jueves, 29 de diciembre de 2011

La Junta también ordenó con «post-it» pagar a «intrusos» ajenos a los ERE

Trinque a través de un post-it escrito a lapiz (!!!) ...¿acaso escribir en boli es demasiado rígido para esta administración tan dinámica?


Según se puede apreciar en esta foto, esta bella muchacha lleva consigo documentación suficiente como para montar 15 expedientes de subvención en la Junta. Es de reconocer el esfuerzo de la Junta de Andalucía en el ahorro de papel para hacer una administración mas sostenible.
 La Junta también ordenó con «post-it» pagar a «intrusos» ajenos a los ERE

Desembolsó 51.051 euros en 2008 para prejubilar a dos empleados ficticios del hotel Roc Flamingo, en Torremolinos, sin vincularlos a un expediente de empleo

Día 29/12/2011 - 08.32h
«No figura que hayan trabajado nunca» para este establecimiento hotelero ubicado en Torremolinos (Málaga), según desvela un expediente de información reservada sobre las presuntas irregularidades en los ERE al que ha tenido acceso ABC y que forma parte del sumario del proceso abierto por la titular del juzgado de instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya. Con Antonio Fernández como consejero de Empleo, la Junta abonó a ambos 51.051,76 euros el 1 de septiembre de 2008 a través de la Agencia de IDEA, el ente pagador de las polémicas ayudas sociolaborales.
La investigación de la Consejería pone así de manifiesto un procedimiento inédito en la gestión del «fondo de reptiles», como denominó la partida autonómica de ayudas discrecionales para subvencionar despidos uno de los principales imputados en la trama, el exdirector general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero (1999/2008). Por no haber, no existe siquiera un expediente de regulación de empleo que justificara los pagos.
El funcionario instructor del proceso de información reservada realizado por Empleo expone en el citado informe, del 2 de marzo pasado, que «no se dispone de ningún tipo de expediente ni tampoco ERE que ampare la aportación de J.A. —siglas de la Junta de Andalucía— a dicha póliza para sólo dos personas». «No se trata, por tanto, al parecer, de un despido colectivo, sino de dos extrabajadores aislados», matiza.
El único «documento» que figura en la carpeta del expediente de las citadas pólizas es «un “post-it” manuscrito a lápiz», una pequeña hoja de papel autoadhesivo con el siguiente mensaje: «pagado Altadis». La tabacalera Altadis es una de las 21 empresas que recibieron ayudas superiores a 1,2 millones de euros procedentes de la partida 31L y sobre las que Alaya requirió información a la Junta al entender que debían contar con la autorización del entonces consejero de Economía y Hacienda y hoy presidente andaluz, José Antonio Griñán.
El procedimiento de tramitación de las subvenciones no puede ser más parco. En el caso de los dos falsos extrabajadores del hotel de la Costa del Sol, «se dispone tan sólo de un OFICIO —las mayúsculas pertenecen al instructor— original de la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social (DGTSS) dirigido a la aseguradora Apra Leven en el que aquélla «muestra su conformidad a que se suscriba póliza para dos extrabajadores de Hotel Roc Flamingo», expuso.
Grapado al citado oficio «figura un “estudio de 26/03/2008” con relación nominal de dos trabajadores (José C.P. y Antonio V. C., de 57 y 56 años, a 31/12/2008», especificó. En él se detalla «el coste de la prima, así como el nivel de cobertura y la propuesta de financiación en la que figura una aportación de la Junta por importe de 51.051,76 euros», agrega el informe del instructor. Se fijó como fecha de pago el 1 de septiembre de 2008.
La investigación de Empleo verificó que la vinculación laboral de los dos prejubilados con la firma era nula. «No figura que hayan trabajado nunca para el hotel Roc Flamingo ni para Altadis, sí, en cambio, trabajaron ambos para Maltursort SL (una empresa hotelera balear), que tenía su sede en la misma dirección de Torremolinos que el hotel», donde ambos causaron baja el 4 de marzo de 2008 y pasaron a cobrar el desempleo, concluye el informe.

¡FIESTA EN EL CORTIJO!: La deuda no frenó a la Junta a la hora de conceder subvenciones en 2010

¡Echa vino y que pague el último que llegue!

La deuda no frenó a la Junta a la hora de conceder subvenciones en 2010

La Cámara de Cuentas refleja en su informe de ese año que la Administración autonómica financió y concedió ayudas con endeudamiento, que arrojó una subida del 24% con respecto a 2009
R. A. · Agencias / Sevilla | Actualizado 29.12.2011 - 05:04
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El presidente de la Cámara de Cuentas, Antonio López, ayer con José Antonio Griñán.
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La situación financiera y económica de la Junta de Andalucía, complicada -cuando no grave, como la del resto de los gobiernos autonómicos-, no supuso un dique para que a lo largo del ejercicio 2010 el Ejecutivo financiara la mayor parte de las subvenciones al margen del endeudamiento que soporta. Al contrario, y sobre este comportamiento encendió ayer la luz de alerta la Cámara de Cuentas, cuyo presidente, Antonio López Hernández, entregó el informe provisional de la Cuenta General, Contratación Administrativa y Fondeo de Compensación Interterritorial de 2010 al jefe del Ejecutivo, José Antonio Griñán. En el periodo de un mes, su gobierno hará las alegaciones para que sea definitivo y se traslade al Parlamento.

La deuda de la Junta, en palabras del máximo responsable de la Cámara de Cuentas, ha aumentado "de manera relevante", y si bien ha seguido la tónica imperante en todo el territorio del Estado, alcanzando una subida del 24,5% por encima de los números que presentó en 2009, instalándose en los 11.891 al 31 de diciembre de 2010, también es cierto que lo ha hecho por debajo de la media que han reflejado las demás comunidades autónomas españolas. El 93% es deuda a largo plazo y el 7% restante lo es a corto plazo, detalló López Hernández.

El presidente de la Cámara de Cuentas, tras apuntar que se trata de unos datos provisionales a espera de las citadas alegaciones de la Junta, indicó que los ingresos totales de fueron de 32.563 millones, un 2,10% menos que en 2009 y los gastos fueron 31.122 millones, 9,5% menos que en 2009, así como que la recaudación neta ascendió a 29.200 millones, un 8,7% menos que en 2009 y los pagos realizados fueron de 27.865 millones, un 8,97% menos que en 2009.

En cuanto a los ingresos corrientes y gastos corrientes, los primeros fueron en 2010 de 25.023 millones, un 3% menos, mientras que los gastos corrientes fueron 24.763 millones, un 5,6% menos, por lo que el ahorro bruto fue de 260 millones, un 88,7% menos que en 2009. López Hernández hizo hincapié en que "hay un colchón de varios años que paulatinamente se va reduciendo" con los efectos de la crisis, que está originando "una reducción de ingresos corrientes mientras se mantiene dentro de las posibilidades el gasto corriente que atiende a los servicios". "Ahora mismo hay ahorro bruto, los ingresos pueden cubrir el gasto corriente, pero se ha reducido sensiblemente", subrayó el presidente de la Cámara de Cuentas, quien añadió que "la mayor parte de las inversiones, al reducirse el ahorro, se han financiado con endeudamiento y de ahí su crecimiento".

Respecto al remanente de tesorería, en 2010 fue de 1.308 millones y en 2009 fue de 479 millones, por lo que hay una mejora de 829 millones, pero sin embargo "siguen los problemas de liquidez para financiar gastos". Dentro de este componente de remanente de tesorería hay 2.476 millones de deuda pública que está autorizada pero pendiente de emisión". A 31 de diciembre de 2010 la Junta tiene pendiente de cobro un total de 4.663 millones. López Hernández recalcó que las obligaciones no imputadas al presupuesto y pendientes de pago ascendían a 1.886 millones, de los cuales 172 millones corresponde a la Junta y 1.714 al SAS. En este último, en concreto, se ha producido de 2009 a 2010 un incremento 230 millones.

En cuanto a las entidades empresariales, la deuda ascendió 4.636 millones, un 20,29% más que en 2009, la composición fue de 825 millones con entidades de crédito, un 135% más que el año anterior, y el resto fueron deudas comerciales, obligaciones con administraciones, entre otras. Estas entidades en su conjunto durante ese ejercicio obtuvieron resultados económicos agregados negativos por importe de 140 millones, un 56,5% más que en 2009, si bien, paralelamente, las subvenciones y transferencias de la Junta a éstas disminuyeron 67 millones, es decir, "las pérdidas se incrementaron pero las subvenciones y transferencias se redujeron desde los 1.409 millones a los 1.343 millones en 2010".

En las fundaciones, el total de deuda ascendía a 267 millones, un 12,78% menos que en 2009 y los resultados económicos agregados tenían 43.000 euros y se redujeron en 500.000 euros. Por su parte, las subvenciones y transferencias se incrementaron en 35.000 euros. En relación a consorcios, la deuda total ascendió a 37,56 millones, un 52% más que en 2009 y fundamentalmente es con deuda comercial. Los resultados fueron positivos en 2,58 millones, un 240% más que el año anterior y las subvenciones y transferencias de la Junta se incrementaron 10,58 millones, al pasar de 93 millones a 2009 a 103 millones en 2010.

López Hernández incidió en que "la situación financiera debe de mejorar" y aunque hay ahorro bruto y los ingresos cubren los gastos, "hay que empezar a preocuparse por si disminuye de una manera mucho más importante".

miércoles, 28 de diciembre de 2011

Treinta dirigentes del PSOE piden aplazar el Congreso Federal de febrero

NO SABEN COMO EVITAR LA DEBACLE EN ANDALUCIA.

Treinta dirigentes del PSOE piden aplazar el Congreso Federal de febrero

MADRID, 28 Dic. (EUROPA PRESS) -
   Una treintena de miembros del PSOE, en su mayoría andaluces pero también, han escrito una carta a la Comisión Ejecutiva Federal del partido para pedir que el Comité Federal del próximo 8 de enero "considere seriamente" aplazar hasta junio el Congreso del partido en el que se deberá elegir a la nueva dirección y que está previsto en el primer fin de semana de febrero de 2012, en Sevilla.

   La "carta abierta", a la que ha tenido acceso Europa Press, está firmada por un total de 32 personas, de ellos 17 andaluces, como el exalcalde de Sevilla Alfredo Sánchez Monteseírín, la exdiputada Carmen Hermosín --miembro del Comité Federal del PSOE-- y el eurodiputado Luis Yáñez.

   Los firmantes consideran que Alfredo Pérez Rubalcaba "ha demostrado ser un digno candidato a liderar el partido, máxime habiendo sido el candidato a las elecciones generales del 20N en unas condiciones de sobrado conocidas que resultarían adversas para los socialistas", pero también que "el PSOE tiene un importante número de personas que podrían legítimamente aspirar a ser su líder en los difíciles tiempos que se avecinan".

   No obstante, avisan además de que "en los momentos actuales no procede un debate nominalista". "Quien nos lidere poco importará si continuamos sin ofrecer respuestas claras, y desde los valores del socialismo democrático, a la ciudadanía", subrayan.

NO "DISTRAER" AL PSOE-A DE SU OBJETIVO

   Para este grupo, el cónclave se debería aplazar a junio para poder afrontar "con suficiente tiempo y garantías el debate". A su entender, el calendario previsto, con las Navidades por medio, es "inapropiado" para desarrollar un nuevo proyecto, "basado en los valores del socialismo democrático" y al mismo tiempo "no distraer al partido en Andalucía del objetivo principal, que es recuperar la confianza ciudadana para frenar a la derecha" de cara a las elecciones autonómicas de marzo de 2012.
   A juicio de los firmantes, el partido ha de estar unido y cohesionado pero, sobre todo, debe tener una estrategia, un discurso propio y diferenciado y un diálogo abierto con la sociedad que le permita recuperar la confianza de quienes dan "inequívocas muestras de desapego ante una política y unos políticos que sienten no representa sus intereses".

   Según añaden, las dos últimas convocatorias electorales, ganadas de forma clara por la derecha, pero sobre todo, "perdidas" por quienes ostentaban la mayoría, ponen de manifiesto "ese desapego ciudadano" con el PSOE. Entienden, así, que las encuestas y el clamor expresado en la calle por amplias capas sociales muestran con claridad que los ciudadanos esperan "otras respuestas" de quienes son, o deberían ser, "el instrumento de la sociedad española para plantar cara a quienes quieren terminar con el estado del bienestar y con conquistas democráticas".

   En este sentido, señalan que procede un debate serio y en profundidad, que vuelva a situar al PSOE como una herramienta fundamental de cambio. "Ese debate no puede ser mirando hacia dentro, haciendo debates nominalistas o sin afrontar con valentía el varapalo sin paliativos sufrido", apuntan.

DEBATE CON LA MILITANCIA

   Los firmantes también plantean que en un plazo fijado por el propio Congreso se abra un debate con la militancia y los sectores sociales que quieran sumarse para abordar asuntos como la posible celebración de elecciones primarias para la elección de candidatos a la Secretaría General en los ámbitos federal, regional y provincial o el desarrollo de primarias abiertas a simpatizantes en la elección de candidatos a presidencias de gobiernos en el ámbito federal y regional y en las candidaturas a alcaldías.

   Piden debatir también la limitación de mandatos en los distintos ámbitos y responsabilidades orgánicas o institucionales; un régimen de incompatibilidades de los representantes socialistas, límites salariales para los cargos públicos, apertura de las listas en todos los ámbitos electorales, o elección directa de alcaldes.

   En el capítulo de cambios en las leyes electorales hablan de revisar las actuales circunscripciones electorales tomando como base el modelo alemán --algo que ya llevaba Rubalcaba en su programa electoral para el 20N--.

   También abogan por nuevas fórmulas de "encuadramiento" de la militancia que supere lo que consideran un "anquilosamiento" de las agrupaciones territoriales y que contemple el fortalecimiento sectorial y las "nuevas opciones en red".

   En relación con el ámbito económico financiero, plantean debates sobre la apuesta por la economía productiva y la creación de empleo la fiscalidad progresiva; la Tasa Tobin, o la participación en los costos de la crisis económica y financiera de bancos y grandes fortunas.

RECUPERAR LA "BANDERA DE LA HONRADEZ"
   En el plano político, proponen un debates sobre medidas para la defensa de la democracia frente a la dictadura de los mercados, reactivae la internacional socialista y el Partido Socialista Europeo como "herramientas eficaces de trabajo en la globalización", y la defensa del Estado del bienestar como "seña de identidad". También demandan recuperar la bandera de la honradez y la honestidad, combatiendo "sin titubeos todo tipo de corrupción, venga de donde venga".

   Los firmantes andaluces, además de Sánchez Monteseirín, Hermosín y Yáñez, son Miguel Ángel del Pino, Manuel Fernández González, Juan Ramón Troncoso, Luis Navarrete, Josu Gómez Barrutia, Manuel Fernández, Joaquín Dobladez Soriano, Rafael Toledano, Joaquín Dobladez, el exconsejero Guillermo Gutiérrez, Fernando Soto Martín, Ángel Menéndez, Jesús de la Lama y Antonio Rodríguez Galindo. La mayoría son de la provincia de Sevilla y ya no ostentan cargos públicos o en los órganos del partido.

   También hay miembros del partido de otras comunidades, como de La Rioja, José María Buzarra, Fernando Martínez López y Resu Cruz Vallejo; de Navarra, Juan Antonio Cabrero, Gracia Iribarren, Antonio Gila, Carlos Aitor Yuste, Amanda Acedo; del País Vasco, Ramón González del Cid, Andrea Muñiz, Francisco Álvarez Barral y Egoitz Aramburu; de Extremadura, Francisco Bernal; de Murcia, Juan Diego Toledano, y de Cantabria, Leire Díez.

Perdidas las elecciones, altos cargos de Chaves buscan acomodo en la Junta

Esto es lo bueno de tener un Cortijo: Se les puede dar acomodo a las crieturitas que han perdido la poltrona. Para eso está la familia (la socialista)

Porque en el mundo de los trabajadores normales, cuando no haces falta te despiden. En el mundo de los colocaos de los partidos se te busca un puesto, y si no lo hay, se crea, que para eso siempre hay billetes.

Me temo que a Andalucía va a llegar miles de sinpoltronas alertados por el efecto llamada.

Compañeros! venimos del resto de España a por un carguillo en la Juntaaaaaa!!!!


http://www.larazon.es/noticia/1409-perdidas-las-elecciones-altos-cargos-de-chaves-buscan-acomodo-en-la-junta

Perdidas las elecciones, altos cargos de Chaves buscan acomodo en la Junta Chaves y Zarrías se fueron con colaboradores como José Manuel y Enrique Cervera o Juan Antonio Cortecero (2º izquierda)

28 Diciembre 11 - - La Razón
SEVILLA- Viaje de ida y vuelta. Cuando Manuel Chaves y Gaspar Zarrías dejaron la Junta de Andalucía y se marcharon a Madrid al Ministerio de Política Territorial, sus más estrechos colaboradores hicieron el mismo camino. Ahora, una vez perdidas las elecciones generales, Chaves y Zarrías tienen su escaño en el Congreso de los Diputados, pero al resto les toca buscar acomodo.

Es el caso de Juan Antonio Cortecero, que según informó Europa Press empezó ayer a desempeñar las funciones de director gerente de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía (EPSA) en sustitución de Fermín Moral, quien ha presentado su renuncia personal al cargo por razones médicas.

Cortecero fue viceconsejero de la Presidencia de la Junta –a las órdenes de Zarrías– desde 2002 hasta abril de 2009, cuando fue nombrado subsecretario del Ministerio de Política Territorial y Administración Pública.

En cualquier caso, el nuevo director de EPSA pertenece al Cuerpo Superior de Administradores de Gestión Financiera de la Junta

"La reordenación del sector público que la Junta plantea es muy burda"

http://www.elcorreoweb.es/andalucia/137610/reordenacion/sector/publico/junta/plantea/burda
ENTREVISTA. CARLOS RODRÍGUEZ VALLECILLO

"La reordenación del sector público que la Junta plantea es muy burda"

Rocío Velis, Sevilla Actualizado 26/12/2011 23:26
Carlos Rodríguez Vallecillo es uno de los letrados del despacho Mariano Aguayo Abogados que representa a los funcionarios. - El Correo
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Abogado del Estado en excedencia, es uno de los letrados que ha llevado ante la Justicia la nueva estructura en agencias de la Junta, iniciada en junio.

Carlos Rodríguez Vallecillo, abogado del Estado en excedencia, es uno de los letrados del despacho cordobés Mariano Aguayo Abogados que representan a las plataformas de funcionarios que han puesto en jaque la reordenación del sector público, al lograr que los tribunales paralicen las integraciones de las nuevas agencias.
–¿Qué motivos hay para que los funcionarios hayan puesto en manos de la Justicia la reestructuración de la función pública?
–La Junta de Andalucía dispone de una serie de empresas públicas que se nutren de personal privado, como se nutre cualquier empresa privada. Lo que se pretende con esta reforma es integrar ese personal dentro de la propia estructura de la Junta de Andalucía. Es decir, convertir este personal en empleado público sin haberse presentada a ningún proceso selectivo en el que se respeten los principios de publicidad, mérito, capacidad e igualdad, y, por tanto, vulnerando derechos fundamentales recogidos en la Constitución.

–La Junta, en cambio, defiende que no tendrán consideración de empleados públicos...
–Hay dos tipos de empleados públicos, los funcionarios y los contratados laborales, pero para su ingreso se cumplen todas las garantías. Estas personas provienen de entes de carácter privado, que por la puerta de atrás, se van a convertir en empleados de la administración de la Junta de Andalucía. Una administración puede tener personal laboral, pero debe convocar un proceso que garantice que se va a acceder con todas las garantías de mérito, capacidad e igualdad. Lo que está planteando la Junta de Andalucía es inadmisible, es un insulto para las miles de personas que se están preparando para opositar. Los ciudadanos tienen que saber que un funcionario es independiente y está capacitado para la plaza que desempeña porque se ha preparado técnicamente para ello.

–¿Cuántos recursos tienen interpuestos en la vía judicial?

–En total hemos interpuesto 27 recursos, tanto por la vía de protección de Derechos Fundamentales, como por la vía ordinaria.

–¿Por qué las dos vías?

–Cuando se trata de una cuestión tan grave de vulneración de derechos fundamentales, la jurisdicción Contenciosa-Administrativa prevé este procedimiento. En este caso, nos basamos en la vulneración de los artículos 14 y 23 de la Constitución española. En el procedimiento ordinario es más amplio en cuanto a que planteamos tanto la vulneración de derechos fundamentales como otros artículos del Estatuto Básico del Empleado Público o la Ley Ordenación de la Función Pública de la Junta.

–¿Y los autos en los que se ha acordado suspender la implantación de las agencias a qué procedimiento responden?
–A los recursos planteados por vulneración de derechos fundamentales porque se iniciaron antes. De todas formas, por la vía ordinaria ya hemos logrado un pronunciamiento a favor sobre las medidas cautelares solicitadas sobre la Agencia del Conocimiento. Lo que es un hecho incuestionable es que todos y cada uno de los protocolos de integración de cada agencia están suspendidos en los tribunales. El último fue el de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía. Están todos suspendidos y, además, la disposición que ordena la integración del personal en la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales ha sido anulada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla.

–¿Esto supone que la reordenación del sector público está ahora paralizada?

–Eso es lo que se ha ido ordenando en los sucesivos autos, en los que los jueces le han dicho a la Junta suspenda usted la integración en las nuevas Agencias del personal que proviene de los entes que previamente ha extinguido.

–¿Y ya se están ejecutando las resoluciones?
–Estamos comprobandolo. Desde luego que si no se cumple, vamos a iniciar todas las acciones. La ejecución de la medida cautelar es inmediata desde que se comunica a la administración, que está obligada desde ese momento.

–¿Por qué hay resoluciones contrarias según los órganos judiciales?
–La razón es que los juzgados rechazaron la suspensión cautelar en los primeros recursos, salvo en el caso de la Agencia de Medio Ambiente y Agua, que se acordó por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 10 de Sevilla. Posteriormente, nos fueron concedidas por los Juzgados o por el TSJA, según los casos, que además ya ha fijado un criterio con la primera sentencia que resuelve el fondo del asunto. A partir de ahí, todos los juzgados nos la concedieron.

–Esa sentencia que entra en el fondo, ¿fija un precedente?
–La sentencia ha sido fundamental en la evolución de todas las resoluciones judiciales, puesto que entra en el fondo del asunto, lo razonable es que el resto se concedan. De hecho, en las que no se nos concedieron las medidas cautelares en los juzgados, se han conseguido por vía de recurso de apelación, como, por ejemplo, la del Servicio Andaluz de Empleo.

–¿Confían en que el resto de sentencias sean favorables?
–Sinceramente, lo realmente difícil era conseguir medidas cautelares que paralizaran la reordenación del sector público. Esto no quiere decir que las resoluciones favorables cuando se dicten las sentencias sobre el fondo sigan el mismo camino que la primera sentencia, aunque sería lo más lógico.

–¿En cuánto tiempo se resolverá el asunto?
–Está claro que la impugnación de los decretos acabará en el Tribunal Supremo. En cambio, los recursos presentados contra los protocolos, que es el acto material que ejecuta el decreto, el techo para recurrir está en el TSJA. Por eso, creemos que el procedimiento preferente de protección de derechos fundamentales podría estar concluido en los próximos meses, en la vía ordinaria se demorará más.

–¿La Fiscalía ha intervenido en el asunto?
–Sólo en el procedimiento de derechos fundamentales, en el procedimiento ordinario no puede. Nos ha dado la razón.
–Si ganáis, ¿la Junta tendrá que empezar de cero?
–Imagino que sí. Cuando se analiza la Ley de Ordenación del Sector Público, el decreto y los protocolos, a lo mejor es que se ha hecho de forma muy burda, pero la integración de personal que se propone vulnera derechos fundamentales. No olvidemos que la primera sentencia que se ha dictado sobre el fondo del asunto concluye que esa integración se hace “con desprecio” absoluto al Estado de Derecho.

martes, 27 de diciembre de 2011

DINERO DE TODOS PARA UN PUÑAITO DE DIRECTIVOS: La Junta pagó a directivos de Santana dos millones del «fondo de reptiles»

...y nuestro querido Mario Jimenez diciendo que los andaluces no van a tener en cuenta el escándalo de los EREs a la hora de votar PSOE... ¡qué poco nos conoce!.

http://www.larazon.es/noticia/5907-la-junta-pago-a-directivos-de-santana-dos-millones-del-fondo-de-reptiles

La Junta pagó a directivos de Santana dos millones del «fondo de reptiles»El conflicto de Santana Motor no ha acabado aún con su disolución. El pasado jueves se manifestaron ante el Palacio de San Telmo

27 Diciembre 11 - - F. Martí
Sevilla- La disponibilidad de una partida presupuestaria opaca como la del «fondo de reptiles» permitió que lo mismo sirviera para pagar prejubilaciones, ayudas arbitrarias a empresas, subvenciones a ayuntamientos socialistas o «garantías indemnizatorias» a directivos de empresas de capital público como Santana Motor. Según la documentación depositada por la Junta de Andalucía en el juzgado de Instrucción 6 de Sevilla y a la que ha tenido acceso LA RAZÓN, la Consejería de Empleo suscribió el 20 de junio de 2003 varios contratos con directivos de la empresa automovilística por los que se comprometió a abonar cantidades que oscilaban entre los 185.000 euros y los 696.000 a cada uno para que se mantuvieran en sus puestos y pilotaran el Plan de Acción Social suscrito para garantizar «un dimensionamiento adecuado de las empresas para afrontar los retos futuros». 

El contrato –en los mismos términos para todos los firmantes– está suscrito por el entonces viceconsejero de Empleo Antonio Fernández –imputado por la juez Alaya por los presuntos delitos de prevaricación, malversación de fondos públicos y tráfico de influencias–. Entre los beneficiarios se encontraban Ricardo Ibarreche, Joaquín Lasheras, Nicolás Belenguer,  Keith McGregor  o José Antonio Navarro.

En la parte expositiva, todos los contratos hacen referencia al Plan de Acción Social firmado el 20 de febrero de 2001 entre Santana Motor, Santana Motor Andalucía y la Sociedad Útiles del Sur para garantizar la viabilidad de la sociedad, en propiedad de la Junta de Andalucía desde 1994 tras la marcha de Suzuki.

Cada directivo firmó una garantía indemnizatoria mínima y una compensación específica por un pacto de permanencia hasta el 30 de junio de 2004. En el caso de incumplirlo, la cantidad final se vería reducida en función de los meses que restaban para alcanzar la fecha acordada.

Así, en el caso de Ricardo Ibarreche, consejero delegado de Santana Motor en aquella fecha, la garantía indemnizatoria mínima fue de 218.036,61 euros brutos más otra específica –vinculada a su estancia en la empresa– de 478.828,39 . En total, la prima suscrita con la compañía Estrella Seguros ascendió a 696.865 euros.

Como se refleja en todos los contratos, «los fondos para atender el pago de la prima del citado seguro han sido aportados por la Junta de Andalucía a fin de no causar quebranto patrimonial a Santana Motor...».

En los casos del director general José Antonio Navarro Yagüe, y del director comercial Joaquín Lasheras Guichou, la prima por ambos conceptos era de 371.660 euros. Al director de exportación Keith McGregor le correspondieron 255.520 euros y a otro directivo, que negoció con los sindicatos, Nicolás Belenguer Amaro, 185.835.

El relevo de los principales ejecutivos se produjo con posterioridad a la fecha acordada. Por ejemplo, el consejero delegado causó baja el 30 de septiembre de 2004 y fue sustituido por José Manuel Muriel. En esas fechas, el por entonces consejero de Innovación, Ciencia y Empresa, Francisco Vallejo, alegó que los cambios obedecían a una «reestructuración del equipo directivo». El Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), el dueño de la compañía, ya había pasado a esta Consejería después de depender de la de Empleo.

Santana Motor nunca remontó el vuelo. En 2001, antes de la firma de estos contratos para los responsables de la compañía, ya se produjeron las primeras jubilaciones. En 2004, las pérdidas se cifraron en torno a los 30 millones. En febrero de este año, la Junta anunció la liquidación de la compañía.

MARIO JIMENEZ: LOS ERES NO LE PASARÁN FACTURA AL PSOE

Como dirían en mi pueblo: NONINÁ!
Nuestro gentleman del PSOE, Mario Jimenez, dando el toque de humor sutil. Es de agradecer que alguien con el futuro tan negro y tan escasa formación académica nos alegre estas fiestas con sus declaraciones disparatadas.

http://www.larazon.es/noticia/1891-el-psoe-no-cree-que-los-votantes-le-pasen-factura-por-el-caso-de-los-ere

El PSOE no cree que los votantes le pasen «factura» por el caso de los ERE 27 Diciembre 11 - - La Razón

SEVILLA-  El portavoz del Grupo socialista en el Parlamento, Mario Jiménez, se ha mostrado seguro de que el caso de las irregularidades en los expedientes de regulación de empleo (ERE) que está investigando la justicia no va a pasarle «factura» al partido en las próximas elecciones autonómicas, y ha manifestado que los ciudadanos ya han calado la «manipulación» que el PP-A está haciendo del asunto.

En una entrevista con Europa Press, Mario Jiménez ha indicado que los ciudadanos tienen «una lectura muy clara de lo que ha ocurrido en el caso de los ERE: que se trata de una mala utilización de recursos públicos por parte de algún responsable político muy concreto y de una dirección general de la Consejería de Empleo muy concreta, y que más allá de ese ámbito no hay una responsabilidad política».

Asimismo, ha asegurado que los ciudadanos tienen claro que la Junta de Andalucía ha sido una parte activa en la denuncia de los hechos y en la colaboración con la juez que instruye el caso, Mercedes Alaya. Para Jiménez, cada vez aparece con más claridad «el instinto burdo y zafio de manipulación del proceso judicial que el PP está haciendo, tratando de engañar a la propia juez y planteando una línea de investigación que es una estafa y que no tiene nada que ver con la realidad ni con la propia verdad de lo que ha ocurrido».

Según el portavoz socialista, los ciudadanos saben que el PSOE tiene «una vocación inquebrantable de honestidad y que la lleva hasta las últimas consecuencia». «El PSOE y la corrupción son incompatibles en Andalucía», sentenció.

viernes, 23 de diciembre de 2011

CIEN AÑOS DE HONRADEZ: Un anónimo ingresó 150.000 euros al Merca el día siguiente a la firma de la venta del suelo

Un anónimo ingresó 150.000 euros al Merca el día siguiente a la firma de la venta del suelo

ALBERTO GARCÍA REYES / SEVILLA
Día 23/12/2011
El abogado del PP, Luis García Navarro, lo insinuó durante el interrogatorio del pasado miércoles al exsecretario del Ayuntamiento, Venancio Gutiérrez-Colomina, en calidad de testigo por el asunto del concurso del suelo de Mercasevilla. Le preguntó si conocía la existencia de un ingreso de 150.000 euros realizado al mercado el día 24 de febrero de 2006, algo que el exsecretario negó rotundamente. Pero, independientemente de que Gutiérrez conociera estos hechos o no, la cuestión estaba sustentada en pruebas. Los letrados de la acusación ya han enviado a la juez Alaya un asiento bancario sellado por la oficina de la Caja de Ahorros El Monte que hay en las propias instalaciones de Mercasevilla el 24 de febrero de 2006, apenas nueve días después de la adjudicación del suelo a la empresa Sando que la juez considera «fraudulenta» y justo el día después de la firma de la venta. Este documento, expedido a las 9:11 horas de la citada fecha, recoge el número de cuenta de la lonja para la realización de un «abono efectivo» por un total de 150.000 euros. Pero lo más llamativo es que no se indica el autor de esta imposición ni el concepto por el que se ingresa esa cantidad en la cuenta del Merca.
Esta prueba podría dar un vuelco definitivo a la investigación judicial, ya que este pago a Mercasevilla no está incluido en las cuentas de ese año. ¿Se trató, por tanto, del pago de una comisión? Eso lo tendrá que dilucidar la Justicia, pero lo cierto es que un anónimo realizó este ingreso en efectivo el día después de la firma de la venta de los suelos de Mercasevilla y ese dinero nunca se hizo constar en las cuentas. Y la juez Alaya ya ha tachado ese concurso de «irregular» porque la empresa ganadora, Sanma, ofreció 52 millones de euros menos que la mejor postora, Noga.
Teniendo en cuenta la grabación que dio origen al caso, en la que los dos máximos responsables del mercado intentaron cobrar una comisión de 300.000 euros a los empresarios del grupo La Raza por gestionar una escuela de hostelería en Mercasevilla, este pago anónimo realizado en 2006 cobra mayor relevancia si cabe para la investigación. No obstante, aún no han sido cuestionados por este asunto los principales imputados, Fernando Mellet y Daniel Ponce, por lo que el documento no ofrece ninguna conclusión definitiva.
Varios juristas expertos en contabilidad consultados por ABC coinciden en señalar que se trata de un ingreso «anormal», porque no es «habitual» que alguien meta nada menos que 25 millones de las antiguas pesetas en una cuenta de una sociedad mercantil sin indicar su nombre y la razón por la que ingresa el dinero.
Curiosamente, la investigación sobre la venta de los suelos de la lonja se inició después de que la juez Alaya detectara en la instrucción del caso de la grabación de la petición de comisiones a La Raza dos donaciones realizadas por Sando a la Fundación Socioasistencial Mercasevilla meses después de haber ganado el concurso para la enajenación del suelo. En total, la constructora malagueña pagó a esta entidad 246.000 euros en dos partes: 96.000 euros el 9 de mayo de 2006 y 150.000 euros el 4 de octubre. La juez comprobó entonces que Sanma, filial de Sando, se había adjudicado este concurso por 108 millones de euros pese a que Noga, del grupo Osuna, había ofrecido 160.
Esos dos pagos sí están perfectamente contabilizados en las cuentas de la Fundación en concepto de donaciones, por lo que el ingreso anónimo nueve días después del concurso, que se dilucidó el 15 de febrero de 2006, resulta por ahora inexplicable. Y aún queda otro hilo suelto: el justificante del ingreso emitido por la oficina de El Monte está en los archivos de Mercasevilla con el asiento número 6037. Es decir, la persona que metió el dinero en la cuenta entregó después una copia de la operación a la empresa.

jueves, 22 de diciembre de 2011

EL GOBIERNO SOCIALISTA, GROTESCO: Empleo subvencionó la contratación de un tetrapléjico para repartir prensa

Al hablar de grotesco no nos referimos a las ruedas de prensa alucinógenas de Mar Moreno, no. Nos referimos al trinque ocurrido durante el gobierno socialista que no tiene límites: tetrapléjicos para repartir periódicos, sordos como telefonistas y cargadores con la espina dorsal hecha polvo. Darían para muchos chistes de gusto dudoso, pero la realidad es que esta plebe que se considera la izquierda ha regalado el dinero sin el mas mínimo seguimiento, por no hablar de las condiciones leoninas de los contratos que su DESIDIA ha permitido.
¿Es la Junta?...verá, que vengo a ver si me subvencionan unos cuantos cañones sin agujero que me han llegado al frente...

Bajuno, muy bajuno el nivel del gobierno del PSOE...los peperos por mas que se esfuercen en trincar dificilmente igualaran la desidia y el desprecio en el trato al dinero público. No hay palabras para un gobierno tan grotesco y patético.

Definitivamente, por encima de las ideologías de cada cual debemos de repetirnos como un mantra: HAY QUE ECHARLOS.

Por higiene, por decencia, por la memoria de aquellos que lucharon por un puñaito de derechos que estos paniaguados del Régimen se empeñan en hacer inviables de purito manirrotos que han sido.

Andalucía / NUEVO FRAUDE EN AYUDAS A DISCAPACITADOS POR VALOR DE TRES MILLONES DE EUROS

Empleo subvencionó la contratación de un tetrapléjico para repartir prensa

Dos empresas pusieron a sordos como telefonistas y a un operario con la espina dorsal lesionada en tareas de carga y descarga

Día 21/12/2011 - 22.19h
Un repartidor de prensa con una parálisis total en las piernas e incapaz de valerse por sí solo con los brazos, un operario con la espina dorsal seccionada dedicado a tareas de carga y descarga o una persona sorda contratada para atender llamadas telefónicas... A cambio, un sueldo que, en muchos casos, no alcanzaba ni siquiera el salario minímo interprofesional (641,40 euros mensuales en 2011). Son la cara más amarga y grotesca de un nuevo episodio de supuesto fraude relacionado la contratación de discapacitados pagada con subvenciones de la Consejería de Empleo Según ha podido saber ABC, las empresas Centro de Trabajo Andalucía Centro SL y Editorial Andaluza de Prensa y Revistas SL percibían ayudas por la inserción laboral de este colectivo, pero antes de que concluyera el periodo de pruebas los despedía o los «repescaba» luego, mediante el trasvase de una a otra firma, solicitando nuevamente la subvención y sin abonar los salarios. Las irregularidades fueron denunciadas desde octubre de 2010 ante la Consejería (con escritos presentados en el registro de entrada), la Inspección de Trabajo y los Juzgados de lo Social por algunos de los más de 500 trabajadores que pasaron por los dos centros especiales de empleo para discapacitados radicados en Archidona (Málaga), el primero, y en Sevilla, el segundo, aunque con ramificaciones en todas las provincias andaluzas y vinculados entre sí. Ambos centros se dedicaban a la edición y reparto del semanario «7 Días Andalucía» en pequeños municipios y se financiaban con incentivos por la creación y el mantenimiento de empleo, la venta de periódicos e ingresos publicitarios. Desde 2006 a 2010, Empleo inyectó fondos europeos por importe de unos 3 millones de euros a las citadas empresas vinculadas a Juan Jesús Cruz Sánchez —con el que ABC intentó ayer contactar sin éxito— y a su esposa, María de Gracia Ábalos Jiménez. Ambas sociedades gozan de una calificación especial de la Junta porque sus plantillas estaban formadas al menos por un 70 por ciento de personas con deficiencia psíquica o física. Esta acreditación le permitió acogerse a dos programas de fondos públicos: por un lado, un incentivo de 12.021 euros por cada contrato indefinido con una duración mínima de tres años —que incumplía de forma sistemática— y, por otro, ayudas al mantenimiento de empleo que cubren la mitad del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y el cien por cien de las cuotas a la Seguridad Social.
A la situación dramática que relataron a ABC algunos de los discapacitados contratados por las citadas firmas, se suman unas condiciones laborales leoninas. Aquellos operarios dedicados al reparto en la calle de los seminarios cobraban en función de los ejemplares que vendían, a pesar de que las retribuciones de todos ellos estaban subvencionadas. Mediante este pago en especie, sólo quienes lograban «colocar» en el mercado 120 ejemplares (al precio de 1,5 euros cada uno) a la semana podría cobrar los 724 euros del SMI, pagas extra prorrateadas incluidas.
En la relación de contratos de las empresas denunciadas figura un joven en silla de ruedas de Córdoba. La paradoja era que pese a su nula movilidad en piernas y brazos su ocupación consistía en el reparto de prensa. Otro empleado contratado como comercial tenía que acudir dos veces por semana a Archidona, sede de una de las empresas, para recoger los paquetes con los ejemplares, cargarlos y distribuirlos en municipios de Cádiz, Sevilla y Huelva. «Me despidieron cuando estaba de baja médica», relata este extrabajador que «no puede levantar peso» por las lesiones que tiene en la espina dorsal. El despido lo sumió, además, en una depresión de la que no se ha recuperado.
En los contratos jamás se especificaba el motivo del contrato. Tampoco el del cese. Nunca abonaban los finiquitos y dejaron a deber varias nóminas, según explicó a ABC Pedro López, graduado social de la Asesoría Jurídica San Miguel, que lleva hasta 12 casos de distintas provincias en juzgados de lo Social. Varias demandas se han saldado ya con condenas por despido improcedente. Para colmo, pese al abundante maná de ayudas, los empresarios se han declarado insolventes, por lo que el Fogasa deberá costear los salarios impagados.
A raíz del goteo de escritos de denuncia de extrabajadores afectados, López fue recibido por funcionarios de la Consejería de Empleo en Sevilla, quienes le indicaron que iban a llevar el caso a la Fiscalía, extremo que fuentes de la Consejería no pudieron precisar ayer a este periódico.

miércoles, 21 de diciembre de 2011

JUAS, JUAS, JUAS!!!!: La Junta acusa al PP de poner «trampas procesales» a la juez de los ERE

¿Alguien se creerá todavía las milongas que se inventan en San Telmo?
¡Me encanta este Cortijo! Lo dicho, la cara de Mar Moreno raya al diamante, que ya es decir.

La Junta acusa al PP de poner «trampas procesales» a la juez de los ERE

Asimismo, la Junta no se da por aludida por el pronunciamiento del TSJA en defensa de la juez y dice que quien tiene que darse es el PP

Día 21/12/2011 - 17.58h
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VÍDEO: E.P./foto: jesús spínola
Mar Moreno durante la comparecencia de esta mañana
Los Servicios Jurídicos de la Junta de Andalucía han remitido al Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, encargado de la investigación sobre las irregularidades detectadas en expedientes de regulación de empleo (ERE), nueva documentación relativa a modificaciones presupuestarias con destino a la partida 31L o a la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), con el objetivo de "desmontar la nueva trampa procesal" del PP-A al instar a la juez a solicitar esta información a la Junta relativa a la etapa en que el actual presidente andaluz, José Antonio Griñán, era consejero de Economía y Hacienda.
Según ha informado este miércoles en rueda de prensa la consejera de la Presidencia y portavoz del Gobierno andaluz, Mar Moreno, ha detallado que la Junta ha entregado en el Juzgado dos informes técnicos, uno de la Intervención General de Hacienda con fecha 19 de noviembre y otro de la Dirección General de Presupuestos con fecha 20 de diciembre, junto a 13 modificaciones presupuestarias que aprobó el Consejo de Gobierno que afectan a las consejerías de Empleo y de Innovación para aportar fondos a la Agencia IDEA, con sus 13 informes favorables de la Intervención General.
Para la titular andaluza de Presidencia, la documentación aportada "deja meridianamente al descubierto la tercera trampa procesal del PP-A para implicar al presidente" y demuestra claramente "que no hay relación alguna de Griñán con la gestión de los ERE", ya que no se puede confundir "la generación de un crédito para un programa presupuestario con la concesión de una ayuda o subvención concreta".
La consejera también ha indicado que se demuestra clarísimamente, a través de los informes técnicos y de la propia documentación presentada, que no se puede "confundir la generación de recursos presupuestarios con la gestión del gasto presupuestario", es decir, el consejero de Economía es el que eleva al Consejo de Gobierno todas las modificaciones presupuestarias de la Junta y para ello es necesario el informe favorable de la Intervención General. Según ha precisado, eso no tiene nada que ver con el uso que los órganos gestores del gasto realizan de esos recursos presupuestarios que se obtienen a través del presupuesto inicialmente aprobado o de las modificaciones presupuestarias.
Recurso de aclaración
La Junta no ha tenido inconveniente en remitir toda esta información al Juzgado en el plazo que se le dio de diez días y pese a que aún no ha recibido una respuesta al recurso de aclaración que planteó tras la solicitud de información por parte la juez.
Como se recordará, la Junta planteó ese recurso días atrás para que se le aclarara la información que le solicitaba la juez, a la que la representación procesal del PP-A le había planteado, "mezclando términos técnicos para generar confusión", que demandara a la administración las modificaciones presupuestarias aprobadas por el Consejo de Gobierno a fin de dotar de tesorería a la agencia IDEA "para llevar a cabo las transferencias de financiación encomendadas".

EN UN ERE CON 42 TRINCONES, GRIÑAN Y TODO EL EJECUTIVO DEBIERON APROBAR 4 MILLONES DEL FONDO DE REPTILES

42 CRIETURITAS POR LA CARA PREJUBILADAS...INCLUIDO UN SOCIATA MILITANTE. 42 DE 183 PÓLIZAS ERAN PREJUBILACIONES DE TRINCONES...¿PORQUÉ SERÁ QUE YA NADIE VOTA PSOE?

 

Griñán y todo el Ejecutivo debieron aprobar 4 millones del fondo de reptiles

http://www.larazon.es/noticia/1413-grinan-y-todo-el-ejecutivo-debieron-aprobar-4-millones-del-fondo-de-reptiles
La ayuda tramitada por IDEA era para A Novo Comlink, con un ERE con 42 intrusosLa titular del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, en una imagen reciente
20 Diciembre 11 - - A. Muriel
Sevilla- El Consejo de Gobierno de la Junta, donde se sientan semanalmente el presidente y todos los consejeros, no fue ajeno a la tramitación de ayudas del denominado «fondo de reptiles». La Agencia IDEA, según se recoge en un acta del Consejo Rector del 25 de septiembre de 2006 que hizo ayer pública el Partido Popular, se encargó del abono de una «subvención excepcional» de 3,8 millones para la empresa de telefonía malagueña A Novo Comlink. La decisión se adoptó por unanimidad, con la prerrogativa de someterla «a la ratificación del Consejo de Gobierno». En ese momento, el presidente andaluz era Manuel Chaves y José Antonio Griñán consejero de Economía y Hacienda. Ambos, así como el resto del Ejecutivo, debieron suscribir esta cuantiosa ayuda para una empresa que, como se ha desvelado en la investigación que instruye la juez Alaya, fue beneficiaria de uno de los ERE más cuantiosos –35 millones de euros– y con más intrusos –42 de las 183 pólizas presentaban irregularidades, entre ellas la de un militante del PSOE de Sevilla–. La opacidad es absoluta. Esta subvención no aparece en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) ni tampoco la Junta dio cuenta de ella en las comparecencias posteriores al Consejo de Gobierno. No aparece en los resúmenes de los acuerdos adoptados hasta finales de 2006. Hay que recordar que la Comisión Europea, que abrió una investigación en 2010 al detectar que las elevadas ayudas a A Novo Comlink podían «falsear la competencia», también denunció que algunas de las subvenciones tampoco le fueron notificadas.

A Novo Comlink figura en la lista de empresas que recibieron ayudas de más de 1,2 millones y que cita la juez instructora Mercedes Alaya en un auto del 10 de noviembre. En ese escrito, recurrido por la Junta, la magistrada apuntó directamente a José Antonio Griñán, al señalar que las ayudas superiores a la cantidad citada debieron ser ratificadas por el Consejo de Gobierno previa autorización del titular de Economía y Hacienda, cargo que ocupó Griñán entre 2004 y 2009. La Junta alegó posteriormente un «error de bulto» de Alaya al circunscribir la autorización del consejero de Economía sólo a operaciones de endeudamiento. Esta circunstancia, según el Ejecutivo andaluz, nunca tuvo lugar. A Novo Comlink es perejil de muchas salsas en esta trama. El nombre de esta empresa radicada en el Parque Tecnológico de Andalucía saltó a primera plana cuando trascendió que fue el propio ex presidente Chaves el que medió en el ERE de las 42 irregularidades e incluso que recibió en su despacho a representantes del comité de empresa.

La portavoz del PP andaluz, Rosario Soto, indicó que ésta es «una prueba contundente» en relación a que el Consejo de Gobierno «conocía, autorizaba y ratificaba» las ayudas concedidas con cargo al «fondo de reptiles».

NUEVO TAPABOCAS AL PSOE: El TSJA cierra filas con la juez Alaya tras los graves ataques de Griñán

Si es que este Régimen decadente, por no saber hacer, no sabe ni callarse...


El TSJA cierra filas con la juez Alaya tras los graves ataques de Griñán

Rechaza a los políticos que «ponen en entredicho su imparcialidad»

Día 21/12/2011 - 08.30h
El TSJA cierra filas con la juez Alaya tras los graves ataques de Griñán
 
Primero fue el Consejo General del Poder Judicial y esta vez ha sido el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía el que ha tenido que acudir en defensa de la juez Mercedes Alaya que instruye el caso de los ERE fraudulentos y a la que los políticos socialistas no han parado de atacar desde que comenzó a investigar las irregularidades que afectan de lleno al Gobierno andaluz.
Pocos días después de que el propio presidente de la Junta, José Antonio Griñán, arremetiera contra ella desde la tribuna del Parlamento andaluz, los jueces del TSJA salieron ayer en tromba a defenderla en un acuerdo que fue tomado por unanimidad de los treinta magistrados que componen el pleno del Alto Tribunal Andaluz. Sin fisuras, todos votaron a favor de esa declaración que hecha el pasado lunes aunque se conociera ayer. Así las cosas, el pleno de la sala de gobierno del TSJA hizo público su acuerdo de una declaración institucional de rechazo a las críticas contra Alaya y de defensa de su independencia judicial.
Preocupación
El acuerdo del pleno consistió textualmente en manifestar «su preocupación y rechazo por las manifestaciones de responsables políticos recogidas en distintos medios de comunicación donde se pone en entredicho la imparcialidad del trabajo jurisdiccional de la magistrada Mercedes Alaya».
Además los jueces del TSJA recuerdan también que la discrepancia con las resoluciones judiciales «se ha de expresar a través de los cauces procesales legalmente previstos», y asumiendo que la crítica de tales resoluciones «no sólo es admisible sino natural». Los términos son, por tanto, prácticamente los mismos que empleaba el CGPJ cuando el diputado socialista, Alfonso Guerra arremetió contra ella.
El acuerdo se produjo en el turno de ruegos y preguntas tras la propuesta del presidente de la Audiencia de Sevilla, Damián Alvarez, que mostró su preocupación por los recientes ataques contra la magistrada y que, por ello, pidió que la sala de gobierno se pronunciara sobre el tema. Inmediatamente recibió el apoyo unánime de todos sus compañeros de la sala del Gobierno del TSJA.
Tampoco en esta ocasión ha hecho falta que la juez pida amparo a los órganos de gobierno de los magistrados. «No recuerdo ataques como éstos contra ningún otro juez», admitía a ABC uno de los miembros de la sala de gobierno del TSJA.
En cualquier caso a nadie se le escapa que los ataques contra Alaya han ido creciendo a la par que su investigación ha ido cerrando el círculo y la magistrada le pisa los talones al propio Griñán. Ya durante la campaña electoral los ataques fueron incesantes. Pero el que provocó el respaldo del CGPJ fue el de Alfonso Guerra que aseguró que Alaya y el alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido «compartían algo más que un expediente».
Cada vez más intensos
Sin embargo ahí no ha quedado la cosa. Tras los últimos autos de la juez, las críticas han ido subiendo en intensidad a la vez que la juez ha ido dictando resoluciones.Después de que en uno de sus últimos escritos la magistrada asegurara que los intrusos eran el último escalón de la pirámide, que podría ir subiendo peldaños y que anunciara que está investigando a Griñañ por las ayudas concedidas durante diez años sin control, el propio presidente se cebó con Alaya. Desde la tribuna del Parlamento, Griñán aseguró que el PP «manipula» y engaña a la magistrada, agregando que ésta «pone los autos que el PP le dice». Y el pasado lunes en una entrevista en estas páginas, Manuel Chaves manifestaba que la juez está haciendo «una causa general contra la Junta de Andalucía».
Tras conocerse la declaración del TSJA, la portavoz del PP-A, Rosario Soto, pidió a Griñán que «tome nota» del pronunciamiento y le recordó que no es habitual que el Alto Tribunal realice este tipo de pronunciamientos, informa Europa Press. El coordinador de IU-LV-CA, Diego Valderas, afirmó que el pronunciamiento del TSJA pone de manifiesto «la soberbia y prepotencia» de Griñán.

El fiscal superior investiga el nuevo fraude en las ayudas a discapacitados

martes, 20 de diciembre de 2011

El ‘clan Chaves’ subvencionó con 20 millones a empresas fantasma

Lo que mas me llama la atención -lo mismo soy un ingenuo de tomo y lomo- es como la chiquilla del sociata que promueve 20 KILAZOS DE EUROS de subvención a determinado "empresario" es contratada sin ningun rubor por este mismo "empresario", en lo que ya va siendo costumbre de chiquillo de sociata colocao en empresa que recibe subvención jugosa de la Junta...¿a que sí Donmanué Chaves, a que le suena?

Sale caro, es cierto, colocar a la familia de los socialistas, pero cuando el dinero público no tiene dueño... Lo dicho: aquellos que elaboraron la Ley de Incompatibilidades, hubieran hecho mejor en irse de putas que en redactar nada, porque para lo que ha servido...


GRIÑÁN SE LANZA CONTRA LA FAMILIA RIVAL DEL PSOE ANDALUZ

El ‘clan Chaves’ subvencionó con 20 millones a empresas fantasmaEl ‘clan Chaves’ subvencionó con 20 millones a empresas fantasma

El vicepresidente español de Política Territorial en funciones, Manuel Chaves (Efe).
Antonio Castro. Sevilla  20/12/2011  (06:00h)

La concesión de 21,5 millones de euros a tres empresas en la provincia de Cádiz ha puesto en la picota al clan político que lidera Manuel Chaves, mientras desde la Junta de Andalucía se pide la acción contundente de la Justicia en lo que parece ser una vendetta más entre las familias que pugnan dentro del PSOE-A. El dinero se le concedió a Alejandro Dávila Ouviña quien, sin precedente empresarial alguno, presentó tres proyectos de empresas y convenció a Antonio Perales, gerente del Plan Bahía Competitiva, para que le tramitara más de 20 millones de subvención que ni siquiera necesitaban la presentación de avales.
El Plan para la Mejora de la Competitividad y el Desarrollo en la Bahía de Cádiz se puso en marcha para paliar la sangría laboral derivada del cierre de Delphi, y alumbrar alternativas de desarrollo en una zona andaluza castigada por un profundo declive laboral. La idea era captar inversiones de empresas a las que se les conceden subvenciones del Ministerio de Industria. Al frente del proyecto se puso a Antonio Perales, hermano del fallecido Alfonso Perales, una de las personas de mayor confianza de Manuel Chaves y cuya hija, Ofelia Perales, fue colocada en la única empresa de Dávila Ouviña que se constituyó, ubicada en el Puerto de Santa María y hoy ya inactiva.
Todo queda en familia
Aunque las investigaciones judiciales del caso se remontan al primer trimestre del presente año, fue en julio cuando el Ministerio de Industria descubrió que Dávila Ouviña no había puesto en marcha las empresas para las que se le concedió la subvención y le exigió la devolución del dinero, mientras que un juzgado lo mandaba directamente a prisión. Dos de estas sociedades se iban a abrir en la localidad de Alcalá de los Gazules, epicentro del clan de Alcalá o clan Chaves, de donde es natural, entre otros, Luis Pizarro, familia también de los Perales, para lo que el propio Antonio Perales acompañó al supuesto empresario gallego a visitar un polígono industrial al que podría acceder.
Tanto Antonio Perales como su sobrina Ofelia ya han prestado declaración ante la Policía y están pendientes de que el juzgado de instrucción número 4 de Cádiz decida sobre su situación procesal. El caso mereció incluso una denuncia del actual presidente de la Diputación de Cádiz, el popular José Loaiza, que sustituyó en las pasadas elecciones municipales a González Cabaña, otra de las piezas claves del clan Chaves. Y el secretario general del PP de Andalucía, Antonio Sanz, ha anunciado hoy que va a pedir un pleno en el Parlamento autonómico para que se debata ese asunto y sus repercusiones en los planes de reindustrialización de la Junta.
El caso de Ouviña provocó el cese de Antonio Perales como gerente del Plan Bahía Competitiva, que pasó a ser controlado por la Agencia IDEA, con lo que el Gobierno de Griñán le quitaba al clan Chaves el control de un instrumento del que dependía la concesión de decenas de millones de euros a las empresas que presentaran proyectos en el territorio de los principales enemigos internos del actual presidente de la Junta.
A degüello contra el enemigo interno
El interés judicial tanto del Gobierno de Griñán como del PSOE-A es tal que desde ambas instancias se han tirado a degüello cuando Antonio Perales ha prestado declaración ante la Policía para aportar información sobre su intervención en la concesión del dinero a Ouviña, pidiendo contundencia, sobre todo por parte de la secretaria de Organización del partido, Susana Díaz.
Entre los ERE y el caso Bahía Competitiva, el grupo de políticos que se ha movido durante lustros a la sombra de Chaves, desde el consejero Antonio Fernández a la familia Perales, en vez de encontrar el amparo del partido, como hasta ahora ocurría, ha chocado con la sentencia del entorno de Griñán, que los ha abandonado a su suerte, de tal forma que, en unos meses, los tribunales pueden hacerle al actual presidente andaluz el trabajo que contra sus enemigos internos no ha podido desarrollar por su falta de liderazgo.