jueves, 11 de julio de 2013

EL CONFIDENCIAL: “Griñán sólo huye de los ERE”


Tesis para una espantada: “Griñán sólo huye de los ERE”

11/07/2013








 
Griñán sólo huye de los ERE”. Como lo ha dicho con esa contundencia, antes incluso de que en la conversación irrumpiera el escándalo millonario de los fondos fraudulentos de Empleo, la afirmación, así de tajante, llama la atención en un tipo como él. Por su cercanía, en tiempos, con el hoy presidente de la Junta de Andalucía, por los años de militancia que acumula en su carné socialista y, sobre todo, por el conocimiento preciso que tiene del aparato del PSOE de Andalucía. De ahí que la contundencia adquiera un valor especial en estas circunstancias, como si se multiplicara con el eco de las voces que salen del interior oscuro de un partido político. “Que sí, es sólo eso: Griñán no quiere pasar a la historia como el presidente que dimitió por el escándalo de los ERE de Andalucía”.
Insiste este dirigente socialista, experimentado en asambleas de partido y en tareas de gobierno, en su tesis sobre la espantada de Griñán, que ha dejado atónitos a tantos en el seno del PSOE, aunque nadie lo haga público, y con la insistencia llega la primera objeción porque, ciertamente, ese discurso no es nuevo; fue la propia oposición andaluza la que, desde el principio, vinculó la marcha de Griñán de la Presidencia de la Junta de Andalucía a la corrupción de los ERE. Y si esas acusaciones no han prosperado ha sido por la sencilla razón de que nadie que presienta que va a ser imputado por una jueza renuncia a un cargo que le garantiza el aforamiento en el Tribunal Supremo, algo que, en el caso autonómico, sólo está recogido en los estatutos de algunas autonomías. ¿Cómo va a ser esa la explicación?
Si lo que teme Griñán es que vaya a ser imputado por la juez Alaya, lo que haría es justo lo contrario: aferrarse a un cargo que le otorga el aforamiento. “Claro –rebate con inmediatez-, lo único que ocurre es que cuando yo afirmo que Griñán huye de los ERE, lo que no incluyo es que a lo que Griñán no piensa renunciar es a su condición de aforado. Se trata, sencillamente, de cambiar el ámbito político sin variar para nada los privilegios judiciales. 
Griñán no quiere pasar a la historia como el presidente que dimitió por el escándalo de los ERE. Si todo va como está previsto y las primarias del PSOE de Andalucía se solventan como está programado, esto es con la elección de Susana Díaz, su consejera de Presidencia, en unos meses, quizá en otoño, Griñán dimitirá de presidente de Andalucía y, de forma más o menos inmediata, se hará elegir senador por la Comunidad Autónoma. ¿Y sabes qué pasa con los senadores? Pues que también están aforados en el Tribunal Supremo. Pero en ese caso, si le llega la imputación, Griñán ya se habrá adelantado a la juez Alaya y su imputación no provocará el daño político mayor de tener que dimitir como presidente de la Junta de Andalucía, algo que le reclamaría de inmediato su socio de gobierno, Izquierda Unida. En ese supuesto, si lo imputan siendo senador, se tratará sólo de esperar el final de este proceso judicial que, en su caso, al final puede quedar en nada”.
La tesis, ciertamente, encaja en las dos vertientes a contemplar en un movimiento tan desconcertante como la renuncia de un presidente autonómico, al año de ser reelegido, y con tres años por delante para el final de la legislatura. La primera vertiente a tener en cuenta es el carácter de Griñán, un hombre que ha desarrollado toda su vida política a la sombra del liderazgo de otras personas, ya fuera en el Consejo de Ministros o, desde mucho antes, en la Junta de Andalucía, y que, de repente, cuando pensaba ya en la retirada, le cae de golpe todo el protagonismo, andaluz y español, del que siempre había carecido en el PSOE.
La ruptura abrupta con su mentor, Manuel Chaves, es, entre otros muchos ejemplos, la mejor evidencia de la soberbia con la que Griñán ha asumido su nuevo rol en política. Por esa personalidad política sobrevenida es por lo que, sencillamente, Griñán no va a aceptar pasar a la historia como el presidente que dimitió por el mayúsculo escándalo de los ERE. Sobre todo porque, en puridad, durante los años en los que se cometió el fraude no se le podría señalar a él como el principal responsable, ni siquiera como el autor intelectual del ‘fondo de reptiles’ y mucho de las atrocidades cometidas con esos fondos, sino como uno más de los actores que participaron en el mismo, a sabiendas de lo que ocurría o por un mandato superior.
La segunda vertiente a contemplar es el transcurso del proceso judicial de los ERE. En el esquema de pirámide de responsabilidades que se dibuja en el escándalo (‘Los ERE, una corrupción estamental’), la juez Alaya ha comenzado estos días, presumiblemente, la última fase de la investigación: los dirigentes políticos, la cúpula de la trama. En el primer auto en el que depura posibles responsabilidades políticas, Mercedes Alaya ha imputado a una veinte de personas, entre ellas a la ex consejera Magdalena Alvarez, pero, de forma significativa, ninguno de ellos tiene un aforamiento especial.
La instrucción de este macroproceso no debería demorarse mucho másCabe pensar que a la juez de los ERE le queda aún un último auto por dictar, aquel que afecte a los responsables políticos, desde Chaves a Griñán pasando por José Antonio Viera, que sí tienen esa protección judicial, con lo que tendría que remitir el caso al Tribunal Supremo. Sería, en efecto, el último auto de Mercedes Alaya, pero lo dictaría con la investigación culminada; la investigación que comenzó con el ex director general, Francisco Javier Guerrero, que desveló el fondo de reptiles, continuó con los intrusos de los ERE, luego con los comisionistas, más tarde los intermediarios y finalmente con los responsables políticos.
Por lo demás, después de tres años, la instrucción de este macroproceso no debería demorarse mucho más, como ya le están sugiriendo a la juez desde varios ámbitos judiciales.
Todo eso cuadra, sí, pero ¿es posible que sea la información que tenga Griñán? También en eso es contundente este dirigente socialista, que no ve otra razón en la salida de Griñán que la huida del escándalo de los ERE. “La única razón por la que Griñán nombró consejero de Justicia a un destacado fiscal de Sevilla, Emilio de Llera, que conoce bien la instrucción de los ERE y a la propia juez Alaya, era para tener un control preciso de por dónde podía caminar el proceso. La coincidencia del anuncio de Griñán de su renuncia con el auto de imputación de los veinte cargos públicos de la Junta de Andalucía a quien menos le habrá sorprendido es al presidente de la Junta, porque ya Emilio de Llera le habría dicho que ese auto estaba próximo, y por eso Griñán se decidió a hacer público el anuncio de su renuncia y a poner en marcha, de forma inmediata el proceso de primarias”. 
El cerco se estrechaba, por tanto, y de ahí la premura. “De acuerdo, eso se entiende –le digo-, pero todo el proceso diseñado, ¿funcionaría igual si la persona elegida para sustituirle como candidato no es Susana Díaz, sino, por ejemplo, Luis Planas?”.

http://blogs.elconfidencial.com/espana/matacan/2013/07/11/tesis-para-una-espantada-ldquogrinan-solo-huye-de-los-ererdquo-11629 

Un empresario dice que entregó 30.000 euros 'para el PSOE', según le dijeron



Un empresario dice que entregó 30.000 euros 'para el PSOE', según le dijeron

  • La juez toma declaración al dueño de Fitonovo
  • La magistrada le imputa a Rafael García Palomo un delito de cohecho
  • Supuestamente pagó comisiones ilegales o dádivas a cambio de contratos
Rafael González Palomo ha puesto al PSOE en el ojo del huracán. El dueño de la empresa Fitonovo ha declarado a la juez Mercedes Alaya que entregó un sobre con 30.000 euros a Domingo Enrique Castaño cuyo destinatario era, según le dijeron, el PSOE.
González Palomo ha desvelado este dato ante la Guardia Civil y la magistrada Alaya, y ha precisado que entregó este sobre con dinero después de tener varios contratos firmados con el Ayuntamiento de Sevilla, por lo que ha afirmado que lo hizo el pago "a cambio de nada".
La juez, que a mediodía ha ordenado un receso de hora y media, celebrará una vista por la tarde con el fiscal para determinar posibles medidas cautelares. Rafael García Palomo ha declarando ante la juez Mercedes Alaya por un presunto delito de cohecho. Según la investigación, este empresario pagó, supuestamente, comisiones ilegales o dádivas a cambio de recibir contratos del gobierno de Alfredo Sánchez Monteseirín.
Rafael García Palomo es el primer imputado de la 'operación Madeja' que declara ante la juez Alaya tras llevar dos días detenido. Está previsto que durante la jornada de hoy también presten declaración judicial Ángel Manuel Macedo, apoderado de Fiverde, el ex asesor de Monteseirín, Domingo Enrique Castaño, y su mujer, la abogada A. M. Vaquero.
Precisamente, la investigación ha desvelado que la empresa Fitonovo pagó un Audi del que hace uso y disfrute la familia.

http://www.elmundo.es/elmundo/2013/07/11/andalucia_sevilla/1373543396.html 

miércoles, 10 de julio de 2013

SE CALIENTA INVERCARIA: Una de las auditoras de la Cámara de Cuentas dice que sus informes fueron censurados


Invercaria comienza a pringar no solo a aquellos que la dirigían, sino a aquellos encargados de la Intervención.

El Tribunal de Cuentas echó un capote a los invercarios por la contratación de los tres "mochileros" -gentes que cobraban, y bien cobrado, sin pisar la institución- y por los gastos de representación - 25.000 eurazos de gañoteo en terminos familiares- de su Presidente. Algo que, con la que está cayendo, me parece de obsceno rayando en la pornografía. 

Pero doctores y tribunales tienen los que mandan para decidir lo que deciden...lo mismo los sincarné estamos equivocados y el desprecio que se ganan los concarné es excesivamente injusto y colocar a afines sin pisar el lugar de trabajo y gañotear cuatro millones de pesetas en  comidas en restaurantes de postín es una prebenda natural de la casta superior a la que las crieturitas que mantienen con su voto El Cortijo, con toda justicia,  nunca podrán acceder.

Una de las auditoras de la Cámara de Cuentas dice que sus informes fueron censurados

  • Una técnico declara que le corrigieron un párrafo en contra de su opinión
  • Invercaria permitió que las empresas eludieran los requisitos legales
Una de las auditoras de la Cámara de Cuentas que inspeccionó la gestión de Invercaria, la empresa pública de la Junta de Andalucía investigada por el reparto irregular de ayudas, ha declarado hoy ante el juez que sus superiores corrigieron, en contra de su opinión, los informes en los que se ponía en cuestión los criterios de concesión de las ayudas a la sociedad gestora de FIVA (Ferias Internacionales Virtuales de Andalucía).
Amelia Martínez ha informado al juez de que Invercaria dio instrucciones para que las ayudas se concedieran a partir de los criterios que estableció la empresa a partir de una orden dictada que, en la práctica, suponía que las empresas no tuvieran que respetar los requisitos legales exigidos, sino los que Invercaria decidiera.
En opinión de la auditora, el informe sobre la idoneidad de las subvenciones debía ser desfavorable, pero sus superiores modificaron el párrafo en el que así se señalaba "en contra de su opinión".
Junto a Amelia Martínez, el titular del juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla, Juan Gutiérrez Casillas, tiene previsto tomar hoy declaración a otras dos auditoras que participaron en la elaboración del Informe de Fiscalización sobre Invercaria correspondiente al año 2009 que propició esta investigación. Se trata de María José González y Leonor Viñuales Gutiérrez.
Estas declaraciones estaban previstas para el pasado 20 de junio, pero el juez decidió aplazarlas al recibir nueva documentación, en concreto el informe en el que el Tribunal de Cuentas descarta que los responsables de esta entidad incurrieran en responsabilidades contables "por alcance" por la contratación de tres empleados y los gastos de representación del que fuera presidente, Tomás Pérez-Sauquillo, ascendentes a 25.101,09 euros en 2009.
Todas estas declaraciones se enmarcan en la pieza separada de investigación relacionada con la iniciativa Ferias Internacionales Virtuales de Andalucía (FIVA), pieza dentro de la cual hay un total de nueve personas imputadas.
Así, han comparecido ya como imputados ante el juez los expresidentes de Invercaria Tomás Pérez-Sauquillo y Laura Gómiz; el ex director financiero de esta empresa pública, Antonio Nieto Garrido; el consejero delegado de Novasoft, Francisco José Barrionuevo; los representantes legales de Innovaes, Juan Antonio Bardón, y de Grupo Imagen, Francisco Gallardo Hill; el ex director general de FIVA José Luis Hidalgo; Gonzalo Alba, ex director de Coordinación de Invercaria y exsecretario del consejo de administración de FIVA, y Manuel Jesús Rodríguez, analista de Invercaria.
El juez instructor imputó a todos ellos los delitos de malversación de caudales públicos, falsedad y tráfico de influencias.

http://www.elmundo.es/elmundo/2013/07/10/andalucia/1373451582.html 

martes, 9 de julio de 2013

ULTIMA HORA: Detenido en su casa el exasesor de Monteseirín Domingo Enrique Castaño


Detenido en su casa el exasesor de Monteseirín Domingo Enrique Castaño

Día 09/07/2013 - 14.23h

La Guardia Civil arresta también a su mujer y a varios responsables de la empresa Fitonovono, cuya sede es registrada por presuntas adjudicaciones municipales irregulares

El Grupo de Delincuencia Urbanística de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha iniciado esta mañana una operación, bautizada como Operación Madeja, vinculada a la investigación del Caso Mercasevilla (concretamente por el concurso de los suelos del mercado). No obstante, se trata de una pieza separada y secreta del caso, por la que se está procediendo a registrar varios domicilios, sedes empresariales y detenciones.
ABC ha podido confirmar que se ha registrado la vivienda en Guillena, en la urbanización Hato Verde, del que fuera asesor del alcalde socialista Alfredo Sánchez Monteseirín, Domingo Enrique Castaño, que ha sido detenido por la Benemérita junto con su esposa, Ana María Vaquero. Las pesquisas sobre el patrimonio de ambos durante la etapa de Castaño como consejero de Mercasevilla y alto cargo de Vía Pública, en la Gerencia de Urbanismo, han llevado a la Guardia Civil hasta el domicilio del que fuera asesor del Grupo Municipal Socialista y hombre de confianza del exalcalde, en estos momentos arrestado con su mujer.
En el marco de esta operación se están realizando varios registros más por parte de la UCO . Como el de la sede de la empresa de jardinería Fitonovo, en el polígono industrial Los Llanos, en el término municipal de Salteras junto a la Ruta de la Plata. Los agentes han registrado las oficinas de esta compañía ya que se indagan posibles adjudicaciones irregulares a la misma por parte del Ayuntamiento de Sevilla durante los años de mandato de Monteseirín. Asimismo, se investigan posibles dádivas por parte de esta empresa a miembros de ese equipo municipal, como Castaño, a cambio de adjudicaciones públicas.

Más detenciones en marcha

En este sentido, la Benemérita ha detenido también a un par de responsables de Fitonovo, que vendrían a sumarse a Castaño y su mujer. Se trata del propietario, Rafael García Palomo, y del apoderado de la firma, Ángel Manuel García Gajete, según ha podido confirmar este periódico. Todo ello a raíz de la indagaciones del concurso de suelo del mercado central de abastos, caso que instruye la titular del Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla, Mercedes Alaya (que considera ese proceso administrativo un fraude). Alaya, de hecho, ha tomado declaración esta mañana a un asesor de la compañía de jardinería supuestamente favorecida por contratos municipales.
Domingo Enrique Castaño acompañó al Gobierno local de Monteseirín como alto cargo prácticamente desde su inicio hasta que el regidor perdió el poder en 2011. Su enriquecimiento personal durante los años en que estuvo bajo el paraguas del Gobierno local sevillano ha sido considerado sospechoso por parte de Alaya.

lunes, 8 de julio de 2013

Mutis oficial de IU al caso ERE


Mutis oficial de IU al caso ERE

El tiempo está dando la razón a los críticos de IU que recelaron unirse a un gobierno cercado por el caso de los ERE fraudulentos. A la dirección de Izquierda Unida le sedujo, sin embargo, el oropel del coche oficial y los cargos de libre designación. El resultado es que al cabo de un año de la investidura de Griñán con el apoyo de IU, la legislatura apunta con un cierre precipitado. En el seno de la coalición de izquierdas se vislumbró este enlace de IU por «artículo mortis» con un PSOE herido fatalmente por uno de los mayores casos de corrupción de la democracia. Todo depende ahora de que una mañana amanezca el auto con la imputación del presidente andaluz y/o de la consejera Martínez Aguayo. Los dos están en el disparadero después de que Alaya haya imputado a Magdalena Álvarez por su gestión al frente de la Consejería de Hacienda (1994-2004). Ni una palabra se dedicó sin embargo al caso de los ERE en el Consejo Andaluz de IU que se ha celerado este fin de semana. Miembros críticos de IU por la Base tienen una visión totalmente distinta, como revela hoy LA RAZÓN: «Nos parece una barbaridad gobernar con quienes han metido la mano en el dinero de los parados». Izquierda Unida puso la línea roja del alcance de una decisión judicial a un miembro del Consejo de Gobierno. Así ha sido, el viceconsejero de Presidencia, Antonio Lozano, uno de los últimos veinte imputados, se sienta en el Consejo de Gobierno como secretario de actas. Su renuncia a seguir ejerciendo este desempeño ha valido para contentar a IU. Eran los riesgos de los que ya avisaban los contrarios al pacto.

EL PAIS: Una queja de la Intervención generó el fondo de los ERE





El último auto de Alaya entra en consideraciones acerca del concepto de responsabilidad que, bien mirado, afectan al acristalado campo de las evaluaciones morales. Consideraciones por un lado necesarias, pero por otro lado, igualmente bastante intangibles. 

Confiemos en que tras esta hornada de imputaciones sin declaración aclaratoria previa, en contra de la costumbre que hasta la fecha mantuvo la jueza, aquellos que hicieron lo que debían hacer queden exentos de la penitencia que supone estar incursos en un proceso judicial  o, peor aún, en este proceso judicial. 

En última instancia, la Justicia debe ser repartir leña al que se la merece. Ni más, ni menos.

El clip que ilustra esta entrada viene a colación de la noticia de El País, sobre en qué momento se propició el comienzo del expolio.Vaya por delante, por supuesto que lo tratado Nuremberg queda a años luz del juicio a los deleznables mangazos acaecidos bajo la responsabilidad de gobierno de este régimen socialista decadente. Pero este diálogo final expone como a partir de pequeños actos delictivos se llega a grandes locuras delictivas.

¿Cuando se comenzó el expolio de cientos de millones de euros del dinero público destinado a empresas en crisis y parados? Pues posiblemente, aquel malhadado día en que unos listillos con carné y mando en la Junta idearon la forma de eludir a la Intervención para dejar al arbitrio de sindicalistas y políticos la gestión de esos caudales para una empresilla en concreto.

Una vez instaurado el sistema propiciador del expolio por parte del Régimen, el llegar a un millón defraudado, a cien millones o a mil, solo fue cuestión aleatoria. Hasta podían seguir robando a manos llenas si no hubiera saltado el escándalo por parte de los hosteleros extorsionados del Grupo La Raza...y ahí si comparten puntos lo acaecido en Andalucía y lo que muestra el clip del film.



Una queja de la Intervención generó el fondo de los ERE

La objeción a las ayudas a una empresa de Jaén dio paso al sistema irregular


Trabajadores de Cárnicas Molina de Jaén se manifiestan ante la fabrica. / ANDRÉS PEDROSA
El origen del fondo de los ERE surgió tras las quejas de un interventor. Antes incluso de que se firmara el convenio marco que lo puso en marcha en 2001. Las subvenciones que la Junta andaluza había aportado entre 1999 y 2000 a la empresa cárnica de Jaén Hijos de Andrés Molina (Hamsa) se tradujeron en pagos directos desde la Consejería de Empleo. De ahí que la investigación se haya ampliado hasta 1999, por lo que ya abarca 12 años.
Cuando el interventor vio los pagos para un ERE de la empresa jiennense, en 2000 puso serios reparos y censuró que las ayudas a esta firma podían dañar el principio de libre competencia frente a otras empresas sin subvenciones. Y ante estos reparos, la Junta presentó sus alegaciones. Pero hizo algo más. Ese año tomó una decisión para evitar “ese dolor de cabeza”, en palabras de un ex alto cargo de la Consejería de Empleo. Al verano siguiente de 2001 el exconsejero y diputado José Antonio Viera y su sucesor Antonio Fernández, como presidente del Instituto de Fomento Andaluz, firmaron la creación del fondo, aunque el sistema de pagos ya había sido instaurado de antemano.
Ya por aquel entonces el conseguidor Juan Lanzas representaba a los trabajadores de esta empresa. Doce años después Alaya ha encarcelado a Lanzas y ha preguntado de manera insistente por el papel desempeñado en los ERE por el exconsejero de la Presidencia y diputado socialista Gaspar Zarrías. Los trabajadores de Hamsa siguieron peleando por sus empleos, y Lanzas siguió al frente de su representación sindical.
Zarrías se reunió en 2008 con Lanzas y los Ruiz-Mateos en la sede de la Presidencia del Gobierno andaluz para recolocar a parte de esa plantilla en una nueva planta de Dhul, según el relato del letrado imputado Carlos Leal, exjefe de Lanzas. Poco después el Consejo de Gobierno aprobó ayudas para Dhul por 15 millones, a pesar de los cuales no se crearon puestos de trabajo y la firma naufragó.
La juez ha censurado el uso de estas transferencias de financiación en su último auto por generar un “dispendio continuado de fondos públicos”. Y responsabiliza a 20 altos cargos de no frenarlo a tiempo. La indignación de estos imputados es patente. “La juez sostiene que hemos actuado para mantener un procedimiento que ha producido menoscabo de fondos. Es tan absurdo como para pensar que nos confabulamos 20 personas a lo largo de 12 años para sostener un proceso por el que personas ajenas a nosotros se llevaron dinero. Ella deja bien claro que es inacción”, protesta uno de ellos. La reacción de la Junta ha sido acusar a Alaya de instruir en su contra una “causa general”.

viernes, 5 de julio de 2013

EN LA CADENA SER: "PSOE Y PP LA MISMA MIERDA ES"


Programa de humor "Carne Cruda 2.0" en el programa "Hora 25"

Ante la simplona respuesta de Mario Jiménez sobre la "causa general" que Alaya lleva contra este honrado partido, repitiendo las argumentaciones peperas sobre la Gürtel, este programa se cachondea de las dos formaciones políticas que se encuentran injustamente perseguidas por malvados e inquisitivos jueces.

Genial.

Aquí el enlace:

El puesto de Magdalena Álvarez en el BEI (24.000 euros/mes) choca con su código ético tras su imputación

Tengo la impresión de que Maleni no sabe lo que es que te pongan un rabo en la cola del Ryanair para pillar antes que nadie un asiento en ventanilla.

Lo que si parece que sabe esta socia-lista es alojarse en hoteles luxemburgueses de cinco estrellas y poner el cazo a razón de 24.000 leros al mes. En España, el salario mas frecuente es 15.500 euros al año. Parece que en la mamandurria europea estos detalles no vulneran ningún código ético. Sin embargo, las actuaciones de Alaya pueden poner en peligro este chollazo.

Recuerden lo de los hoteles cinco estrellas -como la Mahou-  y el pastizal  cuando los sociatas se pongan en modo descamisao a señalar maleducadamente..."que viene la derechaaaaaa"


El puesto de Álvarez en el BEI (24.000 euros/mes) choca con su código ético tras su imputación

La exconsejera de Hacienda de la Junta de Andalucía y exministra de Fomento con el Partido Socialista ha sido imputada por el caso de los ERE, lo que choca con el código de conducta del Banco Europeo de Inversiones.
 

VOZPÓPULI

Últimas noticias del autor
Magdalena Álvarez lleva trabajando en el Banco Europeo de Inversiones desde julio de 2010, cuando salió de ministra de Fomento para sustituir al portugués Carlos da Silva Costa, que pasó a ser presidente del Banco de Portugal. Desde entonces ha sido responsable de Redes Transeuropeas, con competencia en ámbito relativos a España, Portugal, América Latina y Asia. Por todo ello cobra un salario base de 22.963 euros al mes sujeto al impuesto comunitario, a lo que se suman unas dietas por residencia del 15% de su sueldo y unos gasto de representación de 991 euros cada mes.
El periódico 'La Razón' asegura que Álvarez, tras ser imputada por el caso de los ERE andaluces por permitir "el dispendio continuado de fondos públicos" cuando era consejera de Economía de Andalucía, se encuentra ahora frente al código de conducta del banco de inversiones, que "exige a sus miembros que respeten la ley, mantengan una actitud digna e irreprochable y eviten comportamientos que puedan avergonzar a la institución. Son principios comunes a todos los organismos europeos, que establecen que los comisarios que cometan faltas de conducta graves podrán ser cesados.
Aunque es poco probable que Álvarez renuncie a su bien remunerado puesto en Luxemburgo (a dónde suele viajar en la cara aerolínea Luxair y donde suele alojarse en el hotel Sofitel, de cinco estrellas y muy próximo a las instituciones comunitarias del pequeño ducado), si la persecución de la justicia continúa su situación podría hacerse más insostenible.

http://vozpopuli.com/actualidad/27688-el-puesto-de-alvarez-en-el-bei-24-000-euros-mes-choca-con-su-codigo-etico-tras-su-imputacion

La Junta andaluza ‘patrocina’ negocios en Marruecos del marido de la consejera de Hacienda




La Junta andaluza ‘patrocina’ negocios en Marruecos del marido de la consejera de Hacienda

El esposo de Aguayo -delatada por una interventora en el caso ERE- es apoderado de un grupo urbanístico. Manuel Caramé impartió un seminario del Gobierno regional sobre “internacionalización empresarial”.
Foto:Diásticus El empresario Manuel Caramé, marido de la consejera de Hacienda andaluza, dando una conferencia organizada por la Junta.

Segundo Sanz

La diplomacia paralela que despliega la Junta de José Antonio Griñán a través de su empresa pública Extenda (Agencia Andaluza de Promoción Exterior) esconde episodios de un favoritismo insospechado. De tal calibre, que salpican incluso a la consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo, delatada por una interventora de la Junta, según se acaba de conocer, de estar al tanto de la concesión de ayudas irregulares en el ‘caso ERE’ durante su etapa como número dos de dicho departamento, entre los años 2004-2009.
Según ha podido constatar este diario, el marido de Martínez Aguayo, Manuel Caramé García, figura desde el 6 de marzo del año pasado como apoderado y consejero de una agrupación de empresas del ámbito urbanístico y medioambiental, registrada con el nombre de Diásticus. Propietario de una de las firmas que constituyen el grupo, Acción y Gestión de Planificación SL (Agespla), Caramé desempeña un papel esencial como enlace con la Administración andaluza.
El Ejecutivo autonómico presta a Diásticus tanto "apoyo institucional" como asesoramiento sobre el "acceso a mercados" y "líneas de financiación"
Desde Extenda, entidad dependiente de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, que ahora dirige Antonio Ávila, se presta “apoyo institucional” y asesoramiento sobre “acceso a mercados” y posibles “líneas de financiación”. Así, con el impulso de la Junta de Andalucía, Diásticus, apoderada por el marido de la consejera Aguayo, lleva su actividad a países como Marruecos o Brasil.
El pasado marzo, Diásticus fue una de las 33 compañías que participaron en la sede sevillana de Extenda en una jornada técnica sobre la “cooperación empresarial para la internacionalización”, organizada por el departamento de Ávila. En esta conferencia, financiada con fondos procedentes de la Unión Europea, con cargo al Programa Operativo FEDER de Andalucía 2007-2013, Manuel Caramé no tuvo reparo de ser uno de los ponentes y sentarse en la mesa redonda, con un panel detrás donde aparecían los logotipos de Extenda y el Gobierno autonómico y el lema del seminario “Servicios para la internalización de la empresa andaluza”. Según la Junta, el marido de Aguayo impartió a los asistentes una “experiencia práctica” sobre Diásticus.

Un encuentro para justificar las 'embajadas'
Los organizadores aprovecharon el encuentro para ensalzar la labor de Extenda y manifestaron que “la cooperación facilita el reparto de riesgos y costes, reduce el tiempo de la puesta en marcha de nuevos proyectos, favorece sinergias, respeta la independencia de las empresas cooperantes y ayuda a la expansión de las pequeñas compañías”. Un argumentario con el que los ponentes justificaron la misión de dicha empresa pública, que da cobertura a la embajadas comerciales del Gobierno de Griñán.
Andalucía es una de las comunidades autónomas que, lejos de buscar una reducción de gastos, se resisten a aceptar la oferta realizada por el ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, José Manuel García-Margallo, para que incorporen sus oficinas comerciales en el extranjero al Instituto de Comercio Exterior (ICEX).

El portal 'Andalucía Arquitectura'
Asimismo, Diásticus formó parte de las 13 primeras empresas que se publicitaron en el portal web Arquitectura Andalucía de Extenda, dentro de otra jornada celebrada el pasado febrero, sobre "Intercambio de Experiencias y Presentación de Acciones de Promoción de la Arquitectura en 2013". Desde este sitio on line, la Junta desarrolla, según señala, una estrategia de apoyo a la promoción de las empresas de arquitectura en los mercados internacionales, que este año se centrará en Marruecos, China, Estados Unidos y Latinoamérica. Este seminario, al igual que el citado anteriormente, fue cofinanciado con fondos procedentes de la Unión Europea, dentro del mismo Programa Operativo Feder de Andalucía 2007-2013.

http://vozpopuli.com/actualidad/27709-la-junta-andaluza-patrocina-negocios-en-marruecos-del-marido-de-la-consejera-de-hacienda

jueves, 4 de julio de 2013

AGUAYO EN LA DIANA: La Intervención alertó a la cúpula de Hacienda del opaco manejo de los ERE



No hablamos de responsabilidades políticas, esas que ningún socialista ha tenido la decencia de asumir hasta la fecha por este escándalo mayúsculo.

...hay testimonios que ratifican lo que ya reconoció la propia Consejera en relación a los avisos de la Intervención sobre las irregularidades.

Lo relevante es que lo que perdonó Griñán, tal vez no lo perdone Alaya.

La Intervención alertó a la cúpula de Hacienda del opaco manejo de los ERE

La ‘número dos’ del órgano de control dijo que la consejera fue informada también de forma verbal



El informe policial que sustenta las 20 imputaciones de altos y ex altos cargos y dos funcionarios de la Junta de Andalucía sigue dando sorpresas. Entre ellas figura un testimonio que salpica a la cúpula de la Consejería de Hacienda. La número dos de la Intervención General de la Junta de Andalucía, Teresa Arrieta, declaró a la Guardia Civil que la actual consejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, conoció de primera mano el procedimiento irregular con el que el Gobierno autónomo financió los ERE durante una década, según consta en el oficio policial.
Hasta ahora, se sabía que el órgano de control había realizado 15 informes en los que alertó de manera insistente sobre el sistema opaco de dar las ayudas. Esta es la primera ocasión que trasciende que también hubo avisos verbales. La declaración de Arrieta forma parte de la investigación de la Guardia Civil que ha dado pie a las nuevas imputaciones de altos cargos, entre ellos la exministra Magdalena Álvarez, por la puesta en marcha de un mecanismo que permitió un fraude que suma 140 millones de euros y la falta de control político sobre fondos públicos.
“Estos hechos (uso irregular de la transferencia de financiación, falta de procedimiento, etc.) fueron despachados por el titular de la Intervención General”, Manuel Gómez, con la entonces viceconsejera, según el testimonio como testigo de Arrieta. La interventora puntualizó que no presenció dichas reuniones, pero que tuvo constancia a través de su exjefe directo. Gómez matizó ayer que no recuerda “despachos específicos sobre las transferencias de financiación de Empleo [consejería que concedió las subvenciones]” con Martínez Aguayo, pero sí que discutieron del uso inadecuado de esta forma de pago en empresas públicas. La consejera rechazó ayer comentar la acusación de la número dos de la Intervención.
Hace dos años Martínez Aguayo admitió haber recibido los informes de la Intervención, pero adujo que no entró en detalles dado que no alertaban de un menoscabo en los fondos públicos mediante un informe de actuación. Y en esa ocasión la consejera salvó de cualquier responsabilidad al presidente de la Junta y por aquel entonces exconsejero de Economía y Hacienda, José Antonio Griñán, porque no le comunicó la existencia de dichos informes críticos con el sistema de ayudas.
Las discrepancias entre la Intervención y la Junta han sido patentes sobre el sistema de pagos de los ERE. El órgano de control subrayó desde la auditoría de 2003, dos años después de que se pusiera en marcha el fondo, cómo este prescindió “de forma total y absoluta del procedimiento administrativo previsto en la ley”. El Gobierno andaluz optó en 2001 para subvencionar los ERE por la transferencia de financiación, un mecanismo más ágil que la subvención excepcional, pero que también permitía eludir el control sobre el destino de los pagos y por tanto daba pie a la opacidad y la discrecionalidad en el reparto de ayudas millonarias. Arrieta pone el acento en la cúpula de la Consejería de Empleo, dirigida entonces por el diputado José Antonio Viera: “Ahora sé que el uso de la transferencia de financiación fue para eludir la fiscalización previa”. Alaya subrayó en su auto que esta elección del procedimiento permitió “un dispendio continuado de fondos públicos”.
La interventora adjunta resumió a los agentes el sentir del órgano fiscalizador: “Nos preocupaba que era una forma de evadir el control de la subvención (...) con las siguientes consecuencias: pagar subvenciones sin procedimiento, la existencia de un déficit presupuestario y la elusión del control de la Intervención”. Arrieta fue una de los 14 funcionarios que declararon el verano pasado ante la Guardia Civil, que investiga la comisión de los delitos de malversación, prevaricación y contra la hacienda pública. Y la mayoría de testimonios son coincidentes sobre los problemas de opacidad de los pagos, aunque solo Arrieta señaló que los avisos verbales alertaron a la viceconsejera.
Los interventores soportaron presiones, dados los reparos que paralizaban los pagos de la Junta a los trabajadores de empresas en crisis. Joaquín Alegre, otro alto funcionario, describió las tensiones con el Ejecutivo por culpa de los impagos a empleados de la multinacional minera de Boliden tras el desastre ecológico de Aznalcóllar. “A los responsables administrativos de la Consejería [de Trabajo e Industria] les interesaba proteger la plantilla (entre 300 y 500 trabajadores), que se intentaba mantener de manera artificial, es decir, mediante fondos públicos sostener a esos exmineros”. A continuación, añadió: “Me resistí a esos pagos (...) y sufrí por ello presiones ambientales”. El interventor alegó que no autorizó dichos pagos porque la empresa no mantuvo el grueso de la plantilla, una condición necesaria para lograr la subvención.
Todas estas declaraciones constituyen la base sobre la que la juez apoya su tesis y la veintena de nuevas imputaciones. Alaya estima que los altos cargos acusados conocieron que el sistema fue diseñado para la entrega discrecional de subvenciones.
El testimonio de Arrieta sobre Martínez Aguayo es de los más contundentes contra los dirigentes políticos de la Junta de Andalucía. Todo apunta a que la juez remitirá al Supremo esta parte de la causa cuando tome declaración a los 20 nuevos imputados y complete los indicios contra los aforados, entre ellos Martínez Aguayo (diputada autonómica).
El fondo de los ERE costó a la Junta andaluza 721 millones entre 2001 y 2010. En los últimos dos años el Gobierno ha pagado por las pólizas de 5.700 prejubilados otros 105 millones, según un documento enviado por la Consejería de Economía al juzgado, por lo que la cifra total invertida asciende hoy a 826 millones.

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