Denuncian presiones de la Junta a los jueces para que no paralicen la polémica normativa
Día 11/09/2011 - 08.13h
EFE/ JOSÉ MANUEL VIDAL
Concluidas las vacaciones de verano y reanudado el curso político, los funcionarios se aprestan a impulsar, con más ímpetu si cabe, la campaña contra la reordenación de la Administración andaluza, a través de la conocida como «ley del enchufismo», desde una doble vertiente, la vía judicial y las protestas en la calle.
Campaña para un otoño «caliente» que tiene por objetivo la derogación de una normativa que según las denuncias de las organizaciones sindicales y colectivos que han criticado el proceso, apoyado por UGT y CCOO, ha permitido que más de 20.000 trabajadores procedentes de empresas públicas de la Junta y de otros entes instrumentales que accedieron a la «Administración paralela» sin oposiciones, se incorporen a las Agencias creadas al amparo de la nueva Ley con la condición de empleados públicos y con las mismas prerrogativas de los funcionarios.
Safja (Sindicato Andaluz de Funcionarios de la Junta de Andalucía), CSIF (Central Sindical Independiente y de Funcionarios), y Ustea (Unión de Sindicatos de Trabajadores de Andalucía), han anunciado en declaraciones a ABC su intención de mantener una férrea oposición a que esta situación se consolide, al tiempo que denuncian las «presiones» que desde el Ejecutivo andaluz se están haciendo a los jueces para evitar que la normativa se paralice.
«Aquí se está enfrentando la cultura del mérito contra la cultura del enchufismo más repugnante», asegura Nicolás Sánchez, vicepresidente de Safja, «y por eso nos hemos enfrentado al problema y lo seguiremos haciendo a través de dos caminos, los tribunales de Justicia y con manifestaciones en la calle, y ya se puede hablar de un otoño caliente».
Alicia Martos, de CSIF, opina que con la Ley de Reordenación «lo que han pretendido es blanquear la Administración paralela para darle cualidad de Administración pública», y en base a lo cual a los trabajadores procedentes de los antiguos entes instrumentales —empresas, agencias, fundaciones, etc.—, «un personal contratado sin métodos objetivos», se convierten ahora en «empleados públicos».
Martos blande el artículo 23.2 de la Constitución y subraya que el acceso a los cargos y funciones públicas se debe hacer «en condiciones de objetividad» y desde el plano de la «igualdad, el mérito y la capacidad».
Rocío Luna, de Ustea, afirma que el fin último de su organización es conseguir la derogación de una norma que ha provocado «un cambio radical del concepto de Administración pública en Andalucía». Para Luna, está «fuera de lugar» que se incorporen a trabajadores externos para realizar los cometidos de funcionarios y laborales de la Junta de Andalucía.
Ustea, al igual que las otras dos organizaciones sindicales, así como colectivos de funcionarios agrupados en plataformas, ha recurrido en los tribunales todas las normativas aprobadas por la Consejería de Hacienda y Administración Pública: los decretos que ampararon los primeros pasos de la reordenación, la Ley propiamente dicha, los estatutos de las Agencias, los protocolos de integración y últimamente las RPT (Relación de Puestos de Trabajo) que se han modificado con el trasvase de trabajadores de la «Administración paralela» o de las propias consejerías a las Agencias de nueva creación.
Denuncias
Al margen del Tribunal Constitucional, donde el PP mantiene un recurso contra la normativa, es el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) donde se han presentado la mayoría de las denuncias, y es en esta instancia donde la Junta está ejerciendo una mayor presión para evitar que se anule el proceso de reordenación, según critican los sindicatos de funcionarios.
Y es que en opinión de estas centrales, el Ejecutivo andaluz está utilizando «el catastrofismo» para influir en los órganos judiciales, en referencia a los escritos que las consejerías han remitido al TSJA advirtiendo de perjuicios irreparables si se paraliza la integración del personal en las flamantes Agencias.
«A CSIF esto le parece la mayor de las desvergüenzas, el que la Administración pueda hacer uso de los intereses de los ciudadanos para decir que no van a ser atendidos si la Ley es suspendida por los tribunales», como por ejemplo para la tramitación de ayudas y subvenciones. «Eso es lamentable», proclama Alicia Martos, de CSIF. Y añade: «Están tratando de hacer presiones descabelladas porque saben que la Constitución es muy clara y temen un varapalo judicial»
Según Nicolás Sánchez, de Safja, la prueba de que los tribunales pueden dar la razón en última instancia a los funcionarios es «el nerviosismo de la Junta, presionando de forma repugnante y públicamente al TSJA».
«No se puede olvidar —resalta— que han entrado más de 20.000 personas por la cara en la Administración Pública, mientras que los demás hemos tenido que aprobar unas oposiciones. Hay familias que no tienen para comer, y muchos jóvenes han tenido que huir del país para conseguir un trabajo».
