jueves, 21 de mayo de 2015

LA VERGUENZA DE AZNALCOLLAR: HABLA EL ABOGADO DE EMERITA


En una Andalucía decente este abogado, representante de la empresa perjudicada, saldría en Canal Sur explicando su postura. Lamentablemente solo aparece en este canal de la derechona...qué vamos a hacerle.

Recomiendo encarecidamente escuchar como explica este señor las formas caciquiles de nuestro amado Cortijo.

Es todo un bochorno este compadreo propio de quienes aún se sienten impunes. No se que pensarán en la sede de esta empresa canadiense: lo mismo desde la distancia ya colocan a esta tierra a la altura de Sicilia o Calabria.

Y luego, votad a la Susana, la mú honrá y mú roja.



miércoles, 20 de mayo de 2015

El escándalo Aznalcollar en "The Guardian"


La última moda en ropa de baño en el Río Sonora, pronto en el Guadiamar gracias a los sociatas. No debe extrañarnos la coincidencia en la concesión a este grupo empresarial. Al fin y al cabo el PRI mexicano y el PSOE Andaluz no son tan diferentes (esta foto la he puesto yo... lo de The Guardian viene abajo)


Para los que quedamos en Andalucía con algo de vergüenza, el escándalo de Susana Díaz en la adjudicación de la mina a los colegas contaminadores mexicanos conchavados con los colegas de aquí nos afrenta aún más al ser conocida la ineptitud e irresponsabilidad cortijera por todo el orbe.

Evitando cuestionables traducciones libres (soy de francés), aquí va el original con su respectivo enlace:

Reopening of controversial Spanish mine halted over corruption allegations

Judicial investigation finds evidence of serious irregularities in bidding process for Aznalcóllar mine that caused one of Spain’s worst ecological disasters in 1998





30 Apr 1998, Spain --- The landscape of the Donana Nature Reserve bears the damage of an accident in which 5.2 million cubic meters (182 million cubic feet) of highly acidic water poured into the Guadimar River after a dam broke its banks, Aznalcollar, Spain.
April 1998: the landscape of the Donana nature reserve scarred by highly toxic sludge that poured into the Guadimar river after a dam broke its banks, Aznalcóllar, Spain. Photograph: Emilio Morenatti/EPA

The reopening of a controversial Spanish mine has been halted amid allegations of corruption during the bidding process.
Los Frailes mine in Aznalcóllar, near Seville, which has an estimated 80m tonnes of extractable ore, containing copper, zinc and lead, was due to resume operations later this year for the first time since 1998. But the plan has been put on hold after a judicial investigation found evidence of serious irregularities.
Announcing the decision, Andalucía president Susana Díaz, said: “When a judge has serious suspicions about the procedure for awarding a contract, it must be halted and clarified.”
The contract was awarded to the Grupo México-Minorbis consortium in February following a three-way contest. But a probe was launched in March after a rival bidder filed a complaint in the courts accusing Grupo México of conducting illegal negotiations.





The denouncement by Emerita Resources also included allegations of bribery, peddling of influence and perversion of justice.
The judge heading the investigation, Patricia Fernández Franco, stressed in a decree that there was evidence to support all of the allegations. Fernández criticised the regional authorities for awarding the contract “without the slightest rigour, despite the mine having previously caused one of Spain’s worst ecological disasters.”
She also demanded to know why the conglomerate had not been disqualified from the selection process after failing to comply with basic environmental requirements.
As part of the investigation, the magistrate has ordered officials involved in the awarding of the contract to be interviewed by police. Among those set to speak with anti-fraud officers is the ministry of economics’ director general, María José Asencio.
The regional government defended those involved in the decision to award the contract to Grupo México and insisted the process had been transparent.
“The public officials acted with absolute honesty, full independence of judgement away from external influences and made their decision in accordance with the law,” read a statement.
Fernández is also investigating the links between Grupo México and its Spanish partner Minorbis.
She described the relationship as ‘questionable’, claiming that the agreement between the two parties was nothing more than a declaration of good intentions.
A statement released on behalf of the consortium by partners Magtel, read: “During the selection process, both parties have complied with all the administrative requirements.”
The Aznalcóllar mine closed 17 years ago after a tailings dam burst, leading to a €240m (£178m) cleanup operation. Green groups have criticised the plan to reopen the mine, claiming that environmental considerations have been ignored.
A petition calling for the concession to remain closed has attracted 66,000 signatures since February.

http://www.theguardian.com/environment/2015/may/15/reopening-of-controversial-spanish-mine-halted-over-corruption-allegations

jueves, 14 de mayo de 2015

EL CONFIDENCIAL: LA MAFIA ANDALUZA


Matacán

La mafia andaluza

La adjudicación del concurso internacional para la explotación de las minas de Aznalcóllar revela un importante entramado mafioso detrás de la trama que ha paralizado Andalucía
Foto: Vista aérea de las minas de Aznalcóllar. (EFE)
Vista aérea de las minas de Aznalcóllar. (EFE)
Fecha

“Son canadienses, ¿sabes? Y no acaban de entender qué ocurre en la Junta de Andalucía”. Era septiembre del año pasado, 2014. Un geólogo amigo descuelga el teléfono para pedir auxilio. Ha encontrado trabajo en un grupo de inversión canadiense que ha abierto sucursal en España y, al llegar a Andalucía, siente que las reglas del juego son otras. “¿Qué te parece lo que nos pasa?”, fue la pregunta. “Corleone”, fue la única respuesta. Antes de eso, hay una historia que ha acabado en el juzgado y que ha vuelto a tambalear al Gobierno andaluz, sacudido de nuevo por la corrupción. El primer caso de corrupción que le afecta a Susana Díaz como presidenta de la Junta de Andalucía. El primer escándalo que le estalla cuando buscaba su segunda investidura.
“Son canadienses, ¿sabes?”, al preguntarlo ya va implícito un molesto prejuicio que distingue entre la formalidad y el compadreo, como si en Andalucía todo fuera fiesta. Hay que respirar antes para entender que no hablan de Andalucía, sino de la Junta de Andalucía, que no son necesariamente realidades paralelas. Se trata, en fin, de inversores extranjeros que se ven perdidos en la maraña administrativa de una comunidad autónoma de la que no tienen más referencias que las que se plasman en el pliego de condiciones de un concurso público internacional: la adjudicación de las minas de Aznalcóllar. La empresa canadiense se llama Emerita Resources, pertenece al banco de inversiones canadiense Forbes & Manhattan, y en su expansión internacional ha llegado a España con proyectos en Asturias y en Extremadura.
Susana Díaz, presidenta en funciones de la Junta de Andalucía. (EFE)
Susana Díaz, presidenta en funciones de la Junta de Andalucía. (EFE)
El problema ahora es que se han topado con la Junta de Andalucía. “Creemos que ocurren cosas raras”, afirma el director de Emerita. “Por eso queremos tu opinión como periodista andaluz”. Con un dossier de documentos oficiales, van detallando sobre la mesa las irregularidades administrativas a las que se han tenido que enfrentar. “¿No le parece a usted que todo esto es un escándalo?”. Un escándalo administrativo sí, claro, pero Andalucía, la Junta de Andalucía, está envuelta desde hace años en un fraude millonario, como el de los ERE o los cursos de formación, en los que las irregularidades administrativas son un pecado venial.
“Le entiendo –responde–, pero sigue habiendo cosas que no acabamos de entender”. ¿Por ejemplo? “A ver. Al concurso de las minas de Aznalcóllar optamos dos empresas, la nuestra y una mexicana que se llama Minorbis-Grupo México. Desde el principio, en la Junta de Andalucía nos han dicho que competimos en igualdad de condiciones, pero no parece que sea así. Hace unos días –dice el director de Emerita– se presentó en nuestra oficina uno de los directivos de la empresa mexicana. Quería negociar y nos sugería una fusión de los dos proyectos. Le dije que no, que el grupo inversor canadiense al que represento tenía capacidad técnica, humana y financiera suficiente para optar en solitario de la explotación de las minas de Aznalcóllar”.
El director de la empresa canadiense hizo entonces una pausa, removió de nuevo los papeles del dossier que tenía preparado y se ajustó el nudo de la corbata. “A ver –dijo–, lo extraño es que ese tipo, el mexicano, cuando desechamos la idea de fusionarnos pidió hacer una llamada. Salió del despacho, cogió su móvil y pocos minutos después volvió, como si trajera una contraoferta. Pero no era eso…”. El tipo volvió, entró en el despacho de Emerita y le dijo al canadiense: “En un momento van a llamarle de la Junta de Andalucía”. Le estrechó la mano y se fue. No habían pasado ni diez minutos cuando sonó el teléfono de director de la empresa canadiense. Era un alto cargo de la dirección general de minas de la Junta de Andalucía. “Me dijo que me llamaba desde el aeropuerto; estaba a punto de salir de viaje hacia Brasil y que sólo me llamaba para ver cómo estaba, cómo iban las cosas y que el Gobierno andaluz tenía plena confianza en nuestro proyecto. Nada más. Tal y como había anticipado el directivo de la empresa mexicana, nos llamó un alto cargo de la Junta de Andalucía sólo para que tuviésemos constancia de su llamada de teléfono”.
Una juez de Sevilla ha dictaminado ahora que el concurso internacional de las minas de Aznalcóllar se resolvió “sin observar el más mínimo rigor”
Cuando acabó de decirlo, fue cuando surgió la pregunta y la respuesta posterior. “¿Qué te parece lo que nos pasa?”, fue la pregunta. “Corleone”, fue la única respuesta. Prometí silencio entonces hasta que se resolviera el concurso internacional de las minas de Aznalcóllar y, más allá, hasta que un juez se pronunciara sobre la legalidad de la adjudicación que, como era de esperar, fue a parar a manos de los mexicanos.
Minorbis-Grupo México prometía una inversión de 304,6 millones, mientras que los canadienses se comprometían a invertir 642; los mexicanos calculaban 476 empleos directos y los canadienses 892; el Grupo de México anunciaba una cifra global de negocio de 1.620 millones de euros, y los canadienses elevaban esa cifra hasta los 6.800. La diferencia abismal no retuvo a la Junta de Andalucía en su determinación. Con las convulsiones políticas de enero de 2015, Izquierda Unida salió del Gobierno andaluz y el gabinete de Susana Díaz aprovechó para adjudicarles el proyecto a Minorbis-Grupo México. Todo lo demás es conocido: los canadienses recurrieron y una juez de Sevilla ha dictaminado ahora que el concurso internacional de las minas de Aznalcóllar se resolvió “sin observar el más mínimo rigor” administrativo y legal.
El primer caso de corrupción le ha estallado a Susana Díaz como presidenta, con los mismos vicios de los procesos que afectan a sus predecesores, Manuel Chaves y José Antonio Griñán. Una concesión "arbitraria", sin cumplir "los principios de objetividad, igualdad y no discriminación" y con "ausencia absoluta de trámite administrativo, de fiscalización previa, de bases reguladoras y de criterio", como remarca la juez Mercedes Alaya en muchos de sus autos sobre los ERE fraudulentos o los cursos de formación. “¿Qué te parece lo que nos pasa?”, preguntaron los canadienses. “Corleone”, fue la única respuesta. Prometí silencio hasta hoy.

http://blogs.elconfidencial.com/espana/matacan/2015-05-14/la-mafia-andaluza-aznalcollar_794142/ 

A este multimillonario mexicano Susana ha otorgado la explotación de Aznalcóllar

¿Para esto Susana quiere ser investida?...estos sociatas nunca cambiarán.

El magnate mexicano más esquivo

Germán Larrea, la segunda fortuna de México tras Slim a quien nadie conoce, vive rodeado de polémica por los accidentes en sus minas


Una imagen borrosa atribuida al empresario Germán Larrea

No resulta sencillo conseguir una foto de Germán Larrea, el millonario mexicano más esquivo. En Internet circulan dos imágenes que podrían ser suyas. Una de tamaño carné, en blanco y negro, donde se aprecia a un hombre cincuentón, de nariz gruesa y pelo frondoso que le tapa las orejas. En la otra parece alguien más mayor, con entradas en la parte derecha del cráneo, nariz aguileña y ojos pequeños. “No me atrevo a asegurar si es uno u otro”, dice una relaciones públicas que jura haberlo visto en un par de ocasiones. La revista Forbes evita meterse en problemas e ilustra a la segunda fortuna de México -un patrimonio de 14.700 millones de dólares- con la típica silueta negra que se usa en las orlas para los estudiantes huraños que no van a su graduación.

El imperio de Larrea (Ciudad de México, 1941), accionista mayoritario del poderoso Grupo México, uno de los principales productores de cobre a nivel internacional, está otra vez en entredicho por haber provocado una catástrofe medioambiental. El Gobierno ha obligado a la compañía a crear un fideicomiso de 150 millones de dólares para resarcir el daño que han sufrido miles de pequeños agricultores por el derrame de 40.000 metros cúbicos de residuos tóxicos en los ríos Bacanuchi y Sonora, al norte de México. Analistas y comentaristas políticos han llegado a pedir la extinción de su compañía, involucrada en otras tragedias como la muerte de 65 mineros en 2006.

El líder más popular de la izquierda, Andrés Manuel López Obrador, ha abogado en sus mítines por retirarle la concesión de las minas. "Forma parte de la mafia del poder", le acusa. El sindicato lleva años librando una batalla con el millonario invisible por este y otros asuntos. Durante mucho tiempo los mineros desplegaron en el Paseo de la Reforma, una avenida emblemática de la capital, una pancarta a la vista de todo el mundo: “Asesino”. Larrea no se defendió públicamente. Nunca lo hace.

El Rey del Cobre es admirado por otros. Mauricio Candiani, analista experto en minería, conoce con detalle todas las operaciones de los negocios de Grupo México —resultados anuales, yacimientos, mercado internacional— pero no reconocería a Germán Larrea si dentro de un rato se lo cruzase por la calle. “La operación de la compañía en la mina Buenavista [donde se produjo el derrame] es de clase mundial. Es la operación de cobre más importante de México. Es fundamental para el desarrollo de nuestro país. Es una empresa muy sólida que hará frente a los daños y reanudará los trabajos”, confía Candiani, que en el pasado realizó algunos proyectos para la compañía.

Si Larrea tiende a la introspección, su hombre de mayor confianza es expansivo y diplomático. Donde Larrea dice no a sus negociadores, él suelta un tal vez

El rastro de Larrea es brumoso. Hay que indagar en la gente que le rodea para saber algo más sobre él. El hombre que le habla al oído es Xabier García de Quevedo, quien le lleva los negocios en Perú. En el University Club, uno de los clubes privados más exclusivos del país, García de Quevedo fue homenajeado recientemente por la asociación de ingenieros y geólogos de México. Si Larrea tiende a la introspección, su persona de mayor confianza es expansivo y diplomático. Donde Larrea dice no a sus negociadores, él suelta un tal vez. Es la cara amable de un empresario que en ocasiones ha sido tachado de tosco. Vinculado a Larrea desde 1988, García de Quevedo ha emparentado a su familia con el clan Pujol español. Uno de sus hijos se casó en 2012 con la hija de Jordi Pujol Ferrusola, el primogénito del expresidente de Cataluña investigado por delitos de blanqueo de capitales y delitos fiscales.

La fortuna de los Larrea la cimentó su padre, don Jorge Larrea, hace 70 años. Comenzó con una compañía dedicada a la construcción que se fue abriendo a otros sectores como el energético. En los setenta, la empresa hizo sus primeras compras de minas, una estrategia que se disparó con el expresidente Carlos Salinas de Gortari y su plan de ofrecer la explotación de los yacimientos a empresas mexicanas. Ese es el comienzo de un emporio que ha trepado hasta lo más alto, siempre acompañado de polémica. Grupo México adquirió en 1999 la minera estadounidense Asarco, que enfrentaba una multa de 1.000 millones de dólares por contaminación. Las minas de Asarco fueron transferidas a otra filial peruana, y la empresa se declaró en bancarrota. No hubo dinero para pagar los acreedores.

Los pleitos pasados y presentes no detienen a Larrea. La prensa económica lleva meses especulando con que está tomando posiciones para invertir en el negocio petrolero una vez que se ponga en marcha la apertura del sector a la inversión privada que está propiciando con sus reformas el presidente Enrique Peña Nieto. Es uno de sus tantos flancos abiertos. El hombre que no quiere ser retratado ni salir en televisión, forma parte de la directiva de Televisa, el conglomerado audiovisual más potente de Latinoamérica, y compró la cadena de cines Cinemex. Cada vez que uno va al cine tiene que ver antes de la película los larguísimos anuncios de su empresa monopólica de ferrocarriles y la obra social con la que pretende contrarrestar su mala fama.


El proverbial enemigo de Larrea tiene nombre de emperador: Napoleón Gómez Urrutia. La tragedia de la mina Pasta de Conchos, donde murieron decenas de trabajadores, los separó para siempre. Gómez Urrutia, como líder del sindicato de mineros —un cargo que heredó de su padre, igual que Larrea— montó una huelga que se prolongó durante años. Las batallas legales entre ambos en los juzgados han adquirido un tamaño colosal. “Es uno de los conflictos empresariales más caros del mundo”, refiere el analista Candiani. Napoleón ha estado exiliado en Canadá huyendo de la fiscalía por el supuesto desfalco de 55 millones de dólares, una persecución que dice que inició Larrea. De todos modos, Napoleón nunca ha dejado de mandar: dirigía el sindicato desde la distancia por teléfono.

Larrea es muy respetado en determinados círculos empresariales. Se le tilda de hombre serio, amable incluso. Aprovecha el anonimato para ir a apostar al hipódromo, cenar con tranquilidad en los mejores restaurantes de la ciudad y viajar a la Toscana italiana. Dicen que le gusta el vino caro, aunque es de esas aficiones que aparecen en todos sus perfiles como una verdad absoluta, pero que nadie se atreve a asegurar con rotundidad. La gente que le rodea ha tomado la costumbre de no confirmar ni negar nada que tenga que ver con él. Eso no hace nada más que agrandar el misterio. El magnate sin rostro no necesita los reflectores para continuar multiplicando su fortuna.

http://internacional.elpais.com/internacional/2014/09/18/actualidad/1411057851_071779.html 

jueves, 7 de mayo de 2015

El Sindicato Andaluz de Funcionarios vence en las elecciones en la Junta


Duro palo al sindicalismo cortijero y apesebrao


El Sindicato Andaluz de Funcionarios vence en las elecciones en la Junta

Día 07/05/2015 - 06.46h

El SAF logra 106 delegados, mientras que CSIF, segundo, consige 56, según los resultados provisionales

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Las elecciones sindicales de los funcionarios de la Administración General de la Junta de Andalucía celebradas ayer para los servicios centrales y periféricos en todas las provincias andaluzas, excepto Jaén, se saldó con el triunfo del Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF), situándose en segundo lugar CSIF. Según los resultados provisionales, el primero logró 106 delegados, mientras que el segundo consiguió 56. El sindicato Inicaitiva Sindical Andaluza (ISA) obtuvo 32, UGT 18, CC.OO. 12 y Ustea 11.
En un comunicado, SAF indica que conseguió la mayoría absoluta en Almería, Cádiz, Córdoba y Huelva, y que estaba a falta de confirmar esa mayoría absoluta en Servicios Centrales de Sevilla.
Por su parte, CSIF-A consideró positivo que haya mantenido el apoyo de los funcionarios de la Administración General de la Junta de Andalucía (AGJA) y tras las elecciones de ayer suma 56 delegados, recibiendo el 23,73 por ciento de los votos y manteniéndose como segundo sindicato de la Mesa Sectorial de la AGJA, «de la que se quedan fuera UGT y CCOO, con sólo 18 y 12 delegados respectivamente».
En una nota, señaló que mantiene «prácticamente» los apoyos en lugares «clave» en la Administración General, como los Servicios Centrales y en las Juntas de Personal de Sevilla, donde sumó siete delegados en cada una, «resistiendo en el resto de provincias a pesar de las tensiones internas vividas en estos cuatro años y que acabaron con la dimisión de varios dirigentes del sector y con los ataques de otras fuerzas sindicales».
Con los datos de las elecciones celebradas ayer en todas las provincias excepto en Jaén (donde CSIF suma ocho delegados hasta la próxima convocatoria), esta central se mantiene como segunda fuerza sindical de una Mesa Sectorial, «en la que no estarán de nuevo UGT y CCOO». Por provincias, CSIF obtuvo tres delegados en Almería, cinco en Cádiz, cuatro en Córdoba, cinco en Granada, cuatro en Huelva y cuatro en Málaga, además de los citados siete de Servicios Centrales y siete de Sevilla.
Con los 56 delegados que sumó ayer, CSIF aumenta su distancia en representatividad en el seno de la Mesa General y se mantiene, a falta de celebrarse las elecciones en la Administración de Justicia (previstas para el próximo 18 de junio), como «primera fuerza sindical de la Función Pública andaluza dado los resultados obtenidos por CCOO y UGT» en los comicios de ayer y unidos a los conseguidos tanto en Enseñanza (donde fue primera fuerza sindical con 95 delegados) como en Sanidad (donde obtuvo 187 delegados).
La Conseejería de Hacienda y Administrción Pública resaltó que el 57,36% del personal funcionario de la Administración General de la Junta de Andalucía participó en las elecciones para designar a los miembros de las Juntas de Personal, que son los órganos de representación sindical, que se renuevan cada cuatro años. En 2011 la participación alcanzó al 69,67%. 

miércoles, 6 de mayo de 2015

Reflexiones ante las municipales


Tiemblo pensando en que vuelvan los de Monteseirín y el comegambas, los de las setas a coste de trufa y los del rascacielos pegaito a Triana, porque no había otro sitio mejor para el pelotazo.

Tiemblo pensando en los enchufes con carné de IU de las fundaciones que lo mismo te trapichean con las facturas de un incinerador en Cuba, que hacen un ERE de luxe a precio de camarada cuando van a perder el gobierno. 

Tiemblo pensando en cuando lleguen empresarios como los de La Raza a potenciar una escuela de hostelería en la tierra del paro y el turismo y le salgan con la mordida al estilo mexicano, o nigeriano, o italiano...da igual, será por lugares con los trincones a costa del erario...

TSJA: AQUI LA SENTENCIA/PALO A LA JUNTA SOBRE OCULTACION DE LOS LISTADOS DEL PERSONAL EXTERNO A LOS SINDICATOS






martes, 5 de mayo de 2015

Video de Eduardo Maestre: Chaves y Griñán... ¿y ya esta?


La Guardia Civil cifra en 1.300 millones las ayudas no justificadas

No es Susana en la investidura, es Evita la populista peronista...¿pero a que cada vez se parecen más?


No olvidemos que estamos hoy votando en el Parlamento a las jarcas que bajo su responsabilidad de gobierno han permitido este desmadre hasta el mismísimo 2014 (¿Donde estabais Susana e IU?).

No hace falta códigos éticos, observatorios, mamandurrias para constatar lo evidente, tampoco nuevas leyes... hace falta decencia para cumplir la ley actual y decencia entre los votantes para no votar mas a quien permite el robo al parao.

Tal vez eso es mucho pedir en la tierra de la mugre y la corrupción llamada Andalucía. 

Nuestra Andalucía.



La Guardia Civil cifra en 1.300 millones las ayudas no justificadas

  • La UCO cuantifica la dimensión del fraude en un informe entregado a la juez Alaya


La juez Mercedes Alaya, en las inmediaciones de su juzgado.
La juez Mercedes Alaya, en las inmediaciones de su juzgado. JESÚS MORÓN


     
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La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha elevado a1.298.722.878,04 euros la cantidad que la Junta de Andalucía habría concedido en ayudas a la formación entre los años 2002 y 2014 sin que se haya justificado por parte de las distintas entidades beneficiarias el destino dado a esas cantidades.
En un atestado entregado a la juez Mercedes Alaya, al que ha tenido acceso Europa Press, la Guardia Civil explica que dicha cifra ha sido extraída en base al archivo informático entregado el 25 de julio de 2014 por la Dirección General de Formación Profesional para el Empleo, en el que se contenían una serie de registros vertidos por la aplicación informática de la Junta llamada 'Júpiter' relativos a las subvenciones de formación correspondiente al periodo 2002-2014.
De este modo, y una vez ordenadas las subvenciones por año y, a continuación, verificados para cada una de éstas los apuntes contables relativos a las 'OP' (órdenes de pago) y las 'J' (justificaciones), los agentes han podido determinar, del diferencial existente entre ambas órdenes, que el importe pendiente de justificar por cada una de las entidades beneficiarias asciende a un total de 1.298 millones de euros.
Esta cifra es inferior a la última que se había barajado, procedente deun informe de la Intervención General de la Junta conocido el pasado 7 de abril, que cifró en 3.015 millones de euros los que estaban pendientes de justificar en cursos de formación entre los años 2005 y 2013. Sin embargo, según aclaró posteriormente la Junta de Andalucía, en esa cifra se habían incluido cantidades duplicadas, ya que se había hecho la suma de los expedientes abiertos, pese a que la misma subvención puede dar origen a más de un expediente en función de las diferentes fases del proceso abierto.

Cota máxima en 2010 y 2011

La UCO destaca que las cantidades sin justificar alcanzarían su cota máxima en los ejercicios 2010 y 2011, con 347 y 339 millones de euros, respectivamente", mientras que "un segundo tramo destacable sería el comprendido entre los ejercicios 2007 y 2009, con 110, 203 y 121 millones de euros, respectivamente".
En este sentido, los agentes valoran en este atestado, fechado el pasado 30 de abril, la "tendencia alcista" de las cantidades a justificar, "que se acentúa en el intervalo 2007-2012, si bien disminuye de manera considerable a partir de entonces".

Sevilla, Málaga y los servicios centrales

De igual modo, los agentes han analizado las distintas subvenciones en atención al parámetro del órgano gestor responsable y han realizado una aproximación respecto a las cantidades pendientes de justificar por las entidades beneficiarias y cuya fiscalización "recaería sobre los precitados órganos gestores, encargados en las acciones formativas subvencionadas, de sus distintas fases de adjudicación/concesión, control y fiscalización".
La UCO destaca que, atendiendo a las cantidades pendientes de justificar clasificadas por el órgano gestor, "se observa que Málaga, Sevilla y las subvenciones con código 98 --Servicios Centrales-- son las que mayor cuantía presentan", con 68,1, 66,9 y 546,7 millones de euros, respectivamente. También destaca Córdoba, con 47,5 millones; Cádiz, con 44; Granada, con 43,9; Huelva, con 24,5; Almería, con 17,5, y Jaén, con 14,7 millones de euros.
Los agentes ponen de manifiesto que "gran cantidad de los registros volcados del aplicativo 'Júpiter' a la tabla objeto del presente informe no se pueden asociar a ningún órgano gestor, de ahí que durante el proceso de tratamiento de la información facilitada se hubiesen agrupado bajo el rótulo 'sin consignar'", con una cantidad asociada de 424,4 millones de euros.
Al hilo, la UCO recuerda la declaración prestada como testigo el 4 de julio de 2014 por parte del exdirector general de Formación para el Empleo Carlos Cañavate, quien manifestó que, cuando tomó posesión de su cargo en octubre de 2013, "se encontró con una cantidad aproximada de 950 millones que no se habían justificado", por lo que "si añadimos a los 546 millones" de los Servicios Centrales los 424 millones relativos al campo 'Sin consignar', "obtenemos una cantidad próxima a la mencionada" por el testigo.

Resoluciones de 'exceptuación'

Los agentes analizan en su atestado las resoluciones de exceptuación acordadas por el correspondiente consejero de Empleo, en su calidad de presidente del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), y cuyo fin "era exceptuar a diferentes entidades beneficiarias de la obligación de justificar en tiempo y forma de las subvenciones concedidas con anterioridad y con cargo a determinado programa presupuestario".
En esta línea, explican que han tenido acceso a un total de cinco resoluciones de exceptuación relativas a los ejercicios 2009, 2010, 2011 --dos-- y 2012 --esta relativa a Consorcios-- y señalan que, del análisis realizado, "se ha podido observar cómo para una misma subvención, sus apuntes contables se encontraban enmarcados en programas presupuestarios distintos, esto es, 32B, 32D y 32L", de ahí que "para calcular las cantidades pendientes de justificar por las beneficiarias relacionadas también se tomasen en consideración todos los programas presupuestarios y no sólo los indicados en la resolución".
Así, analizan una primera resolución de exceptuación de fecha 17 de diciembre de 2009, en la que el entonces consejero de EmpleoAntonio Fernández firmó su conformidad para que respecto a un total de 473 entidades se les exceptuasen de "las limitaciones establecidas en el artículo 32.2 de la Ley 3/2004", siendo la cantidad pendiente de justificar entre 2002 y 2008 de 327 millones correspondientes a un total de 2.389 subvenciones, "si bien a fecha de remisión del archivo informático" por parte de la Junta "dicha cifra se había reducido hasta los 255 millones".

Resolución de Manuel Recio

Los agentes también analizan una resolución de exceptuación de 22 de diciembre de 2010, en la que el entonces consejero de Empleo Manuel Recio "resolvió exceptuar a un total de 365 entidades beneficiarias de subvenciones tramitadas por parte de la Consejería de Empleo y del SAE de la obligación de justificación en tiempo y forma de las subvenciones concedidas con anterioridad con cargo al programa presupuestario 32D".
Así, la cantidad pendiente de justificar en el periodo 2002-2009 por parte de las entidades beneficiarias era de 305 millones correspondientes a 2.023 subvenciones, aunque "a fecha de remisión del archivo informático objeto del presente informe dicha cifra se había reducido hasta los 279 millones", poniendo como ejemplos dos subvenciones concedidas a CEA y CCOO que, "si bien a fecha de la resolución se encontraban sin justificar, en ejercicios posteriores se justificaron íntegramente, con la particularidad de hacerlo bajo otra partida presupuestaria".
De igual modo, analizan una resolución de exceptuación de 16 de diciembre de 2011, donde el propio Manuel Recio "resolvió exceptuar a varias entidades beneficiarias, con el objeto de proponer el pago de subvenciones concedidas con cargo al programa presupuestario 32L, considerando que concurrían circunstancias de especial interés social", de manera que entre los años 2002 y 2010 "se ha podido obtener que dichas beneficiarias tenían pendiente de justificar 215,8 millones, correspondiente a un total de 839 subvenciones".
La UCO destaca que estas entidades, "tomando en consideración todo el conjunto de partidas presupuestarias, esto es, 32D, 32L y 32B, en el periodo comprendido entre 2002 y 2020, presentaban subvenciones pendientes de justificar por importe de 490 millonescorrespondiente a 3.262 subvenciones", si bien "a fecha de remisión del archivo informático" dicha cifra "se reduce hasta los 460 millones de euros".
Para finalizar, los agentes analizan una resolución de exceptuación de 16 de diciembre de 2011 en la que Manuel Recio "resolvió exceptuar a una serie de entidades con el objeto de proponer el pago de subvenciones concedidas con cargo al programa presupuestario 32L, considerando que concurrían circunstancias de especial interés social", precisando que entre 2002 y 2010 las entidades beneficiarias tenían pendiente de justificar 86,7 millones de un total de 582 subvenciones.
"Tomando en consideración el conjunto de todos los programas presupuestarios, dicha cifra alcanza los 200 millones" correspondientes a 2.102 subvenciones, "si bien a fecha de remisión del archivo informático objeto del presente informe se reduce hasta los 170 millones", concluye el atestado.