acogerse los empleados públicos que destapen irregularidades en la Administración", apuntan. En conversación con Vozpópuli, el secretario regional de Comunicación y cabeza de lista al Congreso por Salamanca, Pablo Yáñez, ha desvelado a este diario algunas de esas ideas que sondea su partido y que serán expuestas a las demás fuerzas políticas en las próximas semanas. De estos trabajos se está encargando el diputado Manuel Mitadiel.
De momento, Yáñez señala que un punto fuerte de la iniciativa podría ser involucrar a la Inspección General de la Junta de Castilla y León, en teoría un órgano de independencia política, en la salvaguarda de los funcionarios que filtrasen anomalías en la gestión pública. "El miedo a las represalias no pueda funcionar como cómplice de aquellos comportamientos y aquellas actuaciones que en el seno de la Administración pervierten el sentido de servicio a la ciudadanía que debiera caracterizarla", recalcan desde Ciudadanos.

El responsable de Comunicación subraya que la Inspección se encargaría de corroborar durante un determinado plazo de tiempo si el funcionario-revelador sufre algún tipo de venganza, velando así por sus condiciones laborales. Además, el portavoz de C's detalla que habría que valorar también si el whistleblowder puede seguir ejerciendo en el mismo destino tras destapar un escándalo.
Otra opción, revela Yáñez, sería la creación de un organismo de protección dentro de la Administración autonómica, si bien insiste en que desean escuchar las propuestas de los demás grupos en este sentido. "El camino hay que dibujarlo", agrega. El dirigente de C's destaca que su formación no plantea esta cuestión para ir contra el Gobierno regional, en manos del PP, sino todo lo contrario. Ciudadanos, que facilitó la investidura de Herrera tras la firma de un acuerdo de 31 puntos (el documento no incluye esta protección al empleado-filtrador), no pretende "arrastrar" a la Junta a esta actuación, sino "implicarla, que sea la que encabece dicha iniciativa que hemos puesto sobre la mesa", sostiene Yáñez.

"El primer interesado en que las anomalías salgan a la luz debe ser el propio Gobierno de Castilla y León", declara el portavoz de C's. En su opinión, "nadie mejor que los propios funcionarios, que trabajan en la Administración, para detectar y denunciar las irregularidades que allí se producen". Eso sí, el secretario de Comunicación resalta que ello requiere que esos empleados públicos tengan un mayor respaldo laboral en el aspecto normativo. De este modo, C's contempla también la posibilidad de una modificación de la Ley de Función Pública.

"En el fondo, son personas que están viendo cómo se comete una infracción y que al día siguiente, si lo denuncian, tienen que ir a trabajar con el mismo jefe o los mismos supervisores", ilustra Yáñez. Este dirigente indica que en los últimos meses han recibido sucesivas cartas y quejas de particulares reclamando ayuda y soluciones políticas al respecto.


De la trama Púnica al 'caso Cooperación'
El papel jugado por whistleblowders en recientes casos de corrupción ha sido determinante a la hora de dar con la raíz del escándalo. Por ejemplo, el caso Púnica, la trama de corrupción que estalló al PP con epicentro en Valdemoro, ha avanzado a buen ritmo gracias a que tras las primeras detenciones, realizadas el 27 de octubre del año paso, hubo un aluvión de revelaciones a la Guardia Civil por parte de funcionarios municipales.

En la lista de deshollinadores de otros casos mediáticos se hallan José Luis Peñas, el exconcejal del PP en Majadahonda que denunció Gürtel; Ana Garrido, la extrabajadora del Consistorio de Boadilla del Monte que hizo lo propio sobre la misma trama; el comisario de Policía Judicial José García Losada, cesado cuando investigaba los papeles de Bárcenas; Isabel Villalonga, exsubsecretaria de Presidencia de la Generalitat valenciana que se negó a firmar pagos al Instituto Nóos de Iñaki Urdangarin; los tres funcionarios (Carmen Dolz, Sergio Aguado y Teresa Clemente) que plantaron cara al exconsejero valenciano Rafael Blasco en el caso Cooperación; o la exjefa adjunta de la oficina técnica de la Agencia Tributaria Dolores Linares, que se opuso a anular una multa de Hacienda a la cementera mexicana Cemex.

El Gobierno se limita a la normativa de "acoso laboral"

Un antecedente parlamentario sobre este asunto se halla en una pregunta escrita que la portavoz de UPyD en el Congreso de los Diputados, Rosa Díez, dirigió al Gobierno en julio del año pasado. La exlíder magenta planteó al Ejecutivo si piensa "regular en nuestro país la figura del 'whistleblower' para proteger a los empleados públicos que destapan abusos y corrupción dentro de la administración pública". En su exposición de motivos, Díez aludió a que Estados Unidos, por ejemplo, ampara al empleado público que se atreve a formular este tipo de denuncias. Este país, añadió, también establece el imperativo legal de investigar los casos denunciados.

Por otro lado, en el Reino Unido, apuntó la diputada magenta, la Ley de Declaración de Interés Público, de 1998, proporciona "un marco de protección jurídica para las personas que divulguen información sobre malas prácticas de los gestores públicos y posibles delitos de los cargos políticos"
Además, Díez subrayó que en Europa sólo Reino Unido, Luxemburgo, Rumania y Eslovenia poseen una cobertura legislativa "avanzada" en esta materia. Mientras que España se encuentra entre los siete países de la UE que no cuentan aquí "con ningún tipo de legislación".

En su respuesta, tramitada el pasado febrero, el Gobierno se limitó a recordar la normativa ya existente sobre "acoso laboral" y aludió a un informe del Ministerio de Justicia para la última reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal -este miércoles fue aprobada en el Senado-, que estudiaba posibles mejoras en materia de protección de los denunciantes, "con el objeto de proteger la confidencialidad de las denuncias efectuadas para determinados delitos". Sin embargo, finalmente, esto no se ha plasmado en el texto definitivo. El Ejecutivo sigue eludiendo una regulación de la figura del whistleblowder en la Función Pública.

http://vozpopuli.com/actualidad/67587-ciudadanos-quiere-blindar-a-los-funcionarios-que-filtren-escandalos-de-corrupcion 

domingo, 16 de agosto de 2015

CCOO-A se instala en los 'números rojos'

En condiciones normales, para alguien decente y de izquierdas esta notícia debería ser una mala nueva. Sin embargo, si pensamos que CCOO-A es uno de tantos orgánulos del Regimen Andaluz del que se ha beneficiado -y bien- mediante dinero público mientras miraba para otro lado en los graves expolios al parado permitidos por la Junta, pues que quiere que les diga...¡Se siente ; ) !

Por cierto, estos colegas apoyan la Ley de Reforma del Sector Público Andaluz, la conocida como la Ley del Enchufe de los sociatas...¡ se siente ; )  al cuadrado!

La mamela ya no fluye como antaño...




LABORAL

El sindicato ha despedido a 95 trabajadores en el plazo de dos años

CCOO-A se instala en los 'números rojos'

  • Prevé perder este año 1,7 millones, que se sumarían a los 6,7 de los dos últimos ejercicios

  • Despide a 10 trabajadores y les aplica la reforma laboral contra la que se movilizó.

  • Presentan un conflicto colectivo contra CCOO por modificación de condiciones laborales


     
  • Ver más
El hundimiento de los ingresos por cuotas de afiliados, la reducción de las subvenciones no finalistas y la caída de la facturación de los servicios jurídicos están estrangulando la economía de CCOO-A, que ha pasado de repudiar la reforma laboral a aplicarla sin tapujos al indemnizar a los últimos trabajadores a los que ha puesto en la calle.
El sindicato aligera sus gastos de personal con el despido de una decena de trabajadores y la consolidación de la reducción al 50% de la jornada y el sueldo a una parte de sus empleados en un intento de taponar la hemorragia económica que sufre. Es una vuelta de tuerca más tras el ERE extintivo que afectó a 85 trabajadores hace ahora justo dos años, cuando también se le redujo la jornada y el sueldo a 152 empleados y el 23% del salario a otros 102.
De no cambiar la tendencia en el segundo semestre, el sindicato cerrará este ejercicio con unas pérdidas de 1,7 millones, como reconoce la secretaría de Organización y Finanzas en la carta con la que ha comunicado la modificación sustancial de las condiciones de trabajo a parte de su plantilla. Ese déficit se sumaría a los dos millones registrados en 2014 y a los 4,73 millones de 2013, lo que totaliza casi 8,5 millones en tres años.
La realidad ha puesto al descubierto que la estructura levantada por CCOO-A en los años de abundancia de subvenciones públicas tenía los pies de barro. Cuando la afiliación se ha desplomado por la crisis económica, han menguado las ayudas y la Administración se ha retrasado en el pago, el problema económico estaba cantado.
Como viene informando EL MUNDO de Andalucía, CCOO-A acumula cuatro años de descenso continuado de los ingresos por cotizaciones de sus afiliados. En 2014, el sindicato sumó por esa vía 8.461.253,68 euros, un 6,4 por ciento menos que en 2013 (9.039.333,50 euros). La caída es del 23 por ciento en comparación con 2010, cuando la aportación de sus militantes representó 10.998.618,09 euros.
La organización que dirige Francisco Carbonero admite que la afiliación -su principal vía de financiación- «sigue cayendo», pero a una «tasa de descenso menor» que en ejercicios precedentes.
No ha trascendido el número actualizado de cotizantes con que cuenta hoy el sindicato, que tenía 194.497 a finales de 2009 y 167.498 al cierre de 2012. La pérdida de afiliación sigue sin tocar suelo, lo que permite pensar que se aproximará al entorno de los 150.000.
Con lo que ingresa CCOO de sus afiliados (8.461.253,68 euros en 2014), sólo tiene para hacer frente a los gastos de personal (8.438.262,19 euros el pasado año).
Justo dos años después del duro ajuste laboral que aplicó, lo que le permitió reducir un 39,6% su principal partida de gastos, el sindicato ha vuelto a recurrir a los despidos para evitar que las pérdidas se desboquen en vez de explorar otros caminos.
Los elegidos han sido esta vez diez empleados de la asesoría jurídica (abogados, graduados sociales y administrativos), justificado por el sindicato por la desproporción existente entre los ingresos que genera este servicio y los gastos de funcionamiento del mismo. El pasado año, el déficit fue de 1,53 millones.
En estos despidos, CCOO se ha reflejado en el espejo de sus propias contradicciones. La organización ha sido muy crítica con la reforma laboral aprobada por el Gobierno de Rajoy en 2012 al abaratar el despido, pero ha recurrido a ésta a la hora de calcular las indemnizaciones de los despedidos: 20 días por año de servicio con un tope de 12 mensualidades. Algunos de los afectados llevaban más de 16 años en el sindicato.
La medida ha ido acompañada de la consolidación de la reducción del 50% de sueldo y jornada a los trabajadores que empezó a aplicarse en 2013 sin haber abierto, pese a tratarse de un sindicato, el correspondiente periodo de consultadas con la representación de los trabajadores para analizar las razones y buscar alternativas para reducir los efectos de la medida.
Según ha podido conocer este periódico, un grupo de 33 afectados ha formulado ya, ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), demanda de conflicto colectivo por modificación sustancial de condiciones de trabajo contra la confederación sindical de CCOOO y otras 14 federaciones, empresas y fundaciones vinculados al mismo.

viernes, 17 de julio de 2015

Altos cargos de la Junta, imputados por marginar a los funcionarios de carrera


Altos cargos de la Junta, imputados por marginar a los funcionarios de carrera

Día 17/07/2015 - 07.10h

Están acusados de otorgar potestades públicas a personal de la «Administración paralela»

Altos cargos de la Junta que tuvieron o tienen responsabilidades en la Administración andaluza han prestado declaración en calidad de imputados en el Juzgado número 6 de Sevilla, el encargado de investigar el escándalo de los ERE, aunque en este caso debido a una denuncia presentada en octubre de 2013 por el Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF), por una supuesta usurpación de funciones y por los presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos.
Recientemente fueron llamados a declarar Juan Carlos Lomeña, Susana Radio Postigo, Pilar Serrano Boigas. Marta Rueda Barrera, Irene Sabalete Ortega (sorprendida arengando a los trabajadores para que hicieran campaña a favor del PSOE) y Manuel Gabriel Pérez Marín, todos ellos vinculados a la extinta Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo.
Los hechos denunciados tienen como referencia una serie de documentos en los que se constata que la Consejería autorizó a «evaluadores externos» para realizar trabajos que corresponden a los funcionarios de carrera.

miércoles, 15 de julio de 2015

Investigan a cargos de la Junta de Andalucía por posible tongo en un examen


Investigan a cargos de la Junta de Andalucía por posible tongo en un examen

Día 15/07/2015 - 12.28h

La Fiscalía abre diligencias por prevaricación contra el director de la Escuela de Seguridad Pública tras repetir un examen a aspirantes a policías locales

EFE/EDUARDO ABAD

La Fiscalía Superior de Andalucía ha iniciado diligencias de investigación penal para averiguar si el director de la Escuela de Seguridad Pública (ESPA), Isidoro Beneroso Álvarez, y el jefe del Servicio de Formación incurrieron en un posible delito de prevaricación en la organización y realización de un examen de Derecho en el curso de ingreso a los cuerpos de Policía Local. La Escuela de Seguridad Pública de Andalucía es el órgano de la Consejería de Justicia e Interior encargado de la formación de los miembros de seguridad pública de Andalucía, incluyendo las policías locales, bomberos y personal de los servicios relacionados con la protección civil, que tienen que superar unos cursos obligatorios que les computan para graduarse.
El punto de partida está en la protesta de los alumnos de un curso a raíz de que más de la mitad de ellos (27 de un total de 51) suspendieran un examen de Derecho Administrativo. Según informa el Sindicato Andaluz de Funcionarios (Safja) en su página web, éstos presentaron un escrito ante la ESPA asegurando que los criterios de evaluación aplicados (se exigía un 65% de respuestas correctas para aprobar y, además, las respuestas erróneas puntuaban negativamente) eran incorrectos. Pidieron la repetición del examen, a pesar de que legalmente no procedía, según les indicó uno de los responsables de la formación. Sin embargo, el sistema de evaluación es idéntico al que ha utilizado la Junta de Andalucía en las oposiciones convocadas para cubrir 3.282 puestos de trabajo en el Servicio Andaluz de Salud.
Los máximos dirigentes de la Escuela rehusaron dar a la reclamación de los alumnos el tratamiento previsto en las disposiciones vigentes, que contemplan la posibilidad de recurrir en dos instancias: primero, ante la comisión de revisión de calificaciones y, en última instancia, a la Dirección General; e, incluso, en su caso, ante la jurisdicción contencioso-administrativa. Sin tan siquiera contestar por escrito a la reclamación del alumnado, el director del ente público decidió celebrar un nuevo examen que podría incurrir en irregularidades y que dio como resultado que todos los alumnos que se presentaron a la segunda prueba sacaran unas magníficas notas, según advierte Safja.
Entre dichas irregularidades se encuentra que en la realización del mencionado examen no estuvieran presentes ni los profesores, ni el jefe del Departamento, ni los directivos de la Escuela, ni ningún otro funcionario que garantizase la rectitud, integridad y corrección de la realización del examen, que para colmo se celebró aprovechando las vacaciones de Navidad del funcionario que supervisaba las pruebas y que les suspendió. Su denuncia dio pie a la investigación de la Fiscalía, que abrió diligencias el pasado 8 de junio, apenas una semana después de conocer los hechos.
El citado curso forma parte del proceso selectivo de los aspirantes para ingresar en los cuerpos de la Policía Local. Para considerar aprobadas las oposiciones hay que superar esta prueba, que se realiza en la Escuela de Seguridad Pública. Desde la reducción del presupuesto destinado a formación, ésta constituye su principal actividad.
Antes de que la Fiscalía Superior de Andalucía acordara iniciar una investigación penal, los hechos fueron puestos en conocimiento de la Inspección General de Servicios de la Junta y de la dirección general de Interior, Emergencias y Protección Civil, de la que depende orgánica y funcionalmente la Escuela, sin que ninguna de las dos instancias adoptara decisión para restablecer la legalidad y pedir responsabilidades a sus autores, alerta Safja.

martes, 16 de junio de 2015

Caso Edu: las tres mentiras del PSOE andaluz sobre la detención de su alcalde en Punta Umbría


LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

Caso Edu: las tres mentiras del PSOE andaluz sobre la detención de su alcalde en Punta Umbría

La Junta y el partido sabían desde el viernes que el regidor de la localidad onubense había sido citado por la UDEF para que acudiera con abogado a comisaría por el megafraude de los cursos de formación. Pese a ello, su reacción al arresto estuvo plagada de falsedades y medias verdades.  
Susana Díaz, presidenta de la Junta, en una imagen reciente. - Foto EFE

Detenido, acusado por la Policía de tres delitos y... negándolo todo públicamente. El arresto este lunes del recién elegido alcalde de Punta Umbría (Huelva), el socialista Gonzalo Rodríguez Nevado, por su presunta implicación en la 'Operación Eduende' (cuarta fase del 'caso Edu') ha caído como un jarro de agua fría en su partido y en la Junta de Andalucía. Las escasas 48 horas que habían transcurrido desde que el regidor accediera al puesto y las 24 desde que Susana Díaz tomara posesión de la Presidencia parecieron pillar a contrapié al PSOE que durante todo el lunes negó, primero el arresto y, más tarde, que hubiera una acusación en firme contra su correligionario. Sin embargo, los hechos echan por tierra algunas de las afirmaciones que durante todo el lunes defendieron desde sus filas. Estas son las tres más llamativas sobre una investigación que, en el caso del primer edil, ha destapado graves irregularidades en la concesión en 2011 de una subvención de 202.282 euros para impartir cursos para parados.
Detenido con reseña policial. Desde que Vozpópuli desvelase en exclusiva a las nueve y media de la mañana que Rodríguez Nevado había sido detenido poco antes por agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), tanto el alcalde, como su partido y la propia Susana Díaz negaron que el político estuviera arrestado. Se referían a una simple citación, que "no es una detención", para que fuera a prestar testimonio. Sin embargo, en la llamada teléfonica que recibió el regidor onubense de la Policía el pasado viernes para que acudiera a las nueve de la mañana a la comisaría provincial de Huelva (un sistema contemplado por la ley y del que queda constancia oficial mediante los llamados telefonemas que se incorporan a la causa) ya se le señaló que lo hacía como imputado. De hecho, se le indicaba que debía hacerlo necesariamente acompañado de abogado, lo que despejaba cualquier duda sobre la situación en la que iba a ser interrogado.
Al llegar a comisaria junto a su abogado, la UDEF leyó al alcalde de Punta Umbría sus derechos, se le comunicaron los tres delitos de los que se le acusa y se le hizo su reseña policial
Nada más llegar a la comisaría, Rodríguez Nevado fue informó de que estaba detenido y se le leyeron sus derechos. También se elaboró la pertinente reseña policial, como a todos los detenidos. Además se le comuniaron las acusaciones que pesaban contra él. En concreto, tres delitos: estafa, fraude en la obtención de subvenciones y falsedad en documento. Tras ello, se inició el interrogatorio que duró escasos minutos, ya que se acogió a su derecho a no declarar. Cuando poco después abandonaba el centro policial, lo hacía el libertad con cargos, a la espera de que el titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Huelva, Javier Romero, que dirige la 'Operación Edu' en esta provincia, le haga comparecer también como imputado. La misma situación -y actitud- adoptaron su hermana y dos sobrinos, quienes también acudieron este lunes a comisaría a petición de la UDEF para responder sobre las supuestas irregularidades en la subvención de 2011 que recibió la empresa familiar ahora bajo sospecha.
Empresario hasta 2012. Otro de los argumentos esgrimidos por el PSOE para no forzar la renuncia a su cargo de Rodríguez Nevado era la supuesta desvinculación del mismo con la empresa investigada por la subvención recibida: El Paraíso de la Dehesa SL. Según destacaban este lunes el secretario general de la formación en Huelva, Ignacio Caraballo, el alcalde se encontraba fuera de la misma desde el año 2007 y "los hechos que se le atribuyen son posteriores a la desvinculación que él tiene con esa empresa". Además, añadió que el regidor local "no era responsable" de la misma en el momento, 2011, en el que se impartieron los cursos para parados bajo sospecha.
En el Registro Mercantil, Rodríguez Nevado figuró como administrador único de la empresa familiar bajo sospecha hasta 2012, y no 2007 como insistían desde el PSOE para exculparle
Sin embargo, el Registro Mercantil echa por tierra estas afirmaciones y confirma que Rodríguez Nevado fue el administrador único de la sociedad hasta enero de 2012. Es decir, casi un año después de que la Junta de Andalucía otorgara a la misma los 202.282 euros para que impartiera cursos de formación. Sólo entonces delegó su responsabilidad en su hermana y sus dos sobrinos. Algo similar hizo semanas después en una segunda sociedad, El Paraíso de Punta Umbría SL. Con ambas mercantiles gestionaba, según las fuentes consultadas, tres restaurantes de alto standing en la provincia ya cerrados por deudas con la Seguridad Social. Además, la documentación que aparece en el expediente que el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) elaboró en 2011 para otorgar la ayuda, y que se ha incorporado al sumario, figuran numerosos documentos en los que aparece su nombre como titular de la misma. Incluso, hay algunos en los que consta su firma.
Ninguna colaboración. Entrevistada en directo en El Programa de Ana Rosa, de Telecinco, la propia Susana Díaz no sólo negó que el alcalde de Punta Umbría hubiera estado detenido, sino que aseguró que había acudido a la citación de la Policía para prestar su testimonio con "absoluta colaboración y transparencia". Sin embargo, esta supuesta colaboración con la UDEF había quedado ya en aquel momento completamente en entredicho ya que, como reconocían desde el propio PSOE, Rodríguez Nevado se negó a declarar ante los agentes e, incluso, no facilitó en ningún momento los trámites legales de su detención, según aseguran a este diario fuentes cercanas a la investigación. Una actitud que se repitió con los otros tres familiares que acudieron a declarar y que, siempre según estas fuentes, adoptaron una actitud "idéntica, claramente acordada entre ellos antes de su comparecencia".
Susana Díaz aseguró que su correligionario prestaría su testimonio con "absoluta colaboración y transparencia" cuando ya se había negado a declarar ante la Policía
Tampoco mostraron transparencia ante la prensa durante todo el día de ayer ni el alcalde detenido ni su partido ni la Junta. El primero se limitó a negar las acusaciones con monosílabos cuando fue abordado a la salida de la Comisaría por La Sexta. Su partido en Huelva respaldó sus palabras en una rueda de prensa en la que aportó poca información y más confusión. Cuando se puso este diario en contacto con la formación, se limitaron a remitir a dicha comparecencia pública declinando añadir más información. Sólo admitieron conocer desde el viernes que Rodríguez Nevado había sido citado a declarar en Comisaría. Por su parte, el equipo de prensa de la Junta de Andalucía no atendió los requerimientos de información de este diario. Un silencio en la línea de la actitud que mantuvo el regidor ante la Policía cuando fue detenido y acusado de tres delitos. El mismo número que las mentiras que ayer defendió el PSOE ante la opinión pública.

http://vozpopuli.com/actualidad/63943-caso-edu-las-tres-mentiras-del-psoe-andaluz-sobre-la-detencion-de-su-alcalde-en-punta-umbria

miércoles, 10 de junio de 2015

¡20 Euros para acabar con El Cortijo!


Los amigos de la página Defiendo mi Derecho y la Gestión Pública informan que han iniciado una nueva recolección de fondos para continuar el frente judicial que lucha contra el Régimen en los tribunales.

Aquí el enlace con los detalles:

http://defiendomiderecho.blogspot.com.es/2015/06/se-inicia-la-recaudacion-para-completar_9.html


Hoy tal vez es un buen día para canalizar el hartazgo, decepción y cabreo ante la imposibilidad de parar los desmanes de la Junta en lo relativo a la consolidación progresiva de la Administración Paralela con las complicidades de los habituales partidos y sindicatos del pesebre (PSOE, IU, UGT y CC.OO.) y, probablemente por alguno que otro de nueva creación pero con ansia viva por chupar de la inagotable ubre pública andaluza, aún a costa de perder la virtud. Para los lentos de reflejos, me refiero a C's. Ese partido al que voté hace tres meses y ya me está escamando.

Particularmente, nunca me ha dado más placer que gastar estos euros en acciones que, lo mismo, dan al traste con este mastodonte de prepotencia, clientelismo y jeta llamado Junta de Andalucía, en particular a todo lo relacionado con la Ley de Reforma de la Administración Pública.

Y aquí va la prueba de que al menos mis veinte pavos ya están ingresados.

De todas formas, no creo que desde los organizadores de la cuestación pongan ninguna pega a cualquier ingreso de otra cantidad menor, por lo que os animo a darle fuerte a esta plebe donde más le duele: en los tribunales.

Si no, esperad a que a base de elecciones y pactos "responsables" El Cortijo se derrumbe...


lunes, 8 de junio de 2015

SOCIATAS: Grupo México pagó comisiones en el concurso de Aznalcóllar



Grupo México pagó comisiones en el concurso de Aznalcóllar

  • La empresa Magtel, afín a la Junta, habría vendido sus influencias por 1,2 millones

  • El grupo cordobés recibió una comisión por 'servicios previos' tras ganar el concurso

Vista general de la corta Los Frailes, inundada, en el yacimiento de...
Vista general de la corta Los Frailes, inundada, en el yacimiento de Aznalcóllar. JESÚS MORÓN

     
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El grupo Magtel -al que un juzgado investiga por tráfico de influenciascon la Junta- recibió de Grupo México algo más de un millón de euros por sus «servicios» en el concurso de adjudicación de la mina de Aznalcóllar, que el gobierno de Susana Díaz le acabó otorgando en un procedimiento que fue paralizado precisamente por las sospechas de amaño. La adjudicación a Magtel -teóricamente asociada con la multinacional mexicana- la llevó a cabo la Junta «sin el más mínimo rigor», según la magistrada Patricia Fernández.
El supuesto trato de favor a Magtel por parte de la Junta sería en realidad, según la documentación que maneja el Juzgado de Instrucción 3 de Sevilla, una intermediación a favor de Grupo México por el que esta compañía minera habría pagado a Magtel.
De hecho, entre los documentos que la Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Junta ha enviado al juzgado a petición de la juez está una factura emitida por Minorbis -la filial creada por Magtel ex profeso para optar a la adjudicación de la mina- a AMC Mining Iberia S.L.U. -filial, a su vez, de Grupo México- por un importe de 1.210.000 euros.
A modo de concepto, la empresa controlada por los hermanos López Magdaleno factura este millón largo de euros como «honorarios por servicios de coordinación previa» a AMCMining Iberia (que es lo mismo que decir Grupo México) «para el desarrollo e impulso del proyecto de explotación de la reserva minera de Aznalcóllar».
La factura aparenta ser una comisión en toda regla por las gestiones realizadas para lograr la adjudicación de la mina ante la Junta, con la que según los investigadores de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional Magtel tenía relaciones privilegiadas.
Precisamente, las sospechas de los investigadores apuntan a que el grupo empresarial con sede en Córdoba pudo valerse de sus conexiones con el gobierno autonómico socialista -a través, fundamentalmente, de varios ex altos cargos- para lograr la mina, un presunto caso de tráfico de influencias que iría mucho más allá.
Tanto como para poner en cuestión los 23,6 millones de euros que entre 2009 y 2011 recibió el conglomerado empresarial de la familia López Magdaleno de la Junta en concepto de subvenciones públicas, así como los 28,3 millones recibidos de las mismas arcas públicas en forma de préstamos. Todo ello está siendo investigado ahora mismo por la Policía.
El papel de supuesto conseguidor de Magtel viene avalado, además, por el hecho de que pese a que fue el rostro visible del consorcio Minorbis-Grupo México al que la Junta dio los derechos mineros de Aznalcóllar el 25 de febrero pasado, la sociedad que finalmente se ha hecho con el control del yacimiento, Minera Los Frailes S.L. la constituyó Grupo México como única propietaria.
Sólo con posterioridad, la multinacional mexicana dio entrada a Minorbis mediante la venta simulada de un participación muy minoritaria. En concreto, Grupo México pagó a Magtel por sus «servicios» en el concurso minero con acciones de Minera Los Frailes.
Así se refleja en la documentación en poder de EL MUNDO de Andalucía, entre la que se incluye una escritura notarial de compraventa de 13.049 participaciones que representa apenas el 1,30% del capital social de Minera Los Frailes S.L., un porcentaje que como mucho podría haber ascendido al 2,688% en virtud de un pacto entre los socios que contemplaba la posibilidad de adquisición por parte de Magtel de más acciones, aunque esto no está acreditado.
En definitiva, Grupo México controla entre el 98,7 y el 97,3% de Minera Los Frailes, la sociedad a la que la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo adjudicó la mina de Aznalcóllar en el polémico concurso llevado a los tribunales por la otra aspirante, Emerita Resources, y Ecologistas en Acción.
Hay otro detalle que llama sobremanera la atención en este rosario de operaciones mercantiles, que buena parte de ellas se llevaron a cabo el mismo día, el pasado 11 de mayo, precisamente la fecha límite establecida por la Junta de Andalucía para que los ganadores del concurso aceptasen formalmente la adjudicación.
El día 11 está fechada la factura emitida de Minorbis por sus «servicios» a Grupo México y ese mismo día se lleva a cabo ante el notario Andrés de la Fuente la cesión de acciones a la filial de Magtel como pago.
En el escrito presentado por Minorbis-Grupo México para aceptar los derechos mineros, los adjudicatarios ponen de manifiesto sus reticencias a asumir el yacimiento en esa fecha y que lo hacen por imposición de la Dirección General de Minas, que rechazó dos solicitudes pidiendo una prórroga del plazo oficial.
Sólo tras agotar las opciones, Minera Los Frailes aceptó la mina y en unas pocas horas cerró operaciones de compraventa y acuerdos societarios, entre los que estaba el pago de la comisión a Magtel.