Del «decretazo» a la imposición de las ocho macroagencias
La reestructuración, rechazada por miles de funcionarios, supone también doce nuevos nombramientos.
SEVILLA- El «decretazo» –la Ley 1/2011 de Reordenación del Sector Público– sigue adelante porque «los estatutos están maduros» y «la fecha en el margen» previsto, antes de fin de mes.
Como pasó con el primer decreto-ley que se validó antes de agosto, la Junta tira de urgencia y época festiva. «Con nocturnidad y alevosía», según la oposición, que criticó que el asunto entrara en el Consultivo el 25 de marzo y se haya despachado en tiempo récord y con la baja médica del representante popular. La reforma choca con la mayoría de los sindicatos, que amenazaron con enturbiar la campaña electoral –ya sacaron miles de funcionarios a la calle en enero–, algo que la Junta evita en parte. Y cuenta con las dudas razonables sobre su «constitucionalidad», en base a un informe de Manuel Clavero, del Defensor del Pueblo Andaluz, remitido a la Defensora del Pueblo Español. Pese a ello, la consejera de Presidencia, Mar Moreno, anunció el fin del «proceso de reforma del sector público» que «dará lugar a una Administración más austera y moderna, sin recortar derechos ni servicios».
La revisión de las estructuras supone la creación de ocho macroagencias que fusionarán 114 entes, afectando a cinco consejerías y suprimiendo 166 puestos directivos. El ahorro en sueldos será de tres millones anuales. En total, se cifró en más de 100. La reordenación también supone doce nuevos nombramientos.
¿Tercera modernización?
Mar Moreno resaltó que «no es la única reforma» que viene ejecutando la Junta, pero sí es «la más profunda en la historia del sector público andaluz». Se trata de un «cambio de modelo paralelo a la recuperación de la economía». En otros tiempos, quizás hasta se hubiera hablado de la tercera modernización. Una reforma, según la Junta, «necesaria e imprescindible». Moreno justificó las numerosas protestas suscitadas en «el calado» de la reforma. «El objetivo es reordenar el sector público sin lesionar el derecho de los trabajadores, que nadie salga por la puerta de atrás», explicó.
De las 114 empresas públicas afectadas, 102 varían directamente por Ley y 12 por otras normas. «Es una profunda revisión de la estructura, más racional y competitiva», según la portavoz, afectando a los organigramas de las consejerías de Economía, Innovación y Ciencia; Empleo; Agricultura y Pesca; Igualdad y Bienestar Social; y Medio Ambiente.
De los estatutos, apoyados sólo por CC OO y UGT, con el vacío a los sindicatos críticos en la Mesa General del Empleado Público, surgen la Agencia Andaluza del Conocimiento; la Agencia de Obra Pública; el Servicio Andaluz de Empleo; la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol; la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía –desapareciendo el Dapsa y el IARA–; la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia –suprimiéndose la Secretaría General para la Atención a la Dependencia, la Fundación Andaluza de Servicios Sociales y la Fundación para la Atención a las Drogodependencias e Incorporación Social–; la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales –cerrando el Instituto Andaluz de las Artes y las Letras–; y la Agencia de Medio Ambiente y Agua, con las competencias del Guadalquivir en el aire.
Economía, Innovación y Ciencia «modifica su estructura con la creación de la Agencia del Conocimiento –que asume a la Agencia de Evaluación de la Calidad y Acreditación Universitaria, la Sociedad para el Impulso del Talento y el Centro de Innovación y Transferencia de Tecnología– y la supresión de la Secretaría General de Telecomunicaciones».
También se suprime el Centro de Negocios de Madrid y el Instituto de Innovación para el Bienestar Ciudadano, cuyas competencias pasan a la Delegación del Gobierno de la Junta en Madrid y a la Agencia Andaluza del Conocimiento.
Destaca el nacimiento de la Agencia de Obra Pública, nacida a partir de Ferrocarriles de la Junta y Giasa. El nuevo Servicio Andaluz de Empleo asume e integra a la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo y los consorcios Unidades Territoriales de Empleo y Desarrollo Local y Tecnológico. De los directivos suprimidos, 95 «corresponden a estas unidades».
Como pasó con el primer decreto-ley que se validó antes de agosto, la Junta tira de urgencia y época festiva. «Con nocturnidad y alevosía», según la oposición, que criticó que el asunto entrara en el Consultivo el 25 de marzo y se haya despachado en tiempo récord y con la baja médica del representante popular. La reforma choca con la mayoría de los sindicatos, que amenazaron con enturbiar la campaña electoral –ya sacaron miles de funcionarios a la calle en enero–, algo que la Junta evita en parte. Y cuenta con las dudas razonables sobre su «constitucionalidad», en base a un informe de Manuel Clavero, del Defensor del Pueblo Andaluz, remitido a la Defensora del Pueblo Español. Pese a ello, la consejera de Presidencia, Mar Moreno, anunció el fin del «proceso de reforma del sector público» que «dará lugar a una Administración más austera y moderna, sin recortar derechos ni servicios».
La revisión de las estructuras supone la creación de ocho macroagencias que fusionarán 114 entes, afectando a cinco consejerías y suprimiendo 166 puestos directivos. El ahorro en sueldos será de tres millones anuales. En total, se cifró en más de 100. La reordenación también supone doce nuevos nombramientos.
¿Tercera modernización?
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| Debería la Junta haberle hecho caso al lema de esta película... |
De las 114 empresas públicas afectadas, 102 varían directamente por Ley y 12 por otras normas. «Es una profunda revisión de la estructura, más racional y competitiva», según la portavoz, afectando a los organigramas de las consejerías de Economía, Innovación y Ciencia; Empleo; Agricultura y Pesca; Igualdad y Bienestar Social; y Medio Ambiente.
De los estatutos, apoyados sólo por CC OO y UGT, con el vacío a los sindicatos críticos en la Mesa General del Empleado Público, surgen la Agencia Andaluza del Conocimiento; la Agencia de Obra Pública; el Servicio Andaluz de Empleo; la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol; la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía –desapareciendo el Dapsa y el IARA–; la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia –suprimiéndose la Secretaría General para la Atención a la Dependencia, la Fundación Andaluza de Servicios Sociales y la Fundación para la Atención a las Drogodependencias e Incorporación Social–; la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales –cerrando el Instituto Andaluz de las Artes y las Letras–; y la Agencia de Medio Ambiente y Agua, con las competencias del Guadalquivir en el aire.
Economía, Innovación y Ciencia «modifica su estructura con la creación de la Agencia del Conocimiento –que asume a la Agencia de Evaluación de la Calidad y Acreditación Universitaria, la Sociedad para el Impulso del Talento y el Centro de Innovación y Transferencia de Tecnología– y la supresión de la Secretaría General de Telecomunicaciones».
También se suprime el Centro de Negocios de Madrid y el Instituto de Innovación para el Bienestar Ciudadano, cuyas competencias pasan a la Delegación del Gobierno de la Junta en Madrid y a la Agencia Andaluza del Conocimiento.
Destaca el nacimiento de la Agencia de Obra Pública, nacida a partir de Ferrocarriles de la Junta y Giasa. El nuevo Servicio Andaluz de Empleo asume e integra a la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo y los consorcios Unidades Territoriales de Empleo y Desarrollo Local y Tecnológico. De los directivos suprimidos, 95 «corresponden a estas unidades».
