UNA DE SOCIALISTAS QUE HABLAN DE LA SANIDAD PÚBLICA MIENTRAS QUE EN PRIVADO SE MONTAN EL NEGOCIETE DE LAS CLINICAS CONCERTADAS.

Copio-pego del siguiente enlace:
http://www.porandalucialibre.es/actualidad/tela-de-arana/2936-lo-que-habia-bajo-las-minifaldas-de-la-clinica-pascual-1.html

Lo que había bajo las minifaldas de la Clínica Pascual

  Otro capítulo que quedó fuera del libro "La Tela de Araña andaluza: hilos de un régimen", fue el de los vasos comunicantes entre los dirigentes ugetistas y socialistas de la sanidad pública andaluza y las empresas privadas, tan denostadas y acusadas de todo tipo de perversiones. Y en medio un lío de minifaldas. El capítulo empezaba así:




Al final, lo mas grave del asunto no era el jefe que quería a las enfermeras enseñando la cacha, no... Otro nuevo ejemplo de socialistas y ugetistas con discurso progre -para que las crieturitas con anteojeras les sigamos- y bolsillo de lo mas neoliberal.

 LAS MINIFALDAS DE LAS CLÍNICAS PASCUAL

Hace varios años, una polvareda periodística saltaba en torno a la obligatoriedad que la Clínica San Rafael de Cádiz, concertada por la Junta de Andalucía, imponía a sus enfermeras para que se pusiesen minifaldas mientras desempeñaban sus trabajos clínicos habituales. Ahora sabemos que el director actual de esa clínica y del grupo Pascual era socio de relevantes personalidades socialistas, un ex alto cargo de la Junta y un ex sindicalista de UGT.

A las enfermeras y auxiliares de la Clínica San Rafael de Cádiz la dirección del centro les obligaba a llevar minifalda en lugar de usar pantalones. Según las enfermeras, a las que se negaban se les descontaba del salario el plus de asistencia, unos 30 euros mensuales. Indignación en la ciudad de Cádiz. Se anunciaban concentraciones para el 2 de abril de 2.008. La Junta y Manuel Chaves callaban. La UGT, por su parte se enfrentaba a Comisiones Obreras, que no quería oír hablar de huelga ni de protesta contra la Clínica San Rafael.

Poco después, la Delegación Provincial de Salud requería a la Clínica San Rafael, hospital concertado por el Sistema Andaluz de Salud (SAS), un informe acerca de la denuncia realizada por el comité de empresa de dicho centro, a raíz de la sanción a varias enfermeras por negarse a llevar falda. Luego, vinieron Inspecciones, informes, y demás papeleo administrativo.

Ahora se preguntarán ¿y quién es el dueño de la Clínica San Rafael?  José Manuel Pascual Pascual es el dueño de esta clínica y de otras clínicas que operan concertadamente en Andalucía. Si nos vamos al órgano de prensa de al web que ahí se anuncia encontramos que  la dirección de la empresa la lleva ya el hijo del fundador, o sea, José Manuel Pascual Sánchez-Gijón. Y en ella aparecen como consejeros editoriales: Agustín Ortega Limón y José Luis González Tapia. ¿Quiénes son estos señores?

Agustín Ortega Limón fue, nada menos, que Secretario General del INSALUD y Gerente del Servicio Andaluz de Salud en la década de los 80. Pero de luchar contra los conciertos con las clínicas privadas y por una reforma socialista de la sanidad, pasó enseguida a directivo del grupo Pascual. Como lo oyen. Lean cómo lo cuenta un periodista, que sabe de esto:

"A mediados de los años ochenta el Partido Socialista se empeñó en hacer una muy necesaria reforma sanitaria. Se creó el SAS para formar una única red pública. Se cerraron los psiquiátricos, la Junta se quedó con todos los hospitales de beneficencia de las diputaciones y con las casas de socorro y centros sanitarios de los ayuntamientos. Se inició la creación de la red de atención primaria, se le metió mano a las incompatibilidades de los médicos para evitar que cobraran de lo público y trabajaran en lo privado. Y se empezaron a suprimir los conciertos sanitarios con clínicas privadas. En Cádiz, al frente de la operación estaba un intrépido gestor, Agustín Ortega Limón. Se suprimieron los conciertos con la clínica de la Salud y con el hospital de San Juan de Dios. Pero cuando le tocó el turno a la clínica de San Rafael el proceso se paró, hasta el punto de que Ortega Limón pasó a directivo del Grupo Pascual. Pero el asunto no acabó ahí, sino que José Manuel Pascual hijo no sólo consiguió mantener su concierto en San Rafael, sino que fue comprando y construyendo hospitales por toda Andalucía hasta el día de hoy, que tiene seis hospitales concertados con un coste inicial de 300 millones de euros al año, una red privada sostenida con fondos públicos que se disemina ya por toda Andalucía."

Ahora, el otrora alto cargo socialista Ortega Limón está en todas estas empresas:

ORTEGA LIMON SL B14469688

WEBASISTENCIAL SL B91401273

AVIAN CONSULTORES SL B41501776

HOSPIBER 2000 SL B41681073

WEBSANITARIA 01 SL B91136192

J L C PLATAFORMA GESTION DE SUMINISTROS SL B91342105

GASTRONOMIA DISTINGUIDA SL B41975442

El otro nombre que nos sale es José Luis González Tapia. ¿Y quién es él? Pues fue Secretario General  de la Sanidad de UGT. Vean algunos datos más:

Jose Luís González Tapia. Consejero de Webasistencial

Nacido en Ávila, en 1955. Es Licenciado en Medicina por la Universidad Complutense de Madrid (1979) y  Master en Salud Pública por la Universidad Johns Hopkins (1982). Durante 1980 y 1981 ejerció la medicina en puestos de Atención Primaria del Insalud de Madrid. En 1981 ingresó en el Departamento de Sanidad de la Diputación de Madrid como Jefe del Área de Salud Pública; en 1984 fue nombrado Director del Centro de Salud Municipal de Fuenlabrada (Madrid), y de 1986 a 1989 ocupó una plaza por oposición de Médico de la Dirección General de Gasto de Personal del Ministerio de Economía y Hacienda.

Desde 1982 hasta 1990 fue Secretario General de Sanidad de la Unión General de Trabajadores, con Nicolás Redondo como Secretario General de esta Confederación Sindical, responsabilidad que revalida en dos Congresos. Durante esos años fue miembro del Consejo General del Insalud y de su Comisión Ejecutiva, así como miembro del Consejo General de la Función Pública del Ministerio de las Administraciones Públicas y del Consejo de Salud Laboral y Medicina del Trabajo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

Fue portavoz de la Comisión Consultiva de la UGT en el Ministerio de Sanidad y Consumo para la elaboración de la Ley General de Sanidad y de la Ponencia del Estatuto Marco del Personal del Insalud. Fue representante permanente de la Federación de Servicios Públicos de España de la Unión General de Trabajadores en la Comisión Sectorial de Sanidad de la Public Services International (ISP) que organizó las Conferencias Europeas de Sanidad de la Public Services International (ISP) de Viena (Austria) en 1983, de Copenhague (Dinamarca) en 1985, y de Munich (Alemania) en 1987; fue delegado de esta Federación en los Congresos Mundiales de la Public Services International (ISP) de Caracas (Venezuela), en 1984, y Chicago ( EE.UU), en 1988.

En 1999 fundó la empresa Mosponuba, con la que se hizo cargo de la gestión de los Recursos Humanos y Sociales de la importante Empresa de Hospitales J.M. Pascual, Pascual, S.A.

Durante su actividad social y profesional ha participado en numerosos foros de debate y análisis de la sanidad y del mundo socio-laboral y  es autor de artículos y publicaciones de estos temas.

La prueba decisiva de que ambos son socios del actual director de Clínica San Rafael la tenemos aquí:

REGISTRO MERCANTIL DE SEVILLA
Expedida el día: 17/03/2011

DATOS GENERALES

Denominación: HOSPIBER 2000 SL
Inicio de Operaciones: 20/07/1994
Domicilio Social: AVENIDA DE LA BUHAIRA 10, PLANTA 1ª, MODULO 4.
SEVILLA - 41-SEVILLA
Duración: Indefinida
C.I.F.: B41681073
Datos Registrales: Hoja SE-20524
Tomo 2046
Folio 101

Objeto Social: Explotación de servicios sanitarios en régimen de propiedad o arriendo, construcción de edificios para albergar tales servicios, instalaciones, montajes y su administración; promoción y gestión inmobiliaria de fincas

Estructura del órgano: Administradores solidarios

Último depósito contable: 2008

ASIENTOS DE PRESENTACIÓN VIGENTES

ADMINISTRADORES Y CARGOS SOCIALES

Indice

Nombre: ORTEGA LIMON AGUSTIN
DNI: 30406018H
Cargo: Administrador solidario
Fecha de nombramiento: 18/06/1998
Inscripción: 2
Fecha inscripción: 14/12/2000
Fecha de la escritura: 13/05/1999
Notario/Certificante: SANCHEZ OSORIO SANCHEZ, JUAN
Residencia: SEVILLA - SEVILLA
Número de protocolo: 1560/1999

Nombre: PASCUAL SANCHEZ GIJON JOSE MANUEL
DNI: 31198224N
Cargo: Administrador solidario
Fecha de nombramiento: 18/06/1998
Inscripción: 2
Fecha inscripción: 14/12/2000
Fecha de la escritura: 13/05/1999
Notario/Certificante: SANCHEZ OSORIO SANCHEZ, JUAN
Residencia: SEVILLA - SEVILLA
Número de protocolo: 1560/1999

Nombre: GONZÁLEZ TAPIA JOSE LUIS
DNI: 3791387K
Cargo: Vocal
Fecha de nombramiento: 20/07/1994
Inscripción: 1
Fecha inscripción: 10/11/1994

Pero aquí no queda toda la información. Quien fuera consejero de Salud de la Junta de Andalucía, José Luis García de Arboleya Tornero, también ha tenido relación empresarial con la familia Pascual.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA: APOYO A LOS COMPAÑEROS DE JAEN

Los de la Dirección de Agricultura y Pesca de Sevilla me caen especialmente bien. Todavía recuerdo las pitadas en pleno patio a la Consejera con el del Canal Sur delante... Aquí vuelven a la acción. Gracias mil por dar la cara, pues sabemos que Clara Aguilera aumenta el control sobre el dónde y el cuando de vuestra actividad para desanimaros en las protestas con la misma facilidad con la que se come un pepino entero sin pelar.

Por cierto, un poquito de descripción en el youtube ayudaría a poner en contexto vuestra meritoria acción.

De nuevo, gracias.

DE NUEVO PITADAS EN CÓRDOBA AL CORTIJO: RECIO Y MICAELA NAVARRO

Copio-pego la crónica del foro amigo de opositores de la Junta:
http://www.buscaoposiciones.com/foro/Oposiciones-Junta-de-Andalucia-fmen-1038637-5189726.htm

Hoy teniamos la visita de 2 cortijeros a nuestra capital, hay alguno más de incógnito en la Copa Davis.


El ConsejERE Recio apareció puntual, y con esa puntualidad fue recibido como se recibe al cortijo en esta capital.





A 200 metros y mismo hora debería de aparecer Micaela (especial devolución le tenemos en esta tierra), pero Micaela no fichó a la hora, su jefa de gabinete vía móvil le comunicó que no iba a recibir palmas.


Eso sí, a las 12.00 y como un reloj la jefa de gabineta y Micaela ya rondaban la plaza de toros, que se puede hacer esperar al alcalde pero no a Nadal.

Homenaje de CC.OO. y UGT a Guerrero en el Restaurante Rio Grande.

De bien nacidos es ser agradecidos.

En la crónica judicial por la que se pasean los distintos beneficiarios de EREs fraudulentos, tras la retahíla de explicaciones rocambolescas sobre como han llegado a trincar la paguilla por la cara, me ha llamado  la atención  el final de la noticia, que a pie de página dice lo siguiente:

Homenaje de CC.OO. y UGT a Guerrero

La propietaria de Río Grande presumió ayer de que a su restaurante «acuden con frecuencia» muchos políticos y «gracias a Dios muchísima gente». Entre esa gente, García citó al que fuera delegado de Empleo, Antonio Rivas, también imputado, y al ex director general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero, principal imputado en la causa. La empresaria reveló que CC.OO. y UGT hicieron un homenaje a Guerrero en su restaurante.

No se porqué, pero me da escalofrío pensar en quien pagó el ágape...

Está claro que UGT y CCOO estaban muy agradecidos al presunto. Solo puedo pensar en el refrán: "Dime con quien andas y te diré quien EREs"

Aquí la noticia completa:

http://www.abcdesevilla.es/20110916/andalucia/sevi-intrusa-dice-cobro-euros-201109160058.html

CASO ERE: DECLARAN LA EMPRESARIA Y LA PELUQUERA QUE RECIBIÓ 155.000 EUROS SIN TRABAJAR

Una intrusa dice que cobró 1.700 euros para tomarse una cerveza

La juez tacha de «difícil de creer» la declaración de la dueña del restaurante que recibió grandes cantidades de la Junta

MERCEDES BENÍTEZ / SEVILLA

Día 16/09/2011 - 07.37h

Carmen Fontela, incluida en el ERE de Río Grande sin trabajar, ayer a su salida del juzgado en el centro

Los fundamentos del fraude: dos ERE que no se justifican

El exalcalde de El Pedroso alega que recibió una «renta de subsistencia»

Maratoniana jornada de declaraciones en el despacho de la juez Alaya que estuvo interrogando a Carmen Fontela, intrusa en el ERE de Río Grande, y a la propietaria del restaurante hasta cerca de las cinco de la tarde.

Primero tocó a Fontela quien se considera víctima de «un engaño». Fontela, peluquera de profesión, recibió en su cuenta corriente 155.00 euros (entre 2.900 y 3.000 euros mensuales) entre el 1 de octubre de 2005 y el 31 de julio de 2010 tras ser incluida en el ERE del restaurante, en el que no trabajó. Y además de suscribir las pólizas permitió que de ellas se lucrara Francisco José González García, agente de Vitalia, que tampoco tenía derecho ni vínculo con la empresa.

Este hombre, a quien Fontela llama Paco, «fue sacando de la cuenta la mayor parte del dinero ingresado». Pero la peluquera, también se aprovechó de dicha póliza. Según la juez, hizo pequeñas transferencias a su cuenta que suman 1.700 euros. La juez le imputa malversación, prevaricación y obtención indebida de ayudas de las administraciones.

Sin embargo durante su comparecencia de más de dos horas, la imputada, que ratificó su testimonio ante la Policía, dijo que Paco, vecino que se crió con ella, le pidió que abriera una cuenta a su nombre para cobrar un dinero que él no podía recibir (155.000 euros). Y a Fontela no le extrañó que le ingresara ese dinero porque «lo conocía desde niño» y «no le iba a hacer daño» ya que le hacía la declaración de la renta a su marido. La imputada matizó que si hubiera sabido que era «algo turbio» no lo hubiera hecho. Pese a admitir que nunca trabajó en Río Grande, aseguró que el dinero que cobró (250 euros, 300, 450 y 400) le correspondían a «las cantidades que devolvía Hacienda» y que Paco le ingresó 1.700 euros «para que se tomara una cerveza» y, como cobraba 500 ó 600 euros, «cogió el dinero».

Además, Fontela dijo que se enteró que estaba incluida en el tema de Mercasevilla por la prensa. Y negó saber nada del ERE de Río Grande o que el dinero proviniera de la Junta ya que, según declaró, supo que había sido incluida en ese ERE cuando acudió a declarar ante la policía judicial.

Luego compareció Carmen García, propietaria del restaurante, y a quien Alaya imputa los mismos delitos por incluir a Fontela en un ERE,y por cooperar en el lucro personal de Francisco José González García y Juan Lanzas, quienes se repartieron los más de 138.000 euros que recibieron de la Junta. Y también le imputa por haber contratado a María José de la Rosa, de 64 años, y sin experiencia en la restauración para incluirla en el ERE. García, que también ratificó su declaración policial, dijo que se reunió con González y Lanzas y que habló con ellos de lo que iban a cobrar los trabajadores incluidos en el ERE. La empresaria, a la que la juez recriminó que contestara «con evasivas» y que mantuvo un rifirrafe con la magistrada, incurrió en contradicciones e incluso llegó a asegurar que creía que Vitalia era una empresa de la Junta de Andalucía. Su declaración fue calificada por la juez Alaya en el acta como «una historia difícil de creer».

Homenaje de CC.OO. y UGT a Guerrero

La propietaria de Río Grande presumió ayer de que a su restaurante «acuden con frecuencia» muchos políticos y «gracias a Dios muchísima gente». Entre esa gente, García citó al que fuera delegado de Empleo, Antonio Rivas, también imputado, y al ex director general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero, principal imputado en la causa. La empresaria reveló que CC.OO. y UGT hicieron un homenaje a Guerrero en su restaurante.

VUELVEN LAS PITADAS: Recordándole a Villalón que a la hora que sea estamos

Muchas gracias a los esforzados cordobeses. Sois la pesadilla del Cortijo.
Animo!, no dejeis nunca de grabar vuestras protestas y de detallar en los comentarios de youtube las circunstancias, fecha y cortijero afectado, para que todos podamos sentirnos como uno mas de vosotros.

Del siguiente enlace, copio-pego las circunstancias de la pitada:

http://www.buscaoposiciones.com/red/foro/mensaje2.asp?id=5188918&idtitu=1038637

Ha llegado sobre las 9,45 a Delegación del Gobierno, el retén de guardia la esperaba para decirle que cambien la hora, cambien de lugar siempre vamos a estar.

Una consigna especial para la señora VILLALON

VILLALON tu hija no aprobó ni una OPOSICION

Los funcionarios preparan un otoño «caliente» por la «ley del enchufismo»

Los funcionarios preparan un otoño «caliente» por la «ley del enchufismo»

Denuncian presiones de la Junta a los jueces para que no paralicen la polémica normativa

josé cejudo / sevilla

Día 11/09/2011 - 08.13h

EFE/ JOSÉ MANUEL VIDAL

Manifestación de protesta de los funcionarios por las calles de Sevilla el pasado mes de mayo

 

Concluidas las vacaciones de verano y reanudado el curso político, los funcionarios se aprestan a impulsar, con más ímpetu si cabe, la campaña contra la reordenación de la Administración andaluza, a través de la conocida como «ley del enchufismo», desde una doble vertiente, la vía judicial y las protestas en la calle.

Campaña para un otoño «caliente» que tiene por objetivo la derogación de una normativa que según las denuncias de las organizaciones sindicales y colectivos que han criticado el proceso, apoyado por UGT y CCOO, ha permitido que más de 20.000 trabajadores procedentes de empresas públicas de la Junta y de otros entes instrumentales que accedieron a la «Administración paralela» sin oposiciones, se incorporen a las Agencias creadas al amparo de la nueva Ley con la condición de empleados públicos y con las mismas prerrogativas de los funcionarios.

Safja (Sindicato Andaluz de Funcionarios de la Junta de Andalucía), CSIF (Central Sindical Independiente y de Funcionarios), y Ustea (Unión de Sindicatos de Trabajadores de Andalucía), han anunciado en declaraciones a ABC su intención de mantener una férrea oposición a que esta situación se consolide, al tiempo que denuncian las «presiones» que desde el Ejecutivo andaluz se están haciendo a los jueces para evitar que la normativa se paralice.

«Aquí se está enfrentando la cultura del mérito contra la cultura del enchufismo más repugnante», asegura Nicolás Sánchez, vicepresidente de Safja, «y por eso nos hemos enfrentado al problema y lo seguiremos haciendo a través de dos caminos, los tribunales de Justicia y con manifestaciones en la calle, y ya se puede hablar de un otoño caliente».

Alicia Martos, de CSIF, opina que con la Ley de Reordenación «lo que han pretendido es blanquear la Administración paralela para darle cualidad de Administración pública», y en base a lo cual a los trabajadores procedentes de los antiguos entes instrumentales —empresas, agencias, fundaciones, etc.—, «un personal contratado sin métodos objetivos», se convierten ahora en «empleados públicos».

Martos blande el artículo 23.2 de la Constitución y subraya que el acceso a los cargos y funciones públicas se debe hacer «en condiciones de objetividad» y desde el plano de la «igualdad, el mérito y la capacidad».

Rocío Luna, de Ustea, afirma que el fin último de su organización es conseguir la derogación de una norma que ha provocado «un cambio radical del concepto de Administración pública en Andalucía». Para Luna, está «fuera de lugar» que se incorporen a trabajadores externos para realizar los cometidos de funcionarios y laborales de la Junta de Andalucía.

Ustea, al igual que las otras dos organizaciones sindicales, así como colectivos de funcionarios agrupados en plataformas, ha recurrido en los tribunales todas las normativas aprobadas por la Consejería de Hacienda y Administración Pública: los decretos que ampararon los primeros pasos de la reordenación, la Ley propiamente dicha, los estatutos de las Agencias, los protocolos de integración y últimamente las RPT (Relación de Puestos de Trabajo) que se han modificado con el trasvase de trabajadores de la «Administración paralela» o de las propias consejerías a las Agencias de nueva creación.

Denuncias

Al margen del Tribunal Constitucional, donde el PP mantiene un recurso contra la normativa, es el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) donde se han presentado la mayoría de las denuncias, y es en esta instancia donde la Junta está ejerciendo una mayor presión para evitar que se anule el proceso de reordenación, según critican los sindicatos de funcionarios.

Y es que en opinión de estas centrales, el Ejecutivo andaluz está utilizando «el catastrofismo» para influir en los órganos judiciales, en referencia a los escritos que las consejerías han remitido al TSJA advirtiendo de perjuicios irreparables si se paraliza la integración del personal en las flamantes Agencias.

«A CSIF esto le parece la mayor de las desvergüenzas, el que la Administración pueda hacer uso de los intereses de los ciudadanos para decir que no van a ser atendidos si la Ley es suspendida por los tribunales», como por ejemplo para la tramitación de ayudas y subvenciones. «Eso es lamentable», proclama Alicia Martos, de CSIF. Y añade: «Están tratando de hacer presiones descabelladas porque saben que la Constitución es muy clara y temen un varapalo judicial»

Según Nicolás Sánchez, de Safja, la prueba de que los tribunales pueden dar la razón en última instancia a los funcionarios es «el nerviosismo de la Junta, presionando de forma repugnante y públicamente al TSJA».

«No se puede olvidar —resalta— que han entrado más de 20.000 personas por la cara en la Administración Pública, mientras que los demás hemos tenido que aprobar unas oposiciones. Hay familias que no tienen para comer, y muchos jóvenes han tenido que huir del país para conseguir un trabajo».

MICAELA NAVARRO SE ESCABULLE. CORDOBA PRESENTA SUS CREDENCIALES PARA ESTE OTOÑO.

El Cortijo contraprograma su propia agenda ante la presión de los empleados públicos de Córdoba. Cambia la hora inicial de las 10.00 a pasadas las 12.00, para que aquellos que trabajan ese día no aprovechen el desayuno para sacarles los colores.

A corto plazo efectivo, pero ¿hasta cuando seguirán escondidos?

COMO APOYAR CON DINERO EL VUELO DE LA AVIONETA POR LAS PLAYAS

Conseguiremos que vuele también por la provincia de Huelva?

Que no se pierda un euro por falta de información!

Con 2 o 5 euros por persona es suficiente!

Los datos de la cuenta son:

• Asociación de Empleados Públicos de la Junta de Andalucía “Al-Andalus”
• Cuenta Bancaria 2024 0163 96 3300038289
• Entidad Bancaria CAJASUR

¡¡ IMPORTANTE !! en el concepto del ingreso deberéis especificar lo siguiente:

“AVIONETA” – Delegación / Centro desde el que se hace el ingreso – Provincia – Número de personas.

Para cualquier duda, este es el enlace de los ee.pp de Córdoba,

http://empleadospublicosjacordoba.blogspot.com/

TEXTO DE LA NOTA DE PRENSA QUE ACOMPAÑA LA CAMPAÑA DE LA AVIONETA EN LAS PLAYAS

Al Cortijo: ESTO ES SOLO EL PRINCIPIO.

http://empleadospublicosmalaga.files.wordpress.com/2011/08/nota-de-prensa.pdf

NOTA DE PRENSA ( EMPLEADOS PÚBLICOS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA DE CORDOBA )

Los Empleados Públicos de la Junta de Andalucía, realizarán los próximos días 15,19 (Costas de

toda la provincia de Málaga) y 22 de agosto (todas las costas de la provincia de Cádiz) una

campaña reivindicativa contratando una avioneta que sobrevolará las costas de Málaga y Cádiz.

Esta iniciativa ha sido pagada por aportaciones realizadas por Empleados Públicos de todas las

provincias de Andalucia y gestionada desde Córdoba.

La pancarta medirá 4 x 16 metros, de color naranja y serigrafíada con el lema “NO al

ENCHUFISMO en la JUNTA de ANDALUCIA – A LA ADMINISTRACIÓN POR OPOSICIÓN”, esta sería

una más de las acciones de protesta que desde mediados del 2010 el colectivo de Empleados

Públicos de la Junta de Andalucía viene desarrollando, con el fin de informar a la ciudadanía de

que en base a la Ley 1/2011 ( Ley de Reordenación del Sector Público Andaluz ) la administración

andaluza, pretende integrar a mas de 26.000 trabajadores que no se han sometido a los procesos

legalmente establecidos para acceder a la administración como “Empleados Públicos”, vulnerando

así, el derecho fundamental a acceder a la función pública conforme a los principio de igualdad,

mérito, capacidad y publicidad de convocatoria, derecho reconocido y garantizado por los

artículos 14 y 23 de la CE.

Recientemente el Ministerio Fiscal, en el procedimiento de derechos fundamentales nº 414/2011

seguido ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ con sede en Sevilla y en el

procedimiento de derechos fundamentales nº 593/2011 seguido ante la Sala de lo Contencioso-

Administrativo del TSJ con sede en Málaga, dictamina estimando dos de las demandas

interpuestas por los Empleados Públicos a este respecto.

La ciudadanía tiene que tener constancia de que la incorporación de estos trabajadores, limitaría

casi de forma definitiva, el derecho constitucional de acceso de todos los ciudadanos en igualdad

de condiciones a un empleo público.

¿SE IMAGINAN UNA AVIONETA DE PUBLICIDAD AGUANDOLE EL VERANO A LOS CORTIJEROS?

No es ninguna utopía, gracias a la iniciativa de los Empleados Públicos de Córdoba se está recolectando hasta fin de mes dinero para alquilar una avioneta publicitaria y que se pasee por las playas andaluzas con una pancarta naranja que ponga a parir la ley 1/2011


¿Se imaginan el cachondeo que puede montarse en las playas cuando el personal ocioso vean pasar una y otra vez la dichosa avioneta?.


Se imaginan a Griñán, a Mar moreno, al nini o a Aguayo tomándose una cervecita en el chiringuito mientras se pasea por toda la playa la avionetita con la pancarta?


¿Cuantos móviles captarán la escena y cuantas cadenas de televisión -salvo canalsú-sacarán en sus noticias tal evento, en dias tan escasos de material para telediarios?


La verdad que es una idea de lo mas inteligente. Con 5 o 2 euros es suficiente. Merece la pena.


Aquí os dejo unos enlaces.


Yo ya voy a hacer la transferencia.
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http://defiendomiderecho.blogspot.com/2011/07/campana-publicitaria-playas.html

CAMPAÑA PUBLICITARIA PLAYAS.

Inciativa de Córdoba que secundamos y en la que os invitamos a participar.

TODOS SOMOS UNO conlleva dar un paso al frente, no es complicado, podeís reuniros grupos de compañeros, de trabajo, de desayuno y que uno haga el ingreso en la cuenta por los demas.

Que sea un éxito, depende solo de que todos secundemos las buenas y originales inicitivas, tambien el trabajo gratuito y altruista de los compañeros, contribuyendo respaldamos su gestión.

Como siempre la decisión es solo vuestra; decides siempre tú.

La Presidenta.

CAMPAÑA PUBLICITARIA PLAYAS.

inciativa de Córdoba que secundamos y en la que os invitamos a todos a participar.

Desde Córdoba ha partido la iniciativa de contratar una avioneta publicitaria para seguir llevando nuestra reivindicación al mayor número de personas posibles y así hacernos ver también en verano, la publicidad aérea en la temporada veraniega, está considerada como muy efectiva, ya que el número de personas que se acumulan en nuestras costas andaluzas es muy numeroso.

Realizados los primeros sondeos se ha comprobado la buena acogida de la idea por lo que se han pedido presupuestos para la confección de la pancarta y los vuelos.  El contenido de la pancarta está por definir aunque se están barajando diversos eslóganes y el número de días, vuelos y playas cubiertas dependerá de la recaudación.

En un principio se ha elegido como fecha más apropiada el puente del 15 de agosto aunque nuestra idea es ampliar al 14, 15 y 16 de Agosto y abarcar todas las provincias litorales de nuestra Ándalucía.

Ya se ha abierto una cuenta corriente para que las personas interesadas puedan hacer sus ingresos destinados a financiar la avioneta publicitaria. OJO, ESTA CUENTA BANCARIA NO ES LA MISMA QUE LA QUE SE USÓ PARA LA FINANCIACIÓN DE LOS RECURSOS INTERPUESTOS POR EL BUFETE MARIANO AGUAYO ABOGADOS.

Los datos de dicha cuenta son los siguientes:

• Asociación de Empleados Públicos de la Junta de Andalucía "Al-Andalus"
• Cuenta Bancaria 2024 0163 96 3300038289
• Entidad Bancaria CAJASUR 

Está circulando por ahí el número de cuenta erróneo 2024 0163 96 3300038189 (un uno en la tercera cifra desde el final, en lugar del dos). REPETIMOS, EL NÚMERO CORRECTO DE LA CUENTA ES:

2024 0163 96 3300038289

Al hacer el ingreso indicad en concepto:

• "AVIONETA"
• DELEGACION/ CENTRO DE DESTINO
• PROVINCIA
• NUMERO DE PERSONAS QUE INGRESAN

En Córdoba hemos decidido aportar 5 € por persona, mientras que al parecer en otras provincias se solicita una colaboración de 2 €. Estas cantidades son meramente orientativas, la idea es que cada uno aporte lo que estime conveniente.

La fecha tope de recogida de fondos es final de mes. Como de costumbre, iremos informando puntualmente del estado de la recaudación a través del blog de empleados públicos de Córdoba y de la Asociación Defiendo Mi Derecho.

http://empleadospublicosjacordoba.blogspot.com/

WIKIPEDIA YA HABLA DEL ESCANDALO DE LOS ERES!

http://es.wikipedia.org/wiki/Esc%C3%A1ndalo_de_los_ERE_en_Andaluc%C3%ADa

Escándalo de los ERE en Andalucía

De Wikipedia, la enciclopedia libre

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El escándalo de corrupción de los ERE en Andalucía, también conocido como ERE gate^[1] o caso del fondo de reptiles^[2] una presunta red de corrupción política vinculada a la Junta de Andalucía dirigida por el Partido Socialista Obrero Español. El origen del escándalo está en la investigación actualmente en curso del caso de corrupción en la empresa sevillana Mercasevilla, en las que se detectaron prejubilaciones fraudulentas.^[3]
El caso ERE fue denunciado ante los tribunales por el propio gobierno andaluz^{[cita requerida]} y actualmente está siendo investigado por el juzgado de instrucción número 6 de Sevilla, dirigido por la juez Mercedes Alaya, y por el Tribunal de Cuentas del Estado.

Contenido [ocultar] 1 Terminología 2 Descripción del fraude 3 El método de investigación 4 Cargos políticos implicados 5 Repercusiones 6 Referencias

[editar] Terminología

La expresión "fondo de reptiles" procede de la época de la unificación de Alemania. El canciller Otto von Bismarck disponía de fondos robados a sus enemigos en las guerras, con los que financiaba propaganda a su favor y silenciar a sus críticos (a los que él llamaba reptiles). El Partido Popular utiliza este término para referirse al uso de los fondos de dinero público para las prejubilaciones por parte del PSOE.^[4]

[editar] Descripción del fraude

Desde el año 2000 hasta la actualidad, la Junta de Andalucía ha subvencionado prejubilaciones en 68 empresas que se acogieron a los planes gubernamentales de empleo.^[5] El total del fondo destinado a ayudar a estas empresas durante este período, el llamado fondo de reptiles, ascendió a 647.869.157,45 euros, de los cuales 560 millones se utilizaron para pagar las prejubilaciones de los ERE, y los 87 millones restantes tuvieron el fin de respaldar procesos de reestructuración de empresas en crisis.^[6]
La prejubilación es una fórmula de finalización de contratos laborales, utilizada por acuerdo entre las empresas, los trabajadores y en su caso la Administración, si participa en la financiación de estas. Pese a ser una fórmula que por sí misma no constituye una ilegalidad (de hecho, la práctica de la prejubilación está ampliamente extendida en las empresas españolas),^[7] su uso en este caso está cuestionado por la Policía Judicial.^[8] El fraude se produce en la inclusión de falsos prejubilados en los expedientes de regulación de empleo de las empresas beneficiadas del fondo.^[9]
La investigación interna ha detectado 183 prejubilaciones irregulares en un total de 5.982 casos analizados, lo que supone el 3,06% del total, en 42 de las 68 empresas beneficiadas del fondo.^[10] De las 183 irregularidades, 111 corresponden a trabajadores que cobraban una prejubilación mayor que la que les correspondería, y 72 eran personas infiltradas que jamás trabajaron en estas empresas. Entre los prejubilados irregulares, se encontraron a ocho militantes del PSOE,^[11] que fueron expulsados del partido inmediatamente después de ser descubiertos en los EREs.^[12] También se descubrió a un militante del Partido Popular entre los presuntos casos irregulares.^[13] El resto de las prejubilaciones no presentaba ninguna anomalía.
Con todos los expedientes analizados, la investigación de la Consejería de Empleo, enviada a la jueza del caso, ha calculado que el 1,12% del fondo, es decir, aproximadamente nueve millones de euros, acabaron en las falsas prejubilaciones mencionadas arriba.^[14] El resto habría ido a financiar las prejubilaciones restantes que no presentaban anomalías; pese a todo, la oposición del Partido Popular no cree en los datos de la Consejería y ha afirmado en repetidas ocasiones que la totalidad del fondo se ha utilizado de forma fraudulenta.^{[15] [16]} El principal partido de la oposición también estima que existen 190 EREs ya finalizados que no han sido investigados y en los que podría haber prejubilados falsos, igual que en los EREs analizados por la Junta.^[17]

[editar] El método de investigación

La Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía está colaborando con la jueza del caso en la investigación de las irregularidades de los EREs.^[18] A principios de marzo del mismo año el caso se elevó a la fiscalía anticorrupción, afirmando el Fiscal General del Estado Conde-Pumpido que analizaría la documentación exhaustivamente y llegaría "hasta el final"^[19]
Desde febrero de 2011, el Parlamento andaluz está rechazando sistemáticamente la creación de una comisión de investigación para los ERE, mediante el veto de la mayoría absoluta del PSOE-A.^[20] El Partido Socialista defiende el modelo utilizado de investigación interna y asistencia a la jueza y argumenta que el establecimiento de una comisión haría la investigación más larga y engorrosa.^[21] Por su parte, los otros dos partidos de la cámara autonómica, el Partido Popular e Izquierda Unida, sospechan que la negativa del PSOE a crear la comisión parlamentaria se debe a que el propio presidente de la Junta, José Antonio Griñán, estaría inmerso en la trama corrupta y sus compañeros de partido tratan de encubrirle. Los dos partidos opositores tienen intención de seguir pidiendo la creación de esta comisión de investigación y en el caso del Partido Popular, su portavoz Javier Arenas ya ha pedido la dimisión del presidente autonómico. Griñán ha contestado a estas peticiones afirmado que ni él ni ninguno de los actuales parlamentarios socialistas está implicado en la trama de los EREs irregulares.^[22]
El 16 de marzo de 2011 la jueza Mercedes Alaya admitió la presentación de la Junta de Andalucía como acusación particular en el caso. Tanto la consejera de la Presidencia, Mar Moreno, como el titular de Empleo, Manuel Recio, comparecieron para hacer constar su intención de recuperar todo el dinero que se haya pagado en las prejubilaciones falsas o irregulares descritas arriba.^{[23] [24]}

[editar] Cargos políticos implicados

La Fiscalía ya ha solicitado una pena de inhabilitación de 21 meses y una multa de 900.000 euros para Antonio Rivas, exdelegado de Empleo en la provincia de Sevilla y considerado como el director de la presunta trama.^[25] Rivas ya ha dimitido de su cargo.^[26] El Partido Popular se ha presentado como acusación particular contra Rivas y el director de Mercasevilla, para los que pide penas de un año de prisión, 13 años de inhabilitación y multas de 3,6 millones de euros.^[27]
De las presuntas prejubilaciones fraudulentas encontradas en el "fondo de reptiles", probablemente la más destacada sea la de Antonio Fernández García, ex-consejero de Empleo de la Junta durante la mayor parte de la realización de la trama. Fernández, incluido en el ERE de la empresa vinícola González Byass, figuraba en dicho expediente como trabajador de la empresa desde el día de su nacimiento.^[28] El 14 de marzo de 2011 Fernández fue imputado por tres delitos, de malversación de fondos públicos, prevaricación y tráfico de influencias.^[29]
Otro caso con gran repercusión es el de Francisco Rodríguez Donaire, exalcalde y actual consejero socialista del ayuntamiento de Valverde del Camino (Huelva). Durante un tiempo trabajó como administrativo en las minas de Ríotinto, empresa beneficiada del fondo, pero en el ERE de esta empresa, Rodríguez Donaire figuraba como minero, con una prejubilación mucho más cuantiosa que la que le habría correspondido con su auténtico empleo (administrativo). Rodríguez Donaire asegura que nunca percibió ninguna prejubilación al ser incompatible con su sueldo de concejal.^[30]
Ramón Polo, militante del Partido Popular y exconcejal de La Carolina (Jaén), es otro de los cargos políticos hallados entre los prejubilados irregulares de los ERE. Polo figuraba como prejubilado en el ERE de la empresa Gres de Vilches, donde sólo había trabajado 170 días.^[13] El portavoz del PSOE en el Parlamento de Andalucía, Mario Jiménez, compareció al conocer este caso, pidiendo explicaciones de cómo un empleado de esa empresa pudo prejubilarse con tan pocos días de servicio. El presidente del PP de la provincia de Jaén, José Enrique Fernández de Moya, respondió inmediatamente a las palabras de Mario Jiménez, afirmando que la inclusión de Ramón Polo en el ERE de Gres de Vilches es una treta del PSOE.^[31]
El 7 de abril de 2011, el teniente de alcalde de Sevilla, Antonio Rodrigo Torrijos, de Izquierda Unida, fue imputado por participar en la venta, presuntamente fraudulenta, del suelo de Mercasevilla, una de las empresas en las que se detectaron irregularidades.^[32] Pese a esta acusación, Torrijos se presentó como candidato de IU a la alcaldía de Sevilla en las elecciones del 22 de mayo y fue elegido concejal.^[33] Varios grupos opositores han solicitado su renuncia.^{[34] [35]}

[editar] Repercusiones

El 11 de marzo de 2011, Carmen Martínez Aguayo, actual consejera de Economía y Hacienda, reconoció que, cuando era viceconsejera del ramo, no prestó atención a los informes de la Intervención General de la Consejería de los años 2005, 2006 y 2007, en los que se avisaba de que el método utilizado en la elaboración de los EREs no era el más apropiado y que su uso podría permitir la inscripción de falsos trabajadores. Según su declaración, ignoró estos informes al considerar que no suponían una advertencia importante y, pese a que la ley le obligaba a hacerlo, no informó de ellos al por entonces consejero y actual presidente de la Junta, José Antonio Griñán.^{[36] [37]} Tanto el Partido Popular como Izquierda Unida han solicitado la destitución de Martínez Aguayo.^{[38] [39]} El PP acusa a la consejera de hacer de "cortafuegos" para proteger al presidente autonómico y coincide en que ella no conocía el trabajo de la Intervención General, pero no por las causas que argumenta, sino porque los informes debieron ser entregados directamente a José Antonio Griñán,^[40] y que tanto él como el entonces presidente de la Junta, Manuel Chaves, eran conscientes del riesgo que podría suponer el procedimiento utilizado para conceder las prejubilaciones y aun así no hicieron nada por evitarlo.^{[41] [42]}
Es más, el Partido Popular ya señala a Chaves como la persona clave de este escándalo de corrupción, después de que se conociera que el expresidente andaluz participó personalmente en la negociación de siete ERE presentados por la empresa malagueña A Novo Comlink, en los que se encontraron 42 prejubilados falsos.^[43]
Con estos argumentos, el vicesecretario general de Comunicación del PP, Esteban González Pons, ha pedido también la dimisión de Griñán y Chaves -que ahora es ministro de Política Territorial y vicepresidente segundo del Gobierno de España- y ha anunciado que presentará una querella contra ellos.^[44] La secretaria de organización del PSOE-A, Susana Díaz, defendió la actuación de Martínez Aguayo y la colaboración que presta su partido a la Justicia, y acusando al Partido Popular de "perseguir" a los socialistas mientras no combaten la corrupción de su propio partido, en clara alusión al caso Gürtel.^[45]
Posteriormente, el 17 de marzo, el presidente andaluz, José Antonio Griñán, se pronunció en la sesión de control al Gobierno para respaldar la declaración de la consejera Martínez Aguayo, dando a conocer que nunca fue informado sobre la falta de seguridad del "fondo de reptiles" demostrada a la postre con la aparición de intrusos en los EREs.^[46] El Partido Popular e Izquierda Unida han vuelto a exigir la destitución de la consejera por faltar a sus obligaciones y esta última formación también ha solicitado la celebración de elecciones anticipadas. Griñán ha contestado afirmando que agotará la legislatura, que termina en marzo de 2012. ^[47]
El 30 de marzo de 2011 la jueza Mercedes Alaya solicitó las actas de todas las las reuniones del Consejo de Gobierno de la Junta de los últimos diez años, para comprobar si en realidad el ejecutivo autonómico no era consciente de las irregularidades que se estaban materializando en los pagos de las prejubilaciones. En un principio, la Junta se negó alegando que las actas de sus reuniones son secretas y la jueza no tenía competencias para conocer su contenido,^[48] aunque posteriormente accedió a remitir las actas en sobres lacrados y siempre con la condición de que el contenido de las mismas no sean revelados al público.^[49]
El 1 de abril de 2011, el Parlamento de Andalucía rechazó una proposición no de ley del Partido Popular para reprobar la actuación de los consejeros de Empleo, Manuel Recio, y Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, durante el escándalo de los ERE. Sólo apoyaron la moción los diputados del PP (47 votos). El PSOE, con su mayoría absoluta de 56 escaños, bloqueó la iniciativa. Los seis diputados de Izquierda Unida se abstuvieron, lo que provocó una fuerte discusión entre los portavoces de esta coalición y del PP.^[50]
El 5 de abril de 2011 el Parlamento andaluz aprobó por unanimidad una petición para que la Cámara de Cuentas de Andalucía realizase un informe integral sobre todas las ayudas concedidas a los trabajadores de las empresas beneficiadas del "fondo de reptiles".^[51] El 22 de junio, un mes y medio después, la Cámara de Cuentas inició la redacción de este informe. Ante esta tardanza, el PP y el PSOE se acusan mutuamente de ser los culpables de los retrasos.^[52] El 3 de julio, el Tribunal de Cuentas del Estado admite a trámite una denuncia del Partido Popular e inicia una investigación paralela sobre los ERE irregulares, al entender que existe "un perjuicio a los fondos públicos".^[53]

14Julio. Prejubilados En Torretriana.

Parece que a UGT y a CCOO les ha salido AHORA la vena reivindicativa. Supongo que antes, entre subvenciones extraordinarias, dinero para la Formación y algun intermediado en EREs, no había tiempo para defender a sus trabajadores. Lo comprendo. En esta vida hay que tener claras las preferencias.

La verdad, me da grima ver juntas las palabras UGT, CCOO, Torretriana...y ERE.

Mario Jimenez nos llamó batasunos sin haber roto un cristal. En esta protesta alguna cristalera ha volado (ver vídeo del siguiente enlace  http://www.canalsur.es/portal_rtva/web/noticia/id/160971/portada/trabajadores_de_astilleros_y_flex_y_prejubilados_de_ere_irrumpen_en_torretriana ). Parece que la Junta solo se flexibiliza cuando le rompen algunos cristales. ¿Cuantos porrazos se hubieran llevado los funcionarios si hubieran hecho eso?, ¿Cuantos artículos del entorno Cortijero hubieran sido escritos?

La última vez que vimos a UGT y a CCOO en un video en Torretriana era de cuando fueron cooperadores necesarios para la gran puñalá trapera al sector público. En esta ocasión, la Junta ha sido mas receptiva, pese a la actitud tan pacífica de los funcionarios en su día...está claro que no hay nada como un sindicato de clase para ablandar al Cortijo.Será que hablan el mismo lenguaje...



Por si lo han olvidado, los mismos sindicatos cuando estaban al otro lado de la puerta:

IU se mueve para seguir siendo el lacayo del PSOE tras las autonómicas.

A mi particularmente no me cae especialmente bien Sánchez Gordillo. Sin embargo, eso no es óbice para reconocerle que ha sido de los poquitos de IU que han aparecido en las multitudinarias manifestaciones de los funcionarios en contra de la Ley de Reordenación. Y lo hizo sin pancartas ni alharacas. Como uno más.

Mas allá del rastrero voto de IU aquel aciago día en que se aprobó la Ley de Reordenación del Sector Público en el Parlamento, voto por el que IU se debe haber arrepentido ya el 22M y se va a arrepentir dentro de pocos meses, sorprende la inacción ante tamaño desmantelamento de lo público, cuando este bien de todos afecta al patio trasero socialista, porque la Junta es para el PSOE como el contiente americano para el Departamento de Estado USA, su backyard. Y ahí ningún pelao mete mano, faltaba mas...

Gordillo, con todos sus defectos -que son unos cuantos- era el único Pepito Grillo que le podía poner la cara colorá a Valderas por su política seguidista -suicida, visto el 22M- de lo que manda el bwana de San Telmo.

La comisión de donde ha salido el tema se llama "Grupo sobre transparencia y calidad democrática", algo que, dado el nombre,  parece que no puede salir nada malo de ella.  Otra cosa sería si se llamase " Grupo para que IU siga de mamporrero del Cortijo y, de camino, fastidiamos a los alcaldes parlamentarios peperos, dado que tras la patá que nos han dado no nos ha quedado ningun colocao al que disgustar con esta medida".

Porque la gracia está mas que en el fondo de la cuestión, en el cuando y en el porqué. Ahora que no le ha quedado un solo alcalde parlamentario al PSOE, vienen con los recortes de los privilegios -los de los otros, claro-. Ahora.

Para IU es el último movimiento para asegurarse el paso de dimensión de cuarteto de cuerda a trío de jazz. Tanto PSOE como IU están afianzando las tapias del Cortijo ante el derrumbe que se avecina, uno desde la casa del Señor, el otro desde la casetilla del perro. Ese perrillo que a cambio del pan duro de las sobras -en los cortijos no saben lo que es el Whiskas- entrega su vida y su poca hacienda al desvelo hacia su amo.

Todo un desperdicio, y mas ante la previsible debacle del PSOE-A.


http://www.elconfidencial.com/espana/2011/andalucia-psoe-iu-pacto-echar-alcaldes-parlamento-andalucia-20110715-81438.html

TRAS CAER LAS PRINCIPALES ALCALDÍAS EN MANOS DEL PP

PSOE-A e IU pactan para echar a los alcaldes del Parlamento de Andalucía

Foto de archivo del parlamentario andaluz por IU y alcalde de Marinaleda (EFE).

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Antonio Castro. Sevilla 15/07/2011  (06:00h)

Diputados socialistas y de IU han dado el primer paso de lo que supone un futuro pacto de legislatura en Andalucía, en el caso de que el PP no gane las próximas elecciones autonómicas. Ambas formaciones han cerrado un acuerdo para que los alcaldes y presidentes de Diputación no puedan ser diputados. Con ello, el PSOE asesta en duro golpe al PP, que tiene en la Cámara hoy a alcaldes tan emblemáticos como el de Sevilla, Córdoba, Huelva o la alcaldesa de Jerez, vicepresidenta del Parlamento. IU, por su parte, se deshace de su diputado más opuesto a acuerdos con el  PSOE, Sánchez Gordillo, alcalde de Marinaleda.
A pesar de las denuncias del portavoz del PP, Ramos Aznar, que ha llegado a asegurar que esta medida es una represalia del PSOE por el triunfo electoral de los populares el pasado 22-M, los alcaldes se quedarán fuera de la Cámara la próxima legislatura. Las consecuencias de esta medida son de calado. Por una parte, y una vez que el PSOE ha perdido las alcaldías de la capitales y la mayoría de las grandes ciudades, la izquierda, que ensaya así un pacto previo de legislatura, va a evitar que los alcaldes del PP creen en la Cámara un escenario de reivindicación de los problemas de sus respectivas ciudades.
Por otro lado, se evita que los alcaldes populares desahoguen las arcas de sus ayuntamientos cobrando sus sueldos como diputados en vez de hacerlo como alcaldes. Esta salida ha sido la que han tomado algunos alcaldes, como el Sevilla, Juan Ignacio Zoido, o la alcaldesa de Jerez, María José García Pelayo, en este último caso por la crítica situación económica de su consistorio.
El golpe de IU contra Gordillo
Para IU, la medida tiene un significado muy especial. El diputado más díscolo de esta coalición, Sánchez Gordillo, alcalde de Marinaleda, ha sido quien más se ha significado oponiéndose a cualquier tipo de acuerdo poselectoral con el PSOE. Gordillo ha aplaudido el hecho de que IU le dé paso a los alcaldes del  PP en Ayuntamientos donde una coalición de izquierdas hubiera podido evitarlo, y es quien más ha denunciado la corrupción socialista desde las filas de IU.
La figura de Gordillo, por otra parte, supone todo un agravio para el líder de la coalición, Diego Valderas. No en balde, en las pasadas elecciones autonómicas se produjo un duro enfrentamiento entre los dos por situarse como cabeza de cartel de Sevilla. Al final, Valderas tuvo que ceder, a pesar de ser el líder de la coalición, y desplazarse a Huelva asumiendo el riesgo de no salir elegido, como ya le ocurrió cuatro años antes.
El Parlamento andaluz ha aprobado también en comisión la anulación de privilegios en materia de pensiones, la obligatoriedad de hacer públicas las declaraciones de hacienda de los diputados y que sólo se pueda cobrar un sueldo, ya sea del partido o de la institución.

ESTADO DE LOS RECURSOS DEL BUFETE MARIANO AGUAYO

Esta información ha sido obtenida de la web amiga de los Empleados Públicos de Córdoba. ¡Muchas gracias por vuestro trabajo!

http://empleadospublicosjacordoba.blogspot.com/2011/06/situacion-de-los-recursos-interpuestos.html